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Modo: Corpus Pro

CADUCIDAD DE LA PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL. EL TRIBUNAL AD QUEM NO DEBE DECLARARLA DE OFICIO EN LA APELACIÓN PRINCIPAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 137 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 13/2017. · Registro digital (IUS): 27673
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2018-03-09
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo II, Pág. 1552.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 13/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 12 DE DICIEMBRE DE 2017. MAYORÍA DE ONCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS, ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO, PAULA MARÍA GARCÍA VILLEGAS SÁNCHEZ CORDERO, LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ, ISMAEL HERNÁNDEZ FLORES, ABRAHAM SERGIO MARCOS VALDÉS, IRMA RODRÍGUEZ FRANCO, GONZALO ARREDONDO JIMÉNEZ, DANIEL HORACIO ESCUDERO CONTRERAS, CON SALVEDAD EN LAS CONSIDERACIONES, BENITO ALVA ZENTENO Y GONZALO HERNÁNDEZ CERVANTES. DISIDENTES: WALTER ARELLANO HOBELSBERGER, FERNANDO ALBERTO CASASOLA MENDOZA Y VÍCTOR HUGO DÍAZ ARELLANO, QUIENES FORMULARON VOTO DE MINORÍA. PONENTE: GONZALO ARREDONDO JIMÉNEZ. SECRETARIA: HATZIBETH ÉRIKA FIGUEROA CAMPOS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Este Pleno de Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados pertenecientes a este Circuito, en un tema que, por ser de naturaleza civil, corresponde a la materia de especialidad de este Pleno de Circuito.

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, con fundamento en lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por Magistrados integrantes de un Tribunal Colegiado que pertenecen a este Circuito.

TERCERO.-Objeto concreto de la denuncia de contradicción de tesis. La cuestión consiste en determinar si la caducidad de la primera instancia en términos de lo previsto en el artículo 137 Bis del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad, debe invariablemente ser declarada de oficio por el Tribunal de Alzada en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia sobre el fondo de la controversia, aunque el Juez a quo no la haya declarado ni las partes exigido y el apelante no haya expresado agravios al respecto.

CUARTO.-Posturas contendientes de los Tribunales Colegiados de Circuito.

I. El Quinto Tribunal Colegiado resolvió el juicio de amparo directo D.C. 62/2017, promovido contra la resolución dictada por la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en la que declaró que operó la caducidad de la primera instancia, de conformidad con lo previsto en el artículo 137 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, por lo que dejó insubsistente la sentencia dictada por el Juez Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México, en la que había declarado procedente la vía especial hipotecaria, además tuvo a la parte actora en la reconvención probando su acción de prescripción y por no acreditadas las excepciones y defensas de la demandada, por lo que estimó improcedente la acción principal, de modo que declaró que había operado la prescripción negativa de las obligaciones de pago del crédito otorgado por la actora, se ordenó la extinción de la hipoteca y la cancelación de su inscripción.

