CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. LA CARGA DE LAS PARTES DE DAR IMPULSO AL PROCESO ES HASTA EL DICTADO DEL AUTO CON EFECTOS DE CITACIÓN PARA SENTENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO, POR LO QUE ANTE LA FALTA DE ACTUACIÓN DEL TRIBUNAL JURISDICCIONAL Y LA OMISIÓN DE LAS PARTES EN SOLICITARLO, CONFIGURA AQUÉLLA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 79/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO Y EL QUINTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 22 DE NOVIEMBRE DE 2023. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ Y ANA LUISA MENDOZA VÁZQUEZ, Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS (PRESIDENTE). PONENTE: MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. SECRETARIA: ROSALBA JANETH RODRÍGUEZ SANABRIA.
Cuernavaca, Morelos. El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
RESOLUCIÓN
1. Correspondiente a la contradicción de criterios 79/2023, entre los sustentados por el Segundo y el Quinto Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco.
2. La problemática jurídica que subyace en este caso consiste en determinar si constituye una carga procesal para las partes solicitar al órgano jurisdiccional el dictado del auto que manda poner los autos a la vista de los contendientes, para que formulen por escrito sus alegatos, con efectos de citación para sentencia, previsto en el artículo 47 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, so pena de que caduque la instancia en términos del artículo 29 bis del Código de Procedimientos Civiles de esa entidad federativa, aplicado supletoriamente, por falta de impulso al procedimiento.
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
3. Mediante oficio 98/2023 recibido vía interconexión el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, remitió la resolución dictada en el amparo directo 126/2023 de su índice, en la cual realizó la denuncia de una posible contradicción de criterios entre los sustentados por el tribunal oficiante al resolver ese amparo directo y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en el mismo lugar, al resolver el amparo directo 140/2018.
4. En acuerdo de veintiocho de septiembre siguiente, el Magistrado presidente de este Pleno Regional admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios, ordenó su registro con el consecutivo 79/2023, solicitó al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el informe relativo a si el criterio de la posible contradicción se encuentra vigente y por lo que hace al tribunal oficiante se estimó innecesario informara acerca de la vigencia de su criterio, ya que al ser el que denuncia, se le tuvo por vigente. Por otra parte, se solicitó a los tribunales contendientes que pusieran a disposición de este Pleno Regional la consulta del expediente electrónico, relativo a los asuntos involucrados en la contradicción.
5. En el mismo auto, se solicitó al director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informara si existe alguna contradicción de criterios radicada en ésta que guarde relación con la temática planteada, y se turnaron los autos electrónicamente al ahora Magistrado ponente.
6. Mediante acuerdo de tres de octubre de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio 10436/2023, en el cual, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco informó que en la ejecutoria del amparo directo 140/2018, continúa vigente el criterio ahí sustentado y ordenó poner a disposición de este Pleno Regional, el acceso electrónico del mencionado expediente a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
7. En el propio comunicado mencionó que en el amparo directo 177/2023 de su índice, en sesión de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, ese órgano colegiado resolvió que no se actualiza la caducidad de la instancia en el juicio administrativo local, porque a partir de la reforma a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, contenida en el Decreto 28438/LXII/21, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, en el artículo 30 Bis de dicha legislación se establece que en el juicio en materia administrativa no operará la caducidad de la instancia, por lo que estimó ilegal el auto que decretó la caducidad de la instancia –emitido con posterioridad a esa reforma– y concedió el amparo solicitado en ese juicio constitucional; con lo anterior, se ordenó dar vista al Magistrado ponente para que en caso de considerarlo pertinente, incluyera el referido amparo directo en la contradicción de criterios que nos ocupa. Sin embargo, el Magistrado ponente estimó innecesario integrar el citado criterio en razón de que en esa ejecutoria no se analizó la problemática aquí planteada.
