CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. ANTE LA FALTA DE AGRAVIO, EL TRIBUNAL DE ALZADA NO TIENE PERMITIDO ANALIZAR DE OFICIO SI DICHA FIGURA SE ACTUALIZÓ EN EL JUICIO DE ORIGEN (CÓDIGO DE COMERCIO Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 286/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO, EL PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, EL PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 19 DE FEBRERO DE 2020. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: EDUARDO ARANDA MARTÍNEZ.
CONSIDERANDO:
4. PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dado que se trata de tesis sustentadas por diversos Plenos de Circuito y Tribunales Colegiados de distinto Circuito, sin que se estime necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
5. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por el presidente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, órgano que emitió uno de los criterios que participan en la presente contradicción de tesis.
6. TERCERO.—Criterios contendientes. Los criterios contendientes son los siguientes:
Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito (amparo directo **********).
7. Antecedentes. En un juicio ejecutivo mercantil, iniciado el quince de junio de dos mil dieciséis, el promovente demandó a su contraparte el pago de la cantidad consignada en un pagaré, más los intereses, gastos y costas del juicio.
8. El Juzgado Mixto de Primera Instancia del Décimo Partido Judicial con residencia en Ameca, Jalisco, emitió sentencia de primera instancia el dieciocho de abril de dos mil dieciocho, en la que condenó a la demandada al pago de la suerte principal y los intereses conforme a los parámetros fijados en la propia sentencia.
9. Inconforme, la demandada interpuso recurso de apelación. La Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, en sentencia de trece de julio de dos mil dieciocho, confirmó el fallo de primer grado.
10. En contra de esta determinación, el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, la demandada condenada promovió juicio de amparo directo.
11. Criterio. En sentencia dictada el veintidós de marzo de dos mil diecinueve, el Tribunal Colegiado otorgó la protección constitucional al advertir una violación procesal, ordenando la reposición del procedimiento, pero en las consideraciones hizo ver que si bien existían diversos periodos de inactividad procesal que pudieron dar lugar a la caducidad de la instancia (regulada en el artículo 1076 del Código de Comercio), no era viable analizar si se actualizaba dicha figura, pues no se había planteado en los conceptos de violación ni se había hecho valer como agravio en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primer grado, de manera que la Sala responsable no podía analizarlo oficiosamente.
12. Al respecto, hizo referencia a la jurisprudencia PC.I.C. J/58 C (10a.), emitida por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, de título y subtítulo: "CADUCIDAD DE LA PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL. EL TRIBUNAL AD QUEM NO DEBE DECLARARLA DE OFICIO EN LA APELACIÓN PRINCIPAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 137 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).", precisando que el numeral 137 bis, párrafo segundo, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (similar al artículo1076 del Código de Comercio), facultaba al Juez a quo a decretar de oficio la caducidad de la primera instancia, sin referirse o aludir al tribunal de apelación.
13. Del mismo modo, citó la jurisprudencia PC.III.A. J/43 A (10a.), del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, de título y subtítulo: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. EL PLENO DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO NO ESTÁ FACULTADO PARA REALIZAR OFICIOSAMENTE EL ANÁLISIS DE DICHA FIGURA PROCESAL, AL RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN, PUES ESTÁ CONDICIONADO A QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS, Y LIMITADO POR EL PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEIUS."
14. Finalmente, destacó que no compartía la jurisprudencia VI.2o.C. J/1 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. EL TRIBUNAL DE ALZADA DEBE DECRETARLA DE OFICIO, AUN ANTE LA AUSENCIA DE AGRAVIOS AL RESPECTO, SI SE ACTUALIZÓ DURANTE LA TRAMITACIÓN DE LA PRIMERA INSTANCIA (CÓDIGO DE COMERCIO POSTERIOR A LAS REFORMAS DE 24 DE MAYO DE 1996)."
Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito (contradicción de tesis **********)
15. Antecedentes. En dicho asunto participaron como criterios contendientes los emitidos por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa el Tercer Circuito.
16. El primero de ellos conoció de un juicio de amparo directo que tuvo como antecedente un juicio de nulidad en el que en primera instancia se concedió parcialmente las prestaciones de la parte actora. En contra de esa sentencia de primer grado, la actora interpuso recurso de apelación, sin que su contraparte hiciera lo propio. No obstante, el Pleno del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, emitió sentencia en la que decretó que había operado la caducidad en la primera instancia.