En la sentencia respectiva, el Quinto Tribunal Colegiado, por unanimidad de votos, negó el amparo a la quejosa (demandada en el juicio especial hipotecario de origen), con base en las consideraciones siguientes:

"Esto es, que la razón de ser de la institución de la caducidad, se apoya principalmente en dos motivos distintos; el primero es de orden subjetivo y se traduce en la intención de las partes de abandonar el proceso que se refleja en el desinterés de las mismas en continuar y culminar con el mismo; y el segundo es de orden objetivo, que descansa en la necesidad de evitar la existencia indefinida de los procesos, lo que traería una falta de seguridad jurídica. Este criterio objetivo tiene también su fundamento en el interés del Estado, consistente en liberar a sus propios órganos de la necesidad de impulsar procesos y emitir la resolución correspondiente, sustituyendo las cargas y obligaciones procesales de las partes, cuando éstas evidentemente abandonan su causa; con lo que además se trata de garantizar una administración de justicia pronta y expedita.-De ahí que la caducidad de la instancia sea de orden público, porque la sociedad y el Estado están interesados en que los litigios no se encuentren paralizados indefinidamente y porque los intereses de los particulares a este respecto están supeditados a los generales de la colectividad; razón por la cual, la perención de la instancia no es renunciable, ni puede ser materia de convenio entre los interesados.-Asimismo, debe aclararse, que la institución procesal mencionada se produce de pleno derecho, esto es, por ministerio de la ley y sin que se requiera una resolución judicial que la declare, lo que significa que la perención o extinción del procedimiento se actualiza por el solo transcurso del término legal establecido, sin que las partes actúen; por lo que es inoperante la voluntad de los contendientes o la inacción del juzgado o tribunal para mantenerla viva, pues para que opere no se requiere petición del beneficiado, y su efecto es que todas las actuaciones posteriores serán nulas y ni siquiera el consentimiento de tales partes puede revalidar la instancia, ya que siendo ésta de interés público, no se establece en beneficio de las mismas, sino para proteger el interés del Estado respecto de que no existan juicios pendientes de fallarse.-Esto es, la caducidad de la instancia es una institución extintiva del proceso, que deja vivos los derechos sustantivos hechos valer, para poder reiniciar un nuevo juicio.-Ahora bien, respecto de la caducidad en materia mercantil, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio lugar a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 153/2007,(1) consideró a tal figura de la caducidad como un presupuesto procesal, al señalar: ‘En consecuencia, la intención del legislador al señalar en el artículo en comento que «la caducidad operará de pleno derecho» fue la de establecer que dicha figura procesal se actualiza por el solo transcurso del tiempo, esto es, sin necesidad de declaración, pues todas las actuaciones posteriores serán nulas y ni siquiera el consentimiento de las partes puede revalidar la instancia.-...-Con base en lo anterior, se concluye que al no existir sentencia firme no ha precluido el derecho del apelante para hacer valer en vía de agravio la caducidad de la primera instancia, atento a que tanto la omisión del a quo para decretarla y de la parte interesada para solicitarla no afecta su existencia, dada la naturaleza propia de orden público y, por ende, de irrenunciable que la constituye, por lo que al introducirla a la litis de segunda instancia el Tribunal de alzada está obligado y facultado para analizar la satisfacción de ese presupuesto procesal, y en caso de proceder declararla.’.-Dicha ejecutoria se estima aplicable en el caso de forma análoga, ya que si bien es cierto se refiere a la materia mercantil y no a la civil, a la que corresponde el juicio de origen, no menos lo es que tanto el artículo 1076 del Código de Comercio como el diverso artículo 137 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable al asunto, prevén la caducidad de la instancia, siendo acordes en cuanto a que ésta opera de pleno derecho, si transcurrido el plazo previsto en ellos, no existe promoción de las partes dando impulso al procedimiento.-Por otro lado, la misma Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la que derivó la tesis de jurisprudencia 1a./J. 47/2006,(2) determinó que las particularidades de los llamados presupuestos procesales, llevan al juzgador a analizarlos aun cuando no exista petición de parte, pues involucran cuestiones de orden público que impiden la emisión de una sentencia válida.-En esa virtud, tomando en cuenta lo considerado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre los presupuestos procesales, entre los que se encuentra la caducidad de la instancia; se puede concluir que el Tribunal de alzada sí puede analizar de oficio esta figura jurídica en el recurso de apelación hecho valer por alguna de las partes, no obstante que no exista planteamiento sobre esa cuestión.-Lo anterior se corrobora más aún, con lo establecido por la misma Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la diversa tesis de jurisprudencia 1a./J. 56/2009.