CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. NO SE CONFIGURA POR INACTIVIDAD PROCESAL ATRIBUIBLE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, TERCERO Y CUARTO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO. 9 DE NOVIEMBRE DE 2021. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MIGUEL ÁNGEL ZELONKA VELA, VICTORINO HERNÁNDEZ INFANTE, JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Y JOSÉ MARTÍNEZ GUZMÁN. DISIDENTE: GABRIELA ELENA ORTIZ GONZÁLEZ, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: VICTORINO HERNÁNDEZ INFANTE. SECRETARIO: JOSUÉ AMBRIZ NOLASCO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia.
17. Este Pleno en Materia Civil del Segundo Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; así como en lo dispuesto en la Circular SECNO/17/2021, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se trata de una denuncia de posible contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados del mismo circuito (Segundo), en relación a la actualización de la caducidad, cuando existe determinación previa del órgano jurisdiccional que la ordena.
SEGUNDO.—Legitimación.
18. El Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito tiene legitimación para denunciar la posible contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(3)
TERCERO.—Argumentos que sustentan la denuncia de contradicción de tesis.
19. Con la finalidad de establecer la materia que envuelve el examen de la contradicción de tesis, es necesario imponerse de las consideraciones por virtud de las cuales el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito sustentó la denuncia respectiva.
"Las razones asentadas por este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en el considerando que antecede, específicamente en lo relativo a la no actualización de la caducidad de la instancia en el proceso de origen, se estiman contradictorias con la postura asumida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo circuito, al resolver el amparo en revisión sentencia principal 354/2019, en sesión de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve.
"Ello es así, porque en dicha ejecutoria, el aludido diverso Tribunal Colegiado consideró la actualización de la caducidad en un procedimiento incidental mercantil al estimar, que con independencia de las obligaciones del juzgador en cuanto a su deber de administrar justicia pronta y expedita, debe prevalecer el principio dispositivo que rige en los procesos mercantiles, relativo a que corresponde a las partes su impulso.
"Es decir, este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito estima en la presente ejecutoria que aun cuando hubiera transcurrido el plazo de ciento ochenta días que prevé la norma, no se actualiza la figura de caducidad de la instancia en el proceso ordinario civil del origen sobre nulidad de juicio concluido, porque durante la secuela procesal estaba pendiente de realizarse una actuación que correspondía desempeñar al juzgador de primer grado como director del procedimiento (por así haberlo decretado él mismo), consistente en que una vez concluida la suspensión del juicio que ordenó, lo seguiría con la representación social adscrita.
"Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil también del Segundo Circuito considera que una vez transcurrido el plazo de ley (60 días hábiles), sí se actualiza la figura de caducidad dentro de un incidente de reconocimiento de deuda derivado de un proceso mercantil (concluido), porque una vez declarado nulo lo actuado dentro de dicha incidencia (con motivo de un incidente de nulidad de notificaciones), la parte interesada tenía la obligación de solicitar al juzgador que impulsara su trámite a través de la materialización del traslado a su contraparte (ordenado en la interlocutoria de nulidad), al ser obligación de los interesados el impulso del procedimiento, acorde con el principio dispositivo que rige en los procesos mercantiles; el cual implica que no exista obstáculo o imposibilidad alguna para que la parte interesada cumpla con la carga procesal de incitar la secuela procedimental.
"Por lo cual se estima que existen Tribunales Colegiados del mismo circuito que sostienen posturas divergentes en cuanto a la actualización o no de la caducidad de la instancia, atendiendo a las cargas procesales de impulso de un procedimiento en el que rige el principio dispositivo.
"Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en las fracciones (sic) III de los artículos 226 y 227 de la Ley de Amparo,(4) al existir una probable divergencia de criterios respecto a un mismo tópico, sostenidos por Tribunales Colegiados que conocen de la materia civil y que pertenecen al mismo circuito judicial, se estima procedente denunciar la posible contradicción de criterios al Pleno en Materia Civil del Segundo Circuito, para que tenga a bien determinar lo que estime procedente."
CUARTO.—Materia de la contradicción.
20. La materia de estudio de la contradicción de tesis se centra en dar respuesta a la interrogante siguiente: ¿Es procedente decretar la caducidad del procedimiento por haber transcurrido el plazo previsto en la ley, cuando existe una actuación pendiente atribuible a la autoridad jurisdiccional?
QUINTO.—Metodología de estudio.
21. Una vez delimitada la materia de la contradicción, por cuestión de método, este Pleno de Circuito considera necesario establecer un orden en el estudio de la controversia, con la finalidad de dar claridad a la decisión que debe prevalecer.
