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Modo: Corpus Pro

CADUCIDAD DE LA INSTANCIA REGULADA POR EL ARTÍCULO 137 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE A LOS JUICIOS MERCANTILES QUE SE RIGEN POR LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO ANTERIORES A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE MAYO DE 1996.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 390/2011. · Registro digital (IUS): 23676
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SUSCITADA POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO PRIMERO Y NOVENO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, Pág. 601.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 390/2011. SUSCITADA POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO PRIMERO Y NOVENO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 30 DE NOVIEMBRE DE 2011. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE SE REFIERE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: ROSA MARÍA ROJAS VÉRTIZ CONTRERAS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que, por su naturaleza civil, corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala.

No pasa inadvertido que el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, fue reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, y actualmente establece que cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito (sin especialización o de una misma especialización) sustenten tesis contradictorias, la denuncia debe hacerse ante el Pleno de Circuito correspondiente, a fin de que sea éste el que decida cuál es la tesis que debe prevalecer; esta reforma entró en vigor el cuatro de octubre pasado, por disposición del artículo segundo transitorio del referido decreto.

Sin embargo, lo anterior no implica que a la fecha, la Suprema Corte de Justicia de la Nación carezca de competencia para conocer y resolver el presente asunto, ya que a juicio de esta Primera Sala, las Salas de este Alto Tribunal conservan competencia por disposición expresa del artículo tercero transitorio del decreto aludido, el cual dispone que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de mérito, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo por lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como el cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo.

Ello es así, porque si bien es cierto que las contradicciones de tesis no constituyen propiamente juicios de amparo, también lo es que los criterios en potencial contradicción, se generaron con la resolución de juicios de amparo; de ahí que realizando una interpretación armónica sea posible establecer que el artículo tercero transitorio resulta aplicable a las contradicciones de tesis, cuyas demandas de amparo, que dieron origen a los criterios en conflicto, se presentaron con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de reforma constitucional, máxime que a la fecha no se ha integrado, ni formal ni materialmente, el Pleno del Primer Circuito.

La anterior interpretación es acorde a la garantía de tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual implica que el poder público no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna que resulte innecesaria, excesiva o carente de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador, en el caso concreto, la seguridad jurídica como consecuencia de la unificación de criterios; por lo que, de considerar que se actualiza una incompetencia constitucional, el conocimiento y la resolución de los asuntos de esa naturaleza estaría supeditado a la creación formal y material de los Plenos de Circuito, con el consecuente estado de indefinición de los criterios potencialmente contradictorios.

En tales condiciones, aun cuando el texto del artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal vigente estatuye la competencia exclusiva de los Plenos de Circuito para conocer y resolver sobre contradicciones de tesis suscitadas entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito (no especializado o especializados en una misma materia), empero, acorde al artículo tercero transitorio del decreto publicado el seis de junio de dos mil once en el Diario Oficial de la Federación y ante la inexistencia material y legal de los Plenos de Circuito, específicamente el correspondiente al Primer Circuito, es que esta Primera Sala conserva competencia transitoria para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, en tanto que las demandas de amparo, que dieron origen a los criterios en conflicto, fueron presentadas con anterioridad a la entrada en vigor al decreto de reforma constitucional, además de que fue denunciada por parte legítima (como se aprecia en el apartado siguiente) y se ordenó su trámite e integración conforme con la competencia constitucional que de manera directa preveía el artículo 107, fracción XIII, de la Ley Fundamental -antes de su reforma-; y con la competencia legal que todavía prevén a su favor los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

SEGUNDO. Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo pues, en el caso, fue realizada por los Magistrados del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO. Criterios de los tribunales contendientes. Las consideraciones contenidas en las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:

I. Tesis del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Dicho tribunal conoció del amparo directo **********, el cual derivó de los antecedentes siguientes:

Con fecha tres de septiembre de mil novecientos noventa y seis, una institución de crédito demandó de una persona física, en la vía ejecutiva mercantil, el pago de una cantidad como suerte principal, intereses moratorios, gastos y costas.