8. Ahora bien, se tiene como hecho notorio que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, puso a disposición de este Pleno Regional, el acceso electrónico del amparo directo 126/2023 de su índice, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
9. Por oficio DGCCST/X/860/10/2023, de dieciséis de octubre del mismo año, el encargado del despacho de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que en el Máximo Tribunal del País no se encuentra contradicción de criterios cuyo tema guarde relación con el planteado en el presente asunto.
10. Mediante proveído de siete de noviembre de dos mil veintitrés, se confirmó el turno electrónico a la ponencia del Magistrado Arturo Iturbe Rivas para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
II. COMPETENCIA
11. Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur es competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales y artículo 2 del diverso Acuerdo General 108/2022, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por el Segundo y el Quinto Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
III. LEGITIMACIÓN
12. La denuncia de la contradicción de criterios proviene de parte legitimada, en términos de los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, porque fue formulada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en el juicio de amparo que motivó la presente contradicción.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
13. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto.
14. Primer criterio contendiente. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito conoció del amparo directo 140/2018.
15. Los antecedentes que interesan de dicha ejecutoria son:
16. Juicio administrativo. Mediante escrito presentado el diez de agosto de dos mil diecisiete, una persona física demandó de la agente de la Policía Vial de la Fiscalía General del Estado de **********, adscrita al módulo 1 de la Zona VIII de Alcoholimetría, una cédula de notificación de infracciones levantada el veintinueve de junio de dos mil diecisiete, en la que se le impuso una multa equivalente a ciento cincuenta o doscientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.
17. Por proveído de treinta de agosto de dos mil diecisiete, la *********** admitió a trámite la demanda con el consecutivo *********** y ordenó emplazar a la autoridad enjuiciada a efecto de que produjera contestación a la demanda, con el apercibimiento que de no hacerlo, se decretaría la rebeldía con las consecuencias inherentes conforme a lo dispuesto por los artículo 42 y 44 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de ***********; sin embargo, aun cuando el siete de septiembre de ese año, la autoridad demandada fue emplazada, no dio contestación a la demanda instaurada en su contra.
18. Finalmente, el veinte de marzo de dos mil dieciocho, el presidente de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de *********** decretó la caducidad de la instancia, debido a la falta de promoción por más de ciento ochenta días naturales contados a partir de la última notificación.
19. Demanda de amparo directo. Por escrito presentado el veinticuatro de abril de dos mil dieciocho ante la autoridad responsable, el accionante solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la resolución referida en el párrafo anterior; por cuestión de turno, correspondió conocer del asunto al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con sede en ***********, lo registró con el consecutivo 140/2018 y en sesión de once de julio de dos mil dieciocho, dictó sentencia en la que por unanimidad concedió el amparo solicitado, con base en las siguientes consideraciones torales:
• Estimó fundado el primer concepto de violación, relativo a que el auto reclamado vulnera el principio de oficiosidad porque la autoridad responsable no se ajustó a lo establecido en el artículo 47 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco,(1) debido a que el Tribunal Colegiado consideró que la caducidad de la instancia prevista en el artículo 29 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco(2) no se configura cuando la inactividad procesal es imputable al órgano jurisdiccional, pues así lo ha considerado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 86/2013 (10a.), consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXII, Tomo 1, julio de dos mil trece, página 689, que dice:
"CADUCIDAD EN EL JUICIO AGRARIO. NO SE CONFIGURA POR INACTIVIDAD PROCESAL ATRIBUIBLE AL TRIBUNAL. El artículo 190 de la Ley Agraria establece la caducidad en el juicio agrario como sanción procesal a la inactividad o a la falta de promoción del actor durante el plazo de 4 meses. Ahora bien, de la interpretación de dicho precepto conforme al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, se colige que la caducidad, al constituir una sanción para el actor, no se configura cuando la inactividad sea imputable al órgano jurisdiccional, máxime si se debe a la falta de desahogo de diligencias o de pruebas, en cuya realización aquél no tiene injerencia, pues no se justifica que padezca los efectos perjudiciales derivados de una omisión que no le es atribuible; más aún si se toma en cuenta que, tratándose de la justicia agraria, la fracción XIX del artículo 27 constitucional establece la obligación de los tribunales de realizar su función jurisdiccional en forma ‘expedita y honesta’, lo cual significa que al ejercer sus atribuciones deberán hacerlo procurando en todo momento cumplir con los plazos legalmente previstos para llevar a cabo las diligencias y actuaciones procesales necesarias para poner los juicios en estado de resolución, dictando sus fallos con celeridad, en acatamiento de ese postulado constitucional, instituyéndose al mismo tiempo su obligación ineludible de evitar que los juicios queden injustificadamente paralizados por causas atribuibles a ellos."
