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Modo: Corpus Pro

INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO UN JUZGADO DE DISTRITO LA PROPONE Y AL QUE ENVÍA EL ASUNTO ACEPTA AVOCARSE A SU ESTUDIO, PERO POSTERIORMENTE SE DECLARA INCOMPETENTE Y LO DEVUELVE AL PRIMERO, EL SEGUNDO ÓRGANO JURISDICCIONAL ADQUIERE LA CALIDAD DE REQUIRENTE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 108/2023. · Registro digital (IUS): 32202
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-03-01
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Marzo de 2024, Tomo V, Pág.5000.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 108/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA Y EL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO, Y DEL MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA. PONENTE: MAGISTRADA ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS. SECRETARIA: ANAID LÓPEZ VERGARA.

I. Competencia

1. Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo y 107, fracción XIII, párrafos segundo y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(1) así como lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(2) y en los artículos 6, fracción I, 7, 9 ,y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(3) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero de dos mil veintitrés, respectivamente, porque ambos tribunales conocen de la materia administrativa (uno en general y otro subespecializada) y uno de los tribunales colegiados contendientes pertenece al Primer Circuito y el otro tiene jurisdicción en todo el país, pero reside en la Ciudad de México, localizada también en el Primer Circuito, el cual se halla comprendido en la Región Centro-Norte.

2. No pasa inadvertida la existencia del Pleno Regional Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, previsto en el artículo 11 del citado Acuerdo General 67/2022, pero el supuesto aquí examinado no se encuentra dentro de la materia reservada a su conocimiento, como se aprecia de la siguiente reproducción de dicho numeral:

"Artículo 11. Materias especiales. Para resolver las contradicciones que se susciten entre los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República se formará el Pleno Regional Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, el cual operará cuando se suscite alguna contradicción de criterios o se reciba algún asunto de su competencia, conforme a las reglas previstas en el presente Acuerdo. El Pleno Regional en esta materia se integrará por las presidencias de los dos tribunales colegiados, y como tercera integrante y Presidencia actuará la magistrada o magistrado que presida el Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte."

3. Del texto transcrito, en la parte que interesa, se observa que el pleno regional especializado operará cuando se suscite alguna contradicción de criterios entre tribunales colegiados de la misma especialidad –competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones–.

4. En este sentido, debe entenderse que, en principio, la competencia del pleno regional especializado se surte cuando la contradicción de criterios se genera entre órganos jurisdiccionales de esa especialidad, lo que no se actualiza en el caso porque participa uno especializado y otro que corresponde a la materia administrativa genérica.

5. Incluso, si se estimara aplicable el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión de cinco de julio de dos mil veintitrés, al resolver la contradicción de criterios 104/2023, en el sentido de que tratándose de supuestos en que participan tribunales colegiados de diversas materias, debe atenderse a la del que emitió la resolución más antigua, la competencia para conocer del presente asunto también correspondería a este pleno regional, dado que fue el Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito quien dictó la primera de las resoluciones en conflicto.

II. Legitimación

6. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo en su texto vigente en la época de la denuncia, pues la formuló el Magistrado Gildardo Galinzoga Esparza, integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República.

III. Criterios denunciados

7. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, al resolver el conflicto competencial 38/2022, en sesión de doce de enero de dos mil veintitrés.

8. Criterio del Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 14/2022, en sesión de veintitrés de mayo de dos mil veintidós.

IV. Existencia de la contradicción de criterios

9. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(4)

a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.

c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

10. En el caso, existe una contradicción de criterios entre el emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, y el sustentado por el Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar los conflictos competenciales 38/2022 y 14/2022, respectivamente.

11. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, analizó un asunto con las siguientes características:

Ver características

12. El Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito analizó un asunto con las siguientes características:

Ver análisis

13. De esta relatoría se desprende, en lo esencial, que las dos ejecutorias se dictaron en conflictos competenciales y que tuvieron como antecedente una resolución de incompetencia de un juzgado de distrito para conocer de un juicio de amparo, la aceptación de la competencia por parte del órgano jurisdiccional a favor del cual se declinó la competencia, y una decisión posterior de este último de declararse incompetente y devolver el asunto a la jurisdicción de origen, que lo rechazó; pero los pronunciamientos de los tribunales colegiados sobre la conformación del conflicto competencial difirieron, como se muestra a continuación:

Ver pronunciamientos

14. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Se satisface este requisito porque los tribunales colegiados contendientes se pronunciaron, a partir de una exposición argumentativa, respecto de cuál es el juzgado de distrito requirente en una cuestión competencial derivada de un juicio de amparo indirecto cuando aquel a favor de quien se declina la competencia la acepta y posteriormente se declara incompetente y devuelve el asunto.