(3)-Tesis de jurisprudencia que a pesar de también corresponder a la materia mercantil y no a la civil, igualmente se estima aplicable en el caso por analogía, al referirse precisamente a un aspecto no planteado en los agravios de apelación, como lo es la procedencia de la vía.-Lo anterior, máxime que en la ejecutoria que dio lugar a la jurisprudencia en cuestión, se sostuvo que: ‘Conforme a lo expuesto en los preceptos legales acabados de transcribir, la apelación -que es un recurso ordinario y vertical a través del cual una de las partes o ambas solicitan al tribunal de segundo grado un nuevo examen sobre una resolución dictada por un Juez de primera instancia-, tiene por objeto la confirmación, revocación o modificación de la resolución de primera instancia impugnada en los puntos relativos a los agravios vertidos por el recurrente o, en su caso, el apelante adhesivo.-Es decir, la materia judicandi de la apelación es la resolución recurrida vista y examinada a través de la expresión de agravios y la posible pero no necesaria contestación de esos agravios por la parte contraria, mientras que el objeto del judicium es la revocación o modificación de la resolución impugnada, esto es, corregir vicios ya sea de mero procedimiento (in procedendo) o ya sea cometidos al sentenciar (in judicando) y, en caso de improcedencia de los agravios, su confirmación.-Sobre tales premisas, debe señalarse que los llamados presupuestos procesales, son figuras jurídicas que deben ser analizadas por los que administran justicia para que puedan dictar una sentencia válida sobre las pretensiones de las partes.-Las características especiales de estas figuras hacen que los juzgadores tengan que examinarlas, incluso si no se plantean por las partes, pues son cuestiones que, al ser de orden público, impiden que se emita una resolución que tenga efectos, por ser inválida.-Ahora bien, generalmente la falta de presupuestos procesales vicia al proceso, pero existen casos en que el vicio es saneable bien sea por ratificación del interesado, por no alegarlo oportunamente, o porque se cumplan al ser exigidos por el Juez o reclamados por una de las partes, ejemplos de ellos es la personalidad de quien comparece a juicio a nombre de otro o la no caducidad de la acción.-Sin embargo, la falta de algunos presupuestos procesales no puede ser saneada ni ratificada, ya que son presupuestos absolutos o insubsanables, o de orden público.-En esta última situación se encuentra la vía, que como esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 135/2004-PS, es la manera de proceder en un juicio siguiendo determinados trámites, y constituye una condición necesaria para la regularidad del desarrollo del proceso, sin la cual no puede válidamente dictarse sentencia de fondo sobre la pretensión litigiosa.-En esa línea de pensamiento, si se tiene en cuenta que en virtud de la apelación se devuelve al Tribunal Superior la plenitud de su jurisdicción y éste se encuentra frente a la pretensión en la misma posición que el inferior, es decir, que le corresponden iguales derechos y deberes, puede así, al igual que el Juez de primer grado, estimar de oficio circunstancias impeditivas o extintivas que operan ipso iure; entre ellas la vía, porque ésta constituye un presupuesto procesal de orden público, sin el cual no puede válidamente dictarse sentencia de fondo sobre la pretensión litigiosa, en la medida que es una condición necesaria para la regularidad del desarrollo del proceso, así como para que la sentencia pueda producir efectos.-Sin que sea obstáculo para lo anterior, que conforme a lo previsto en los artículos 1336 y 1337 del Código de Comercio y 231 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el Tribunal Superior al conocer del recurso de apelación se encuentre obligado a ceñirse a la materia del medio de impugnación, puesto que, además de que la vía es un presupuesto procesal insubsanable, la resolución que en su caso la declara improcedente no incide en la materia del medio de impugnación ni decide en el fondo sobre la procedencia o fortuna de la pretensión y mucho menos que deba ser favorable a esa pretensión, pues estas dos circunstancias dependen de otra clase de presupuestos: los materiales o sustanciales.’.-Por lo tanto, con base en lo expuesto, se puede concluir válida y legalmente, que al igual que ocurre con la procedencia de la vía y el litisconsorcio pasivo necesario, tratándose de la caducidad de la instancia, el tribunal de apelación sí puede analizarla de oficio en el recurso de apelación, decretando la misma si se actualizó en la primera instancia, aun cuando no exista motivo de inconformidad alguno al respecto. De ahí que sean inexactas las inconformidades que en sentido contrario aduce la quejosa en los conceptos de violación en estudio, lo que a su vez implica que resulte correcto y legal el estudio al efecto realizado por la Sala responsable en la sentencia reclamada; y, por ende, que contrariamente a lo afirmado por dicha quejosa, que tal sentencia no sea dogmática, contradictoria, incongruente, genérica y ambigua, por lo que la misma no viola en perjuicio de ésta, los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y debida fundamentación y motivación, ni tampoco infringe lo señalado en la tesis de jurisprudencia que invoca, del rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN."

