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Modo: Corpus Pro

LAUDO. LA PATRONAL CUENTA CON 15 DÍAS HÁBILES PARA SU CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO, Y ANTE SU ABSTENCIÓN, EL TRABAJADOR DEBE SOLICITAR SU EJECUCIÓN FORZOSA DENTRO DEL TÉRMINO DE 2 AÑOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). LAUDO. PUEDEN SUSCITARSE OMISIONES GENÉRICAS UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO, SI EL EJECUTANTE YA HA SOLICITADO SU EJECUCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). LAUDO. UNA VEZ TRANSCURRIDOS LOS 15 DÍAS CON LOS QUE CUENTA LA PATRONAL PARA ACATARLO VOLUNTARIAMENTE, BASTA QUE EL TRABAJADOR SOLICITE SU EJECUCIÓN, PARA QUE EL TRIBUNAL BUROCRÁTICO PROVEA OFICIOSAMENTE LO CONDUCENTE PARA LOGRAR SU TOTAL OBSERVANCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2016. · Registro digital (IUS): 27439
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2017-11-10
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, CO
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo II, Pág. 1085.

LAUDO. LA PATRONAL CUENTA CON 15 DÍAS HÁBILES PARA SU CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO, Y ANTE SU ABSTENCIÓN, EL TRABAJADOR DEBE SOLICITAR SU EJECUCIÓN FORZOSA DENTRO DEL TÉRMINO DE 2 AÑOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS).

LAUDO. PUEDEN SUSCITARSE OMISIONES GENÉRICAS UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO, SI EL EJECUTANTE YA HA SOLICITADO SU EJECUCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS).

LAUDO. UNA VEZ TRANSCURRIDOS LOS 15 DÍAS CON LOS QUE CUENTA LA PATRONAL PARA ACATARLO VOLUNTARIAMENTE, BASTA QUE EL TRABAJADOR SOLICITE SU EJECUCIÓN, PARA QUE EL TRIBUNAL BUROCRÁTICO PROVEA OFICIOSAMENTE LO CONDUCENTE PARA LOGRAR SU TOTAL OBSERVANCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS).

CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO, Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAHUILA. 25 DE ABRIL DE 2016. MAYORÍA DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS LUCIO ANTONIO CASTILLO GONZÁLEZ, JAIME ARTURO GARZÓN OROZCO, PEDRO DANIEL ZAMORA BARRÓN, JUAN PABLO HERNÁNDEZ GARZA Y SAMUEL MERAZ LARES, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE. DISIDENTE: EDUARDO TORRES CARRILLO, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: JAIME ARTURO GARZÓN OROZCO. SECRETARIO: RICARDO ALFONSO SANTOS DORANTES.

CONSIDERANDO QUE:

PRIMERO.-Competencia.

El Pleno del Decimonoveno Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94 y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, este último, en relación con el punto primero, fracción XIX, en concordancia con el punto segundo, fracción XIX, número "1", del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, así como el diverso Acuerdo General 11/2014.

Lo anterior, toda vez que los criterios contendientes fueron emitidos por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con sede en Saltillo, Coahuila, al resolver en auxilio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo de este Circuito, y por este último, esto es, se trata de criterios sostenidos por órganos colegiados competentes para resolver en el Décimo Noveno Circuito.

