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Modo: Corpus Pro

CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. SU REGULACIÓN EN LOS CÓDIGOS PROCESALES LOCALES ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE A LOS JUICIOS MERCANTILES QUE SE RIGEN POR LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO ANTERIORES A LAS REFORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE MAYO DE 1996.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 398/2010. · Registro digital (IUS): 23580
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, Pág. 506.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 398/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 7 DE DICIEMBRE DE 2011. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE HACE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS RESPECTO AL FONDO. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIA: CONSTANZA TORT SAN ROMÁN.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y tercero, fracción VI, y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema que, por ser de naturaleza civil, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala. Lo anterior, con base, además, en la decisión adoptada por el Pleno de este Alto Tribunal en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 259/2009.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, numeral que establece que cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales, los Magistrados que los integren o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer, y es el caso que en el presente asunto la denuncia fue formulada por el autorizado de **********, parte recurrente en el amparo en revisión 137/2010, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en el que se sustentó uno de los criterios denunciados como contradictorios, de forma que se cumple con la legitimación debida.

TERCERO. El amparo en revisión 270/2008, resuelto por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el nueve de octubre de dos mil ocho, tuvo los antecedentes que a continuación se narran:

1. **********, demandó en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa, de ********** y **********, el cumplimiento de diversas prestaciones.

2. El Juzgado Trigésimo Quinto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal admitió a trámite la demanda, registrándola con el número 1193/1996 y, el tres de diciembre de mil novecientos noventa y seis, realizó la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento al codemandado **********.

3. Mediante escrito presentado el diez de diciembre de mil novecientos noventa y seis, el demandado ********** dio contestación a la demanda instaurada en su contra.

4. En escrito presentado el doce de septiembre de dos mil siete, el referido demandado solicitó la caducidad de la instancia, por lo que el Juez natural se reservó acordar lo solicitado hasta en tanto se diera cumplimiento a las notificaciones personales decretadas en diverso auto.

5. Por escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil siete, la apoderada legal de **********, se apersonó en el juicio ejecutivo mercantil 1193/1996, en calidad de actora, en virtud del contrato de cesión de derechos litigiosos celebrado con ********** y, en auto de dieciséis de noviembre del citado año, se le reconoció tal carácter y se ordenó el cambio de nombre en el libro de gobierno y en la carátula del expediente.

6. En escrito presentado el treinta y uno de marzo de dos mil ocho, el demandado solicitó al Juez que acordara el escrito presentado el doce de septiembre de dos mil siete, en el que había solicitado la caducidad de la instancia y, en proveído de tres de abril de dos mil ocho, dicho titular determinó que no había lugar a tramitar el incidente de caducidad de la instancia, pues consideró que el juicio respectivo no se encontraba dentro de los supuestos del artículo primero transitorio del decreto publicado el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, en tanto que el Código de Comercio, anterior a las reformas, no contemplaba la figura jurídica de la caducidad de la instancia.

7. Inconforme, el demandado interpuso recurso de apelación, del cual correspondió su conocimiento a la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la que, en sentencia de veintitrés de mayo de dos mil ocho, confirmó la sentencia de primera instancia.

8. Contra la anterior resolución, la parte demandada promovió juicio de amparo y, con fecha seis de agosto de dos mil ocho, el Juez Sexto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal dictó sentencia en el sentido de negar la protección de la Justicia Federal.

9. Inconforme con dicha resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual fue registrado con el número RC. 270/2008, en el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y, en sesión de nueve de octubre de dos mil ocho, dicho órgano dictó sentencia, en la que revocó la resolución recurrida y concedió el amparo solicitado.

Para llegar a la anterior determinación, el Tribunal Colegiado consideró que para analizar la figura de la supletoriedad de leyes y los requisitos para que opere, resultan de gran utilidad los razonamientos plasmados por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis número 43/2004-SS, en los que se definió la naturaleza, alcances y efectos jurídicos de dicha figura, subrayando que su procedencia se encuentra sujeta a que la ley a suplir contemple la institución respecto de la que se pretenda la aplicación supletoria y que la institución comprendida en la ley a suplir no tenga la reglamentación requerida, o bien, que conteniéndola, su regulación sea deficiente.

