COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. AL TENER EJECUCIÓN MATERIAL, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUZGADO DE PRIMER GRADO QUE DEBA REPARAR LA VIOLACIÓN PROCESAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 5 DE OCTUBRE DE 2015. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS CLEMENTE GERARDO OCHOA CANTÚ, JOSÉ LUIS VÁZQUEZ CAMACHO, ALFREDO SÁNCHEZ CASTELÁN Y EZEQUIEL NERI OSORIO. DISIDENTES: ISIDRO PEDRO ALCÁNTARA VALDÉS Y JOSÉ MANUEL DE ALBA DE ALBA. PONENTE: EZEQUIEL NERI OSORIO. SECRETARIA: MAURA LYDIA RODRÍGUEZ LAGUNES.
CONSIDERANDO
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Civil del Séptimo Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y los considerandos segundo, cuarto y los artículos 3, 4 y 9 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en vigor a partir del uno de marzo de dos mil quince.
SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al haber sido formulada por los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito; de ahí que, formalmente, se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO.-Posturas contendientes. A fin de determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar las consideraciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes:
I. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el conflicto competencial **********, respecto del cual destacan los siguientes antecedentes:
********** demandó el amparo en la vía directa, en contra de los actos que reclamó de la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, como autoridad ordenadora, consistentes en la resolución de seis de febrero del dos mil quince, dentro del toca **********, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de primera instancia de veintidós de octubre de dos mil catorce, pronunciada por el Juez Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, y del Juez Cuarto de Primera Instancia de Orizaba, Veracruz, como ejecutora, la emisión o realización de cualquier acto tendente a ejecutar la resolución reclamada, que consideró violatorios de los artículos 14, 16 y 17 de la Carta Magna.
De dicha demanda tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en donde se radicó con el número **********, cuyo presidente, por determinación de diez de marzo del dos mil quince, se declaró legalmente incompetente para conocerla, por considerar que se trataba de una demanda de amparo indirecto, ordenando su remisión, así como los anexos, al Juez de Distrito en turno, con sede en esta ciudad.
Por cuestión de turno, la demanda fue recibida por el Juez Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad capital, quien la registró con el número ********** y, mediante auto de veintitrés de marzo de dos mil quince, declaró su incompetencia legal para conocer del asunto por razón de territorio, y estimó competente al Juez de Distrito en el Estado en turno, con sede en Córdoba, Veracruz.
La demanda de amparo en cuestión fue turnada al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado, con sede en Córdoba, Veracruz, cuyo titular, por acuerdo de treinta de marzo de dos mil quince, radicó el asunto bajo el número ********** y resolvió no aceptar la competencia planteada, ordenando devolver la demanda al Juez remitente.
Debido a que el Juez Primero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad capital, insistió en declinar la competencia, por auto de siete de abril del dos mil quince, en términos del artículo 49 de la Ley de Amparo, ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito en turno, a fin de que resolviera el conflicto competencial.
Del cual tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, cuyo presidente admitió a trámite registrándolo con el número **********, y mediante ejecutoria de veinticuatro de abril del dos mil quince, resolvió declarar legalmente competente al Juez Décimo Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Córdoba, Veracruz, para conocer de la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo indirecto **********, bajo las consideraciones que -en la parte que interesa- se exponen a continuación:
"... la cuestión a dilucidar consiste en determinar cuál de los dos juzgadores es competente, por razón de territorio, para conocer y resolver en el juicio de amparo indirecto de que se trata; ello derivado de si el acto reclamado en cuestión tiene o no una ejecución material.
"Para resolver el problema debe también tomarse en cuenta lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo. [se transcribe]
"Ese numeral prevé tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda. La primera, se refiere a que será competente el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar en donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; la segunda, alude a la hipótesis en que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, en cuyo caso es Juez competente aquel ante el cual se presente la demanda y, la tercera, gravita sobre la hipótesis de que el acto reclamado no requiera ejecución material, evento en el que será competente el Juez de Distrito, en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.
"Bajo ese contexto, es evidente que lo que distingue a las dos primeras reglas de la tercera, radica en que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que para que operen las otras, es necesaria esa ejecución.
