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Modo: Corpus Pro

SERVIDOR PÚBLICO A QUIEN SE IMPONE UNA MULTA EN UN JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO EN SU CARÁCTER DE TITULAR DEMANDADO. PUEDE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 134 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2018. · Registro digital (IUS): 28152
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2018-10-26
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, TERCERO Y NOVENO, TODOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo II, Pág. 1914.

SERVIDOR PÚBLICO A QUIEN SE IMPONE UNA MULTA EN UN JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO EN SU CARÁCTER DE TITULAR DEMANDADO. PUEDE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 134 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, TERCERO Y NOVENO, TODOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018. MAYORÍA DE NUEVE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS OSIRIS RAMÓN CEDEÑO MUÑOZ, JULIA RAMÍREZ ALVARADO, JORGE VILLALPANDO BRAVO, EDNA LORENA HERNÁNDEZ GRANADOS, RICARDO RIVAS PÉREZ, NOÉ HERRERA PEREA, ÁNGEL PONCE PEÑA, FRANCISCO JAVIER PATIÑO PÉREZ Y JOSÉ ANTONIO ABEL AGUILAR SÁNCHEZ. DISIDENTES: MARÍA DEL ROSARIO MOTA CIENFUEGOS, JORGE RAFAEL OLIVERA TORO Y ALONSO, ELISA JIMÉNEZ AGUILAR, VÍCTOR ERNESTO MALDONADO LARA, HERLINDA FLORES IRENE, JUAN ALFONSO PATIÑO CHÁVEZ Y ALICIA RODRÍGUEZ CRUZ. AUSENTE: INTEGRANTE POR EL DÉCIMO SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO. PONENTE: JORGE RAFAEL OLIVERA TORO Y ALONSO. ENCARGADO DEL ENGROSE: RICARDO RIVAS PÉREZ. SECRETARIO: CÉSAR ALEJANDRO RIVERA FLORES.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno de Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 1 y 3 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito y su anexo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados del mismo Circuito, en un tema que corresponde a la materia laboral, de la especialidad de este Pleno.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por la Magistrada presidenta del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

TERCERO.—Puntos contendientes.

I. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver en sesión de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, el recurso de queja QT. 91/2016, derivado del juicio de amparo indirecto 1293/2016, promovido por la quejosa y recurrente Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de apoderado, ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México; consideró lo siguiente en lo que interesa: (fojas 191 vuelta a 196 vuelta).

"Dice el recurrente que el Juez Federal indebidamente determinó desechar la demanda de amparo que interpuso como apoderada legal del titular de la Secretaría de Hacienda y Cre´dito Pu´blico, adscrita a la Administracio´n de Apoyo Juri´dico de Recursos y Servicios ‘3’ de la Administracio´n Central de Apoyo Jurídico de Recursos y Servicios de la Administracio´n General de Recursos y Servicios del Servicio de Administración Tributaria, o´rgano desconcentrado de la secretari´a, porque el acto reclamado afecta al secretario de Hacienda y Cre´dito Pu´blico, como persona fi´sica, en su patrimonio.—También expone la parte quejosa que el cara´cter de apoderada legal del titular de la Secretaría de Hacienda y Cre´dito Pu´blico, se encuentra sustentado en los arti´culos 2o., apartado B, fraccio´n X, inciso e), 13, fraccio´n V, 40, fraccio´n XLIII, y su u´ltimo pa´rrafo, numeral 6, inciso c), en relación con el 41, apartado E, del Reglamento Interior del Servicio de Administracio´n Tributaria, asi´ como con el nombramiento que exhibió en la demanda de garanti´as.—Igualmente manifiesta la recurrente que en adición acreditó que era apoderada legal del titular de la Secretaría de Hacienda y Cre´dito Pu´blico con el oficio de designacio´n nu´mero 100.-15, expedido de conformidad con lo previsto en el artículo 134, segundo párrafo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, mediante el cual se le designó como apoderada.—Asimismo, argumenta la quejosa que: ‘... la suscrita manifestara ante el a quo que el acto reclamado recae en la persona moral oficial, aun y cuando tambie´n perjudique a la persona fi´sica, pues ambas esta´n legitimadas para promover el juicio de amparo en contra de dicho acto, toda vez que es claro que a la persona moral oficial le afecta por la carencia de fundamentacio´n y motivacio´n que debe contener los actos que emitan los o´rganos jurisdiccionales, mientras que tambie´n a la persona fi´sica que ocupa ese cargo, pues es a ella a quien se le impone la multa por incumplimiento de la obligacio´n ...’.