II. El Cuarto Tribunal Colegiado resolvió el amparo directo D.C. 473/2016, promovido en contra de la resolución dictada por la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en la que revocó la sentencia recurrida y decretó la caducidad de la primera instancia, por estimar que en ésta transcurrieron más de ciento veinte días, de conformidad con lo previsto por el artículo 137 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en la que el Juez Quincuagésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México, declaró la rescisión del contrato de arrendamiento y condenó al pago de las restantes prestaciones, con excepción de los intereses y no emitió condena al pago de las costas.

En la sentencia respectiva, por unanimidad de votos, el Cuarto Tribunal Colegiado concedió el amparo a la quejosa (actora en el juicio de arrendamiento inmobiliario), de acuerdo con las consideraciones siguientes:

"1) El interés público determina que la caducidad de la instancia debe ser declarada ex officio, una vez que se actualicen sus elementos, con independencia de la voluntad de las partes al respecto, quienes sólo pueden realizar una labor de cooperación, mediante la puesta y conocimiento al Juez, de que están satisfechos tales requisitos.-2) La caducidad de la instancia es irrenunciable.-3) Tampoco puede ser objeto de convenio, al tratarse de una institución indisponible.-4) Opera por el simple transcurso del tiempo establecido y los demás elementos previstos en la ley, de pleno derecho.-5) La declaratoria correspondiente no tiene efectos constitutivos sino probatorios.-3. Teorías mixtas.-Consideran que el fundamento está en una conjugación de intereses, los intereses públicos y los privados, con diversas magnitudes, dando prioridad gradual a alguno de los dos conceptos anteriores, o buscando el equilibrio entre ambos intereses.-Al respecto se puede ilustrar con algunos autores.-Luis Maurino precisa: ‘Teorías mixtas. Incluimos en esta categoría las posiciones doctrinales que reconocen la posibilidad de coexistencia de varios fundamentos como justificativo del instituto que, lejos de excluirse, se amalgaman para explicar su razón de ser. ...Nos adherimos a las teorías mixtas, por entender que no existe un fundamento único sino que coexisten varios, con armónica operatividad -no excluyentes entre sí- en los múltiples supuestos que se presentan a diario en la praxis judicial, a cuya dilucidación contribuyen. (Opinión ya emitida en Maurino, Los fundamentos de la caducidad de instancia, J.A., 1986-I-709).’.(4)-Sobre esto, Santoro Passarelli se refirió a dos principios fundamentales protegidos mediante la institución de la caducidad, lo cual permite ubicarlo como exponente de una teoría mixta, al precisar lo siguiente:-‘Intereses protegidos por la caducidad.-En efecto, la caducidad difiere de la prescripción también en este aspecto de que mientras la prescripción, como se ha visto, está exclusivamente al servicio de un interés general y, por eso, se substrae absolutamente a la voluntad privada, la caducidad puede establecerse también, para tutelar un interés del individuo.’.(5)-En similar sentido, Jaime Guasp afirma:-‘El fundamento del instituto de la caducidad de la instancia puede apoyarse principalmente en dos distintos motivos: uno de orden subjetivo, que ve en la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, la razón íntima de la extinción, y otro de orden objetivo, que se fija, por el contrario, en la necesidad de evitar la pendencia indefinida de los procesos, por el peligro que esto lleva consigo para la seguridad jurídica. El fundamento subjetivo se basa, por lo tanto, en la presunta voluntad de los litigantes; el fundamento objetivo en la idea supraindividual de que no se prolongue la duración de los pleitos paralizados. No es dudoso que el fundamento objetivo debe preferirse al subjetivo, incluso en nuestro derecho vigente, aunque algunas de sus expresiones, como la del art. 411, que habla de tener por abandonadas las instancias, mueven a confusión en este sentido.