17. El actor, quejoso en el juicio de amparo, se inconformó con tal determinación aduciendo en esencia una violación al principio de non reformatio in peius. El Tribunal Colegiado otorgó la protección constitucional al considerar que una vez abierta la segunda instancia, el Tribunal responsable no podía analizar la caducidad de la primera instancia en perjuicio de alguna de las partes cuando no existiese agravio en ese sentido. Enfatizó que se actualizaba una transgresión al principio de non reformatio in peius, porque el tribunal de alzada había agravado la situación jurídica del quejoso (apelante) quien en primera instancia había obtenido una sentencia condenatoria parcial, en un caso en el que no había mediado recurso de su contraparte.
18. Por su parte, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito conoció de un juicio de amparo directo que derivó de un juicio de nulidad en el que en primera instancia se declaró la validez de las resoluciones impugnadas. En contra de esa sentencia de primer grado el actor (único recurrente) interpuso recurso de apelación. El Pleno del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco emitió sentencia en la que decretó que había operado la caducidad en la primera instancia.
19. En la demanda de amparo se hizo valer una transgresión a los principios de congruencia y de non reformatio in peius, pues a decir del quejoso no era dable que la alzada agravara su situación en lo atinente a cuestiones de fondo cuando su contraparte no había expuesto algún agravio al respecto. El Tribunal Colegiado determinó que si el tribunal de alzada constataba que en el juicio de origen se había actualizado la caducidad de la instancia, sin que ésta se hubiese decretado, debía sustituirse en la jurisdicción inferior y decretarla. Además, enfatizó que el principio de non reformatio in peius no operaba cuando la modificación de la sentencia de primer grado no requiriera agravio y pudiera realizarse de oficio, tal como acontecía en el caso de la caducidad de la instancia, al ser una figura regulada por normas procesales que son de orden público.
20. Criterio. El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito dilucidó si el Pleno del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, al resolver un recurso de apelación, podía o no, de oficio, decretar que operó la caducidad de la instancia en el juicio de origen.
21. En primer lugar refirió que la figura de la caducidad en el procedimiento contencioso administrativo se prevé en el artículo 29 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa de esa mista entidad federativa.
22. Sostuvo que conforme al numeral de referencia, entre las características de la caducidad de la instancia están que opera de pleno derecho, es irrenunciable, es de orden público y se actualiza por el solo trascurso del tiempo previsto.
23. Expuso, tras analizar los artículos 430, 443 y 444 de código adjetivo civil aludido, que en la segunda instancia originada por la interposición del recurso de apelación, la litis versa sobre los agravios tendentes a demostrar la ilegalidad del fallo recurrido, salvo los casos en que esté permitido el estudio oficioso, de conformidad con el propio artículo 430 referido. Adicionalmente, asentó que el artículo 457 de dicho código no incluye a la caducidad de la instancia como supuesto de revisión de oficio.
24. Por otro lado, refirió que como la sentencia de primer grado tiene la presunción de haberse dictado conforme a derecho, el recurrente debe combatir esa presunción, siendo que el tribunal de alzada debe emitir pronunciamiento respecto de los aspectos litigiosos contenidos en los agravios.
25. Así, destacó que una vez abierta la segunda instancia, el tribunal de alzada no puede válidamente analizar la caducidad de la instancia en perjuicio de alguna de las partes, si no se formuló agravio en ese sentido, toda vez que el artículo 29 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco no prevé que dicha figura pueda ser analizada de oficio por el tribunal de segundo grado, aunado a que como lo había referido, la caducidad de la instancia no constituía un supuesto de análisis oficioso.
26. Además, refirió que el análisis oficioso de la caducidad de la instancia se encuentra limitado por el principio de "non reformatio in peius", que prohíbe agravar la situación jurídica del apelante en casos en los que no ha mediado recurso de su contraparte. Destacando que si bien existe la jurisprudencia 1a./J. 13/2013 (10a.), de título y subtítulo: "PRESUPUESTOS PROCESALES. SU ESTUDIO OFICIOSO POR EL TRIBUNAL DE ALZADA, CONFORME AL ARTÍCULO 87 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, NO LO LIMITA EL PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEIUS.", la caducidad de la instancia no comparte las características de los presupuestos procesales, pues no constituye una condición para el nacimiento o subsistencia de la acción, por lo que su tratamiento no puede igualarse al de éstos, en tanto que en realidad constituye una forma excepcional de terminación del procedimiento.