—De igual forma señala la recurrente que el Juez Federal infirió que la medida de apremio al ser ordenada a la persona fi´sica que ostenta el cargo del titular no puede ser representada por el representante legal de la misma ‘... pues considera que representa figuras distintas, pero a su vez no considera que la medida ordenada tiene que ser ejecutable en el titular de la dependencia, con independencia de quien ocupe el cargo, pues pensar lo contrario implicari´a pensar de manera incongruente que la medida de apremio sera´ aplicable a la persona moral pu´blica en si´ y no sobre su titular’.—Además aduce el recurrente que se dolió de que respecto a la medida de apremio de ciento veinte di´as de salario mi´nimo general vigente en el Distrito Federal, no se expresaron los fundamentos legales y que se omitio´ analizar las acciones tendientes a dar cumplimiento al laudo, las cuales pormenorizó.—Del mismo modo arguye el recurrente que cuenta con legitimacio´n procesal necesaria para acudir al juicio de garanti´as ‘... mi representada por conducto de su representante y apoderado legal ... pues en el supuesto caso jama´s concedido de que tenga que ser interpuesto directamente por la persona fi´sica, la facultada para promover el juicio de amparo en contra del citado acto respecto a la multa aplicada, la misma no estari´a facultada para hacer valer conceptos de violacio´n en contra de las omisiones en que incurrió´ la responsable respecto a las cuestiones de fondo que origino´ la medida de apremio impuesta, ya que no tendri´a injerencia en la esfera juri´dica de la persona fi´sica que ocupa el cargo y, en consecuencia, e´ste no tendri´a motivo alguno para modificar los motivos que dio lugar a la imposicio´n de este tipo de sancio´n ...’.—Los anteriores argumentos son inoperantes en parte e infundados en otra, por lo siguiente.—Ciertamente, de las constancias que obran en autos, se advierte que el treinta de junio de dos mil dieciséis, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de su apoderada **********, promovió demanda de amparo indirecto ante el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, contra el acuerdo de cuatro de julio de dos mil dieciséis, dictado por la Tercera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en el expediente laboral **********, en el que se determinó que era procedente hacer efectiva la multa de mil pesos impuesta en proveído de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis y apercibió de imponerle otra de ciento veinte días de salario mínimo general vigente en el la Ciudad de México, al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (folios dos a cuatro del expediente de queja).—Cabe señalar que la quejosa anexó a su demanda de amparo, copia simple del acuerdo reclamado de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, de cuyo contenido se advierte, en la parte que interesa, lo siguiente: ‘Remítase copia certificada del presente acuerdo, así como de la cédula de notificación que se elabore a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio a la directora ejecutiva de Cobranza de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, en su domicilio ubicado en: José María Izazaga, número 89, 12o. piso, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P 06090, de esta ciudad, para que en auxilio de las labores de este tribunal, se sirva hacer efectiva la multa impuesta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con domicilio en calle Sinaloa, número 43, 3o. piso, colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, que consiste en hasta $**********.00 (********** pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en los artículos 147 y 148 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. ... Apercibido el demandado que de no dar cumplimiento a lo anterior se hará acreedor a una multa de 120 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, dada la conducta reiterada del respecto del incumplimiento del laudo dictado por este tribunal y tomando en consideración que ya se agotó la medida de apremio establecida en el artículo 148 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.’ (folios veintinueve y vuelta del expediente de queja).—Dicha demanda de amparo fue radicada, por razón de turno, en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, a la que se le asignó el expediente **********, resolviendo su titular, por auto de cuatro de julio de dos mil dieciséis, desechar de plano la referida demanda, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, porque estimó actualizada la causa de improcedencia prevista en los diversos numerales 61, fracción XIII, en relación con 6 y 7, todos del citado ordenamiento legal, pues el Juez de Distrito consideró que el acto reclamado consistente en el acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, mediante el cual la Sala responsable impuso al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una multa de $**********.00 (********** pesos, moneda nacional) y una medida de apremio, consistente en el apercibimiento de imponerle otra de ciento veinte días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, respectivamente, por