Sin embargo -adujo-, en una nueva reflexión la misma Sala (al resolver la contradicción de tesis 165/2007-SS) dispuso que dicho requisito no es irrestricto, si se toma en consideración lo establecido en la diversa contradicción de tesis número 81/2003-SS, donde sostuvo que para la aplicación supletoria de la ley no resulta indispensable que el ordenamiento que permite la supletoriedad regule la institución a suplir con tal de que ésta sea necesaria para lograr la eficacia de las disposiciones contenidas en la ley que se suple, siempre y cuando no esté en contradicción con el conjunto de normas legales cuyas lagunas se pretende cubrir.

Partiendo de ahí, destacó que de la relación concatenada de lo establecido por el artículo 17 constitucional -que prevé como garantía de los gobernados el derecho a la administración de justicia pronta-, con el artículo 1054 del Código de Comercio -que permite la aplicación supletoria de las leyes procesales a los juicios mercantiles-, y con el artículo 137 Bis, primer párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (estos dos últimos vigentes antes de las reformas del veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis), que regula la caducidad de la instancia, se desprende que esta figura opera en juicios mercantiles, aun cuando la codificación mercantil sustantiva anterior a las reformas de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, no la preveía expresamente, pues de otra forma quedaría al arbitrio unilateral de una de las partes la decisión de impulsar o no el procedimiento como mejor convenga a sus intereses o en perjuicio de la contraparte, situación con la que los procedimientos se pueden prolongar indefinidamente, máxime si se considera la naturaleza mercantil de los contratos y operaciones que dieron origen a esos juicios, en lo que a generación de intereses legales y moratorios se refiere, así como la existencia de bienes embargados en los juicios ejecutivos mercantiles.

Consecuentemente, resulta aplicable supletoriamente la figura de la caducidad de la instancia, prevista en el artículo 137 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, anterior a las reformas de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, al procedimiento de los juicios mercantiles, regulados en el Código de Comercio, también anterior a la referida reforma, conforme al cual, la caducidad de la instancia operará de pleno derecho cualquiera que sea el estado del juicio, desde el emplazamiento hasta antes de que concluya la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia, si transcurridos ciento ochenta días hábiles contados a partir de la notificación de la última determinación judicial no hubiere promoción de cualquiera de las partes.

Las consideraciones de mérito son las que a continuación se transcriben a la letra:

"CUARTO. ... Los motivos de inconformidad antes relacionados resultan esencialmente fundados y suficientes para revocar la resolución impugnada, por los motivos que se exponen a continuación:

"Para estar en aptitud de proveer la solución a la problemática jurídica planteada en este recurso de revisión, se analizará como cuestión previa la figura de la supletoriedad de leyes y los requisitos para que opere.

"Respecto del referido tema, resultan de gran utilidad los razonamientos plasmados en la contradicción de tesis número 43/2004-SS, fallada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintiocho de mayo de dos mil cuatro, a través de los cuales definió la naturaleza, alcances y efectos jurídicos de la figura jurídica en comento, subrayando que su procedencia está sujeta a satisfacer los siguientes requisitos:

"1) Que la ley a suplir contemple la institución respecto de la que se pretenda la aplicación supletoria.

"2) Que la institución comprendida en la ley a suplir no tenga la reglamentación requerida, o bien, que, conteniéndola, ésta sea deficiente.

"Asimismo, se ha hecho especial énfasis en la circunstancia de que sólo es válido acudir a la figura jurídica de la supletoriedad cuando existe un vacío legislativo en la ley, y no ante el silencio del legislador, respecto de situaciones que no tuvo la intención de establecer en la ley que permite dicha supletoriedad, es decir, se estima fundamental que la ley a suplirse prevea la existencia de la figura que se pretende aplicar, respecto del ordenamiento suplido, pues de otra manera se estaría intentando colmar el silencio del legislador, lo que se traduce en sustituirse a su voluntad.