27. Finalmente, destacó que si la segunda instancia se inicia sólo a propuesta de las partes, su estudio queda limitado a los agravios del recurrente, de modo que el órgano de alzada no puede ocuparse de modo oficioso de la perención respecto de una fase del juicio tramitada ante el órgano de primer grado.
28. De dichas consideraciones derivó la jurisprudencia PC.III.A. J/43 A (10a.) de título, subtítulo y texto siguientes:
"CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. EL PLENO DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO NO ESTÁ FACULTADO PARA REALIZAR OFICIOSAMENTE EL ANÁLISIS DE DICHA FIGURA PROCESAL, AL RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN, PUES ESTÁ CONDICIONADO A QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS, Y LIMITADO POR EL PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEIUS. Conforme a los artículos 96 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, así como 29 bis, 430, 443, 444 y 457 del Código de Procedimientos Civiles local, de aplicación supletoria a aquella ley, el Pleno del Tribunal de lo Administrativo del Poder Judicial del Estado de Jalisco, al resolver un recurso de apelación, por la falta de reenvío, con independencia de los agravios o de su suplencia, está obligado a subsanar, con plenitud de jurisdicción, las omisiones en que haya incurrido la Sala de primera instancia; sin embargo, en esos supuestos no se incluye el de realizar la declaratoria judicial respecto de la caducidad de la instancia; de ahí que no se encuentra legalmente facultado para analizar oficiosamente, sin mediar agravio, si en el juicio de nulidad se actualizó esa figura jurídica. Por tanto, dicho estudio está condicionado a que se haga valer en los agravios, y por el principio non reformatio in peius, locución latina que puede traducirse al español como ‘no reformar en peor’ o ‘no reformar en perjuicio’, utilizada en el ámbito del derecho procesal. Además, de acuerdo con la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 153/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. EL TRIBUNAL DE ALZADA PUEDE DECRETARLA SI SE ACTUALIZÓ EN PRIMERA INSTANCIA Y SE HACE VALER EN VÍA DE AGRAVIOS, AUN CUANDO EL JUEZ NO LA HAYA DECLARADO DE OFICIO NI LA PARTE INTERESADA LO HUBIERE SOLICITADO.’, la caducidad de la instancia no tiene las características de los presupuestos procesales y, por ende, su tratamiento no debe ser igual al que se otorga a éstos, pues de este modo la caducidad de la instancia es una forma excepcional de extinción de la relación jurídico-procesal, es decir, constituye una modalidad de terminación del procedimiento seguido ante los órganos jurisdiccionales, por medio de la cual, cesa la obligación de éstos para resolver la contienda a través del pronunciamiento de una sentencia."(4)
Pleno en Materia Civil del Primer Circuito (contradicción de tesis **********)
29. Antecedentes: En la contradicción de tesis participaron los criterios de los Tribunales Colegiados Cuarto y Quinto en Materia Civil del Primer Circuito.
30. El primero de ellos conoció de un juicio de amparo directo que derivó de un juicio ordinario civil en el cual el Juez de la causa determinó la rescisión de un contrato de arrendamiento y condenó a la demandada al pago de diversas prestaciones. En contra de esa determinación, la demandada interpuso recurso de apelación y en el trámite de la segunda instancia, la Sala de apelación emitió resolución en la que determinó que había operado la caducidad en la primera instancia por lo que revocó la sentencia recurrida.
31. En contra de esa determinación el actor, a quien le había favorecido la sentencia de primer grado, promovió juicio de amparo directo. En la sentencia de amparo el Tribunal Colegiado otorgó la protección constitucional al considerar que no era permisible que la Sala de apelación analizara y decretara la actualización de la caducidad en primera instancia, cuando sobre dicho tema no hubiera existido agravio por la parte apelante.
32. Por su parte, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito conoció de un juicio de amparo directo derivado de un juicio especial hipotecario en el que se demandó la declaración del vencimiento anticipado del plazo para el pago del crédito otorgado y el pago total del saldo insoluto adeudado, entre otras prestaciones.
33. En primera instancia se determinó que se había acreditado la acción de prescripción (intentada por la demandada en reconvención), por lo que se declaró que había operado la prescripción de la acción hipotecaria y se ordenó la extinción de la hipoteca y la cancelación de su inscripción.