no haber acatado lo ordenado en diverso proveído en que se le requirió el cumplimiento del laudo, y la admonición de cumplir con el pago de los salarios caídos y otras prestaciones, en nada agravia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque está dirigida a la persona física que se ostenta como titular, en lo personal, como funcionario de esa institución, y no respecto del cargo que desempeña, es decir, la multa es una sanción que deberá cubrir la persona física con su propio peculio y no está encaminada a afectar el patrimonio de la dependencia, por lo que, ********** apoderada del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, carece de legitimación para promover en representación de la persona física, pues no demuestra ser apoderado de esta persona física que ocupa el cargo de titular y, por ende, no tiene legitimación para interponer el amparo indirecto que se incoaba.—Las anteriores transcripciones ponen de manifiesto la inoperancia de los agravios aducidos, pues como podrá apreciarse, el recurrente se limita a adoptar una posición opuesta a la asumida por el Juez, pero sin destruir las consideraciones en que éste apoyó su determinación; o sea, la parte recurrente insiste en afirmar que demostró ser apoderada del titular de la secretaría acorde a su función en la dependencia pública, en términos de los arti´culos 2o., apartado B, fraccio´n X, inciso e), 13, fraccio´n V, 40, fraccio´n XLIII, y su u´ltimo pa´rrafo, numeral 6, inciso c), en relacio´n con el 41, apartado E, del Reglamento Interior del Servicio de Administracio´n Tributaria, el nombramiento que se le expedió (sic) en el encargo y oficio de designacio´n, pero no dice cómo es que la persona física le extendió poder de representación para promover la demanda de amparo en contra de la multa y del apercibimiento de multa que le fueron impuestas y respecto de lo cual el Juez de Distrito consideró carecía de legitimación; de ahí que se reitere que los argumentos expuestos en su motivo de disenso resultan inoperantes, y al no proceder la suplencia de la queja, en virtud de que, quien acude al juicio de garantías no se trata de la parte trabajadora, debe seguir rigiendo lo decido en la (sic) auto recurrido.—Resulta aplicable la diversa jurisprudencia 3a. 30, emitida por la entonces Tercera Sala de nuestro Máximo Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989, página 277, que establece: ‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS.—Si en la sentencia recurrida el Juez de Distrito expone diversas consideraciones para sobreseer en el juicio y negar el amparo solicitado respecto de los actos reclamados de las distintas autoridades señaladas como responsables en la demanda de garantías, y en el recurso interpuesto lejos de combatir la totalidad de esas consideraciones el recurrente se concreta a esgrimir una serie de razonamientos, sin impugnar directamente los argumentos expuestos por el juzgador para apoyar su fallo, sus agravios resultan inoperantes; siempre y cuando no se dé ninguno de los supuestos de suplencia de la deficiencia de los mismos, que prevé el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, pues de lo contrario, habría que suplir esa deficiencia, pasando por alto la inoperancia referida.’.—En abundancia, debe decirse que este órgano jurisdiccional considera que la determinación que se encuentra apegada a derecho, pues como lo determinó el Juez de Distrito, el juicio de amparo es improcedente por falta de legitimación procesal de quien se ostenta como apoderada de la persona física titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quejoso, ahora recurrente.—Lo anterior es así, pues como se expuso en párrafos precedentes, quien promovió el juicio de amparo indirecto que nos ocupa, fue **********, en su carácter de apoderada legal del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien carece de legitimación para impugnar la multa, el apercibimiento de multa determinadas por la Sala responsable en el acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, toda vez que de la propia transcripción que realizó el quejoso del acto que señaló como reclamado en su demanda de amparo indirecto y la copia del referido proveído que anexó como prueba a dicho libelo, se advierte que la multa y el apercibimiento de multa fueron impuestas al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las cuales constituyen una sanción y un apercibimiento de imponer la multa para la persona física que ocupa el cargo, porque es quien debe cubrirla con su propio peculio y no con el presupuesto asignado a la secretaría de la que es titular; consecuentemente, el agravio derivado de la resolución que determina su aplicación no repercute en la persona moral oficial, ni en alguno de sus órganos, por lo que no afecta su esfera jurídica, ni incide en su patrimonio público.