-Pero de la existencia de estos fundamentos no hay que deducir que la figura de la caducidad de la instancia sea absolutamente indispensable, pues al mismo resultado se puede llegar: derogando el principio del impulso privado de parte y estableciendo en su lugar el principio del impulso oficial; estableciendo un plazo breve de carácter perentorio para la realización de cada acto procesal de parte, plazo que si no es observado, lleva consigo la caducidad de dicho acto y, por consecuencia, del procedimiento entero; o, finalmente, permitiendo que actúe, con respecto a los derechos hechos valer como fundamento de la pretensión procesal, la prescripción o caducidad del derecho material, sin implantarla especialmente para el proceso.’(6) Ramiro Podetti también explica claramente las teorías mixtas, pues afirma:-‘Fundamentos y objeto.-Dos son los fundamentos subjetivos generalmente admitidos de la caducidad de la instancia: la presunción de desistimiento por abandonado, del litigante que tiene la carga de activar el procedimiento, y el interés público de que los procesos no se eternicen. El fundamento objetivo es la inactividad por un lapso variable, cuando no responde a disposiciones legales o a causas no imputables a los litigantes.-...En realidad, como sucede con todas y cada una de las instituciones que integran el proceso civil, la caducidad de la instancia tiene un fundamento que es de interés privado y de interés público, intereses que deben armonizarse en todo (sic) buena ley procesal. Ese fundamento no es otro que evitar la prolongación indefinida de los pleitos [Conf. Cám. Civ. Cap., Sala B (J. A. 1952-IV, 159)] y el objeto estimular la actividad de los litigantes con la amenaza del aniquilamiento del proceso y por ese medio lograr mayor celeridad en el trámite.-Conforme con ese fundamento y ese objetivo, eminentemente prácticos, el plazo de inactividad no debe ser perentorio, en cuanto no debe producir efectos ipso jure u operar de pleno derecho, como dice la ley 14.191 (art. 3). En el caso de caducidad en primera instancia, no se trata de la simple pérdida o decaimiento del ejercicio de una facultad procesal, sino de la caducidad del proceso, de la inutilización del esfuerzo conjunto del Juez, de los litigantes y de los auxiliares de unos y de otros. Si antes de que el litigante contrario lo advierta o el secretario informe, aun después de vencido el plazo, el remiso produce actos que impulsan el desarrollo del proceso, no se ve el objeto razonable de la sanción. Ni satisface la doctrina privadística, ni la publicística de la caducidad, ni presumiblemente, disminuirá la labor judicial. La sanción podrá ser ejemplificadora, pero no parece justificado el dispendio de onerosa actividad.’.(7)-De todo lo que antecede puede colegirse que las consecuencias de la caducidad de la instancia constituida bajo el panorama de las teorías mixtas, siempre dependerán del interés que priorice, o del equilibrio existente entre el interés público, el privado, en cada legislación.-1) Así, por ejemplo, en un sistema en donde tenga mayor relevancia el interés público que el privado, la institución podría prever la declaración oficiosa del Juez, y legitimar a la vez a las partes para solicitarla, e incluso crear un sistema de impugnación si esa facultad no es respetada, pero podría enfatizar que la caducidad de la instancia no puede ser materia de convenio entre las partes, ni ser renunciable, y exigirá una declaratoria del Estado como prueba de su existencia y no como elemento constitutivo.-2) Si, verbigracia, se da prevalencia al interés privado respecto del público, en algún grado, podría permitirse la legitimación de las partes o la del Estado para la obtención de la declaración, que la perención fuera renunciable y objeto de convenio, en ciertas circunstancias.-II. Fundamento de la caducidad de la instancia, en la legislación aplicable al caso.-II.1. Marco regulatorio.