22. De esa manera, el desarrollo de la presente ejecutoria seguirá la estructura siguiente:
a. Presupuestos de existencia de la contradicción de tesis.
b. Criterio respecto del cual no existe contradicción.
c. Criterios que integran la contradicción de tesis.
d. Decisión y criterio que debe prevalecer.
23. Con base en lo anterior, se procede al examen del presente asunto conforme con el orden metodológico indicado.
a. Presupuestos de existencia de la contradicción de tesis.
24. Este cuerpo colegiado se apoya en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(5) en cuanto a que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las sentencias que se pronuncien sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho.
25. A partir de dichas consideraciones, los presupuestos para determinar la existencia de contradicción de tesis son:
• Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
• Que en esos ejercicios interpretativos se encuentre algún punto de conexión, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea sobre el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; habiéndose resuelto en forma discrepante.
• Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
26. Adicionalmente, se ha establecido por el Alto Tribunal del País, que no es necesario que las cuestiones fácticas que rodean los casos de los que emanan los criterios contendientes sean exactamente iguales, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes, debiéndose privilegiar en tal supuesto, la función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.
27. Asimismo, se ha razonado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que para el análisis de las ejecutorias y la consecuente determinación sobre la existencia de la contradicción, no es indispensable ni exigible que los criterios sustentados por los órganos jurisdiccionales contendientes constituyan jurisprudencia debidamente integrada.
28. Tales directrices han sido determinadas por el Máximo Tribunal del País, en las jurisprudencias siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(6)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión de 30 de abril de 2009, interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’. Así, de un nuevo análisis al contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, la Primera Sala advierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis que los criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del concepto ‘contradictorio’ ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en función del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, que es generar seguridad jurídica. En efecto, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito; de ahí que para determinar si existe o no una contradicción de tesis debe analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen– con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos– aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, en las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes."(7)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."(8)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS. Para la procedencia de una denuncia de contradicción de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal ni el artículo 197-A de la Ley de Amparo, lo establecen así."(9)
29. Establecidos los presupuestos que justifican la existencia de una contradicción de tesis, se procede al análisis de las ejecutorias respecto de las cuales, en concepto de este Tribunal Pleno, no se advierten criterios discrepantes respecto a un mismo punto de derecho.
b. Criterio respecto del cual no existe contradicción.
30. Como se expuso en el apartado anterior, uno de los requisitos ineludibles para que exista una contradicción de tesis es que, en los criterios sostenidos por los tribunales contendientes, exista al menos un tramo de razonamiento, en el que la interpretación gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico.
31. Este requisito debe entenderse en el sentido de que resulta necesario que los órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales.
32. Ahora bien, en concepto de este órgano colegiado, el criterio emitido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, aun cuando estudia la figura jurídica de caducidad, lo cierto es que la conclusión a la cual llegó no es acorde con la materia de estudio de la presente contradicción, como se expone a continuación:
33. Al resolver el juicio de amparo directo 349/2013 en sesión de cinco de agosto de dos mil tres (fojas 193 a 217), el referido órgano colegiado, en lo que interesa en el presente asunto, emitió las consideraciones siguientes:
"Por otro lado, la impetrante considera que es inaudito que a las partes que no han sido emplazadas les corra un término de inactividad procesal, lo cual considera así, de conformidad con lo previsto en los artículos 167 y 597 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, pues dice que es absurdo sostener que el procedimiento ya se inició y opera la caducidad desde el momento mismo de la presentación de la demanda, toda vez que claramente el artículo 255 del ordenamiento legal en cita establece los efectos de la caducidad que no son otros (sic) que una vez entablada la litis entre actor, actores, demandado o demandados y terceros llamados a juicio o que por interés comparezcan a éste y habiendo opuesto en su contestación excepciones y defensas, es indudable y factible que se dé la caducidad, pues los efectos de ésta son anular todos los actos procesales verificados, teniéndose como no presentada la demanda y sería ilógico que se tuviera que esperar tres meses cuando el artículo 201 del código adjetivo en consulta establece una obligación al órgano jurisdiccional a fin de que se verifiquen las notificaciones, citaciones o emplazamiento a más tardar al día siguiente del auto que ordene dichas diligencias judiciales, por lo que resulta de plena aplicación la jurisprudencia de rubro: ‘CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. NO OPERA EN TANTO NO SE EMPLACE A TODOS LOS DEMANDADOS, INCLUYENDO A LOS TERCEROS LLAMADOS A JUICIO.’(10), criterio que dice hacer suyo, porque el procedimiento contencioso técnicamente inicia con el emplazamiento, por lo que no puede operar la caducidad cuando no se les ha emplazado a todos los demandados o terceros llamados a juicio, para que pueda operar un cómputo en su perjuicio y si es para el actor, no tendría caso esperar a los tres meses que refiere la legislación, pudiendo prevenir al actor en un término perentorio para que inste al órgano jurisdiccional para que cumpla con su obligación de realizar el emplazamiento admitido.