—Lo que determina que la persona física que ocupa el cargo de secretario de Hacienda y Crédito Público, es quien tiene la legitimación activa para impugnar las medidas de apremio decretadas por la responsable en el auto que pretendió reclamar ante el juzgador federal; siendo él quien, por derecho propio o a través de su representante legal (como persona física) quien, a su vez, tendrá la personalidad procesal para intentar este medio de defensa, en tanto que es quien debe pagar las multas con sus propios recursos económicos y no con los de la dependencia, cuya titularidad encabeza.—En este contexto, ante la falta de legitimación de **********, en su carácter de apoderada legal del secretario de Hacienda y Crédito Público, para representar a la persona física de derecho privado que se ostenta con el cargo de secretario, es por lo que estuvo apegado a derecho que el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, desechara de plano la demanda de garantías, por falta de legitimación procesal de la promovente.—Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 103/2014 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil cuarenta y cuatro, del Libro Once, Tomo I, correspondiente al mes de octubre de dos mil catorce, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, materia común, de rubro y contenido siguientes: ‘PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE QUEJA CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUE IMPONE MULTA A UN SERVIDOR PÚBLICO POR NO CUMPLIR UNA EJECUTORIA DE AMPARO. El artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo establece que el recurso de queja procede contra las resoluciones emitidas después de dictada la sentencia de amparo indirecto que no admitan recurso de revisión y por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar perjuicio a alguna de las partes. Por su parte, los artículos 192, 193 y 258 de la propia ley prevén que los juzgadores federales deberán imponer multa al titular de la autoridad responsable que incumpla una ejecutoria de amparo. Ahora, la multa en cuestión constituye una sanción para la persona física que desempeña el cargo respectivo, quien debe cubrirla de su propio peculio y no con el presupuesto asignado a la dependencia de gobierno de que se trate. Así, las personas morales oficiales carecen de legitimación para interponer el citado recurso de queja, contra la resolución emitida en un juicio de amparo indirecto que impone multa a un servidor público por no cumplir una ejecutoria de amparo, toda vez que dicha resolución no afecta sus derechos patrimoniales, pues la multa debe cubrirla la persona física a quien le fue impuesta en su carácter de servidor público y, por tanto, sólo éste es quien, por derecho propio, está legitimado para controvertir tal decisión.’.—Por otra parte, es inoperante lo que argumenta el recurrente, en cuanto a que al desechar la demanda está convalidando la violación a su esfera jurídica: ‘... en el supuesto caso jama´s concedido de que tenga que ser interpuesto directamente por la persona fi´sica, la facultada para promover el juicio de amparo en contra del citado acto respecto a la multa aplicada, la misma no estari´a facultada para hacer valer conceptos de violacio´n en contra de las omisiones en que incurrió´ la responsable respecto a las cuestiones de fondo que origino´ la medida de apremio impuesta, ya que no tendri´a injerencia en la esfera juri´dica de la persona fi´sica que ocupa el cargo ...’; ya que, precisamente, por causa de la improcedencia del juicio de garantías, es que no existió la posibilidad que el juzgador federal examinara los razonamientos de fondo que planteó la promovente en su escrito de demanda de amparo, en relación con la aplicación de la medida de apremio que se le impuso al titular de la secretaría.—En efecto, la figura procesal de la improcedencia en el juicio de amparo debe entenderse como la existencia de algún obstáculo o causa jurídica que impide abordar el estudio de los conceptos de violación y que ello trae como consecuencia, que el tribunal de amparo no se pueda pronunciar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a la luz de los argumentos de queja planteados.—Da sustento a lo considerado, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 33, publicada en la página veintisiete, del Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la compilación de los años 1917-2000, cuyos rubro y contenido son los siguientes: ‘AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO.—Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo.’.—Similar criterio al anterior sostuvo este Tribunal Colegiado, al resolver, respectivamente, los recursos de queja números QT. 18/2016, QT. 22/2016 y QT. 27/2016, el quince de marzo y seis de mayo de dos mil dieciséis.—En las relatadas condiciones, al haberse desestimado el agravio hecho valer, lo procedente es declarar infundado el presente recurso de queja."

