CADUCIDAD DE LA INSTANCIA POR INACTIVIDAD PROCESAL. EL ARTÍCULO 57, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN VIOLA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 84/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER, EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO, Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 13 DE NOVIEMBRE DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MÓNICA SALOMA PALACIOS, VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA Y MAYRA SANDOVAL MENDOZA. PONENTE: VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA. SECRETARIO: MARTÍN ALEJANDRO AMAYA ALCÁNTARA.
Ciudad de México. Sentencia del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión del día trece de noviembre de dos mil veinticinco, y transmitida en vivo a través de la plataforma CISCO WEBEX.
ANTECEDENTES:
1. PRIMERO. Denuncia de la contradicción de criterios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por oficio SA/CGAJ/CA/805/2025 presentado el dieciséis de mayo de dos mil veinticinco, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el Síndico Segundo de San Pedro Garza García, Nuevo León, tercero interesado en el juicio de amparo directo ********, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, (Región Centro-Norte), denunció la posible contradicción entre los criterios sustentado por el tribunal colegiado referido al resolver los amparos directos ********, ********, ********, ********, *******, ********, ******** y ********; y los adoptados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito al resolver el amparo directo ********; Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito al resolver el amparo directo ********; y por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver los amparos directos ******** (administrativo) y ******** (civil), todos pertenecientes a la Región Centro-Norte, en relación con el tema: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DETERMINAR SI DICHA FIGURA VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA Y SI ÚNICAMENTE OPERA CUANDO LA INACTIVIDAD ES ATRIBUIBLE AL JUZGADOR Y CUANDO LAS PARTES INCUMPLAN SU CARGA DE IMPULSAR EL PROCESO."
2. Incompetencia. Por auto de veintiséis de mayo de dos mil veinticinco la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente respectivo, mismo que se registró bajo la contradicción de criterios ********; y determinó carecer de competencia legal para conocer de contradicciones de criterios suscitadas entre Tribunales Colegiados de Circuitos pertenecientes a la misma Región; y ordenó remitir por conducto del MINTERSCJN la versión digitalizada de las constancias a este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con sede en la Ciudad de México, por ser el competente por Región y materia para conocer del asunto.
3. SEGUNDO. Radicación, admisión, requerimiento y turno provisional. Mediante oficio MI/PL/SSGA/XXIV/9992/2025, se remitió a este Pleno Regional la versión digitalizada del proveído de veintiséis de mayo de dos mil veinticinco emitido en la contradicción de criterios ********; así como de la denuncia respectiva; por acuerdo de presidencia de cuatro de junio dos mil veinticinco, se aceptó la competencia declinada, se admitió a trámite y se ordenó formar el expediente relativo, el cual quedó registrado como contradicción de criterios 84/2025; de igual forma, se requirió a los tribunales colegiados contendientes que informaran si los criterios en contradicción seguían vigentes o no, o en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.
4. A su vez, se estimó innecesario requerir al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que rindiera el informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios radicada ante el Alto Tribunal, relacionada con el tema: "Caducidad de la instancia en el juicio contencioso administrativo. Determinar si dicha figura vulnera el derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia y si únicamente opera cuando la inactividad es atribuible al juzgador y cuando las partes incumplan su carga de impulsar el proceso"; toda vez que del contenido del acuerdo de veintiséis de mayo de dos veinticinco, emitido por la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se desprende que no se encontraba radicada alguna contradicción de criterios en la que el tema a dilucidar guardara relación con el señalado en el presente asunto; de igual manera, se hizo constar que cualquier persona o institución podría formular su opinión respecto de la contradicción de mérito y se turnó el asunto al magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas para la formulación del proyecto de resolución, sin perjuicio de que se proveyera sobre la conclusión del trámite e integración del expediente.
5. TERCERO. Nueva integración de este Pleno Regional. Por auto de presidencia de dieciséis de junio de dos mil veinticinco, se tomó conocimiento del oficio SEADS/2192/2025 mediante el cual el Secretario Técnico de la Comisión de Adscripción encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción informó que en sesión de once de junio dos mil veinticinco el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal comisionó temporalmente al Magistrado Ernesto Martínez Andreu en la plaza que ocupaba su homólogo José Patricio González Loyola Pérez, con efectos a partir del dieciséis de junio del año en curso, asimismo, se hizo del conocimiento de las partes que este Pleno Regional se encuentra integrado por los Magistrados Marco Antonio Rodríguez Barajas y Ernesto Martínez Andreu, así como por la Magistrada Guillermina Coutiño Mata.