Respecto a lo anterior, es aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del siguiente tenor:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AUXILIAR, EN APOYO DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, Y UN TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE AQUÉLLA EL PLENO DE ESE CIRCUITO Y, SI NO EXISTE, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Los Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares tienen jurisdicción en todo el territorio de la República Mexicana y, sin modificar su sede territorial, brindan apoyo a los Tribunales Colegiados de Circuito durante un determinado periodo, concluido el cual pueden auxiliar a otros, por lo que su competencia se modifica en razón del órgano jurisdiccional al que auxilie, así como de los expedientes y el lapso en el que brinden su apoyo. Ahora, aun cuando los Tribunales Auxiliares apoyan a órganos de distintos Circuitos y cuentan con una competencia restringida, limitada al dictado de la sentencia, al prestar su ayuda a determinado Tribunal Colegiado de Circuito asumen la jurisdicción de éste, lo que implica que el Auxiliar tenga que interpretar la normatividad estatal aplicable en dicho Circuito. En ese sentido, ya que el Constituyente, el legislador ordinario y el Consejo de la Judicatura Federal establecieron una regla de competencia para decidir las contradicciones de tesis en las que participen Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares, se considera que éstos pertenecen al Circuito del Tribunal Colegiado auxiliado; por tanto, si los Tribunales Colegiados contendientes corresponden a un mismo Circuito y a una misma especialidad, el competente para conocer de las contradicciones de tesis que sustenten será el Pleno de Circuito de los Tribunales correspondientes, en el entendido de que si en el Circuito de que se trate no existe integrado Pleno, en términos del Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, abrogado por el diverso Acuerdo General 11/2014 del propio órgano, quien debe conocer de la contradicción es esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues debe asumir la competencia para conocer de las contradicciones de tesis en que se actualice el supuesto de referencia, a fin de resolver la cuestión planteada, porque así se otorga certeza jurídica para resolver los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados únicos en un Circuito que fueron apoyados en el dictado de resoluciones por un Tribunal Colegiado Auxiliar que asumió su jurisdicción."(1)

SEGUNDO.-Legitimación del denunciante.

La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que dicha denuncia la hizo el presidente del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, órgano jurisdiccional que sostuvo una de las posturas que participan en la presente contradicción.

TERCERO.-Consideraciones en que se sustentan los criterios contendientes.

Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción de tesis, son las siguientes:

I. El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con sede en Saltillo, Coahuila, en la ejecutoria emitida en el cuaderno auxiliar **********, formado con motivo del juicio de amparo en revisión **********, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, sostuvo lo siguiente:

"IV. Estudio. Los agravios son infundados en un aparte, y fundados, en otra, suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo.

"El recurrente argumenta la fijación imprecisa del auto reclamado, pues según aduce, en la demanda de garantías impugnó la constitucionalidad del... retraso en el procedimiento de ejecución de laudo..., pero el Juez de amparo sobreseyó en el juicio, no obstante que la autoridad responsable es omisa en despachar su ejecución con efectos de mandamiento en forma y en dictar las medidas necesarias para la entrega del crédito laboral.

"Además, el recurrente sostiene que, la dilación combatida con la demanda de garantías se demostró mediante los acuerdos adjuntos al informe justificado de las responsables; razón por la cual debió concederse el amparo para el efecto de que, en lo sucesivo, se respeten los plazos previstos en los artículos 735 y 940 de la Ley Federal del Trabajo.

"Sobreseimiento respecto de omisiones concretas.

"El Juez de Distrito declaró el sobreseimiento respecto de la omisión reclamada al presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, consistente en la omisión de acordar el escrito del quince de febrero de dos mil dieciséis, por el cual solicitó la ejecución del laudo dictado en el juicio laboral **********, específicamente, requerir a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, el pago del crédito laboral por la cantidad de $********** (********** moneda nacional) condenado en el laudo de referencia; y la omisión reclamada del Gobernador del Estado de Tamaulipas, consistente en responder, fundada y motivadamente, la solicitud del quince de febrero de dos mil dieciséis, en la cual solicitó su intervención para ejecutar el laudo antes señalado; ello por estimar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo (cesación de efectos del acto reclamado).

"Decisión, que es ajustada a derecho, pues junto con su informe justificado el Gobierno del Estado exhibió copia del oficio ********** (foja 21 del expediente laboral) y su respectiva notificación, mediante la cual dio respuesta a la solicitud de quince de febrero de dos mil dieciséis.

"Igualmente, el tribunal responsable exhibió copias certificadas del acuerdo mediante el cual, se ordenó girar el oficio al secretario de finanzas del Gobierno del Estado para requerirle el pago, en favor del aquí recurrente, de la cantidad de $********** (********** moneda nacional); y del oficio respectivo (fojas 30 a 32 ibídem).