Cabe precisar que dicho criterio no ha generado ningún criterio jurisprudencial de dicho Tribunal Colegiado.

II. El Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver en sesión de once de julio de dos mil diecisiete, el recurso de queja QT. 87/2017, derivado del juicio de amparo indirecto 1060/2017, promovido por la quejosa y recurrente Secretaría de Educación Pública, por conducto de apoderado, ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México; resolvió en lo que interesa lo siguiente: (fojas 167 a 174 vuelta).

"Plantea el inconforme, esencialmente lo siguiente: • Que el acto reclamado proviene de un juicio laboral en el cual el titular de la Secretaría de Educación Pública interviene como parte en una relación laboral, no así como autoridad.—• Que es la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje la autoridad responsable, quien impuso una medida de apremio en el juicio laboral **********, en una multa de ciento veinte unidades de medida y actualización vigentes en la Ciudad de México.—• Que el cumplimiento del laudo debe ser por el titular de la Secretaría de Educación Pública, encontrando su fundamento en el artículo 2o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.—• Que ********** funge como apoderado legal del titular de la Secretaría de Educación Pública, eso le da la legitimación para actuar en el juicio de garantías al rubro citado.—• Que la calidad como persona física no podría despojarse de su calidad de titular de la Secretaría de Educación Pública, porque es precisamente en esa calidad que se le reconoce el carácter de patrón en el juicio del que emana el acto reclamado.—• Que si la medida de apremio hubiese sido impuesta a la persona física que ostenta el cargo de secretario de Educación Pública, entonces se le debió notificar personalmente a él, del apercibimiento previo a la imposición de la misma y no a sus apoderados.—• Que conforme al artículo 13 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, la promovente y el resto de los apoderados legales de la parte quejosa, tienen facultades suficientes no sólo para representar a la Secretaría de Educación Pública y a su titular, sino también al servidor público, persona física, que se encuentra investido con tal carácter.—Son inatendibles las manifestaciones que anteceden, por no estar dirigidas a combatir las consideraciones de la Juez de Distrito en el acuerdo recurrido, pues impugnan la legalidad del acto reclamado señalado en el juicio de amparo indirecto.—Por último, aduce en esencia la parte inconforme: • Que el actuar por parte de la Juez Cuarto de Distrito es contrario a derecho, en virtud de que cuando al titular de la Secretaría de Educación Pública se le impone la medida de apremio materia del juicio de garantías, sí debe tener legitimación procesal, pues de lo contrario estaría en imposibilidad de combatirlo, lo que sería contrario a las reformas constitucionales en materia de derechos humanos.—• Que la Juez de Distrito confunde el cargo (secretario de Educación Pública o titular de la Secretaría de Educación Pública) con la persona física que ostenta ese cargo.—• Que la juzgadora federal únicamente fundamenta el desechamiento en la jurisprudencia: ‘AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR QUE ACTUANDO COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ACTUALMENTE TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISIRATIVA), ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVER EL JUICIO CORRESPONDIENTE.’ y en ninguna disposición jurídica.—Son infundados los argumentos que anteceden.—Porque como se estimó en la resolución recurrida, por la multa impuesta, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción (sic) XXIII, en relación con los numerales 6o. y 7o., todos de la Ley de Amparo vigente; y por lo que respecta al apercibimiento de dar vista al órgano interno de control en la Secretaría de Educación Pública, se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo.—El acto reclamado por el recurrente consiste en lo siguiente: ‘IV. Acto reclamado. Lo constituye el acuerdo plenario de fecha diez de mayo de dos mil diecisiete, emitido por la Quinta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, mismo que fue notificado a mi representada el 16 de mayo del mismo año, y por medio del cual se determinó hacer efectiva multa de ciento veinte unidades de cuenta del Gobierno de la Ciudad de México, al titular de la Secretaría de Educación Pública.’.