"Ahora bien, la Sala Civil responsable, al emitir su determinación, modificó el fallo del inferior, quien se había abstenido de entrar al estudio del fondo del asunto, reservando los derechos de la parte actora en ese controvertido -pues consideró, en esencia, que en dicho asunto existía falta de litisconsorcio pasivo necesario- luego, la ejecución material de sentencia reclamada consiste en que se reponga el procedimiento de origen, a fin de que el Juez prevenga a la parte actora para que amplíe su demanda en contra de **********, en su calidad de arrendataria, respecto del contrato cuya terminación se exige, y se le aperciba que, en caso de no hacerlo, se estará en imposibilidad de proseguir con el juicio, quedando el mismo insubsistente y, en caso afirmativo, esto es, de llegar la actora a cumplir el apercibimiento, el juicio deberá proseguir nuevamente, manteniéndose intocados los emplazamientos a los codemandados ********** y **********, así como la declaración de rebeldía del primero y la contestación de demanda de la segunda; esto es, los efectos del acto reclamado trascienden al mundo fáctico, modifican el estado de las cosas en la esfera física, habida cuenta que con motivo de la decisión del Juez de primer grado, éste ya no entraría a dilucidar la cuestión planteada ante su potestad, lo que, en su caso, ahora tendrá que hacer conforme a las directrices que le fueron ordenadas por su superior jerárquico.
"Esto es, el Juez de primer grado ya había dictado una determinación que ponía fin al juicio de origen, pero con motivo de la resolución de alzada, materialmente deberá seguir conociendo de dicho controvertido, incluso, realizar los actos concretos ordenados por el tribunal de apelación; situación esta última en que radica la ejecución material del acto reclamado.
"Así, la resolución de segunda instancia, al ordenar al órgano de primera instancia un hacer procesal -reponer el procedimiento-, constituye una ejecución material de la resolución reclamada, ya que su efectividad precisa de un conjunto de actos tendentes a que lo ordenado por el tribunal revisor encuentre lugar en la realidad; luego, el juicio de amparo contra esa determinación debe ser del conocimiento del Juzgado de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde resida el Juez Civil, que debe realizar los actos procesales tendentes a cumplir con lo ordenado por el tribunal de apelación, con independencia del lugar donde resida el órgano de segunda instancia que haya dictado la resolución reclamada.
"Al respecto, es aplicable, por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 37/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:
"‘COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUZGADO DE PRIMER GRADO QUE DEBA REPARAR LA VIOLACIÓN PROCESAL.’ [se transcribe texto y como nota al pie, el número de registro y datos de localización]
"Al respecto, cabe señalar que el anterior criterio es aplicable, porque en él se establece que las resoluciones de segunda instancia que ordenan reponer el procedimiento sí tienen ejecución material, que es a cargo del órgano jurisdiccional de primer grado y, contrario a lo que sostuvo el secretario en funciones del Juez del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado (con sede en Córdoba, Veracruz), en dicha jurisprudencia, la citada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, no interpretó el artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, según se advierte de su contenido, por lo que, se insiste, dicho criterio -en que se apoya la presente resolución- sí es aplicable.
"En esas condiciones, atento a lo dispuesto por el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, la competencia que se analiza se surte a favor del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado, con sede en Córdoba, Veracruz; porque el acto reclamado deberá tener ejecución en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Orizaba, Veracruz, y el mencionado juzgado federal tiene jurisdicción en ese lugar, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en su punto cuarto que, en lo conducente, establece: [se transcribe]."
II. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. Resolvió el juicio de amparo directo **********, respecto del cual destacan los siguientes antecedentes:
********** promovió juicio ordinario civil, ante el Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Pánuco, Veracruz, en contra de **********, con el carácter de albacea y heredera universal a bienes de ********** y/o quien, dijo, legalmente representara sus intereses, así como en contra de **********, de quienes reclamó diversas prestaciones.
Los referidos demandados dieron contestación en tiempo y forma, haciendo valer las excepciones que consideraron pertinentes; seguida la secuela procedimental, el Juez de los autos dictó sentencia, resolviendo que la parte actora no probó su acción y los demandados sí justificaron sus excepciones; declarando la improcedencia de la acción de petición de herencia ejercitada por ********** y absolvió a los demandados de todas y cada una de las prestaciones que les fueron reclamadas.
Inconforme con dicha determinación, la parte actora interpuso recurso de apelación, del que conoció la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado; la que, por sentencia de veintidós de noviembre del dos mil trece, resolvió revocar la sentencia recurrida, para el efecto de establecer en su lugar que se deja insubsistente todo lo actuado a partir de la diligencia de emplazamiento de fecha seis de febrero de dos mil trece, practicada al supuesto apoderado de **********, para que se efectuara nuevamente, en términos legales, respetándose el emplazamiento de **********, así como la contestación producida por éste y oportunamente, previa sustanciación del procedimiento, se resolviera nuevamente con plenitud de jurisdicción.