• Además, compartió la tesis III.4o.C.1 C (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de rubro: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. CONFORME AL PRINCIPIO PRO PERSONAE Y ATENTO AL DERECHO FUNDAMENTAL DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, NO OPERA CUANDO EL JUEZ OMITE CITAR A LAS PARTES PARA DICTAR SENTENCIA, PUES IMPLICARÍA SANCIONARLAS POR UNA CUESTIÓN QUE NO LES ES ATRIBUIBLE (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1076 Y 1407 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)."(3)
• Enseguida, sostuvo que del artículo 29 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se obtiene que para que proceda la caducidad de la instancia en el juicio contencioso administrativo, es necesario que se actualice alguno de los siguientes supuestos:
1. Falta de promoción de la parte actora; o,
2. Inactividad procesal del órgano jurisdiccional que impulse el juicio durante el plazo de ciento ochenta días naturales.
• Sin embargo, precisó que la falta de actuación del órgano jurisdiccional, cuando a éste le corresponda el impulso del procedimiento, no puede dar lugar a que se actualice dicha figura, puesto que equivaldría a sancionar a la parte actora por una abstención que no le es atribuible.
• Con base en lo anterior, estimó que no operará la caducidad de la instancia prevista en el artículo 29 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, por inactividad procesal, cuando la pasividad resulte atribuible al tribunal administrativo; máxime, dijo, si se debe a falta de desahogo de diligencias o proveídos, en cuya realización o desahogo el actor no tenga injerencia, justo, porque no resulta dable atribuirle los efectos perjudiciales derivados de una omisión del Tribunal de Justicia Administrativa.
• En el caso, señaló que contrariamente a lo que la responsable consideró, no se concretó el término de la caducidad de la instancia en vista de la inactividad procesal, en virtud de que se encontraba pendiente la actuación del Magistrado responsable, consistente en proveer y, en su caso, hacer efectivo el apercibimiento decretado en el auto admisorio derivado de la omisión por parte de la demandada de contestar el escrito inicial.
• En efecto, señaló que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, corresponde a la autoridad jurisdiccional, una vez agotados los términos para la contestación de la demanda o de su ampliación, dictar proveído mandando poner los autos a la vista de las partes para que formulen sus alegatos, auto que tiene efectos de citación para sentencia.
• De ahí, dijo, si la última actuación de la Sala Unitaria, fue la admisión de la demanda en la que ordenó correr traslado a la autoridad demandada para efecto de que diera contestación, con el apercibimiento que de no hacerlo se decretaría la rebeldía con las consecuencias legales establecidas en los artículos 42 y 44 de la ley citada; entonces, correspondía al Magistrado instructor de la Sala responsable, una vez agotado el término para la contestación de la demanda, hacer efectivo ese apercibimiento y decretar la rebeldía de la autoridad demandada, teniéndole por no contestada la demanda y por ciertos los hechos que el actor imputó de manera precisa y, en consecuencia, otorgar a las partes el término de cinco días para la formulación de alegatos, con efectos de citación para sentencia.
• Por tanto, el Tribunal Colegiado concluyó que en el juicio administrativo de origen, el Magistrado de la Sala Unitaria responsable no debió decretar la caducidad de la instancia prevista en el invocado artículo 29 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado supletoriamente a la Ley de Justicia Administrativa mencionada, en virtud de que la inactividad procesal no es atribuible a la actora quejosa, puesto que correspondía al Magistrado responsable emitir proveído en el que, ante la omisión de la autoridad de dar contestación a la demanda, hiciera efectivo el apercibimiento hecho en el auto admisorio y decretara la rebeldía de la autoridad, pues la continuación del procedimiento no dependía del impulso de las partes, de ahí que correspondía a la Sala Unitaria del conocimiento el impulso procesal correspondiente, cuya abstención no le es atribuible a la parte actora.
