CADUCIDAD DE LA INSTANCIA PREVISTA EN LOS CÓDIGOS PROCESALES CIVILES DE LOS ESTADOS DE JALISCO, CHIAPAS Y NUEVO LEÓN. ES APLICABLE DE MANERA SUPLETORIA A LAS LEYES DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA QUE REGLAMENTAN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 219/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CULIACÁN, SINALOA, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO Y EL ENTONCES TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO, ACTUAL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO. 26 DE NOVIEMBRE DE 2014. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. DISIDENTES: ALBERTO PÉREZ DAYÁN Y MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: AURELIO DAMIÁN MAGAÑA.
CONSIDERANDO:
(5) PRIMERO. Competencia. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo,(1) publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor al día siguiente de su publicación, en los términos del artículo primero transitorio de dicha ley,(2) y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) reformada el dos de abril de dos mil trece, en relación con los puntos segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de este Alto Tribunal, de trece de mayo de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno del mismo mes y año, y vigente a partir del veintidós siguiente, y el artículo 86, segundo párrafo, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que el presente asunto versa sobre la posible contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de diferente circuito, y se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
(6) Resulta aplicable, la tesis del Tribunal Pleno de este Alto Tribunal, que enseguida se transcribe:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el texto constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente Circuito." (Registro digital 2000331, Tesis P. I/2012, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, materia común, página 9)
(7) No es óbice para considerar lo anterior, el hecho de que en la contradicción denunciada se encuentren involucrados dos Tribunales Colegiados de un mismo circuito (Tercer Circuito), como lo son el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, en auxilio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de ese mismo circuito; toda vez que existen criterios discrepantes de Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, como lo son el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y el actual Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, con residencia en Monterrey, Nuevo León, antes Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, por lo que se estima que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe asumir la competencia para conocer la presente contradicción de tesis, a fin de resolver la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución del asunto en el que se adoptaron posturas disímiles.
(8) SEGUNDO. Legitimación. El artículo 227, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor al día siguiente de su publicación, establece que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentada entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, entre los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito, o sus tribunales de diversa especialidad, así como entre los Tribunales Colegiados de diferente circuito, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Ministros, los Plenos de Circuito o los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, que hayan sustentado las tesis discrepantes, el procurador general de la República, los Jueces de Distrito, o las partes en los asuntos que las motivaron.
(9) En el caso, la denuncia de contradicción proviene de parte legítima, en razón de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, cuyo órgano, al resolver la contradicción de tesis 1/2014 se declaró legalmente incompetente y acordó denunciarla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que cabe concluir que la denuncia proviene de parte legítima.
(10) TERCERO. Con el propósito de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir, para su posterior análisis, las consideraciones en que se apoyaron las respectivas resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
(11) El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, al resolver el amparo directo 1082/2013, en auxilio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con sede en Zapopan, Jalisco (juicio de amparo ********** de su índice), en sesión de veintitrés de enero de dos mil catorce, sostuvo en la parte que interesa, lo siguiente (fojas 44 a 47 del presente toca):
"SEXTO. Son infundados los conceptos de violación hechos valer.
"En primer término, es necesario esclarecer si la autoridad responsable decretó correctamente la caducidad de la instancia dentro de un juicio de nulidad regido por la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, invocando para ello el artículo 29 Bis del Código de Procedimientos Civiles de dicha entidad, para lo cual es pertinente establecer en qué hipótesis una ley puede aplicarse supletoriamente, lo que se ha definido en diversos criterios, como el emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Tomo 2, marzo de 2013, página 1065, que dice: ‘SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE.’ (se transcribe)
"De conformidad con la tesis citada, el hecho de que no esté contemplada la caducidad de la instancia en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, más que ser un obstáculo para su configuración, es un requisito para aplicar supletoriamente el artículo 29 Bis del Código de Procedimientos Civiles del propio Estado.