Contra esa sentencia la parte demandada promovió juicio de amparo directo, del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, radicándose con el número **********; el cual, mediante ejecutoria de dos de octubre del dos mil catorce, resolvió carecer de competencia legal para conocer de la demanda de garantías, fincándola a favor del Juez de Distrito en turno, con residencia en la ciudad de Xalapa, Veracruz, para que en el marco de sus atribuciones resolviera lo que conforme a derecho procediera, al resultar legalmente competente para conocer de la demanda de amparo. Ello, al tenor de las consideraciones que -en la parte que interesa- se exponen a continuación:
"Es importante señalar que, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo cuarto, fracción VII, párrafo cuarto, del Acuerdo General Número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la competencia se fija en dicho órgano jurisdiccional por las razones siguientes:
"Si bien en el acto reclamado se ordenó la reposición del procedimiento en el juicio civil **********, radicado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Pánuco, Veracruz, lo cierto es que, en su caso, sólo será objeto de control constitucional la decisión de la Sala responsable y no algún acto que se emita en cumplimiento de su decisión, aunado que si es este órgano colegiado el que advierte su legal incompetencia, pero el quejoso equivocó la vía y exhibió su demanda de amparo ante la autoridad responsable, como si se tratara de un amparo directo, por lo que se presentó en esta ciudad, en atención al principio pro persona, previsto en el artículo 1o. de la Constitución, y con el fin de no retardar la impartición de justicia, protegida además en el artículo 17 de nuestra Norma Fundamental, debe conocer del juicio de amparo indirecto un Juez de Distrito con sede en esta ciudad capital.
"Además, si la esencia del acto reclamado consiste en la reposición del procedimiento, válidamente puede establecerse, con relación a dicho acto, que en términos lingüísticos no se traduce en un enunciado que se limite a describir o constatar algo, sino que, al emitirse y, por tanto, expresarse, realiza la acción de que se trata, esto es, la reposición del procedimiento del juicio de origen.
"Esto es así, pues la reposición del procedimiento, esencia de dicho acto, no se limita a describir un estado de cosas pues, en realidad, es el propio acto reclamado el que está haciendo su esencia, esto es, reponiendo el procedimiento, por lo que, visto así, el acto reclamado se traduce en una resolución performativa o realizativa que no requiere de algún otro acto para que opere la transformación de la realidad que, con su emisión, ordenó la responsable, esto es, la reposición del procedimiento."
CUARTO.-Criterios para determinar la existencia de una contradicción de tesis.
1. En primer término, es necesario precisar que el objeto de resolución de una contradicción de tesis consiste en unificar los criterios contendientes, a fin de abonar en el principio de seguridad jurídica.(1) Así las cosas, para determinar si existe o no una contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen-, con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos-.
2. A partir de los diversos criterios que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(2) es posible concluir que las siguientes características deben analizarse, para poder arribar a una conclusión en torno a la existencia de la contradicción de tesis:
2.1. No es necesario que los criterios deriven de hechos idénticos, pero es esencial que estudien la misma cuestión jurídica, a partir de la cual, arribaron a decisiones encontradas.(3)
2.1.2. Que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes hayan resuelto una cuestión litigiosa, en la cual se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un proceso interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
2.1.3. Que entre los ejercicios interpretativos exista, al menos, una parte del razonamiento en el que la interpretación realizada gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
2.1.4. Que de los anteriores elementos se pueda formular una pregunta genuina, acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
2.1.5. Asimismo, debe señalarse que, aun cuando uno de los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes no fue expuesto formalmente como tesis y, por ende, no existe la publicación respectiva, ello no es obstáculo para que este Pleno en Materia Civil del Séptimo Circuito proceda a su análisis y establezca si existe la contradicción de tesis planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer(4) con carácter de jurisprudencia, pues a fin de que se determine su existencia, basta que se adopten criterios discrepantes, al resolver sobre un mismo punto de derecho.
QUINTO.-Existencia de la contradicción. A criterio de este Pleno en Materia Civil del Séptimo Circuito, sí es posible sostener la contradicción de tesis entre los criterios plasmados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en el conflicto competencial ********** y el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en el amparo directo **********.