6. CUARTO. Informes. Los magistrados presidentes de los Tribunales Colegiados contendientes rindieron los informes solicitados, los cuales se tuvieron por recibidos mediante proveídos de diecisiete y diecinueve de junio de dos mil veinticinco.
7. Cabe destacar que no obstante que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, no rindió el informe requerido respecto de los amparos directos ********, ********, ********, *******, ********, ********, ******** y ********, de la consulta realizada por este Pleno Regional, al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se desprende que los amparos directos de referencia fueron vinculados al expediente electrónico de la presente contradicción de criterios, lo cual constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su artículo 2o.
8. QUINTO. Confirmación de turno. Por acuerdo de presidencia de catorce de julio de dos mil veinticinco, se tuvo por debidamente integrada la contradicción de criterios en que se actúa; en consecuencia, se reiteró la orden de turno del expediente virtual al magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo, con fundamento en el artículo 41, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.(1)
9. SEXTO. Nueva integración de este Pleno Regional. Por auto de presidencia de tres de octubre de dos mil veinticinco, se tomó conocimiento del oficio DGCSV/No. 007/2025 publicado por el Órgano de Adscripción Judicial, denominado "Adscripción de las personas electas en el proceso electoral extraordinario a diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, así como demás movimientos que se indican para la integración de los órganos jurisdiccionales federales", del que se advierte que fueron designadas para integrar este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, las Magistradas Mónica Saloma Palacios, Virginia Pétriz Herrera y Mayra Sandoval Mendoza, con efectos a partir del quince de septiembre de esta anualidad.
10. Returno. En dicho proveído se returnó el presente asunto a la Magistrada Virginia Pétriz Herrera, para la formulación del proyecto de resolución; y se confirmó dicho turno.
11. SÉPTIMO. Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios; y,
CONSIDERANDO:
12. PRIMERO. Competencia. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(2) 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(3) 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo;(4) así como lo establecido en los diversos numerales 6o., fracción I, 7o., 9o., 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales;(5) 1o., fracción I, punto 2, y 2o. del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia y jurisdicción territorial,(6) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero de dos mil veintitrés, respectivamente, y reformados mediante el Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés. Así como el Acuerdo QUINTO del Acuerdo General 2/2025, aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de septiembre de dos mil veinticinco.
13. El presente asunto se ubica en los supuestos de las normas invocadas, en razón de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero todos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con sede en Monterrey, Nuevo León y, el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, los cuales se encuentran dentro de la demarcación territorial y respecto de las especialidades sobre las que este Pleno ejerce jurisdicción para unificar criterios.
14. SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitima, toda vez que fue formulada por el Síndico Segundo de San Pedro Garza García, Nuevo León, tercero interesado en el juicio de amparo directo ********, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(7) y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(8)
15. TERCERO. Criterios denunciados. Previo a determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada y, si se emite o no pronunciamiento respecto del fondo para unificar los criterios, se estima necesario precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones que sustentaron los Tribunales Colegiados de Circuito para emitirlas.
16. Se precisa que no se transcriben las consideraciones de las resoluciones contendientes, por no exigirlo la normativa que rige el dictado de las resoluciones que se emiten al resolverse las contradicciones de criterios, ni así disponerlo las disposiciones que establecen las facultades de este Pleno Regional; esto es, no existe precepto legal alguno que establezca dicha obligación, ni se estima necesario para la resolución del caso, en virtud de que el cumplimiento a los principios de exhaustividad y congruencia se satisface al atender en su totalidad los puntos litigiosos a consideración del órgano jurisdiccional, en razón de la naturaleza del caso que se resuelve.
17. Apoya lo anterior, en lo conducente y por identidad jurídica de razón, la jurisprudencia 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN."(9)
Ejecutoria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo ********.
18. Juicio contencioso administrativo. Por escrito presentado el once de septiembre de dos mil trece, en la Oficialía de Partes del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, una persona física por propio derecho promovió juicio contencioso administrativo contra diversas autoridades hacendarias del Municipio de Escobedo, Nuevo León, a quienes les demandó la determinación, cuantificación, declaración, liquidación, procedimiento de cálculo y recaudación, respecto de un crédito fiscal del Impuesto Sobre Adquisición del Inmueble.