"Sobre el tema la responsable refirió que ciertamente la sucesión a bienes de ... no ha sido emplazada a juicio y que el licenciado ..., en su carácter de notario público demandado, no ha dado contestación a la demanda instaurada en su contra por ...; sin embargo, que el artículo 255, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, hace alusión al proceso, no al proceso contencioso, y establece que el proceso caduca por inactividad procesal y como éste inicia con la presentación de la demanda y termina con la sentencia, una vez iniciado, puede caducar independientemente de la etapa procesal en que se encuentre, estén o no emplazados el o los demandados, pues dicho emplazamiento implica que el proceso está en su desarrollo pero no significa que el proceso sólo se inicie con ese emplazamiento, pues éste existe en su desarrollo y no ha culminado con el dictado de la sentencia, de tal manera que si el proceso ha iniciado con la demanda y se dejó de actuar por más de tres meses, el proceso caduca en cualquiera que sea la etapa o el momento de desenvolvimiento, precisamente porque la ley no establece como condición para que caduque el proceso, que la relación jurídico-procesal esté integrada, y en virtud de que en el juicio no hubo actuación alguna del treinta y uno de octubre de dos mil dos al seis de marzo de dos mil tres, según se corrobora en el juicio de origen, se demuestra la falta de actividad para dar impulso a su proceso, por lo que en forma indiscutible ha operado la caducidad de este de conformidad con lo previsto en la fracción IV del artículo 255 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México.
"De lo anteriormente reseñado se obtiene, que son en su mayoría infundados los argumentos que al respecto vierte la impetrante y uno de ellos inoperante.
"En efecto, es verdad que al dar contestación a la demanda instaurada en su contra, los hoy terceros perjudicados ... reconvinieron diversas prestaciones, de la sucesión a bienes de ... y del licenciado ..., entre otros, peticiones que fueron proveídas, en el sentido de ordenar los emplazamientos de los referidos demandados reconvencionistas; pero también es cierto que de lo anterior no se sigue, como afirma la quejosa, que la Sala responsable haya aplicado incorrectamente el artículo 255, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, al haber confirmado la declaración de caducidad de la instancia hecha por el Juez natural, ya que si bien no puede desconocerse que el emplazamiento de los demandados reconvencionistas es necesario para la integración de la relación jurídico-procesal y para que se pueda entablar la litis, tampoco puede negarse que de acuerdo con la legislación procesal civil del Estado de México el término de la caducidad inicia con la presentación de la demanda y no con el entablamiento de la litis.
"Los artículos 255, 263, 265 y 589 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, establecen lo siguiente: (se transcriben artículos).
"De la anterior transcripción se desprende, que no le asiste la razón a la quejosa en señalar que el artículo 255 antes transcrito, refiere que deba entablarse la litis y la parte demandada tenga que oponer defensas y excepciones para que surta sus efectos la caducidad, pues contrario a ello, el precepto legal en comento no hace especificación alguna al respecto, pues únicamente refiere que el proceso caduca, entre otros casos, el contenido en la fracción IV, que establece que cuando no se haya verificado ningún acto procesal ni promoción, durante un término continuo, mayor de tres meses contados a partir de la fecha en que se haya verificado el último acto procesal o hecho la última promoción, por lo que únicamente previene que el término de la caducidad debe contarse a partir de la fecha en que se haya realizado el último acto procesal o en que se haya hecho la última promoción, sin que se contenga disposición específica sobre que dicha figura sólo pueda configurarse después del emplazamiento.
"Ahora bien, el código adjetivo civil del Estado de México, en su artículo 255, no establece de modo específico, el momento a partir del cual puede tener configuración la caducidad; pero, atento a que como lo que caduca es la instancia, debe acudirse al artículo 589 de aquel ordenamiento, que señala cuándo principia la instancia, el cual establece que todo juicio principiará por la demanda, entonces, cabe concluir que en el Estado de México no es el emplazamiento al demandado o la citación a los terceros a quienes se denuncia el pleito, la actuación a partir de la cual puede configurarse la caducidad, sino el hecho de la presentación de la demanda, pues es ésta la que da principio a la instancia.