En efecto, se estima que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de realizar tal ejercicio interpretativo y arbitrio judicial, como se desprende de las resoluciones emitidas por los mismos, las cuales se detallaron en el considerando tercero de la presente resolución.
Asimismo, se considera que en los ejercicios efectuados por los referidos Tribunales Colegiados de Circuito existió un razonamiento, respecto a si la reposición del procedimiento de origen constituye o no una ejecución material de la resolución reclamada.
Así, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el conflicto competencial **********, en el que, básicamente, sostuvo que la resolución de segunda instancia -señalada como acto reclamado-, al ordenar al órgano de primera instancia un hacer procesal, esto es, reponer el procedimiento de origen, constituye una ejecución material de la resolución reclamada; luego, el juicio de amparo contra esa determinación debe ser del conocimiento del Juzgado de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde resida el Juez Civil, que debe realizar los actos procesales relativos a cumplir con lo ordenado por el tribunal de apelación, con independencia del lugar donde resida el órgano de segunda instancia que haya dictado la resolución reclamada; ello conforme a lo dispuesto por la primera parte del artículo 37 de la Ley de Amparo.
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo **********, sostuvo el criterio reflejado en la tesis aislada, cuyos datos de localización,(5) título y subtítulo son:
"COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDE LA AUTORIDAD DE SEGUNDO GRADO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."
Establecido lo anterior, se llega a la conclusión de que sí existe la contradicción de criterios entre el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil, ambos del Séptimo Circuito, por lo que hace al tema relativo a qué Juez de Distrito debe conocer de la demanda de garantías, cuando se ordena por la alzada la reposición del procedimiento de origen.
Pues mientras el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito estimó que, en esos casos, el acto reclamado tiene una ejecución material, y si ésta se da en un lugar distinto de aquel en que se ubica la autoridad de segundo grado que lo emitió, será competente el Juez de Distrito con competencia en el lugar en el que se realicen los actos de ejecución material, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo; el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito arribó a una decisión divergente, al establecer que la resolución de segunda instancia, señalada como acto reclamado en un juicio de amparo indirecto, que ordena reponer el procedimiento, corresponde conocer de la misma al Juez de Distrito, en cuya jurisdicción reside la autoridad de segundo grado que la dictó, partiendo del hecho de que la reposición del procedimiento, en términos lingüísticos, no se traduce en un enunciado que se limita a describir o constatar algo, sino que, al emitirse, realiza la acción de que se trata, por lo que, en realidad, es una resolución performativa o realizativa, que no requiere de otro acto para que opere la transformación de la realidad que, con su emisión, ordenó la responsable, atendiendo, además, al principio pro persona, previsto en el artículo 1o. constitucional, y con el fin de no retardar la impartición de justicia.
Por tanto, la materia de la contradicción de tesis se constriñe a dilucidar qué Juez de Distrito es el competente para conocer del juicio de amparo contra la resolución de alzada que ordena reponer el procedimiento natural.
Sin que obste la jurisprudencia emitida 2a./J. 37/2005, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUZGADO DE PRIMER GRADO QUE DEBA REPARAR LA VIOLACIÓN PROCESAL.", pues en ésta se analizó el artículo 36 de la Ley de Amparo, bajo el marco constitucional y legal anterior a las reformas entradas en vigor en dos mil once y dos mil trece, respectivamente.
SEXTO.-Determinación del criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia. Este Pleno en Materia Civil del Séptimo Circuito considera que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio que se sustenta en el presente fallo, de conformidad con los siguientes razonamientos:
En principio, cabe señalar que el artículo 37 de la Ley de Amparo en vigor, relativo a la competencia de los Jueces de Distrito, dispone:
"Artículo 37. Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.
"Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda.
"Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda."
Así también, conviene traer a colación la interpretación efectuada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 47/2004-PL,(6) con relación a los efectos que tienen las sentencias de segunda instancia cuando ordenan reponer el procedimiento.
En la citada ejecutoria se estableció:
"El acto reclamado en los juicios de garantías que dieron origen a la presente contradicción es de carácter jurisdiccional, porque se trata, en ambos casos, de una resolución dictada por un tribunal de segunda instancia que ordena la reposición de una fase procedimental de primera instancia.
"Toca, por tanto, determinar en qué medida dicho acto reclamado de tipo jurisdiccional (resolución de reposición de procedimiento) es o no de carácter ejecutivo, para efectos de estar en posibilidad de examinar cuál de las reglas contenidas en el artículo 36 de la Ley de Amparo, resulta aplicable a efecto de establecer la competencia respectiva.