Admitida la demanda, se ordenó llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. El emplazamiento de la parte demandada se hizo por edictos hasta noviembre de dos mil diez, fecha en que la demandada contestó la demanda y promovió incidente de caducidad de la instancia.

El Juez natural declaró fundado el incidente de caducidad de la instancia, lo cual fue confirmado por la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. La parte actora promovió juicio de amparo, del cual conoció el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien resolvió conceder el amparo a la parte actora, para el efecto de que se dejara insubsistente la sentencia que declaró la caducidad de la instancia, y se declarara infundado el incidente respectivo, con base en las consideraciones siguientes:

"El primer concepto de violación es esencialmente fundado.

"En su primer concepto de violación dice en esencia la parte quejosa, que el contrato base de la acción se celebró en el año de mil novecientos noventa y tres, y que el auto admisorio de la demanda se pronunció en septiembre de mil novecientos noventa y seis, por lo que, a dicho juicio, le resultan aplicables las disposiciones del Código de Comercio vigentes con anterioridad a las reformas publicadas el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, y en ese ordenamiento legal no se encontraba regulada la caducidad de la instancia, por lo que no se puede aplicar la ley supletoriamente y es ilegal que se le pretendan aplicar disposiciones nuevas o diferentes, como una sanción a un actuar que no estuvo regulado en la ley vigente al iniciar el juicio.

"Lo resuelto por la autoridad responsable es incorrecto y resulta violatorio de garantías, ya que, contrario a lo resuelto por la Sala responsable, el Código de Comercio no contempla expresamente la figura de la caducidad de la instancia y, por ello, no procede aplicar en forma supletoria el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

"En efecto, cabe precisar que la supletoriedad es una institución jurídica que sirve para dar debida coherencia al sistema jurídico; empero, sólo es válida la supletoriedad de las normas legales cuando la institución de que se trate se encuentra contenida en la ley originaria, sin que dicha ley la regule con la amplitud, exhaustividad y profundidad necesarias, esto es, que encontrándose prevista la institución, se regule deficientemente.

"Así, para que un precepto legal pueda ser aplicado supletoriamente, es necesario que en principio exista establecida la institución cuya reglamentación, al estar deficientemente reglamentada, se trata de completar por medio de la aplicación supletoria de otro ordenamiento jurídico, pues la supletoriedad no puede efectuarse respecto de instituciones no previstas en el ordenamiento a suplir.

"En efecto, nuestro Máximo Tribunal ha sustentado el criterio de que sólo es válido acudir a la figura jurídica de la supletoriedad cuando existe un vacío legislativo en la ley, y no ante el silencio del legislador respecto de situaciones que no tuvo la intención de establecer en la ley que permite dicha supletoriedad.

"Al respecto, es oportuno citar la tesis de jurisprudencia por contradicción número 2a. XVIII/2010, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, XXXI, marzo de 2010, página 1054, que dice: ‘SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE.’ (se transcribe).

"Así las cosas, es de concluir que la caducidad de la instancia no es una institución prevista en el Código de Comercio anterior a las reformas de mil novecientos noventa y seis, de tal forma que ante el silencio total del legislador, se advierte que éste no tuvo la intención de prever dicha figura jurídica en ese ordenamiento legal, por lo que ésta no se puede aplicar utilizado la supletoriedad el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, como de manera fundada lo señaló la quejosa en el concepto de violación que se analiza.

"... Cabe precisar, que respecto al tema el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, ha sustentado la tesis número I.11o.C.199 C, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, XXVIII, noviembre de 2008, página 1321, cuyos rubro y texto, son los siguientes: ‘CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN JUICIOS MERCANTILES EN TRÁMITE AL ENTRAR EN VIGOR LAS REFORMAS AL CÓDIGO DE COMERCIO DE VEINTICUATRO DE MAYO DE 1996. PROCEDE LA APLICACIÓN SUPLETORIA DEL ARTÍCULO 137 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.’ (se transcribe).