19. Demanda que correspondió conocer a la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Nuevo León, quien la admitió trámite, registrándola bajo el expediente ******** y posteriormente, mediante auto de dos de diciembre de dos mil catorce la referida Sala, decretó el sobreseimiento del juicio por caducidad de la instancia.
20. Recurso de revisión. Inconforme con esa determinación, la parte actora interpuso recurso de revisión del que correspondió conocer a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Nuevo León, quien por sentencia de veintisiete de febrero de dos mil quince confirmó la resolución de dos de diciembre de dos mil catorce.
21. Promoción del amparo directo. Inconforme con esa determinación, la parte actora demandó el amparo y protección de la Justicia Federal del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, donde se registró con el número ********. Posteriormente en sesión de cinco de noviembre de dos mil quince, el Pleno de ese órgano colegiado concedió a la parte quejosa la protección constitucional solicitada, bajo los argumentos siguientes:
• Consideró que era fundado el único concepto en donde se expuso que la sentencia reclamada era ilegal, por vulnerar la garantía de acceso a la impartición de justicia prevista por el artículo 17 de la Constitución Federal, pues en el particular se le privó a la quejosa de ese derecho, al confirmarse la caducidad del procedimiento por no haber efectuado promoción alguna que diera continuación al mismo, siendo que dicho impulso ya no le correspondía a las partes, sino a la Sala ordinaria, al no haberse ofrecido probanzas que requirieran un desahogo especial; de ahí que en términos del artículo 55 de la Ley de Justicia Administrativa, debió señalarse fecha para la audiencia de pruebas o bien dar vista para la formulación de alegatos.
• Esto es, se advierte que la sentencia reclamada contraviene los derechos fundamentales de la parte quejosa, debido a que en ella la Sala Superior no efectuó una correcta interpretación del artículo 57, fracción V, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, conforme al artículo 17 de la Constitución Federal y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en específico del artículo 8, numeral 1, y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en particular el artículo 14.1, al haber confirmado la resolución que decretó el sobreseimiento por caducidad de la instancia en el juicio contencioso administrativo.
• En otras palabras, de la interpretación del artículo 57, fracción V, de la ley en comento, conforme al artículo 17 constitucional y los diversos citados de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, concluyó que la causal de sobreseimiento por caducidad de la instancia por inactividad procesal en el juicio contencioso administrativo, se actualizará por la falta de impulso procesal por parte del actor en el término de trescientos días consecutivos, cuando aquel no satisfaga las cargas procesales necesarias para la resolución del problema jurídico planteado, que demuestren su tácito desinterés en la continuación del procedimiento y su resolución.
• Lo que evidencia que la caducidad de la instancia por inactividad procesal en el juicio contencioso administrativo, se decretará como una medida de sanción cuando al actor es a quien le corresponda impulsar el procedimiento por existir cargas pendientes de realizar en el juicio, que son necesarias para la resolución de la litis planteada, y no lo realice por su falta de interés en la prosecución del referido juicio; empero, dicha sanción no podrá imponérsele al actor, cuando la falta de prosecución del procedimiento se dé por parte de la Sala ordinaria, por omitir, como en el caso, calificar las pruebas para en caso de que no requieran desahogo especial pasar a la etapa de alegatos, pues ello implicará sancionar al actor por una cuestión que no le corresponde, como es impulsar el procedimiento, precisamente por no tener ninguna carga pendiente que efectuar en el citado juicio, y por ende encontrarse integrada la litis en el juicio contencioso administrativo.
• Bajo ese contexto, resultan fundados los argumentos de la quejosa, en razón de que la Sala Superior no efectuó una correcta interpretación del artículo 57, fracción V, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado, al pronunciar la sentencia reclamada, con lo que se vulneraron sus derechos humanos.
• Por consiguiente, al estar demostrado que la sentencia reclamada transgrede los derechos humanos de la quejosa previstos por los artículos 17 constitucional, 8, numeral 1, de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se declaró procedente conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la Sala Superior dejara insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar emitiera otra en la que con base en los lineamientos de la ejecutoria, revocara la resolución de primer grado en la que se decretó el sobreseimiento por caducidad en el juicio de origen, y ordenara a la Sala ordinaria continuara con el procedimiento del mencionado juicio hasta la emisión de la sentencia que resolviera el problema jurídico planteado.