-La institución de caducidad en el Código de Procedimientos Civiles aplicable en la Ciudad de México, se prevé en el artículo 137 Bis.-Los tres primeros párrafos del precepto, proporcionan los elementos definitorios de su naturaleza, relevancia y características, del modo siguiente. ‘Artículo 137 Bis. Operará de pleno derecho la caducidad de la primera instancia cualquiera que sea el estado del juicio desde el primer auto que se dicte en el mismo hasta antes de que concluya la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia, si transcurridos ciento veinte días hábiles contados a partir de la notificación de la última determinación judicial no hubiere promoción que tienda a impulsar el procedimiento de cualquiera de las partes.-Los efectos y formas de su declaración se sujetarán a las siguientes normas: I. La caducidad de la instancia es de orden público, irrenunciable y no puede ser materia de convenios entre las partes. El Juez la declarará de oficio o a petición de cualquiera de las partes cuando concurran las circunstancias a que se refiere el presente artículo.’.-En cuanto a la impugnabilidad de la declaración de caducidad, la fracción XI prevé la procedencia del recurso de revocación en los juicios que no admiten apelación, y en los que sí la admiten, la de ambos efectos. Si la declaratoria se hace en segunda instancia es procedente la reposición. Tocante a los recursos procedentes contra la negativa a la declaración de caducidad, la apelación cabe en los juicios que admitan la alzada, y en la segunda instancia, la reposición.-II.2. Sistema mixto fuerte.-Las consideraciones que anteceden permiten concluir, que el sistema legal rector de la caducidad de la instancia en materia civil, aplicable en la Ciudad de México, tiene como fundamento teórico una teoría mixta, con preeminencia publicística, que admite tener como causa o justificación de la institución, dos valores y fines perseguidos, perfectamente vinculados; por un lado, la tutela de los intereses privados de las partes en la iniciación, consecución y disposición del proceso, y por el otro, el interés público, hacia donde existe propensión, relativo a la preocupación del Estado en la continuación armónica y eficiente de los procesos, hasta su conclusión, mediante certeza y toda la dedicación adecuada a cada uno de los asuntos sometidos a su potestad; enfrentados ambos valores, al supuesto en donde existe una paralización prolongada e injustificada del proceso, atribuible a las propias partes.-Esa inclinación, por la fortaleza del interés público, la revela claramente la determinación de que es una institución de orden público, irrenunciable, que opera de pleno derecho y no puede ser objeto de convenio, porque sin desconocer el interés de las partes para la declaración de la caducidad de la instancia e impugnar la determinación sobre ésta; exalta la participación e interés del Estado, mediante los múltiples elementos referidos, en donde el nuclear en el conjunto, es el de orden público, mientras que las otras características son auxiliares para determinar el concepto de orden público escogido, ante la gran variedad de los conceptos existentes de esa idea en múltiples disciplinas del derecho.-Esto lleva a explorar ese equívoco concepto.-III. Orden público.-Concepto.-En concepto de este tribunal, la expresión admite como definición aproximada, la de ser el conjunto de principios y valores que la sociedad organizada, en un tiempo y lugar determinados, consideran indispensables para la realización de los fines comunes perseguidos a través del Estado, y que a la vez forma la plataforma sólida para la consecución de los objetivos particulares de los individuos. Esta institución no tiene un valor por sí misma, sino que es un instrumento destinado a facilitar la realización de los principios y valores indicados, de mo