"En efecto, las razones precisadas en la tesis que antecede no se comparten, pues no puede actualizarse en el presente caso la institución de la caducidad en el Código de Comercio conforme a su texto anterior, de ser reformado mediante decreto de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, ya que ante el silencio del legislador en este tema, se estima que su intención fue que dicho ordenamiento no contemplara a dicha institución y, en consecuencia, no procede la supletoriedad de la legislación común ..."

II. Tesis del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Dicho tribunal conoció del amparo en revisión civil **********, el cual derivó de los antecedentes siguientes:

Una institución de crédito demandó el trece de agosto de mil novecientos noventa y seis, en la vía ejecutiva mercantil, en ejercicio de la acción cambiaria directa, el cumplimiento de diversas prestaciones de dos personas físicas. El tres de diciembre del mismo año se realizó la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento a la parte demandada, quien dio contestación a la demanda.

El doce de septiembre de dos mil siete, esto es, más de diez años después, la parte demandada solicitó la caducidad de la instancia. El Juez natural resolvió no dar trámite al incidente promovido, tomando en consideración que el juicio en que se actuaba se regía por el Código de Comercio anterior a las reformas de mayo de mil novecientos noventa y seis, el cual no contemplaba la figura de la caducidad de la instancia.

La parte demandada apeló dicha decisión, de la cual conoció la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, quien resolvió confirmar el auto recurrido. La parte demandada promovió juicio de amparo indirecto en contra de dicha resolución, del cual conoció el Juez Sexto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, quien le negó el amparo. En contra de dicha resolución promovió recurso de revisión, del cual conoció el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien resolvió amparar a la parte demandada para que se le admitiera el incidente de caducidad de la instancia promovido, con base en las consideraciones siguientes:

"En el apartado ‘primero’ de su escrito de agravios, el recurrente sustancialmente alega que conforme a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, toda persona tienen (sic) derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, por lo tanto, para dar cumplimiento a la garantía de administración de justicia pronta las leyes deben establecer, ya sea de manera expresa o a través de la supletoriedad, los plazos y términos correspondientes.

"Que sostener el criterio del Juez de Distrito del conocimiento implica permitir que los juicios sean eternos y que las partes queden en un estado de incertidumbre e indefensión.

"Que el hecho de que el Código de Comercio anterior a las reformas de mil novecientos noventa y seis, no contemple expresamente la figura de la caducidad de la instancia, de ninguna manera implica que ésta no sea aplicable al procedimiento en el juicio de origen pues, contrariamente a lo resuelto por el juzgador de amparo, existe la posibilidad de introducir en el Código de Comercio una figura que no se encuentra expresamente contemplada en el mismo, cuando ésta es necesaria para el desarrollo del propio procedimiento, así como para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Federal.

"Que de acuerdo con lo dispuesto por el citado precepto legal, los Jueces tienen la obligación de velar porque la aplicación de las leyes sea respetuosa de las disposiciones constitucionales, por lo tanto, sostener que la ley puede establecer un término indefinido para obtener una resolución pronta, viola lo dispuesto por el artículo 17 constitucional.

"Que el Código de Comercio anterior a las reformas de mil novecientos noventa y seis, contempla como leyes aplicables a los juicios mercantiles, en primer lugar, al propio Código de Comercio, y supletoriamente la ley procesal local respectiva, sin establecer como requisito la previa existencia de la figura jurídica a suplir; además de que la aplicación supletoria de la figura jurídica de la caducidad al Código de Comercio anterior a las reformas de mil novecientos noventa y seis, no afecta ni contradice lo establecido en dicho ordenamiento legal, por el contrario, es necesaria para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, pues obliga a las partes en el juicio a darle el impulso necesario al procedimiento para la obtención de un (sic) pronta resolución, y ayuda a subsanar la deficiencia en que incurrió el legislador, al no incluir en dicho ordenamiento legal una figura procesal indispensable para todos los juicios.