34. En contra de esa determinación la actora en el juicio principal interpuso recurso de apelación. No obstante, la Sala de segunda instancia emitió resolución en la que determinó que había operado la caducidad de la primera instancia, por lo que dejó sin efectos la sentencia de primer grado.
35. Inconforme la demandada (y actora reconvencionista) promovió juicio de amparo directo, aduciendo que era incorrecto que el órgano de alzada no hubiese atendido a los agravios expuestos por su contraparte y que en cambio decretara de oficio la caducidad de la instancia, sin tener atribuciones para ello. El Tribunal Colegiado negó la protección constitucional al considerar que la Sala responsable sí podía analizar de oficio la caducidad de la instancia, por constituir ésta un presupuesto procesal, resultando correcto que en el caso declarara que se había actualizado en primera instancia, aun cuando no existiera motivo de inconformidad al respecto.
36. Criterio. En la contradicción de tesis de mérito, el Pleno de Circuito fijó como materia de estudio determinar si el tribunal de alzada al estudiar el recurso de apelación, podía de oficio decretar la caducidad de la primera instancia aun cuando el Juez de origen no la hubiese decretado y el apelante no hubiera expresado agravios al respecto.
37. Se sostuvo que la facultad de analizar y declarar de oficio la caducidad de la instancia se otorga únicamente al Juez del conocimiento, de conformidad con el artículo 137 bis, fracción I, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, sin que de dicho numeral (ni de algún otro de ese código adjetivo) se advierta que el tribunal ad quem tenga la facultad de declarar de oficio la caducidad de la primera instancia cuando dicha cuestión no es materia de agravio en la apelación.
38. Refirió que aun cuando dicho artículo establece que la caducidad es de orden público, ello no significa que el tribunal de alzada pueda ocuparse de ella de oficio, pues de ser así, se contravendrían principios superiores del orden jurídico, ya que el dictado de la sentencia definitiva en la apelación constituye un medio idóneo para asegurar el reconocimiento de las garantías constitucionales, en tanto dirime la contienda y genera la convicción sobre la parte a quien le asiste la razón, generando así mayor bienestar a la colectividad que la obtenida si se diera preferencia al aspecto del orden público vinculado con la caducidad de la instancia (interés del Estado en que no existan juicios pendientes de resolución), pues en este caso no se pondría fin al conflicto sustantivo surgido entre las partes, al dejar esta disputa sujeta a un eventual nuevo juicio.
39. Además, resaltó que en aplicación del principio de interpretación conforme lo más útil para la consecución de la seguridad era preferir el dictado de una sentencia de fondo sobre la terminación anticipada del proceso, pues en este segundo caso subsistiría la posibilidad de iniciar un nuevo juicio para resolver la cuestión planteada.
40. Por tanto, sostuvo que considerar que el tribunal de alzada puede de manera oficiosa analizar la caducidad de la instancia cuando ya existe una sentencia que dirime el fondo de la controversia –fallo de primer grado–, resulta contrario al artículo 17 constitucional, pues en tal caso dicha figura debe considerarse superada en tanto la sociedad está más interesada en que prevalezca una decisión que resuelva las pretensiones aducidas, ya que de esta forma se garantiza la plena efectividad del derecho de tutela judicial, privilegiándose la tramitación del proceso respectivo acorde con el principio pro actione.
41. Finalmente, refirió que permitir al tribunal ad quem resolver de oficio sobre la caducidad de la instancia supondría una vulneración al principio de non reformatio in peius, aunado a que cuando el fin original de la figura (dar fin a la contienda por falta de actividad procesal) quedó superado, el decretarla oficiosamente en la apelación conllevaría una afectación al derecho de tutela judicial efectiva.
42. En atención a lo anterior, concluyó que el juzgador de origen es el único facultado para examinar de oficio la caducidad de la instancia, sin que tal prerrogativa pueda hacerse extensiva al tribunal de alzada.