Ejecutoria del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo ********.
22. Juicio contencioso administrativo. Por escrito presentado el cuatro de julio de dos mil trece ante la Oficialía de Partes del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, una persona física promovió demanda de nulidad contra la Dirección de Vialidad y Tránsito del Municipio de Monterrey, Nuevo León y otras autoridades, de quienes reclamó la determinación de infracción y multa.
23. Demanda que correspondió conocer a la Tercera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, quien la admitió y registró con el número de expediente ********. Posteriormente, el tres de julio de dos mil quince la Sala Ordinaria de referencia emitió resolución en la que sobreseyó en el juicio, con fundamento en el artículo 57, fracción V de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León. 24. Interposición del Recurso de revisión. Inconforme con esa determinación la parte actora interpuso recurso de revisión del cual correspondió conocer a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Nuevo León, quien el quince de septiembre de dos mil quince, emitió sentencia en la que confirmó la resolución recurrida.
25. Promoción del amparo directo. Inconforme con esa determinación la parte actora, promovió demanda de amparo directo, la cual por razón de turno correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, quien la registró con el número ******** y en sesión de cuatro de febrero de dos mil dieciséis, dictó sentencia en la que concedió a la parte quejosa la protección constitucional solicitada, bajo las siguientes consideraciones:
• Que la parte quejosa adujo que, la responsable confirma de manera ilegal el sobreseimiento decretado por la Sala Ordinaria por supuesta inactividad procesal, fundándose en el artículo 57, fracción V, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, del que se advierte que el sobreseimiento procede cuando se da el supuesto de inactividad procesal durante el término de trescientos días consecutivos y el actor no hubiere promovido en ese mismo lapso, con la condición de que esa promoción sea necesaria para la continuación del procedimiento; es decir, que para sobreseer con base en el citado numeral por la inactividad procesal, dicha inactividad siempre debe estar ligada a que el actor deba promover algún acto para continuar con el procedimiento, hipótesis que dice no se surtió en el caso concreto.
• Para sustentar su aseveración, la quejosa sostuvo que en la especie, no era necesaria promoción alguna para continuar el procedimiento en los términos de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios dé Nuevo León; es decir, no existe precepto alguno que obligue al actor dentro del procedimiento contencioso, a presentar promoción alguna para continuar con el procedimiento; máxime, si desde el escrito inicial de demanda solicitó al tribunal que fijara fecha para la audiencia de ley, pruebas y alegatos; sin embargo, tal circunstancia fue pasada por alto por la Sala Ordinaria, al no acordarse su petición.
• En ese sentido, la Sala responsable, en lugar de confirmar el sobreseimiento decretado por la caducidad de la instancia y, en atención al principio pro persona, debió desaplicar la norma procesal aludida, en aras de salvaguardar el derecho humano en el acceso efectivo a la justicia.
• En otras palabras, la Sala responsable al confirmar la aplicación de las consecuencias establecidas en el artículo 57, fracción V, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, violentó el principio pro persona que establece el marco constitucional, ya que los términos en que ejerció su función jurisdiccional, dejó de atender el mandato que se le confiere en el artículo 1o. de la Constitución Federal, es decir, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad en favor de la parte actora en juicio, a fin de alcanzar un acceso efectivo a la tutela judicial, como lo ordenan los artículos 25, punto 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos, y 17 de la Carta Magna.
• Citando en apoyo la jurisprudencia 1a./J. 18/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, libro XV, diciembre de 2012, tomo 1, página 420, de rubro: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011)."
• Así como la tesis 2a. XVII/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2005720, de epígrafe: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. CONDICIONES PARA SU EJERCICIO OFICIOSO POR PARTE DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES FEDERALES."
• El Tribunal Colegiado recapituló, que en el caso, la Sala responsable desatendió el mandato que le confiere en el artículo 1o. de la Constitución Federal; es decir, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en favor de la parte actora en juicio, a fin de alcanzar un acceso efectivo a la tutela judicial, como lo ordenan los artículos 25, punto 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos, y 17 constitucional; por lo que estimó conceder el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que, en el caso concreto, se expulse la figura de la caducidad de la instancia, de las normas de derecho interno que rigen en el actuar de la responsable.