"En ese orden de ideas, en el caso sí se colmó la totalidad de los supuestos para que la autoridad responsable resolviera en el sentido en que lo hizo, a saber: a) que el artículo 2o. de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, prevé la aplicación supletoria del Código de Procedimientos Civiles de dicha entidad, al establecer en su párrafo segundo que: ‘... A falta de disposición expresa, y en cuanto no se oponga a lo prescrito en este ordenamiento, se estará a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles del Estado.’; b) que no está contemplada la caducidad de la instancia en la ley a suplir; c) que esa omisión o vacío legislativo hace necesario la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado (sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir); y, d) que las normas aplicables supletoriamente no contrarían el ordenamiento legal a suplir, sino que son congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate.
"Para robustecer lo que se afirma acerca de la procedencia de la supletoriedad de leyes, se transcribe parte de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 390/2011, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
"...
"Ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 32/2012, consultable en la Décima Época del Semanario invocado, Libro X, Tomo 1, julio de 2012, página 626, de contenido siguiente: ‘CADUCIDAD DE LA INSTANCIA REGULADA POR EL ARTÍCULO 137 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE A LOS JUICIOS MERCANTILES QUE SE RIGEN POR LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO ANTERIORES A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE MAYO DE 1996.’ (se transcribe)
"Antes de pasar al examen del restante concepto de violación, cabe aclarar que no escapa a la consideración de este tribunal que no se hace mayor pronunciamiento en relación con el requisito para la procedencia de la supletoriedad señalado con el inciso d) de la tesis citada al inicio de este considerando, relativo a que ‘las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate’, debido a que no hay base para hacerlo pues falta la causa de pedir, ya que la quejosa no expuso algún motivo de disenso que dé pauta a abordar el estudio de dicho tópico, dado que en su demanda se limita a atacar el tema analizado.
"Por otro lado, deviene infundado el concepto de violación relativo a que: ‘si bien el Poder Judicial tiene encomendada la interpretación de las normas, es sólo competencia del Congreso del Estado reformar el contenido de las mismas y con dichas reformas adoptar nuevas figuras jurídicas a los ordenamientos jurídicos, por tanto, la responsable al pretender aplicar una figura que no está prevista por la ley de la materia y por tanto está adoptando atribuciones que no le corresponden y podría caer hasta en una invasión de esferas’; porque, como se expuso, el numeral 2 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, permite a la autoridad responsable realizar la aplicación supletoria del Código de Procedimientos Civiles de dicha entidad, aun y cuando, se insiste, no esté contemplada la figura de la caducidad de la instancia, lo que de manera alguna implicaría legislar, sino simplemente acatar el contenido del aludido dispositivo.
"Además, no es verdad que con el decretamiento de la caducidad se violen los derechos de la impetrante contenidos en los artículos 1o., 14, 16 y 17 constitucionales, así como en el 25 del Pacto de San José (Convención Americana sobre Derechos Humanos), porque no se le restringe ningún derecho subjetivo, ni se le priva de la administración de la justicia, o exista invasión de esferas (con la aplicación supletoria de leyes); por el contrario, la declaración de la caducidad presupone el acceso a aquélla, aunado a que el hecho de que se actualice es imputable únicamente a las partes, no a la autoridad, máxime que se cumple con la exigencia de una justicia pronta y expedita.
"Así se establece en la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, octubre, Tomo 3, página 1741, que dice:
"‘CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. EL TÉRMINO DE CIENTO OCHENTA DÍAS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 29-BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO PARA QUE OPERE, NO ES VIOLATORIO DEL DERECHO HUMANO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.’ (se transcribe)."
(12) Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 335/2004, en sesión de veintiocho de abril de dos mil cinco, sostuvo en la parte que interesa, lo siguiente (fojas 13 vuelta a 17 del presente toca):
"QUINTO. Los conceptos de violación transcritos son sustancialmente fundados.