"Consecuentemente, como lo resolvió el Juez federal, cesaron los efectos de las omisiones reclamadas y, en consecuencia, los motivos de impugnación dirigidos a combatir el sobreseimiento por cesación de efectos, resulten infundados.

"Estudio del sobreseimiento respecto de la omisión genérica del cumplimiento del laudo.

"En otra parte, los agravios esgrimidos por los recurrentes son fundados, suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, y suficientes para modificar la sentencia recurrida y conceder el amparo solicitado.

"El quejoso combate la fijación del acto reclamado, pues aduce que el Juez soslayó la reclamación relativa al..., retraso en el procedimiento de ejecución de laudo..., lo cual resulta esencialmente fundado, pues si bien el quejoso no señaló en su demanda de garantías la expresión exacta... retraso en el procedimiento de ejecución de laudo..., de su análisis integral se advierte que el promovente del amparo, reclamó la dilación en la ejecución del laudo del veinte de enero de dos mil quince, dictado por el tribunal burocrático responsable en el expediente laboral **********.

"Es aplicable al caso, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:

"‘DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.-Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.’

"Esto es así, pues el quejoso señaló como acto reclamado:

"‘... Acto Reclamado:

"‘a) Del C. presidente del Tribunal responsable se reclama el dejar de acordar el escrito de fecha 15 de febrero de 2016, y hacer uso del resto de los medios de apremio que estipula el artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria al procedimiento y concluir la etapa de ejecución del laudo de fecha 20 de enero de 2015 en tiempo.

"‘b) Del C. Gobernador se reclama, la omisión al dejar de dar respuesta fundada y motivada al escrito de fecha 15 de febrero del 2016, y aplicar el artículo 33 y 119 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos en el Estado.

"‘Lo anterior, derivado del juicio burocrático **********. ...’

"Luego, en los antecedentes y conceptos de violación de la demanda de garantías se desprende lo siguiente:

"‘Antecedentes

"‘La parte quejosa presentó demanda laboral en contra de su patrón, reclamando pago de prima de antigüedad y otras prestaciones de carácter laboral, seguido que es el proceso, se dicta laudo favorable a los intereses de la actora en fecha 14 de mayo de 2015, y mediante diversos escritos se solicita la ejecución del laudo, dictado el C. Presidente ejecutor únicamente meros (sic) oficios declarativos sin coercitividad alguna, en aplica (sic) mini multas al secretario de Finanzas por incurrir en desacato, mini multas que dicha Secretaría aplica, en consecuencia de nulo resultado.

"‘Desacato que incurre el secretario de Finanzas, el cual a la fecha continúa.

"‘Por lo que mediante escrito de fecha 15 de febrero de 2016, se presenta escrito ante el gobernador constitucional en el Estado en donde se le solicita la intervención, a fin de que auxilie en el cumplimiento del laudo y requiera al secretario de finanzas en su calidad de remiso a fin de que cumpla con el laudo.

"‘Conceptos de violación

"‘El acto reclamado combatido es contrario a derecho y conculcatorio de las garantías de legalidad, seguridad y certeza jurídica contempladas por los artículos 14 y 16 constitucionales, al dejar de aplicar lo dispuesto por los artículos 735 y 940 de la Ley Federal del Trabajo, al dejar de apreciar en conciencia los hechos y pruebas rendidas en el caso concreto, la responsable incurre en responsabilidad al obstaculizar el acceso a la justicia por la demora injustificada del expediente, al existir inactividad procesal y burocratismo que afecta a todo el proceso laboral, considerando que son etapas procesales unas inmediatas a las anteriores y al existir retraso en una afecta a todo el proceso laboral, en virtud que es obligación de la responsable el dictar las medidas necesarias, a fin de hacer cumplir el laudo y vigilar que el crédito laboral sea cubierto al actor en tiempo y forma; por lo que la responsable se encuentra expedida (sic) para actuar, lo cual deja de efectuar al limitante a sus mini multas (sic) ...’