"En términos generales, por ‘ejecución’, se ha entendido aquella actividad de adecuación del entorno fáctico a la exhortación judicial; la actividad del órgano jurisdiccional tendente a dejar las cosas en el sitio en que se encontrarían de no haber existido incumplimiento. En otras palabras, la fuerza ejecutiva constituye la posibilidad que tiene un Juez de poner en marcha un aparato coactivo capaz de llevar a efecto los términos de sus resoluciones, incluso prescindiendo de la voluntad del obligado.
"A partir de ese entendimiento, este Alto Tribunal determina que una decisión jurisdiccional implica un principio de ejecución material cuando, ante el incumplimiento del obligado, sea necesaria la realización efectiva del mandato jurídico, a través de un conjunto de actos judiciales dirigidos a ese fin, a efecto de que lo ordenado por el juzgador encuentre lugar en la realidad.
"Ese entendimiento resulta útil para examinar el carácter procesal de la resolución emitida por un tribunal de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento de primera instancia.
"Las resoluciones que ordenan la reposición del procedimiento se han llegado a caracterizar como sentencias declarativas. Como hemos visto, así se ha pronunciado el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, en el amparo en revisión número **********.
"Desde cierta perspectiva, ese entendimiento es ambiguo, ya que tal aproximación puede entenderse, en principio, en dos sentidos distintos: por un lado, en un sentido procesal y, por otro, en un sentido descriptivo.
"El primer sentido del carácter declarativo de las resoluciones que ordenan la reposición del procedimiento guarda relación con el entendimiento que la doctrina procesal, en general, ha atribuido a aquellas sentencias que, por su propia naturaleza, pueden prescindir de actos de ejecución, porque su sola emisión incide directamente en la esfera jurídica de las partes interesadas. Es decir, las sentencias declarativas estimatorias son capaces de producir de manera automática los beneficios perseguidos por el demandante, sin que para ello sea necesaria la realización posterior de actos de ejecución.
"El segundo sentido del carácter declarativo de las resoluciones que ordenan la reposición del procedimiento puede entenderse referido a dos aspectos: por un lado, a uno de los elementos que contienen (la declaración de la existencia o inexistencia de una violación procedimental en primera instancia); por otro, a su incapacidad de anular y reemplazar directamente los actos procesales declarados ilegales.
"Para desentrañar el tipo procesal de las decisiones jurisdiccionales de segunda instancia que ordenan la reposición del procedimiento es preciso acudir a las nociones de pretensión y petición procesal.
"En términos generales, la doctrina ha sido coincidente en establecer que el objeto del proceso es la pretensión, que consiste en una declaración de voluntad, en virtud de la cual se solicita del órgano jurisdiccional una sentencia tendente a producir efectos jurídicos en relación con determinada situación jurídica.
"Se ha hablado de distintas clases de pretensiones (de cognición, de ejecución y de otorgamiento de medidas cautelares). Asimismo, desde una perspectiva de derecho común, se ha entendido que las pretensiones de cognición pueden dividirse en pretensiones de mera declaración, de condena y constitutivas.
"Las pretensiones de mera declaración se han definido como aquellas cuyo objeto consiste en obtener del Juez un pronunciamiento en el que declare la existencia o inexistencia de un determinado derecho subjetivo o relación jurídica. Ese tipo de pretensiones buscan obtener un reconocimiento de situaciones preexistentes al proceso. La pretensión declarativa pura, únicamente se dirige a obtener el reconocimiento judicial de una relación jurídica. De ahí que la efectividad de la sentencia respectiva no precise de actos ejecutivos tendentes a que la declaración jurisdiccional encuentre lugar en la realidad, puesto que la propia resolución estimatoria hace efectivo lo solicitado por el promovente. Por ello, las sentencias ‘declarativas’ carecen de efectos ejecutorios, porque es la propia declaración contenida en la decisión la que el particular busca del órgano jurisdiccional para directamente gozar de los beneficios perseguidos a través de su pretensión (por ejemplo, las sentencias de reconocimiento de paternidad).
"A diferencia de ese tipo de pretensiones, el objeto de las pretensiones de condena o de prestación consiste en obtener del Juez una condena al demandado, en relación con el cumplimiento de alguna prestación de dar, hace
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26001-e0176350/competencia-para-conocer-del-amparo-promovido-contra-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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