"Aduce medularmente la parte quejosa, que la autoridad responsable viola las formalidades esenciales del procedimiento y, con ello, la garantía de legalidad a que se refiere el artículo 14 constitucional, en virtud de que: ‘... en el procedimiento de juicio de nulidad del que deriva el acto reclamado no existe la caducidad de la instancia ni puede aplicarse, como indebidamente lo hizo, la supletoriedad del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, respecto de una figura jurídica (caducidad de la instancia) que no existe ni está regulada por la propia ley de la materia ...’; añade, que si bien el artículo 2o. de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco permite que en los juicios contenciosos administrativos se aplique el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco de manera supletoria, también lo es que la ‘caducidad de la instancia’ es una figura jurídica que no está contemplada en la ley especial; que la aplicación supletoria de una ley, se permite cuando en la ley primigenia se prevé una figura jurídica y ésta se regula en forma deficiente, lo que a su juicio no acontece en el presente caso, pues la ‘caducidad de la instancia’ no existe en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, por lo que no puede aplicarse en forma supletoria la ley adjetiva civil del Estado de Jalisco, pues se introduciría una figura jurídica inexistente en el juicio contencioso administrativo.
"Como se anticipó, resultan sustancialmente fundados los sintetizados conceptos de violación.
"En efecto, le asiste la razón a la parte quejosa cuando aduce que la autoridad responsable, haciendo una indebida aplicación supletoria del artículo 29 Bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, introdujo la figura procesal prevista en ese numeral y de manera ilegal decretó la ‘caducidad de la instancia’ en el juicio contencioso administrativo.
"Ello es así, pues tal como lo aduce la agraviada, para que haya supletoriedad de una ley respecto de otra deben surtirse los siguientes requisitos: a) que el ordenamiento que se pretenda suplir la admita expresamente y señale el estatuto supletorio; b) que el ordenamiento objeto de supletoriedad prevea la institución jurídica respectiva; c) que no obstante esa previsión, las normas existentes en ese cuerpo jurídico no regulen la situación concreta presentada, por carencia total o parcial de la reglamentación necesaria; y, d) que las disposiciones o principios con los que se llene la deficiencia no contraríen, de algún modo, las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida.
"...
"En este orden de ideas, tratándose de la ‘caducidad de la instancia’ en los juicios que se tramitan ente el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, no se satisfacen todos los requisitos precisados en párrafos precedentes, a fin de que exista la aludida supletoriedad de un cuerpo legal al otro, pues si bien el último párrafo del artículo 2o. de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco señala que: ‘... A falta de disposición expresa, y en cuanto no se oponga a lo prescrito en este ordenamiento, se estará a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles del Estado ...’, también lo es que, en la hipótesis que se examina, la aludida Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco no prevé la figura de la ‘caducidad de la instancia’, la cual implica la conclusión anticipada del juicio y que opera por el transcurso del tiempo y por el desinterés de las partes en seguir promoviendo.
"Por tanto, este Tribunal Colegiado estima que la resolución reclamada es violatoria de la garantía de legalidad que prevé el artículo 14 constitucional, pues al aplicarse el artículo 29 Bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco en el juicio contencioso administrativo, la Sala Unitaria responsable utilizó una figura procesal que no está prevista en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, lo que implica modificar o adicionar el texto legal, al crearse una institución que solamente puede tener su origen en el proceso legislativo. ..."