"En ese entorno, si bien el quejoso reclamó de forma concreta: a) la omisión de acordar el escrito del quince de febrero de dos mil dieciséis, presentado ante el presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas; y b) la omisión de responder la solicitud de la misma fecha, reclamada del Gobernador del Estado de Tamaulipas, también se advierte la intención del quejoso para reclamar la omisión genérica, relativa al retraso en la ejecución del laudo del veinte de enero de dos mil quince, dictado en el juicio laboral **********, pues el propósito perseguido con el reclamo de cada una de estas omisiones concretas, no es distinto y aislado en cada caso, sino uno solo consistente en obtener el cumplimiento de dicho laudo.

"No obstante lo anterior, el Juez de Distrito fijó como actos reclamados del presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y del gobernador del Estado de Tamaulipas, las omisiones especificadas en los incisos a) y b), por lo cual, soslayó la diversa omisión consistente en el retraso del procedimiento de ejecución del laudo dictado en el expediente laboral **********, de ahí lo fundado del agravio.

"Sin que resulte admisible considerar que, el retraso en el cumplimiento del laudo, pueda subsumirse en las omisiones del acuerdo de la promoción del quince de febrero de dos mil dieciséis y la de responder la solicitud de la misma fecha, reclamadas del tribunal responsable y del gobernador del Estado, respectivamente, pues estas últimas se tratan de omisiones concretas, mientras que en la primera alude a omisiones concretas, mientras que la primera (sic) alude a omisiones, aunque genéricas, tendientes a la culminación de la ejecución del laudo, y por ende, a su cabal cumplimiento.

"Más aún, cuando el sobreseimiento declarado en la especie se pronunció respecto de la cesación de efectos de omisiones concretas, sin exclusión de las omisiones soslayadas por el juzgador, lo cual no puede acontecer en relación con la dilación en el cumplimiento del laudo dictado en el expediente laboral ********** y la omisión genérica de culminar su ejecución mediante el pago del crédito laboral.

"No es óbice a las consideraciones anteriores, el criterio en contrario sustentado por el tribunal auxiliado, al resolver el diverso amparo directo 27/2016, en el cual, si bien dicho tribunal advirtió la omisión genérica señalada en la demanda de amparo, consistente en el retardo en la ejecución del laudo, sin embargo confirmó el sobreseimiento dictado por el Juez de Distrito bajo las consideraciones siguientes:

"‘Además, no se opone a lo anterior, el hecho de que la etapa de ejecución no haya culminado, pues aun cuando el recurrente pretenda señalar la demora en el juicio laboral (en lo futuro) como un acto destacado, lo cierto es que, no tendría los alcances que pretende, ya que el retardo atribuido a la responsable ha cesado, sin que el Juez de Distrito se encuentra obligado a vigilar que se cumplan los plazos durante todo el procedimiento, sino únicamente en la etapa en la que se sitúa dicho acto, dentro del expediente laboral, el cual como ya se vio, desapareció, por tanto, ante la causal de improcedencia y consecuentemente sobreseimiento del juicio, en tal virtud, no es posible analizar el retardo de todo el procedimiento, habida cuenta que sólo será materia de estudio la etapa procedimental reclamada por la impetrante.

"‘Es aplicable a lo anterior, la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), visible en la página 732, Libro 1, diciembre de 2013, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas», sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:

"‘«CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstas en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.»

"‘Sin que en el caso resulte aplicable la jurisprudencia 2a./J. 44/2007, visible en la página 373, Tomo XXV, abril de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, citada por la parte inconforme, que dice:

"‘«AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS.-El juicio ordinario laboral se conforma por etapas y actos concatenados entre sí, desarrollados en forma lógica y sistematizada, para obtener generalmente un laudo, los cuales deben realizarse dentro de los plazos y términos previstos en la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, debido a la conexión de esas etapas y actos, el retraso u omisión en la realización de los actos previos, indefectiblemente ocasiona que los subsecuentes ya no se efectúen con puntualidad, afectando el desarrollo normal y oportuno del juicio. De esta manera, si en el amparo se reclama la dilación u omisión en el trámite de un juicio laboral y durante la sustanciación de aquél, la autoridad responsable no agota cabalmente el procedimiento ni dicta laudo, sino que esa condición de retraso u omisión persiste también respecto de los actos subsecuentes a los reclamados y se proyecta a etapas ulteriores del proceso, no se actualizan las causales de improcedencia del juicio previstas en las fracciones V, X, XVI y XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque el quejoso conserva su interés jurídico para solicitar la tramitación expedita del juicio, cuya demora afecta directamente su esfera de derechos; no opera un cambio de situación jurídica que tenga por consumadas irreparablemente las violaciones, porque sigue existiendo el estado de las cosas prevaleciente al momento de pedir el amparó, consistente en la falta de prontitud en la tramitación y resolución del juicio; no cesan los efectos de las dilaciones y omisiones reclamadas ni éstos quedan destruidos como si se hubiera otorgado la protección constitucional, sino que perduran hasta en tanto el juicio laboral continúe y concluya. Las dilaciones u omisiones subsecuentes a las reclamadas no son actos futuros de realización incierta, sino inminentes, porque al producirse momento a momento, una vez sobrevenida la tardanza u omisión en la tramitación del juicio, es ineludible que ya no se desarrollará con prontitud. Además, la autoridad responsable no queda indefensa, porque las infracciones subsecuentes, además de que compartirán la misma naturaleza que las reclamadas, al tratarse de dilaciones u omisiones en la tramitación y resolución oportuna de la controversia, se generarían en el mismo expediente laboral, respeto del cual se promovió el juicio de garantías, del que ya tuvo noticia y manifestó lo conducente al rendir su informe con justificación y este conocimiento de los hechos, inclusive, le permitirá actuar con celeridad para no incurrir en mayores dilaciones.»

"‘Esto es así, pues por las razones expuestas, este tribunal no comparte el citado criterio, más aún cuando, como se analizará en el apartado correspondiente, la dilación reclamada se encuentra en una única etapa del procedimiento de ejecución previsto por la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, para el cual la citada legislación establece también un único plazo de quince días para la ejecución del laudo solicitada.

"‘Consecuentemente, al quedar evidenciada la incorrecta fijación y análisis de las omisiones reclamadas, este tribunal emprenderá su análisis, en términos del artículo 74 de la Ley de Amparo.

"‘Es aplicable al caso, la tesis jurisprudencial 2a./J. 58/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:

"‘«ACTOS RECLAMADOS. LA OMISIÓN DE SU ESTUDIO EN LA SENTENCIA RECURRIDA DEBE SER REPARADA POR EL TRIBUNAL REVISOR, A PESAR DE QUE SOBRE EL PARTICULAR NO SE HAYA EXPUESTO AGRAVIO ALGUNO EN LA REVISIÓN.-Si al resolver el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo, se descubre la omisión de pronunciamiento sobre actos reclamados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento en términos de lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, toda vez que la falta de análisis de un acto reclamado no constituye una violación procesal porque no se refiere a la infracción de alguna regla que norme la secuela del procedimiento, ni alguna omisión que deje sin defensa al recurrente o pueda influir en la resolución que deba dictarse en definitiva, entrañando sólo una violación al fallar el juicio que, por lo mismo, es susceptible de reparación por la autoridad revisora, según la regla prevista por la fracción I del citado artículo 91 conforme a la cual, no es dable el reenvío en el recurso de revisión. No es obstáculo para ello que sobre el particular no se haya expuesto agravio alguno, pues ante la advertida incongruencia de una sentencia, se justifica la intervención oficiosa del tribunal revisor, dado que al resolver debe hacerlo con la mayor claridad posible para lograr la mejor comprensión de su fallo, no siendo correcto que soslaye el estudio de esa incongruencia aduciendo que no existe agravio en su contra, ya que esto equivaldría a que confirmara una resolución incongruente y carente de lógica; además, si de conformidad con el artículo 79 de la legislación invocada, es obligación del juzgador corregir los errores que advierta en cuanto a la cita de los preceptos constitucionales, otorgando el amparo respecto de la garantía que aparezca violada, por mayoría de razón, el revisor debe corregir de oficio las incongruencias que advierta en el fallo que es materia de la revisión.»