15. No pasa inadvertido que en una ejecutoria se resolvió que el conflicto competencial no existía y en la otra, que el tribunal colegiado era incompetente para resolver la disputa.

16. Sin embargo, para arribar a esas conclusiones se identificó cuál era el juzgado de distrito requirente: en un fallo, para resolver que el conflicto competencial no existía, se atribuyó la condición de requirente al que habiendo aceptado inicialmente la competencia, después la rechazó, y en el otro fallo, para declarar la incompetencia del tribunal colegiado, se indicó que era requirente el juzgado de distrito que originalmente había declinado su competencia.

17. Es aplicable la tesis P. V/2011(6) que dice así:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE AUN CUANDO LOS CRITERIOS DERIVEN DE PROBLEMAS JURÍDICOS SUSCITADOS EN PROCEDIMIENTOS O JUICIOS DISTINTOS, SIEMPRE Y CUANDO SE TRATE DEL MISMO PROBLEMA JURÍDICO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 72/2010, determinó que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho; sin que para determinar su existencia el esfuerzo judicial deba centrarse en detectar las diferencias entre los asuntos, sino en solucionar la discrepancia. Asimismo, en la tesis P. XLVII/2009, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS.’, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que ante situaciones en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a dar certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. En esa medida, puede determinarse válidamente la existencia de una contradicción de tesis no obstante que los criterios sostenidos por los tribunales participantes deriven de problemas jurídicos suscitados en procedimientos o juicios de naturaleza distinta, siempre y cuando se trate, precisamente, del mismo problema jurídico."

18. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Se advierte un punto de toque entre los criterios de los tribunales colegiados contendientes, porque ambos analizaron la cuestión planteada con base en la normatividad en materia de conflictos competenciales que rige al juicio de amparo indirecto.

19. Sin embargo, se produjo un diferendo entre ellos, pues uno, consideró que si un juzgado de distrito declina su competencia y el requerido la acepta, en ese momento se clausura la posibilidad de que se suscite un conflicto competencial entre ellos, de manera que si posteriormente el segundo se considera incompetente, resulta ser el requirente; mientras que el otro, sostuvo que el juzgado de distrito que previno en el conocimiento de la demanda de amparo es el requirente.

20. No pasa inadvertido que existen diferencias procesales entre los casos examinados por ambos tribunales colegiados, dado que en uno, el juzgado de distrito que previno declinó su competencia en sentencia y el requerido, una vez que aceptó abocarse al conocimiento del asunto, se limitó a dictar otra sentencia en la cual se declaró incompetente; y en el otro, el juzgado de distrito que previno se declaró incompetente al proveer sobre la demanda de amparo, el requerido aceptó la competencia declinada, tramitó el juicio constitucional y fue hasta sentencia que declaró su incompetencia.

21. Sin embargo, estas diferencias procesales no fueron consideradas relevantes por los contendientes para sostener su criterio, por lo que aun existiendo tales particularidades, ambos se ocuparon de similar problema jurídico; entonces, existe la contradicción de criterios.

22. Apoya tal determinación la tesis de jurisprudencia P./J. 72/2010(7) de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007–PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

23. Tercer requisito: Que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este requisito se cumple también, pues advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes, cabe la siguiente pregunta: Cuando un juzgado de distrito se declara incompetente para conocer de un juicio de amparo indirecto y aquél al que se lo envía acepta la competencia declinada pero posteriormente se declara incompetente, ¿debe considerarse como requirente al que previno en el conocimiento de la demanda para efectos de la conformación de la cuestión competencial respectiva?(8)

24. En esta línea argumentativa, es existente la contradicción de criterios entre el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, y el Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar los conflictos competenciales 38/2022 y 14/2022, respectivamente.

V. Estudio

25. Para dar respuesta a la interrogante planteada en el considerando IV, es conveniente traer a cuenta el artículo 16 constitucional, tutelador del principio de seguridad jurídica, que en su primer párrafo(9) señala los requisitos mínimos de todo acto de autoridad, a saber, que sea emitido por escrito, que provenga de autoridad competente y que se encuentre fundado y motivado.