(13) De dicha ejecutoria derivó la siguiente tesis aislada:
"Época: Novena Época
"Registro: 178043
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Tipo de tesis: aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo XXII, julio de 2005
"Materia: administrativa
"Tesis: III.2o.A.130 A
"Página: 1393
"CADUCIDAD EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. NO ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES EN AQUELLA FIGURA JURÍDICA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). En los juicios contenciosos administrativos que se tramitan con apoyo en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, no es aplicable supletoriamente el artículo 29 Bis del Código de Procedimientos Civiles de la entidad, que prevé la caducidad de la instancia, institución jurídica que tiene el efecto procesal de concluir anticipadamente el juicio como consecuencia del transcurso del tiempo y por el desinterés de las partes en seguir promoviendo. Ello es así, en virtud de que al no contemplarse la existencia de la caducidad de la instancia en la ley especial que rige el procedimiento de dichos juicios, no se satisface la totalidad de los requisitos indispensables para que opere la supletoriedad de una ley respecto de otra, a saber: a) que el ordenamiento que se pretenda suplir la admita expresamente y señale el estatuto supletorio; b) que el ordenamiento objeto de supletoriedad prevea la institución jurídica respectiva; c) que no obstante esa previsión, las normas existentes en ese cuerpo jurídico no regulen la situación concreta presentada, por carencia total o parcial de la reglamentación necesaria; y, d) que las disposiciones o principios con los que se llene la deficiencia no contraríen, de algún modo, las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida."
(14) Asimismo, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, al resolver el amparo directo 373/2004, sostuvo el siguiente criterio (fojas 121 vuelta a 123):
"SEXTO. El primer concepto de violación resulta sustancialmente fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal.
"En efecto, le asiste razón al quejoso al sostener que la responsable, al dictar la resolución reclamada le causó un agravio personal y directo, toda vez que de manera infundada e inmotivada declaró la caducidad de la instancia en el juicio de nulidad **********, en términos del artículo 422, fracciones II y III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, que aplicó supletoriamente a la Ley de Justicia Administrativa; porque dicha figura jurídica ciertamente no es aplicable en el caso, ya que si bien el numeral 14 de dicha ley establece que en contra de los actos especificados en el artículo 1o. de la misma y de no optarse por el recurso de reconsideración, el interesado podrá promover juicio de nulidad ante la Sala Civil, o Salas Mixtas Regionales o Sala Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chiapas, que sustanciará y resolverá con arreglo al procedimiento en ella señalado; y que a falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prescribe este ordenamiento, se estará a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles del Estado; ello no significa que pueda invocar supletoriamente la figura procesal citada, la que solamente se aplicará cuando la institución de que se trata, esté prevista en la ley especial o que careciera de reglamentación para efectos de su aplicación, o que estando prevista su forma de aplicación sea deficiente, por tanto, al aplicarse la figura de que se trata, la responsable infringió en su perjuicio los dispositivos 14 y 16 constitucionales.
"Lo anterior así resulta, ya que si bien el aludido precepto prevé que a falta de disposiciones en dicho cuerpo legal se aplicará el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, empero, si la legislación administrativa no establece la institución jurídica relatada, obvio es que no puede aplicarse supletoriamente el código adjetivo civil local, porque la supletoriedad sólo puede operar cuando en los dos ordenamientos existe similar materia o sistema, pero en su regulación hay alguna deficiencia que es necesario subsanar, pues no se trata de implantar en un cuerpo legal sistemas ajenos, sino de llenar lagunas de la ley.
"Así, para que proceda aplicar la supletoriedad de una ley, se deben satisfacer los requisitos que a continuación se expresan: a) Que el ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente y señale el estatuto supletorio; b) Que el ordenamiento objeto de supletoriedad prevenga la institución jurídica de que se trate; c) Que previendo dicha institución, las normas existentes en el cuerpo a suplir sean insuficientes para su aplicación a la situación concreta presentada, por carencia total o parcial de la reglamentación necesaria; y, d) Que las disposiciones o principios con los que se vaya a llenar la deficiencia no contraríen, de cualquier modo, las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida. Ante la falta de uno de estos requisitos, no puede operar la supletoriedad de una legislación en otra.
"De conformidad con lo anterior, el primer requisito se encuentra satisfecho, dado que el artículo 14 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas admite expresamente la posibilidad de que a falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo prescrito en ese cuerpo legal, se aplique como estatuto supletorio el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas.