• En consecuencia, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para efecto de que el Magistrado responsable dejara insubsistente la resolución reclamada y emitiera otra, en la que se abstuviera de considerar que operó la caducidad de la instancia en el juicio contencioso administrativo en el periodo que examinó y, con plenitud de jurisdicción, resolviera lo que en derecho corresponda.
• De la ejecutoria anterior, derivó la tesis aislada III.5o.A.74 A (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 62, Tomo IV, enero de 2019, página 2325, registro digital: 2018937, de rubro y texto siguiente:
"CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. NO OPERA ANTE LA INACTIVIDAD PROCESAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL, AL NO PONER LOS AUTOS A LA VISTA DE LAS PARTES PARA QUE FORMULEN POR ESCRITO SUS ALEGATOS, CON EFECTOS DE CITACIÓN PARA SENTENCIA, PUES NO ES ATRIBUIBLE A ÉSTAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). El artículo 29-Bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco –de aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa de la entidad– establece que la caducidad de la instancia operará de pleno derecho, en cualquier estado del juicio, desde la notificación del primer auto hasta antes de la citación para sentencia, cuando transcurridos ciento ochenta días naturales contados a partir de la notificación de la última determinación judicial no hubiere promoción de alguna de las partes tendiente a la prosecución del procedimiento. Por su parte, el numeral 47 de la ley mencionada en segundo término, en lo que interesa, establece que la Sala del Tribunal de Justicia Administrativa, de oficio o a petición de parte, dictará un acuerdo en el que mande poner los autos a la vista de las partes para que, dentro del plazo de tres días, formulen por escrito sus alegatos, lo que, a su vez, constituye una citación para sentencia. En consecuencia, al no ser atribuible a las partes la inactividad procesal del órgano jurisdiccional, en ese aspecto, no opera la caducidad de la instancia en el juicio en materia administrativa."
20. Segundo criterio contendiente. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con sede en Zapopan, Jalisco conoció del juicio de amparo directo 126/2023.
21. Los antecedentes que interesan de la ejecutoria pronunciada son:
22. Juicio administrativo. Por escrito de nueve de junio de dos mil veintiuno, una persona física reclamó de la Dirección de Movilidad y Transporte de **********, en el Estado de **********, una cédula de infracción impuesta a un vehículo automotor, los montos que pudieran generarse del cobro de tal infracción, gastos de ejecución y recargos.
23. Mediante acuerdo de tres de agosto de dos mil veintiuno, el Magistrado de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de ********** admitió a trámite la demanda.
24. Posteriormente, mediante escrito presentado el seis de septiembre de ese año, la autoridad demandada contestó el escrito inicial.
25. En consecuencia, por acuerdo de ocho de octubre ulterior, el Magistrado de la Sala mencionada tuvo por contestada la demanda de nulidad y ordenó dar vista a la parte actora para que manifestara lo que a su interés conviniera; de igual manera, admitió las pruebas ofertadas por estar ajustadas a derecho y no contravenir la moral y las buenas costumbres, las que se tuvieron por desahogadas por su propia naturaleza, no admitió la documental ofrecida por la autoridad enjuiciada al omitir adjuntarla; y debido a que la autoridad demandada no cumplió con el requerimiento consistente en exhibir copia certificada de la cédula de infracción reclamada, tuvo por ciertos los hechos que la parte accionante pretendía demostrar. 26. El veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, el Magistrado de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de **********, decretó la caducidad de la instancia con fundamento en lo dispuesto por el numeral 29 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de ********** y ordenó el archivo del asunto.