"‘Estudio de conceptos de violación.

"‘En su único concepto de violación el quejoso aduce, esencialmente, que la responsable obstaculiza el acceso a la justicia por la demora injustificada de cumplir con el laudo del veinte de enero de dos mil quince, pues se encuentra obligada a dictar las medidas necesarias a fin de ejecutar su cumplimiento y con ello lograr el pago en tiempo y forma del crédito laboral materia de su condena.

"‘El reseñado concepto de violación es fundado, a la luz del artículo 17 constitucional, precepto que establece la garantía de acceso a la tutela jurisdiccional, respecto de la cual, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la misma debe ser pronta y completa, y acoge el principio de ejecutoriedad de las sentencias, de ahí que las leyes locales y federales deban establecer los medios necesarios para garantizar su cumplimiento, pues de lo contrario se haría nugatoria dicha sentencia, incluso señaló que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial y que ese derecho debe estar complementado por la debida ejecución de la sentencia, de modo que sea el propio tribunal el que deba velar por la materialización de la resolución definitiva.

"‘Apoya este criterio, la jurisprudencia 2a./J. 133/2008 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:

"‘«LAUDOS. ADEMÁS DE LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 148 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUENTA CON UNA AMPLIA GAMA DE INSTRUMENTOS LEGALES PARA LOGRAR SU EJECUCIÓN.-El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fija la garantía a la tutela jurisdiccional y acoge el principio de ejecutoriedad de las sentencias, de ahí que las leyes locales y federales deban establecer los medios necesarios para garantizar su cumplimiento, pues de lo contrario se haría nugatoria dicha garantía. A partir de lo anterior, el artículo 150 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado ordena al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, a cuyo efecto dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. A su vez, conforme al artículo 151 de la ley citada, la primera actuación del procedimiento de ejecución consiste en dictar acuerdo ordenando ésta a través de la presencia de un actuario, en compañía de la parte actora en el domicilio de la demandada, a quien requerirá el cumplimiento de la resolución bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrán las medidas de apremio previstas en el artículo 148, el cual sólo prevé la imposición de la multa hasta por $1,000.00. Por otra parte, las fracciones III y IV del artículo 43 del indicado ordenamiento, imponen la obligación a los titulares de reinstalar a los trabajadores y ordenar el pago de los salarios caídos o cubrir la indemnización por separación injustificada y pagar las prestaciones correspondientes cuando fueron condenados por laudo ejecutoriado, mientras que el artículo 147 prevé que el mencionado Tribunal podrá solicitar el auxilio de las autoridades civiles y militares para hacer cumplir sus resoluciones. En consecuencia, si bien la imposición de una multa es la única medida de apremio expresamente establecida por la Ley Burocrática, no puede desconocerse que el referido artículo 150 ordena al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, por lo que también podrá dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes, para lo cual la ley pone a su disposición el auxilio de las autoridades civiles y militares y señala con claridad las obligaciones legales de los titulares condenados en laudo ejecutoriado, cuyo incumplimiento puede dar lugar a sanciones de distinta naturaleza, por lo que el análisis integral de todas estas disposiciones permite considerar que el indicado tribunal cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento de los laudos que emite y no solamente con la multa.»

"‘Asimismo, conforme a la citada garantía, el artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria en cuanto al procedimiento a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, atribuye expresamente al Presidente del Tribunal la obligación de proveer la eficaz y pronta ejecución de los laudos.

"‘De igual manera, el artículo 118 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, dispone:

"‘«Artículo 118. Las resoluciones dictadas por el Tribunal de Arbitra

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27439-f662fbfd/laudo-la-patronal-cuenta-con-15-dias-habiles · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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