—De la demanda de garantías se advierte que la promueve ********** como apoderado del titular de la Secretaría de Educación Pública.—Ahora bien, para ser considerado como parte quejosa en el juicio de garantías, quien solicita la protección constitucional debe resentir una afectación a su esfera jurídica que lo legitima para promover el referido juicio en contra de un acuerdo dictado por una autoridad jurisdiccional en materia de trabajo, como el que se reclama en este expediente.—Sin embargo, los apercibimientos y las medidas de apremio, que derivan del incumplimiento a un laudo condenatorio en contra de un titular de una secretaria de Estado, está dirigida a la persona física que desempeña el cargo y no a la autoridad, y si la parte recurrente pretendió acreditar su personalidad para promover el juicio de garantías con la copia certificada del oficio ********** relativo a la inscripción en el expediente de registro de poderes V-24/39, de designación de apoderados ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en el que se le reconoció el carácter de apoderado del titular de la Secretaría de Educación Pública, es evidente que no se promovió el juicio de amparo por la persona física a la que le causa perjuicio.—Por tanto, el quejoso aquí recurrente, carece de legitimación para acudir al amparo, porque de la copia que anexó a su demanda, se desprende que en el acuerdo de diez de mayo de dos mil diecisiete, dictado en el expediente laboral **********, se determinó: 1) Imponer una multa de ciento veinte unidades de cuenta del Gobierno de la Ciudad de la Ciudad de México, 2) Dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación, por la reiterada negativa para cumplir las condenas determinadas en el laudo, 3) Apercibirlo que de no dar cumplimiento al laudo se daría vista al órgano interno de control de la Secretaría de Educación Pública; pero dichas medidas recaen en la persona física (que es quien debe cubrirla con su propio peculio) y no a la dependencia, de que es titular.—Porque respecto de las multas el Máximo Tribunal del País ya estableció el criterio señalando que se imponen como una sanción a la persona física en su actuar como servidor público y no a la dependencia de gobierno, consecuentemente, el agravio derivado de la resolución que determina su aplicación no repercute en la persona moral oficial, ni en alguno de sus órganos, por lo que no afecta su esfera jurídica ni incide en su patrimonio público.—Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia en materia común, de la Décima Época, 2a./J. 103/2014 (10a.), número de registro: 2007622, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en Libro 11, Tomo I, de octubre de dos mil catorce, página 1044, del tenor literal siguiente: ‘PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE QUEJA CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUE IMPONE MULTA A UN SERVIDOR PÚBLICO POR NO CUMPLIR UNA EJECUTORIA DE AMPARO. El artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo establece que el recurso de queja procede contra las resoluciones emitidas después de dictada la sentencia de amparo indirecto que no admitan recurso de revisión y por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar perjuicio a alguna de las partes. Por su parte, los artículos 192, 193 y 258 de la propia ley prevén que los juzgadores federales deberán imponer multa al titular de la autoridad responsable que incumpla una ejecutoria de amparo. Ahora, la multa en cuestión constituye una sanción para la persona física que desempeña el cargo respectivo, quien debe cubrirla de su propio peculio y no con el presupuesto asignado a la dependencia de gobierno de que se trate. Así, las personas morales oficiales carecen de legitimación para interponer el citado recurso de queja, contra la resolución emitida en un juicio de amparo indirecto que impone multa a un servidor público por no cumplir una ejecutoria de amparo, toda vez que dicha resolución no afecta sus derechos patrimoniales, pues la multa debe cubrirla la persona física a quien le fue impuesta en su carácter de servidor público y, por tanto, sólo éste es quien, por derecho propio, está legitimado para controvertir tal decisión.’.—Además el Máximo Tribunal del País reit

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28152-b43cf52f/servidor-publico-a-quien-se-impone-una-multa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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