"En cambio, el segundo supuesto no se actualiza dado que en el enjuiciamiento administrativo local no se encuentra prevista la institución de la caducidad de la instancia, ya que si bien el citado ordenamiento, admite la posibilidad de que a falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo prescrito en ese cuerpo legal se aplique como estatuto supletorio el código adjetivo de que se trata; sin embargo, al no prever la figura jurídica relatada, para dar por concluido un juicio, por falta de impulso procesal de las partes, su aplicación por analogía no se justifica; de tal manera que al no regularla la legislación administrativa, es evidente que no le es aplicable supletoriamente lo dispuesto por el artículo 422 del enjuiciamiento civil en consulta, al establecer que la caducidad de la instancia es de orden público, irrenunciable y no puede ser materia de convenio, de oficio o a petición de cualquiera de las partes, la que opera de pleno derecho, cualquiera que sea el estado del juicio, desde el emplazamiento hasta antes de citación para sentencia, una vez transcurridos ciento ochenta días naturales a partir de la notificación de la última determinación judicial, por falta de impulso al procedimiento; lo que no significa que no se está ante la presencia de una omisión, sino que el legislador no contempló deliberadamente esa figura.
"Por lo mismo, tampoco se actualizan el tercer y cuarto requisitos, porque si no hay previsión al respecto, tampoco hay lagunas que llenar y menos se podrían aplicar disposiciones o principios que contraríen las bases de una institución inexistente.
"Por tanto, es inconcuso que no opera en el caso en estudio la supletoriedad señalada en el artículo 14 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas, toda vez que la aplicación supletoria del Código de Procedimientos Civiles del Estado en los juicios de nulidad, debe entenderse en los casos que establece dicho precepto, es decir, sólo cuando en éste no exista disposición expresa respecto de aquellas instituciones establecidas por dicho ordenamiento, no reglamentadas o reglamentadas deficientemente, de tal forma que no permita su aplicación adecuada, a condición de que las normas del enjuiciamiento civil invocado no pugnen con las de la citada ley; luego, si la legislación administrativa de que se trata no prevé la caducidad de los juicios, no le resulta aplicable supletoriamente lo dispuesto por el artículo 422 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, relatado; de lo contrario, daría lugar a la creación de figuras procesales no establecidas en la legislación que se pretende suplir, con lo que se desvirtuaría la finalidad de la supletoriedad, que es la de colmar las deficiencias de las disposiciones que reglamenten la figura jurídica prevista en el ordenamiento legal respecto del cual se aplica la supletoriedad, lo que en modo alguno implica que se sustituya al legislador en la determinación de no invocar la caducidad de la instancia, para dar por concluido el asunto de mérito. ..."
(15) Por último, el antes Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, ahora Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del citado circuito, al resolver el juicio de amparo directo 842/94, en sesión de cuatro de enero de mil novecientos noventa y cinco, sostuvo en la parte considerativa que interesa, lo siguiente (fojas 146 y 147)
"QUINTO. Los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, son fundados.
"El quejoso en esencia argumenta que la responsable viola sus garantías, dado que decreta la caducidad del juicio por inactividad procesal, apoyando su resolución en el Código Procesal del Estado, como ley supletoria, lo cual es incorrecto, puesto que la supletoriedad de la ley sólo surte cuando la ley de la materia presenta lagunas; mas de ninguna manera la supletoriedad llega al extremo de incluir en la ley a suplir instituciones no previstas por ésta, como en el caso lo sería la caducidad por inactividad procesal.
"Le asiste la razón al quejoso de sus afirmaciones.
"En efecto, la supletoriedad de la ley, sólo se surte cuando, en determinada institución jurídica prevista por la ley a suplir, existen lagunas u omisiones, las cuales podrán ser subsanadas con las disposiciones que la ley supletoria contenga en relación a dichas instituciones jurídicas, pero de ninguna manera la supletoriedad tendrá el alcance de incluir dentro de la codificación especial relativa, instituciones o requisitos no establecidos en la ley supletoria, que deliberadamente fueron omitidos o suprimidos por el legislador, sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sostenido por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Ju
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25466-18019a9f/caducidad-de-la-instancia-prevista-en-los-codigos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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