"Los motivos de inconformidad antes relacionados resultan esencialmente fundados y suficientes para revocar la resolución impugnada, por los motivos que se exponen a continuación:

"Para estar en aptitud de proveer la solución a la problemática jurídica planteada en este recurso de revisión, se analizará, como cuestión previa, la figura de la supletoriedad de leyes y los requisitos para que opere.

"... Como se observa, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País ha sustentado el criterio de que para la aplicación supletoria de la ley no resulta indispensable que el ordenamiento que permite la supletoriedad regule la institución a suplir, con tal de que ésta sea necesaria para lograr la eficacia de las disposiciones contenidas en la ley que se suple, y siempre y cuando no se esté en contradicción con el conjunto de normas legales cuyas lagunas se pretende cubrir. Criterio que también quedó plasmado en la tesis 2a. LXXII/95, cuyos rubro y texto son los siguientes: ‘AMPARO. SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.’

"... Sentado lo anterior, resulta imperativo traer a colación las disposiciones expresas de los artículos 17 de la Constitución Federal, en la primera parte de su segundo párrafo, 1054 del Código de Comercio y 137 Bis, primer párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, estos dos últimos antes de las reformas de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis.

"... El citado artículo 17 constitucional establece como garantía individual de los gobernados el derecho a la administración de justicia pronta; y, por su parte, los siguientes numerales establecen la aplicación supletoria de la ley de procedimientos local a los juicios mercantiles, y la caducidad de la instancia por inactividad de las partes, respectivamente.

"La relación concatenada de lo establecido en los citados preceptos legales permite establecer que el derecho de los gobernados a una administración de justicia pronta constituye una garantía de rango constitucional, por lo tanto, de observancia obligatoria para la legislación secundaria, tanto federal como local, de ahí que el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (tanto el anterior a las reformas de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa seis, como el actual) establezca la caducidad de la instancia como sanción al incumplimiento de las partes respecto de su obligación de impulsar el procedimiento.

"Ahora bien, en el caso concreto, el Código de Comercio anterior a las reformas de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis no establece en ninguno de sus artículos la figura de la caducidad de la instancia en los juicios mercantiles. Ello revela una manifiesta indefinición de la citada legislación mercantil en cuanto a establecer la caducidad de (sic) instancia como sanción a la inactividad de las partes en los juicios mercantiles que iniciaron su trámite con base en el Código de Comercio anterior a las reformas de veinticuatro de mayo de dos mil seis, lo que en la práctica provoca que en esos juicios quede al arbitrio unilateral de alguna de las partes la decisión de impulsar o no el procedimiento, todo ello en perjuicio de la contraparte e infringiendo la garantía de una administración de justicia pronta, prevista por el artículo 17 de la Constitución Federal.

"En ese sentido, es patente que la situación descrita crea incertidumbre jurídica a los gobernados, pues la inactividad de alguna de las partes respecto de su obligación de impulsar el procedimiento en los juicios mercantiles iniciados con anterioridad a las citadas reformas, puede prolongarse indefinidamente sin que la contraparte esté en posibilidad de solicitar la declaración de caducidad de la instancia ante la falta de interés de su contraria para continuar el procedimiento y concluirlo, situación que repercute en perjuicio de sus intereses.

"Por tanto, resulta evidente que la figura jurídica de la caducidad de la instancia tiene como finalidad brindar certeza jurídica respecto de una situación determinada que involucra a los gobernados, y constituye una sanción para aquella parte que no da cumplimiento a su obligación de impulsar el procedimiento, denotando con ello falta de interés en el mismo y colocando a su contraparte en un estado de inseguridad jurídica.