"Sobre el particular cabe añadir que el artículo 266 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, dispone los casos de excepción en los que no tiene lugar la caducidad por inactividad procesal, siendo éstos: en los negocios mercantiles; en los asuntos de jurisdicción voluntaria; en los asuntos de jurisdicción mixta, con excepción de los incidentes litigiosos que en ellos surjan en aquellos en que, corrido el traslado de alguna promoción y sustanciados, ese motivo, hayan quedado pendientes de resolución o ésta no haya causado ejecutoria; en los negocios contenciosos en los que la sentencia haya causado ejecutoria, pero sí se producirá la caducidad por lo que toca a los procedimientos de apremio o ejecución de sentencia y en los juicios de alimentos.
"De lo anterior se colige que si el legislador no comprendió dentro de los casos de excepción enunciados la hipótesis relativa a la falta de emplazamiento a los demandados o terceros llamados a juicio, quiere decir que dicha caducidad es procedente, pues tal situación no se encuentra especificada como excepción.
"Además, contrario a lo que señala la impetrante, la conclusión a que aquí se llega se refuerza, si se tiene en cuenta que la declaración correspondiente en nada afecta a la parte demandada reconvencionista que no ha sido emplazada, dado que para todas las partes, las cosas volverán al estado que tenían antes de la presentación de la demanda, en tanto que su ausencia en el proceso no releva al actor de la obligación de promover para conservar viva su petición o instancia de justicia y evitar la sanción procesal de referencia, pues para impulsar el proceso tampoco se requiere de la petición plural de las partes sino de la de alguna de ellas, como lo es el demandante.
"No es óbice que los artículos 167 y 597 de la codificación en consulta, estatuyan que: ‘cuando fueren varias las partes, el término se contará desde el día siguiente a aquel en que todas hayan quedado notificadas, si el término fuera común a todas ellas y que cuando los demandados fueren varios, el término para contestar les correrá individualmente’, y que de ahí pudiera desprenderse que el término de caducidad no opera sino después del emplazamiento, primero, porque el término de caducidad no es propiamente un término judicial, sino legal, pues no lo otorga el juzgador sino la ley; ni mixto, porque el juzgador no puede ampliarlo ni disminuirlo ni requiere de declaración judicial para su apertura.
"En suma, del análisis de los artículos 255 y 589 del código adjetivo civil del Estado de México, se puede concluir que para la operancia de la caducidad no se requiere que se haya emplazado al demandado o demandados o que se cite al tercero a quien se denunció el juicio (elementos estos últimos que en todo caso sólo serán necesarios para la integración de la litis), pues el inicio de la instancia, que es la que caduca, se da con la sola presentación de la demanda.
"Siendo evidente que la caducidad de la instancia puede operar desde el primer auto que se dicte en ésta, y no a partir de que se emplace a la parte demandada, pues ningún dispositivo de la legislación civil procesal del Estado exige esa actuación procesal para que opere esta figura jurídica, ya que en todo caso ese requisito sólo será necesario para la integración de la litis, pero la falta de ésta no releva al actor de mantener viva la instancia, motivo por el que los argumentos en estudio son infundados.
"Por cuanto al razonamiento relativo a que el artículo 201 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México establece la obligación al órgano jurisdiccional a fin de que se verifiquen las notificaciones, citaciones o emplazamientos a más tardar al día siguiente del auto en que se ordenen dichas diligencias judiciales, es inoperante, porque dicho motivo de inconformidad no fue materia de los agravios en la apelación."
34. Como se advierte de la transcripción anterior, no se analizó la actualización de la caducidad a la luz de la existencia de una determinación anterior emitida por el órgano jurisdiccional que condicionara su intervención como supuesto de continuidad del juicio.
35. Lo anterior, porque el indicado tribunal llegó a la conclusión de que dicha figura puede actualizarse aun cuando no se hayan emplazado a los demandados, porque sostuvo, el acto del llamamiento a juicio no es un parámetro a partir del cual pueda configurarse la caducidad, puesto que el momento que ilustra sobre ello, es la propia presentación de la demanda con la cual se da inicio a la instancia.
36. Dicho criterio se vio reflejado en la tesis siguiente:
"CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. OPERA AUNQUE NO HAYA SIDO EMPLAZADA LA PARTE DEMANDADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Del análisis de los artículos 255, 263, 265, 266 y 589 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México abrogado, se desprende que tratándose de cualquier juicio del orden civil no comprendido dentro de los casos de excepción contenidos en el penúltimo de los numerales indicados, opera la caducidad de la instancia aunque no se haya emplazado al demandado, pues si el inicio del juicio, que es el que propiamente caduca, se origina con la sola presentación de la demanda con
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30332-4ac7a757/caducidad-de-la-instancia-no-se-configura-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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