• En consecuencia, conforme a lo dispuesto por los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo concedió el amparo de la justicia de la Unión, para el efecto de que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, dejara insubsistente la resolución reclamada y en su lugar emitiera otra en la cual desaplicara el artículo 57, fracción V, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, se revoque la sentencia dictada por la Sala ordinaria y ordene a esta última, que continúe con el trámite del juicio contencioso administrativo, hasta su conclusión.
Ejecutoria del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo ********.
26. Juicio contencioso administrativo. El dos de octubre de dos mil trece una persona física o promovió juicio contencioso administrativo contra el Director de Ingresos de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León y otra autoridad, de quienes reclamó la resolución de veinte de agosto de dos mil trece, de la cual se desprende un supuesto adeudo a su cargo, por concepto de "Refrendos de Estacionamiento Exclusivo".
27. Demanda que correspondió conocer a la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, quien el veintidós de octubre de dos mil trece la admitió y registró con el número de expediente ********; posteriormente, la Sala Ordinaria de referencia emitió resolución en la que sobreseyó en el juicio, con fundamento en el artículo 57, fracción V de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León.
28. Interposición del Recurso de revisión. Inconforme con esa determinación la parte actora interpuso recurso de revisión del cual correspondió conocer a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Nuevo León, quien el quince de septiembre de dos mil quince, emitió sentencia en la que confirmó la resolución recurrida.
29. Promoción del amparo directo. Inconforme con esa determinación la parte actora, promovió demanda de amparo la cual por razón de turno correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, quien por auto de presidencia de veinticinco de noviembre de dos mil quince, la registró con el número ******** y posteriormente, en sesión de dos de marzo de dos mil dieciséis, dictó sentencia en la que concedió a la parte quejosa la protección constitucional solicitada, bajo los argumentos siguientes:
• Una parte de los conceptos de violación eran fundados, porque efectivamente la sala responsable violó los principios de congruencia y exhaustividad, al omitir analizar la parte de los agravios donde la recurrente se dolió en una omisión del estudio al control difuso y de inconvencionalidad del artículo 57, fracción V, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León.
• El Tribunal Colegiado consideró que la Sala responsable debió pronunciarse sobre la procedencia de la desaplicación del artículo 57, fracción V, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, pues así lo expuso en su primer y cuarto agravio del recurso de revisión, donde incluso, en el primero de ellos, basó su petición en la tesis IV.2o.A.26 A (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de ese mismo circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XII, septiembre de 2012, Tomo 3, página 2049, con número de registro 2001780, de rubro "SOBRESEIMIENTO POR CADUCIDAD DE LA INSTANCIA POR INACTIVIDAD PROCESAL EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSAL RELATIVA SE ACTUALIZA POR LA FALTA DE IMPULSO PROCESAL DEL ACTOR QUE DEMUESTRE SU TÁCITO DESINTERÉS EN LA CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y SU RESOLUCIÓN, PERO NO CUANDO LA OMISIÓN DE PROSECUCIÓN SE DÉ POR LA SALA ORDINARIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN)."
• En ese sentido, de la reforma al artículo 1o. constitucional, la Sala responsable debe desaplicar disposiciones como la contenida en el artículo 57, fracción V, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, al no encontrar justificación válida en el principio de impulso procesal de las partes, ni el arcaico argumento de que la caducidad de la instancia sirva para que los asuntos jurisdiccionales no se eternicen, puesto que las obligaciones y responsabilidades que se prevén a partir de la citada reforma constitucional, implican necesariamente que los juzgadores, por su propia iniciativa, adopten medidas encaminadas a evitar la paralización del proceso; asimismo, implican que el legislador ordinario, al emitir leyes procesales, se ocupe de establecer, en ellas, normas que garanticen el acceso a una justicia pronta y expedita, a través de medios de defensa que sean ágiles y efectivos contra actos que violen derechos fundamentales.
• Bajo ese contexto, el Tribunal Colegiado estimó que la Sala responsable, con fundamento en el artículo 1o. constitucional, debió privilegiar los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, específicamente en el caso, e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33808-3f145be5/caducidad-de-la-instancia-por-inactividad-procesal-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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