"En ese contexto, debe estimarse que se dan las condiciones necesarias para que la figura jurídica de la caducidad, contenida en el artículo 137 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal vigente antes de las reformas de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, pueda ser aplicada al Código de Comercio anterior a la citada reforma, ya que entonces como ahora la administración de justicia pronta ha constituido un derecho de los gobernados elevado al rango de garantía constitucional en el artículo 17 de nuestra Carta Magna.

"Asimismo, dicha supletoriedad es necesaria para lograr la eficacia de las disposiciones que rigen la tramitación de los juicios mercantiles que se encontraban en trámite al entrar en vigor las reformas al Código de Comercio de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, dado que no se puede dejar al arbitrio de las partes la decisión de impulsar el procedimiento cuando mejor les parezca o convenga a sus intereses, sobre todo si se toma en consideración la naturaleza mercantil de los contratos y operaciones que dieron origen a esos juicios, en lo que a generación de intereses legales y moratorios se refiere, así como la existencia de bienes embargados en los juicios ejecutivos mercantiles.

"De igual manera, la aplicación supletoria en cuestión no se contradice con el conjunto de normas legales cuya deficiencia se pretende suplir, pues el propio Código de Comercio en comento prevé la aplicación supletoria de las disposiciones contenidas en la ley de procedimientos local, y la figura jurídica que se pretende aplicar supletoriamente se encuentra encaminada a garantizar el respeto y la debida observancia del derecho de los gobernados a la administración de justicia pronta.

"Concatenado con lo anterior, es pertinente destacar la circunstancia de que el Código de Comercio anterior a las reformas de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa seis, como ya se anticipó, no establece expresa ni implícitamente la figura jurídica de la caducidad de los juicios mercantiles, lo que en principio sería un obstáculo para considerar la aplicación supletoria del artículo 137 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal vigente en esa época, conforme a los requisitos que ordinariamente se han señalado respecto de la supletoriedad de leyes.

"No obstante, como también se expresó en la parte introductoria del presente estudio, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que para la aplicación supletoria de la ley no resulta indispensable que el ordenamiento que permite la supletoriedad regule la institución a suplir (como sucede ahora), con tal de que ésta sea necesaria para lograr la eficacia de las disposiciones contenidas en la ley que se suple y cuando no se esté en contradicción con el conjunto de normas legales cuyas lagunas se pretende cubrir.

"Del criterio de referencia, se advierte que tal excepción a las reglas clásicas de la supletoriedad permite cierta flexibilidad en su aplicación, pero no injustificadamente, sino con la finalidad de que la norma a suplir sea congruente e integral en su contexto y de que la norma supletoria sea compatible con aquélla.

"En ese sentido, no se advierte conflicto o choque entre el conjunto de normas de la ley a suplir en relación con la ley supletoria sino, por el contrario, es claro que sirve para complementar un aspecto relevante del proceso en los juicios mercantiles, además, resulta acorde con el principio de economía procesal y la pronta administración de justicia.

"Acorde con lo anterior, se llega a la convicción de que es aplicable supletoriamente la figura de la caducidad de la instancia prevista en el artículo 137 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal anterior a las reformas de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, al procedimiento de los juicios mercantiles, regulado en el Código de Comercio también anterior a la referida reforma, conforme al cual la caducidad de la instancia operará de pleno derecho cualquiera que sea el estado del juicio desde el emplazamiento hasta antes de que concluya la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia, si transcurridos ciento ochenta días hábiles contados a partir de la notificación de la última determinación judicial no hubiere promoción de cualquiera de las partes."