"De esta manera, se concluyó que la aplicación supletoria de las normas legales sólo es válida cuando la institución de que se trate se encuentra contenida en la ley originaria, sin que dicha ley la regule con la amplitud, exhaustividad y profundidad necesarias, esto es, que encontrándose prevista la institución, no se estructure en detalle.

"No obstante, en una nueva reflexión sobre el tema realizada en la contradicción de tesis número 165/2007-SS, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la regla señalada en el inciso 1) que antecede no es irrestricta, pues también debe tomarse en consideración lo establecido por ese órgano jurisdiccional en la contradicción de tesis número 81/2003-SS (fallada en sesión de veintinueve de octubre de dos mil tres), en la que, a propósito de la supletoriedad de leyes, señala lo siguiente:

"‘El criterio anterior ha sido superado por este Alto Tribunal en el sentido de que no es absolutamente necesario para que sea válida la aplicación supletoria de la ley, que la institución esté contemplada en la ley a suplir, como deriva de la tesis cuyos rubro, texto y datos de identificación a continuación se precisan: «ACLARACIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SÓLO PROCEDE OFICIOSAMENTE Y RESPECTO DE EJECUTORIAS.» (se transcribe).

"‘... 6) De la tesis transcrita deriva que en la aplicación supletoria de la ley no resulta indispensable que el ordenamiento que permite dicha supletoriedad regule la institución a suplir, con tal de que ésta sea necesaria para lograr la eficacia de las disposiciones contenidas en la ley que se suple, como sucede en el caso de la aclaración de una sentencia de amparo, en la que tal suplencia se realiza con base en que: a) La aclaración de sentencia es una institución que no está contemplada en la Ley de Amparo, la cual tiene por objeto hacer comprensibles los conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y explicar los oscuros, así como subsanar omisiones y, en general, corregir errores o defectos que se cometieran al dictar un fallo. b) La aclaración de sentencia es aplicable en materia de amparo, a pesar de su falta de regulación expresa, en virtud de que el artículo 17 constitucional consagra el derecho de los gobernados a que se les administre justicia de manera pronta, completa e imparcial; además de que al existir discrepancia entre la sentencia, entendida como acto jurídico y la sentencia como documento, es necesario modificar este último para adecuarlo a aquélla.’

"Como se observa, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País ha sustentado el criterio de que para la aplicación supletoria de la ley no resulta indispensable que el ordenamiento que permite la supletoriedad regule la institución a suplir, con tal de que ésta sea necesaria para lograr la eficacia de las disposiciones contenidas en la ley que se suple, y siempre y cuando no se esté en contradicción con el conjunto de normas legales cuyas lagunas se pretende cubrir. Criterio que también quedó plasmado en la tesis 2a. LXXII/95, cuyos rubro y texto son los siguientes:

"‘AMPARO. SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.’ (se transcribe)

"Sentado lo anterior, resulta imperativo traer a colación las disposiciones expresas de los artículos 17 de la Constitución Federal, en la primera parte de su segundo párrafo, 1054 del Código de Comercio y 137 Bis, primer párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, estos dos últimos antes de las reformas de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis.

"‘Artículo 17. ... Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial ...’

"‘Artículo 1054. En caso de no existir compromiso arbitral ni convenio de las partes sobre el procedimiento ante los tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y en su defecto se aplicará la ley de procedimientos local respectiva.’

"‘Artículo 137 Bis. La caducidad de la instancia operará de pleno derecho cualquiera que sea el estado del juicio desde el emplazamiento hasta antes de que concluya la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia, si transcurridos ciento ochenta días hábiles contados a partir de la notificación de la última determinación judicial no hubiere promoción de cualquiera de las partes ...’