27. Demanda de amparo directo. Contra dicha resolución, mediante escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, la quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con sede en **********, lo registró con el expediente 126/2023 y en sesión ordinaria virtual de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, por unanimidad negó el amparo, esencialmente porque:
• En principio, el Tribunal Colegiado precisó que del artículo 29 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se desprende que la caducidad de la instancia opera por el solo transcurso de ciento ochenta días naturales contados a partir de la notificación de la última determinación judicial, cualquiera que sea el estado del juicio, cuando no hubiere promoción de alguna de las partes tendente a la prosecución del procedimiento; estableciéndose, de igual manera, en dicho dispositivo, las consecuencias y efectos de dicha figura extintiva del proceso.
• Por lo que razonó, que la caducidad de la instancia prevista en el precepto mencionado, supletorio en materia administrativa local, no se configura atendiendo a la inactividad procesal del órgano jurisdiccional, sino que únicamente toma en cuenta el desinterés mostrado por las partes en el lapso señalado; lo que se robustece por el hecho de que esa figura procesal únicamente habrá de interrumpirse por cualquier "promoción de alguna de las partes tendiente a la prosecución del procedimiento".
• En ese sentido, dijo, para establecer si operó o no la caducidad de la instancia conforme al citado artículo 29 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, únicamente debe tomarse en cuenta la inactividad procesal en que incurran las partes, no así la que pudiera producirse respecto del órgano jurisdiccional, pues lo que configura esa forma de extinción del proceso, no es la falta de actuación de éste, sino la omisión de las partes de dar impulso al proceso.
• Con base en esa premisa, el Tribunal Colegiado consideró que en el caso, la resolución reclamada en la que la autoridad responsable determinó que operó la caducidad de la instancia, es objetivamente correcta atento a lo previsto en el numeral 47 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, del que desprendió que si no existen pruebas pendientes de desahogo, corresponde a la Sala Unitaria, una vez agotados los términos para la contestación de la demanda o de su ampliación, dictar de oficio o a petición de parte proveído mandando poner los autos a la vista de las partes para que formulen sus alegatos.
• En tal sentido, explicó, si conforme al artículo 29 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, la caducidad de la instancia opera de pleno derecho, cualquiera que sea el estado del juicio, desde la notificación del primer auto que se dicte en el mismo hasta antes de la citación para sentencia, ello no implica que la actividad de las partes culmine por el hecho de que la Sala responsable en el acuerdo inmediato anterior al reclamado, tuviera por contestada la demanda y se pronunciara respecto de la exhibición de las pruebas, admitiendo unas y desechando otras; porque el artículo 47 citado dispone que agotados los términos para la contestación de la demanda o de su ampliación y para que se presenten a juicio el tercero o el coadyuvante, o que se hubieren cumplido tales actos, si las cuestiones controvertidas en el juicio fueren puramente de derecho y no de hecho o no hubieren sido ofrecidas pruebas para cuyo desahogo se requiera audiencia o diligencia, la Sala de oficio o a petición de parte, dictará auto mandando poner los autos a la vista de las partes para que formulen por escrito sus alegatos.