26. Entre tales requisitos, para efectos de la resolución de la presente contienda, interesa la competencia, que implica que la autoridad emisora de un acto de afectación en contra de una persona debe estar legitimada para actuar por la norma.(10)

27. En el ámbito del derecho procesal, la competencia es la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, como se explica en la ejecutoria que dio lugar a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 44/2021 (11a.)(11) de rubro siguiente: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE UN JUEZ DE DISTRITO. CONFORME A LA REGLA ESPECIAL DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE AMPARO, SE SURTE A FAVOR DE OTRO JUEZ DEL MISMO DISTRITO Y ESPECIALIZACIÓN QUE EL SEÑALADO COMO RESPONSABLE Y, SI NO LO HUBIERA, DEL MÁS CERCANO DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL CIRCUITO AL QUE PERTENEZCA.", la que enseguida se reproduce en la parte que interesa:

"74. En primer término, esta Suprema Corte, actuando en Tribunal Pleno, ha sostenido que la competencia es la facultad que la ley otorga a un órgano para que conozca determinados asuntos, dentro de los límites que la propia norma determina. De ahí la regla de competencia de que, si la ley no faculta al órgano de autoridad, éste no puede intervenir.

"75. Asimismo, este Alto Tribunal ha sostenido que la competencia de la autoridad es una garantía a los derechos humanos de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a declarar inválido lo resuelto por el Juez incompetente. Entonces, la competencia es un presupuesto de validez del proceso y derecho fundamental de los justiciables.

"76. Por otro lado, debe distinguirse entre competencia y jurisdicción. La primera precisa los límites a que se sujeta un órgano que tiene jurisdicción, siguiéndose de ello que todo Juez tiene competencia cuando se le concede jurisdicción, pero no todo Juez que tiene jurisdicción tiene competencia para conocer todo tipo de asuntos, sino sólo respecto de los que además tenga competencia. Tiene jurisdicción porque puede decir el derecho, pero únicamente tiene competencia para decidirlo en los casos específicos para los que la ley lo autoriza, pero no para otros, pues esto excedería los límites dentro de los que se le permite actuar. Por ello, se afirma justificadamente que la competencia es la medida de la jurisdicción." 28. Como se aprecia, la competencia implica el límite de la jurisdicción; esta última es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y, en su caso, ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho, pero su ejercicio está acotado a aquellos asuntos para los que resulten competentes en términos del marco normativo aplicable. Sobre el tema, la doctrina dice lo siguiente:(12)

"La jurisdicción puede concebirse como una potestad–deber atribuida e impuesta a un órgano gubernamental para dirimir litigios de trascendencia jurídica, aplicando normas sustantivas e instrumentales por un oficio objetivamente competente y un agente imparcial.(13)

"La competencia, como concepto específico (frente a la idea global de jurisdicción), obedece a razones prácticas de distribución de esa tarea de juzgamiento, entre los diversos organismos judiciales ...(14)

"Cabe mencionar que respecto de la competencia se han dado un sinnúmero de conceptos, sin embargo para nuestro estudio la abordaremos desde los puntos de vista amplio y particular.

"Por lo que hace al amplio: Competencia es la facultad que otorga la Constitución, la ley, incluso los reglamentos para que los entes públicos, las autoridades, actúen conforme a sus atribuciones.

"En un sentido particular o específico: Competencia es la parte de la función jurisdiccional que le corresponde en concreto a cada juez, es la facultad para conocer de determinado negocio."(15)

29. Luego, para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento con preferencia a los demás jueces y tribunales.

30. Ahora, una vez promovido un juicio, puede ocurrir que el tribunal que lo reciba advierta que carece de competencia para tramitarlo y/o resolverlo, o que otro considere que es él quien debe conocer del asunto; también puede suceder que las partes hacen valer esa cuestión competencial ante uno u otro órgano jurisdiccional cuando la ley reguladora del juicio de que se trate así lo permite.