"El citado artículo 17 constitucional establece como garantía individual de los gobernados el derecho a la administración de justicia pronta y, por su parte, los siguientes numerales establecen la aplicación supletoria de la ley de procedimientos local a los juicios mercantiles, y la caducidad de la instancia por inactividad de las partes, respectivamente.

"La relación concatenada de lo establecido en los citados preceptos legales permite establecer que el derecho de los gobernados a una administración de justicia pronta constituye una garantía de rango constitucional, por lo tanto, de observancia obligatoria para la legislación secundaria, tanto federal como local, de ahí que el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (tanto el anterior a las reformas de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa seis, como el actual), establezcan la caducidad de la instancia como sanción al incumplimiento de las partes respecto de su obligación de impulsar el procedimiento.

"Ahora bien, en el caso concreto, el Código de Comercio anterior a las reformas de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis no establece en ninguno de sus artículos la figura de la caducidad de la instancia en los juicios mercantiles. Ello revela una manifiesta indefinición de la citada legislación mercantil, en cuanto a establecer la caducidad de la instancia como sanción a la inactividad de las partes en los juicios mercantiles que iniciaron su trámite con base en el Código de Comercio anterior a las reformas de veinticuatro de mayo del dos mil seis, lo que en la práctica provoca que en esos juicios quede al arbitrio unilateral de alguna de las partes la decisión de impulsar o no el procedimiento, todo ello en perjuicio de la contraparte e infringiendo la garantía de una administración de justicia pronta, prevista por el artículo 17 de la Constitución Federal.

"En ese sentido, es patente que la situación descrita crea incertidumbre jurídica a los gobernados, pues la inactividad de alguna de las partes respecto de su obligación de impulsar el procedimiento en los juicios mercantiles iniciados con anterioridad a las citadas reformas, puede prolongarse indefinidamente, sin que la contraparte esté en posibilidad de solicitar la declaración de caducidad de la instancia ante la falta de interés de su contraria para continuar el procedimiento y concluirlo, situación que repercute en perjuicio de sus intereses.

"Por lo tanto, resulta evidente que la figura jurídica de la caducidad de la instancia tiene como finalidad brindar certeza jurídica respecto de una situación determinada que involucra a los gobernados, y constituye una sanción para aquella parte que no da cumplimiento a su obligación de impulsar el procedimiento, denotando con ello falta de interés en el mismo, y colocando a su contraparte en un estado de inseguridad jurídica.

"En ese contexto, debe estimarse que se dan las condiciones necesarias para que la figura jurídica de la caducidad, contenida en el artículo 137 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, vigente antes de las reformas de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, pueda ser aplicada al Código de Comercio anterior a la citada reforma, ya que entonces como ahora la administración de justicia pronta ha constituido un derecho de los gobernados elevado a rango de garantía constitucional en el artículo 17 de nuestra Carta Magna.

"Asimismo, dicha supletoriedad es necesaria para lograr la eficacia de las disposiciones que rigen la tramitación de los juicios mercantiles que se encontraban en trámite al entrar en vigor las reformas al Código de Comercio de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, dado que no se puede dejar al arbitrio de las partes la decisión de impulsar el procedimiento cuando mejor les parezca o convenga a sus intereses, sobre todo si se toma en consideración la naturaleza mercantil de los contratos y operaciones que dieron origen a esos juicios, en lo que a generación de intereses legales y moratorios se refiere, así como la existencia de bienes embargados en los juicios ejecutivos mercantiles.

"De igual manera, la aplicación supletoria en cuestión no se contradice con el conjunto de normas legales cuya deficiencia se pretende suplir, pues el propio Código de Comercio en comento prevé la aplicación supletoria de las disposiciones contenidas en la ley de procedimientos local y la figura jurídica que se pretende aplicar supletoriamente se encuentra encaminada a garantizar el respeto y la debida observancia del derecho de los gobernados a la administración de justicia pronta.