Con base en dicha ejecutoria, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito emitió la tesis siguiente:

"CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN JUICIOS MERCANTILES EN TRÁMITE AL ENTRAR EN VIGOR LAS REFORMAS AL CÓDIGO DE COMERCIO DE VEINTICUATRO DE MAYO DE 1996. PROCEDE LA APLICACIÓN SUPLETORIA DEL ARTÍCULO 137 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El Código de Comercio anterior a las reformas de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa seis, no establece expresa ni implícitamente la figura jurídica de la caducidad de los juicios mercantiles, lo que en principio sería un obstáculo para considerar la aplicación supletoria del artículo 137 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal vigente en esa época, conforme a los requisitos que ordinariamente se han señalado respecto de la supletoriedad de leyes. Sin embargo, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, al resolver las contradicciones de tesis 81/2003-SS y 165/2007-SS ha sustentado el criterio de que para la aplicación supletoria de la ley no resulta indispensable que el ordenamiento que permite la supletoriedad regule la institución a suplir, con tal de que ésta sea necesaria para lograr la eficacia de las disposiciones contenidas en la ley que se suple, y siempre y cuando no se esté en contradicción con el conjunto de normas legales cuyas lagunas se pretende cubrir. En ese contexto debe estimarse que se dan las condiciones necesarias para que la figura jurídica de la caducidad contenida en el artículo 137 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal pueda ser aplicada al Código de Comercio vigente antes de las reformas de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, ya que entonces como ahora la administración de justicia pronta ha constituido un derecho de los gobernados elevado al rango de garantía constitucional en el artículo 17 de nuestra Carta Magna. Asimismo, dicha supletoriedad es necesaria para lograr la eficacia de las disposiciones que rigen el procedimiento de los juicios mercantiles que se encontraban en trámite al entrar en vigor las reformas al Código de Comercio de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, dado que no se puede dejar al arbitrio de las partes la decisión de impulsar el procedimiento cuando mejor les parezca o convenga a sus intereses, sobre todo si se toma en consideración la naturaleza mercantil de los contratos y operaciones que dieron origen a esos juicios, en lo que a generación de intereses legales y moratorios se refiere, así como la existencia de bienes embargados en los juicios ejecutivos mercantiles. De igual manera, la aplicación supletoria en cuestión no se contradice con el conjunto de normas legales cuya deficiencia se pretende suplir, pues el propio Código de Comercio en comento prevé la aplicación supletoria de las disposiciones contenidas en la ley de procedimientos local y la figura jurídica que se pretende aplicar supletoriamente se encuentra encaminada a garantizar el respeto y la debida observancia del derecho de los gobernados a la administración de justicia pronta. Acorde con lo anterior, se llega a la convicción de que es aplicable supletoriamente la figura de la caducidad de la instancia prevista en el artículo 137 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, anterior a las reformas de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, al procedimiento de los juicios mercantiles, regulado en el Código de Comercio también anterior a la referida reforma, conforme al cual la caducidad de la instancia operará de pleno derecho cualquiera que sea el estado del juicio desde el emplazamiento hasta antes de que concluya la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia, si transcurridos ciento ochenta días hábiles contados a partir de la notificación de la última determinación judicial no hubiere promoción de cualquiera de las partes."(1)

El Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito reiteró el criterio que fue sintetizado en el amparo en revisión civil **********, y en el amparo directo civil **********, fallados el veintiocho de enero de dos mil diez y el treinta y uno de marzo de dos mil once, respectivamente, e incluso en el asunto mencionado en segundo lugar, agregó lo siguiente: "Cabe precisar aquí que el anterior criterio se ve robustecido con el hecho de que el legislador, en el decreto de reformas al Código de Comercio publicadas el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, incluyó expresamente la figura jurídica de la caducidad de la instancia en el numeral 1076 de tal ordenamiento; y aunque dicho dispositivo no es aplicable al caso particular, lo cierto es que su introducción evidencia el reconocimiento del legislador de la necesidad de regular expresamente esa institución en el Código de Comercio."

CUARTO. Existencia de la contradicción de tesis. Sentada la exposición de las ejecutorias materia de análisis, debe determinarse a continuación, si existe la contradicción de tesis denunciada:

Para determinar lo anterior, debe analizarse si los Tribunales

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23676-e8b9b1ed/caducidad-de-la-instancia-regulada-por-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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