31. En caso de que el planteamiento de incompetencia se lleve a cabo por o ante el tribunal que está conociendo del asunto, el trámite correspondiente se realizará por declinatoria, es decir, dicho órgano jurisdiccional resolverá que no puede conocer del asunto y lo remitirá al que estime competente; si, por el contrario, la cuestión competencial es hecha valer por o ante quien, sin conocer del juicio, considera que debe abocarse a su estudio, será por inhibitoria, lo que implica que solicite al que haya prevenido que se abstenga de seguir substanciándolo y se lo envíe:

"Ya indicamos anteriormente que, como la competencia es un presupuesto de validez del proceso, el propio juzgador tiene el deber de verificar, en cada litigio que se le plantee, si tiene o no competencia para conocer del mismo; y que si considera que es incompetente, de oficio debe negarse a conocer del litigio ...

"Con independencia de este deber del juzgador, las partes tienen el derecho de impugnar, de objetar, de cuestionar la competencia de aquél. Se suelen denominar cuestiones de competencia a los medios a través de los cuales las partes objetan la competencia del juzgador. Tradicionalmente estos medios o vías han sido dos: la declinatoria y la inhibitoria.

"La declinatoria es una vía de impugnación directa, ya que se promueve ante el juzgador que está conociendo del litigio, pidiéndole que se abstenga del conocimiento del mismo y remita el expediente al juzgador que se estima competente.

"En cambio, la inhibitoria es una vía indirecta, en virtud de que se promueve ante el juzgador que se estime competente, pidiéndole que dirija oficio al que está conociendo del litigio y se considera incompetente, para que se inhiba y remita el expediente al primero."(16)

32. Y los conflictos de competencia se generan, tratándose de cuestiones competenciales planteadas por declinatoria, cuando los dos órganos jurisdiccionales rechazan conocer del asunto, o si se trata de una inhibitoria, cuando ambos se estiman competentes, lo que será resuelto por un superior jerárquico:

"... los conflictos de competencia se presentan cuando dos juzgadores se declaran competentes (conflicto positivo) o incompetentes (conflicto negativo) para conocer del mismo asunto. ... Al tribunal que resuelve el conflicto, se le denomina tribunal de competencias."(17)

33. En el supuesto de que el planteamiento de incompetencia prospere, se trasladará el conocimiento del asunto de un tribunal a otro:

"La incompetencia de un tribunal deriva de diversas circunstancias que no son siempre conocidas por el reclamante, ya sea porque la materia de que verse el juicio no corresponda; o por el monto de la pretensión, si lo reclamado se cuantifica en dinero; por el grado de la autoridad ante la que ha de presentarse la demanda, o de acuerdo con el lugar o territorio donde se presente. Frente a cualquiera de estas circunstancias, si resultan obvias, el juez del conocimiento de la controversia se encuentra obligado a declinar su trámite para que sea la autoridad judicial, a la que por ley corresponde éste, la que prosiga el proceso, formule las instancias necesarias y las vigile hasta su conclusión.

"... De aceptarse la solicitud presentada, lo que ocurre es un desplazamiento del proceso a otra autoridad, pues está prohibido dirimir cualquier declinatoria con base en la apreciación que acerca de ello formule el promovente, porque ello equivaldría a otorgar a éste la oportunidad de determinar discrecionalmente la competencia de un juez ..."(18)

34. Tratándose del juicio de amparo, la competencia encuentra su fundamento en los artículos 94, párrafos quinto y sexto, y 107, fracciones V y VII, constitucionales, sus leyes reglamentarias y los acuerdos generales que puede emitir el Consejo de la Judicatura Federal para determinar el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materia de los juzgados y tribunales. Los preceptos en comento dicen así:

"Artículo 94. ...

"La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en Pleno y Salas, la competencia de los Plenos Regionales, de los Tribunales de Circuito, de los Juzgados de Distrito y del Tribunal Electoral, así como las responsabilidades en que incurran las servidoras y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se regirán por lo que dispongan las leyes y los acuerdos generales correspondientes, de conformidad con las bases que esta Constitución establece.

"El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados de Circuito, de los Tribunales Colegiados de Apelación y de los Juzgados de Distrito."

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes:

"a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares.

"b) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal.

"c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común.

"En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y

"d) En materia laboral, cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas que pongan fin al juicio dictadas por los tribunales laborales locales o federales o laudos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus homólogos en las entidades federativas;

"La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, del Fiscal General de la República, en los asuntos en que el Ministerio Público de la Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, podrá conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

"VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audienc

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32202-575c6463/incompetencia-por-declinatoria-en-el-juicio-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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