"Concatenado con lo anterior, es pertinente destacar la circunstancia de que el Código de Comercio anterior a las reformas de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa seis, como ya se anticipó, no establece expresa ni implícitamente la figura jurídica de la caducidad de los juicios mercantiles, lo que, en principio, sería un obstáculo para considerar la aplicación supletoria del artículo 137 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, vigente en esa época, conforme a los requisitos que ordinariamente se han señalado respecto de la supletoriedad de leyes.

"No obstante, como también se expresó en la parte introductoria del presente estudio, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que para la aplicación supletoria de la ley no resulta indispensable que el ordenamiento que permite la supletoriedad regule la institución a suplir (como sucede ahora), con tal de que ésta sea necesaria para lograr la eficacia de las disposiciones contenidas en la ley que se suple y cuando no se esté en contradicción con el conjunto de normas legales, cuyas lagunas se pretende cubrir.

"Del criterio de referencia, se advierte que tal excepción a las reglas clásicas de la supletoriedad permite cierta flexibilidad en su aplicación, pero no injustificadamente, sino con la finalidad de que la norma a suplir sea congruente e integral en su contexto y de que la norma supletoria sea compatible con aquélla.

"En ese sentido, no se advierte conflicto o choque entre el conjunto de normas de la ley a suplir en relación con la ley supletoria, sino por el contrario, es claro que sirve para complementar un aspecto relevante del proceso en los juicios mercantiles, además, resulta acorde con el principio de economía procesal y la pronta administración de justicia.

"Acorde con lo anterior, se llega a la convicción de que es aplicable supletoriamente la figura de la caducidad de la instancia, prevista en el artículo 137 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, anterior a las reformas de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, al procedimiento de los juicios mercantiles, regulado en el Código de Comercio, también anterior a la referida reforma, conforme al cual, la caducidad de la instancia operará de pleno derecho cualquiera que sea el estado del juicio, desde el emplazamiento hasta antes de que concluya la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia, si transcurridos ciento ochenta días hábiles contados a partir de la notificación de la última determinación judicial no hubiere promoción de cualquiera de las partes.

"Así, atento a lo expuesto en este considerando, resulta procedente revocar la resolución impugnada y conceder al quejoso, hoy recurrente, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que se admita a trámite el incidente de caducidad de la instancia que promovió en el juicio de origen."

Dichas consideraciones dieron origen a la tesis I.11o.C.199 C, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, noviembre de 2008, página 1321, del tenor siguiente:

"CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN JUICIOS MERCANTILES EN TRÁMITE AL ENTRAR EN VIGOR LAS REFORMAS AL CÓDIGO DE COMERCIO DE VEINTICUATRO DE MAYO DE 1996. PROCEDE LA APLICACIÓN SUPLETORIA DEL ARTÍCULO 137 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El Código de Comercio anterior a las reformas de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa seis, no establece expresa ni implícitamente la figura jurídica de la caducidad de los juicios mercantiles, lo que en principio sería un obstáculo para considerar la aplicación supletoria del artículo 137 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal vigente en esa época, conforme a los requisitos que ordinariamente se han señalado respecto de la supletoriedad de leyes. Sin embargo, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, al resolver las contradicciones de tesis 81/2003-SS y 165/2007-SS ha sustentado el criterio de que para la aplicación supletoria de la ley no resulta indispensable que el ordenamiento que permite la supletoriedad regule la institución a suplir, con tal de que ésta sea necesaria para lograr la eficacia de las disposiciones contenidas en la ley que se suple, y siempre y cuando no se esté en contradicción con el conjunto de normas legales cuyas lagunas se pretende cubrir. En ese contexto debe estimarse que se dan las condiciones necesarias para que la figura jurídica de la caducidad contenida en el artículo 137 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal pueda ser aplicada al Código de Comercio vigente antes de las reformas de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, ya que entonces como ahora la administración de justicia pronta ha constituido un derecho de los gobernados elevado a rango de garantía constitucional en el artículo 17 de nuestra Carta Magna. Asimismo, dicha supletoriedad es necesaria para lograr la eficacia de las disposiciones que rigen el procedimiento de los juicios mercantiles que se encontraban en trámite al entrar en vigor las reformas al Código de Comercio de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, dado que no se puede dejar al arbitrio de las partes la decisión de impulsar el procedimiento cuando mejor les parezca o convenga a sus intereses, sobre todo si se toma en consideración la naturaleza mercantil de los contratos y operaciones que dieron origen a esos juicios, en lo que a generación de intereses legales y moratorios se refiere, así como la existencia de bienes embargados en los juicios ejecutivos mercantiles. De igual manera, la aplicación supletoria en cuestión no se contradice con el conjunto de normas legales cuya deficiencia se pretende suplir, pues el propio Código de Comercio en comento prevé la aplicación supletoria de las disposiciones contenidas en la ley de procedimientos local y la figura jurídica que se pretende aplicar supletoriamente se encuentra encaminada a garantizar el respeto y la debida observancia del derecho de los gobernados a la administración de justicia pronta. Acorde con lo anterior, se llega a la convicción de que es aplicable supletoriamente la figura de la caducidad de la instancia prevista en el artículo 137 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, anterior a las reformas de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, al procedimiento de los juicios mercantiles, regulado en el Código de Comercio también anterior a la referida reforma, conforme al cual la caducidad de la instancia operará de pleno derecho cualquiera que sea el estado del juicio desde el emplazamiento hasta antes de que concluya la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia, si transcurridos ciento ochenta días hábiles contados a partir de la notificación de la última determinación judicial no hubiere promoción de cualquiera de las partes."

Al resolver el amparo en revisión 19/2010, en sesión de veintiocho de enero de dos mil diez, por unanimidad de votos, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito reiteró el anterior criterio.

CUARTO. El amparo en revisión 137/2010, resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, el tres de junio de dos mil diez, tuvo los antecedentes que a continuación se narran:

1. El apoderado general judicial para pleitos y cobranzas de la institución de crédito denominada ********** Integrante del Grupo Financiero **********, demandó en la vía ejecutiva mercantil a ********** y **********, el pago de diversas prestaciones derivadas de un contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria.

2. El Juez civil de primera instancia admitió la demanda, aprobó la cesión de derechos a favor de ********** y abrió el periodo probatorio correspondiente.

3. Posteriormente, el citado Juez admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, el cual fue resuelto por la Novena Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, en el sentido de modificar el proveído de catorce de octubre de dos mil ocho, en cuanto a la admisión y desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes.

4. El siete de agosto de dos mil nueve, la parte demandada solicitó al Juez de primera instancia que, en virtud de la falta de promoción en el juicio de origen, se decretara la caducidad de la instancia, por lo que mediante proveído de veintitrés de septiembre del mismo año, dicho titular decretó lo solicitado.

5. En contra del anterior proveído, la parte actora ********** interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Séptima Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, el ocho de enero de dos mil diez, en el sentido de revocar el auto de caducidad de la instancia, al considerar que las reformas por las que se incorporó la figura de la caducidad de la instancia en el Código de Comercio no son aplicables a ningún derecho personal contraído, previo a la entrada en vigor del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis.

6. Inconforme con esa determinación, la parte demandada interpuso juicio de amparo y, con fecha veintiséis de febrero de dos mil diez, el Juez Primero de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco dictó la sentencia correspondiente en el sentido de negar el amparo solicitado.

7. En contra de dicha sentencia, la parte demandada interpuso recurso de revisión, el que fue registrado con el número 137/2010 por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, el que, en sesión, de tres de junio de dos mil diez, confirmó la resolución recurrida, con base en la consideración de que, contrario a

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23580-24f8eb89/caducidad-de-la-instancia-su-regulacion-en-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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