43. En virtud de lo anterior emitió la jurisprudencia PC.I.C. J/58 C (10a.), de título, subtítulo y texto:
"CADUCIDAD DE LA PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL. EL TRIBUNAL AD QUEM NO DEBE DECLARARLA DE OFICIO EN LA APELACIÓN PRINCIPAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 137 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). La calidad de orden público de la normativa rectora de la caducidad de la instancia en materia civil en la Ciudad de México, no es un obstáculo, sino el fundamento para considerar, mediante la interpretación funcional que, aun cuando se hayan actualizado los requisitos para declarar la caducidad de la primera instancia en un proceso, sin que el a quo o alguna de las partes lo hayan destacado y, por tanto, se emita sentencia de fondo, el tribunal ad quem que conozca de la apelación principal no debe declararla de oficio, porque la sentencia que resuelve el litigio planteado aporta una tutela superior al conjunto de valores integrantes del orden público que la propia perención del procedimiento, por lo cual, ésta debe ceder ante aquélla. Lo anterior es así, por las razones siguientes: a) La pertenencia de la normativa en comento al orden público no implica su aplicación rígida y mecánica a todos los casos, pues esa calidad no le impone imperatividad, sino que le encomienda la custodia de los principios y valores inmersos en tal orden público, de modo que, cuando la aplicación de alguna o varias de esas disposiciones, en casos concretos, atente contra dichos fines, aquéllas deben ceder para dar paso a la plena satisfacción de éstos; b) Esta intelección es acorde con la naturaleza de los ordenamientos procesales, como instrumentales de los intereses sustantivos que se ventilen por sus canales, por lo cual, no pueden sobreponerse a los primeros; c) Apoya este criterio, la aplicación del principio de conservación de los actos jurídicos válidamente celebrados, en la modalidad relativa a que, cuando en la confrontación de dos actos válidos, uno produzca mayor utilidad a los fines del derecho y otro una menor, debe prevalecer el primero y abandonarse el otro, y en el tópico planteado, la sentencia de fondo produce mayor utilidad al orden público que la caducidad de la instancia; d) Además, debe tomarse en cuenta el principio non reformatio in peius, pues está prohibido que el juzgador agrave la situación jurídica de las partes; y, e) Un argumento final, que aislado podría estimarse de poco peso, pero unido a los anteriores fortalece la tesis, se colige de la literalidad del artículo 137 Bis, párrafo segundo, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, que faculta al Juez, esto es, al a quo, a declarar la caducidad de la primera instancia, sin referirse o aludir al tribunal ad quem."(5)
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito (amparo directo **********).
44. Antecedentes. En la sentencia de primera instancia derivada de un juicio ejecutivo mercantil se condenó a los demandados al pago de la suerte principal y de intereses, derivado del adeudo en un contrato de apertura de crédito refaccionario. En la sentencia de apelación que recayó al recurso intentado por los demandados se confirmó dicho fallo.
45. En contra de esa determinación, la demandada promovió juicio de amparo directo.
46. Criterio. El órgano de amparo consideró fundado el concepto de violación en el que los quejosos adujeron que la Sala responsable no advirtió oficiosamente que durante la sustanciación del juicio de origen había operado la caducidad de la instancia y que tuvo que decretar la terminación del proceso por tal motivo.
47. Al respecto, señaló que la caducidad de la instancia constituía una modalidad de terminación del procedimiento bajo la cual cesa la obligación de los órganos jurisdiccionales de emitir una sentencia que dirima el fondo de la contienda, o incluso que determine la improcedencia de lo pretendido por ausencia de algún presupuesto procesal.
48. Por tanto, sostuvo que el tratamiento de la caducidad de la instancia, al no tener las mismas características de los presupuestos procesales, tampoco podía ser similar al que se le da a estas últimas, pues de lo contrario se permitiría la continuación y conclusión mediante sentencia de un procedimiento que debió terminar en el momento en que se consumó la inactividad procesal.
49. De esta manera, destacó que si conforme al artículo 1076 del Código de Comercio, la caducidad de la instancia opera de pleno derecho y puede ser advertida de oficio o a petición de parte, entonces, al tribunal de alzada le asiste la misma obligación que al Juez de primera instancia para analizar la actualización de dicha figura, pues aun cuando su actuación se limita a analizar la legalidad de la sentencia de primer grado frente a los agravios planteados por el inconforme, lo cierto es que si advierte que en el juicio de origen debió proceder la caducidad, el proceso debió extinguirse por esta razón, sin que fuese dable concluirlo de manera diversa.