o que debe ceder cuando la consecuencia de su aplicación atente contra dichos elementos.-Doctrinariamente, a este concepto se le ha asignado distintos significados, aunque todos dirigidos al mismo fin, entre los que se enuncian, a manera de muestra, los siguientes.-En la Enciclopedia Omeba,(8) en la redacción de la voz correspondiente, Juan Carlos Smith lo define de la siguiente manera: ‘Orden público. Definición y concepto. Denominamos orden público al conjunto de condiciones fundamentales de vida social, instituidas en una comunidad jurídica, las cuales, por afectar centralmente a la organización de ésta, no pueden ser alteradas por la voluntad de los individuos ni, en su caso, por la aplicación de normas extranjeras.-Si como conjunto de condiciones de vida social, el orden público se evidencia empíricamente a través de la realidad histórica, es innegable que, como noción orientadora, cumple también una función gnoseológica.-Es, sin duda, una realidad estimable a tenor de un sistema de valoraciones vigentes en determinado tiempo y lugar, pero, a la vez, una categoría del conocimiento jurídico.-Como realidad estimable, el orden público es una forma de vida, un status social establecido y condicionado por la voluntad formal de una comunidad jurídica, en función de su tradición histórica, sus convicciones éticas más arraigadas, sus costumbres y convencionalismos más generalizados, sus necesidades y exigencias más sentidas.-Si se analiza en profundidad, el sentido de expresiones como «interés público», «interés general», «bien público» o «bienestar general», que la doctrina y la jurisprudencia utilizan para individualizar a los fines perseguidos por las denominadas leyes de orden público, se infiere con rigor que éstas (sic) últimas están siendo consideradas como teleológicamente orientadas a constituir una situación de ordenación social tal, que no pueda ser alterada por la voluntad unilateral o bilateral de los individuos ni por la eventual aplicación de leyes extranjeras.(9) Y esta caracterización comprende tanto a las normas de derecho público como a aquallas de derecho privado que regulan situaciones esenciales de la vida social y que, por ello, resultan inderogables tanto por los particulares como por los órganos encargados de aplicarlas.-El orden público se nos aparece, entonces, como un status fundamental querido por la comunidad jurídica misma y normativamente determinado, unas veces a través de la función de los órganos representativos de la voluntad formal de aquélla (Asamblea Constituyente, Legislatura, órganos administrativos y judiciales) y otras veces de un modo consuetudinario.(10)-...Necesaria aclaración de conceptos.-Comparando las cláusulas de carácter constitucional con las de carácter civil, resulta bien a las claras (sic) que la misma expresión tiene en ambos casos un significado casi antagónico. Basta analizar superficialmente el artículo 6o. del Código de Napoleón, para comprender que el «orden público» del Derecho civil no es un límite, y con el aporte doctrinario del artículo 5o. del Código Civil argentino podemos afirmar, sin vacilación, que es una fuerza propulsora, no con caracteres físicos, pero sí morales, que intervienen en la escena jurídica en representación de la sociedad como entidad, o mejor aún, como organismo o persona.’ (énfasis añadido).-François Laurent, en su obra clásica, Principios de Derecho Civil Francés,(11) afirma, respecto del orden público: ¿Qué significan las palabras orden público, tomadas en el sentido gramatical? Orden, según el Diccionario de la «Lengua Española» Real Academia, quiere decir «arreglo, disposición de las cosas puestas en su línea, en su lugar». Las leyes no se ocupan en las cosas ni en su clasificación, sino en las personas. Esta significación especial está indicada con la palabra público, que, según la Academia señala: «lo que pertenece a todo un pueblo;» en ese sentido, público es sinónimo de social. Orden público significa, pues, el arreglo de las personas en la sociedad. Efectivamente,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27673-62e9e1b6/caducidad-de-la-primera-instancia-en-materia-civil · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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