• Disposición de la que desprendió que las partes tienen la carga de dar impulso al procedimiento, so pena de que caduque la instancia, la cual no cesa con la determinación de la Sala en el sentido de tener por contestada la demanda y pronunciarse respecto de las pruebas exhibidas, pues continuaba en tanto la Sala no emitiera auto mandando poner los autos a la vista de las partes para que formularan por escrito sus alegatos, el cual tendría efectos de citación para sentencia, y citó como aplicable la tesis aislada 1a. LXXI/2014 (10a.) de la Primera Sala del Alto Tribunal, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Tomo I, febrero de 2014, página 636, registro digital: 2005620, de rubro y texto siguiente:
"CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. SÓLO OPERA MIENTRAS EXISTE UNA CARGA PROCESAL PARA LAS PARTES. La caducidad es una forma extraordinaria de terminación del proceso, debido a la inactividad procesal de una o ambas partes, que persigue cumplir con los principios de justicia pronta y expedita y de seguridad jurídica, consagrados en los artículos 16 y 17 constitucionales, ya que los actos que integran el procedimiento judicial, tanto a cargo de las partes como del órgano jurisdiccional, deben estar sujetos a plazos o términos y no pueden prolongarse indefinidamente. Sin embargo, la caducidad sólo puede operar mientras existe una carga procesal para las partes en el proceso, esto es, actos del proceso en los que se requiera de su intervención, ya que a falta de dicha participación, el juicio no puede seguir adelante, puesto que el juez no tendría elementos suficientes para emitir una resolución. Así, una vez que las partes aportaron al juicio todos los elementos que les corresponde, la caducidad no puede operar en su perjuicio. Por lo que una vez celebrada la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia, se termina la carga procesal de las partes y queda sólo la obligación del juez de dictar sentencia. A partir de ese momento no puede operar la caducidad, lo cual es consistente con el texto del artículo 137 bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en cuanto impide que se decrete la caducidad de la instancia después de concluida la audiencia de pruebas, alegatos, y sentencia. Lo anterior demuestra que es incorrecto que el precepto impugnado permita decretar la caducidad ‘sin salvedad alguna’, puesto que limita el periodo del juicio durante el cual puede ser decretada, y establece expresamente un plazo objetivo durante el cual debe presentarse al menos alguna promoción encaminada a impulsar el procedimiento para evitar que la caducidad se decrete. Si ello ocurre, el plazo se interrumpe y se reinicia el cómputo."
• En ese sentido, estimó infundado lo alegado por la quejosa en relación con que la caducidad únicamente podía producirse en caso de existir una carga procesal imputable a las partes, pero no cuando correspondía actuar al órgano jurisdiccional; pues el Tribunal Colegiado contendiente consideró irrelevante que en el caso, la demandada diera contestación, que en el acuerdo respectivo se admitieran diversas pruebas, se tuvieran por ciertos los hechos consignados en la demanda y que, a juicio de la parte quejosa, no existieran pruebas que requieran preparación; porque expuso, lo que configura la caducidad de la instancia no es la falta de actuación del órgano jurisdiccional, sino la omisión de las partes de dar impulso al proceso hasta en tanto la Sala no emitiera auto mandando poner los autos a la vista de las partes para que formularan por escrito sus alegatos, ya que éste, se dijera o no expresamente, tendría efectos de citación para sentencia, e invocó como aplicable la tesis III.5o.A.1 A (10a.), del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 16, Tomo III, marzo de 2015, página 2339, que informa lo siguiente:
"CADUCIDAD DE LA INSTANCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 29-BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, SUPLETORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA QUE OPERE COMIENZA A PARTIR DE QUE SE NOTIFIQUE UNA DETERMINACIÓN JUDICIAL Y SE INTERRUMPE CON LA SOLA PRESENTACIÓN DE UNA PROMOCIÓN TENDIENTE A LA PROSECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. La caducidad de la instancia prevista en el precepto citado, supletorio en materia administrativa, se configura por la inactividad procesal de los litigantes durante ciento ochenta días naturales, que deben contarse ‘a partir de la notificación de la última determinación judicial’, y se interrumpe por cualquier ‘promoción de alguna de las partes tendiente a la prosecución del procedimiento’. Por tanto, la sola presentación de una promoción de estas características, aunque no sea acordada por la autoridad, interrumpe el plazo para que opere la caducidad, el cual no puede volver a comenzar hasta que se emita y notifique otra determinación judicial."
• Puntualizó que con la forma de resolver, no se vulneran los derechos de legalidad y seguridad jurídica, en virtud de que contrariamente a lo aducido por la parte quejosa, la caducidad de la instancia a que alude el artículo 29 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicable supletoriamente a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, no impide el acceso a esos derechos, pues no coarta la prerrogativa de los justiciables de acudir a los tribunales para que diriman sus controversias; máxime cuando ésta, una vez admitida su demanda, se encuentra en aptitud de impulsar el procedimiento, soli
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32047-877e91c0/caducidad-de-la-instancia-la-carga-de-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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