50. En ese sentido, sostuvo se configura una obligación ineludible del tribunal de alzada de verificar de forma previa al análisis de la legalidad de la sentencia recurrida, si el procedimiento tuvo que concluir por inactividad procesal al actualizarse la caducidad de la instancia; siendo que la omisión en dicho estudio puede ser alegada en los conceptos de violación con independencia de si en la apelación hubiesen existido o no agravios al respecto.
51. Refirió que la caducidad de la instancia una vez actualizada, no puede ser objeto de preclusión, aun cuando se omita solicitarla o la autoridad jurisdiccional no se percate de su existencia, enfatizando que es deber del tribunal de alzada verificar oficiosamente si previo al dictado de la sentencia de primer grado concluyó el juicio mercantil de origen debido a la inactividad de las partes, siendo que la actualización de tal circunstancia constituye un obstáculo que le impide juzgar la legalidad del fallo apelado, pues éste no debió existir.
52. En atención a lo anterior, el Tribunal Colegiado procedió a analizar la caducidad de la instancia planteada por los quejosos y determinó que dicha figura sí se actualizaba en el caso, por lo que otorgó el amparo para efecto de que la responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, reasumiendo la jurisdicción del Juez de primer grado, decretara la caducidad de la instancia.
53. El criterio anterior fue reiterado por el Tribunal Colegiado al resolver los juicios de amparo directo **********, **********, ********** y **********. En atención a ello se originó la jurisprudencia VI.2o.C. J/1 (10a.), de rubro y texto siguientes:
"CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. EL TRIBUNAL DE ALZADA DEBE DECRETARLA DE OFICIO, AUN ANTE LA AUSENCIA DE AGRAVIOS AL RESPECTO, SI SE ACTUALIZÓ DURANTE LA TRAMITACIÓN DE LA PRIMERA INSTANCIA (CÓDIGO DE COMERCIO POSTERIOR A LAS REFORMAS DE 24 DE MAYO DE 1996).—La caducidad de la instancia es una forma excepcional de extinción de la relación jurídico-procesal, es decir, constituye una modalidad de terminación del procedimiento seguido ante los órganos jurisdiccionales, por medio de la cual cesa la obligación de éstos para resolver la contienda a través del pronunciamiento de una sentencia; de manera que no se trata de un presupuesto procesal ni de una excepción de carácter superveniente. En efecto, dicha figura se diferencia de los presupuestos procesales porque no constituye una condición para el nacimiento o subsistencia de la acción, ya que la ausencia de uno de ellos implica la imposibilidad de resolver el fondo de la cuestión debatida y conduce a la improcedencia de la acción; en cambio, la sola actualización de la caducidad de la instancia excluye la posibilidad de que se dicte sentencia en cualquier sentido, pues un procedimiento jurisdiccional no puede concluir al mismo tiempo de dos formas distintas. Consecuentemente, la caducidad de la instancia no tiene las mismas características que los presupuestos procesales y, por ende, su tratamiento no debe ser el mismo que se otorga a éstos. Ahora bien, el artículo 1076 del Código de Comercio, posterior a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo de 1996, establece que la caducidad de la instancia opera de pleno derecho y puede ser advertida de oficio o a petición de parte, por ende, el tribunal de alzada tiene la misma obligación que el Juez natural de advertir, aun de oficio, la actualización de dicha figura, pues si bien es cierto que su actuación como tribunal de segundo grado consiste en juzgar la legalidad de la sentencia de primera instancia, a la luz de los agravios que se aduzcan para impugnar ese fallo, también lo es que la caducidad de la instancia implica la perención del proceso, sin que sea legalmente admisible concluirlo en forma diversa, y precisamente de ello deriva la ineludible obligación del tribunal de alzada de analizar de oficio, es decir, aun ante la ausencia de agravios al respecto, la actualización de dicha figura durante el procedimiento de primer grado, pues si la constata, habrá de concluir necesariamente en la ilegalidad generada por el dictado de la sentencia de primera instancia, por estar ante un juicio que terminó por la inactividad de las partes."(6)
54. CUARTO. Existencia de la contradicción. La doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la contradicción de tesis se actualiza cuando los órganos jurisdiccionales contendientes: i) analizan un mismo punto de derecho; y ii) llegan a conclusiones distintas, con independencia de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.(7)
55. Partiendo de estas bases a continuación se precisará si existe la contradicción de tesis entre los órganos contendientes.
A) Inexistencia de la contradic
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29433-75d60bcc/caducidad-de-la-instancia-ante-la-falta-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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