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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LOS ARTÍCULOS CUARTO, QUINTO, PÁRRAFO PRIMERO, SEXTO, SÉPTIMO Y DÉCIMO TRANSITORIOS DEL DECRETO DE REFORMAS EN MATERIA DE CONCESIONES PARA MINERÍA Y AGUA. SE RIGE POR LA REGLA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 281/2023. · Registro digital (IUS): 32393
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-05-03
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y DÉCIMO QUINTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, Mayo de 2024, Tomo III, Pág.3090.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 281/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y DÉCIMO QUINTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 7 DE MARZO DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ Y ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y DEL MAGISTRADO ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO. PONENTE: MAGISTRADA ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS. SECRETARIO: JOSÉ MIGUEL ALVAREZ MUÑOZ.

I. Competencia

1. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(1) así como en lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(2) en los artículos 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(3) y en el artículo 1o. del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio,(4) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero y veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés, por tratarse de criterios sostenidos por tribunales colegiados pertenecientes al Primer Circuito, comprendido en la Región Centro-Norte, cuyo conocimiento corresponde a este pleno regional al tratarse de materia administrativa.

II. Legitimación

2. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente en la época de la denuncia, ya que se formuló por ********** ********** ********** **********, autorizada de las personas morales quejosas(5) en los juicios de amparo indirecto 995/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y 1082/2023 de la estadística del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, de los cuales derivaron los conflictos competenciales 42/2023 y 44/2023 del índice de los Tribunales Colegiados Sexto y Décimo Quinto, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, respectivamente y que son los criterios contendientes.

3. Sobre la legitimación de la persona denunciante en su carácter de autorizada es aplicable, por analogía, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 152/2008(6) que a continuación se transcribe:(7)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA. El autorizado está legitimado para denunciar la contradicción de tesis entre la derivada de la ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo en que se le otorgó tal representación y la sostenida por otro órgano jurisdiccional. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que el artículo 27, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, no precisa tal facultad, también lo es que la enumeración de las que establece es enunciativa y no limitativa pues, entre otras, prevé la de realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Además, aunque la denuncia referida no es un acto del procedimiento en el juicio de amparo, como del artículo 197-A de la ley citada se advierte que puede realizarse por las partes que intervinieron en los juicios en que las tesis respectivas fueron sustentadas, es indudable que dicha denuncia es un derecho garantizado por el citado precepto, en favor de las partes que intervinieron en los respectivos juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros."

III. Criterios denunciados

4. Criterio del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 42/2023, en sesión de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés.

5. Criterio del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar el conflicto competencial 44/2023, en sesión de cinco de octubre de dos mil veintitrés.

IV. Existencia de la contradicción de criterios

6. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(8)

a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.

c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

7. En el caso, existe una contradicción de criterios entre el sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el conflicto competencial 42/2023 y el emitido por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al fallar el conflicto competencial 44/2023.

8. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito analizó un asunto con las siguientes características:

Ver características 1

9. El Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito analizó un asunto con las siguientes características:

Ver características 2

10. De esta relatoría se desprende, en lo esencial, la siguiente información:

Ver información

11. Importa decir que en los asuntos aquí contendientes, las personas morales quejosas señalaron como acto reclamado el decreto del que ya se ha dado noticia, pero en el capítulo de actos reclamados no identificaron las porciones normativas reclamadas en particular; sin embargo, la lectura de las demandas, que son similares entre sí, revela que expresaron conceptos en violación en contra de los artículos 2, 3, 6, 10, párrafo segundo, 11, fracción I, 12, 13, 14 bis, 15, párrafo primero, 19, fracciones I y XII, 42 y 55, fracción VII, de la Ley de Minería, que fueron reformados o adicionados por virtud del decreto; los artículos cuarto, quinto, sexto, séptimo, décimo primero y décimo tercero transitorios de éste, así como el procedimiento legislativo del que derivó.(9)

12. También es relevante mencionar que los tribunales contendientes, para resolver el conflicto, solo se pronunciaron específicamente sobre algunos de los preceptos reclamados,(10) como se aprecia a continuación:

Ver pronunciamiento

13. A partir de estos datos se hace patente que no existe identidad total entre los preceptos legales que examinaron ambos tribunales; sin embargo, sí existen coincidencias respecto de algunos cuyo estudio se abordó en las ejecutorias, a saber, los artículos cuarto, quinto, párrafo primero, sexto, séptimo y décimo transitorios que las personas morales quejosas reclamaron como la omisión de establecer un régimen transitorio o mecánica transicional que determinara las condiciones, derechos y obligaciones de las concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor del decreto impugnado.

14. Con estas precisiones se procede al análisis de los requisitos para la existencia de una contradicción de criterios.

15. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Este requisito se satisface porque los tribunales decidieron, a partir de una exposición argumentativa, sobre la naturaleza de los artículos cuarto, quinto, párrafo primero, sexto, séptimo y décimo transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en Materia de Concesiones para Minería y Agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de mayo de dos mil veintitrés, para determinar el juzgado de distrito competente por razón de territorio para resolver el asunto.

16. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Se advierte un punto de toque entre los criterios de los tribunales contendientes, porque analizaron la cuestión planteada a partir de la interpretación del artículo 37 de la Ley de Amparo.

17. Sin embargo, entre ellos existe un diferendo pues uno, consideró que la normatividad cuestionada únicamente tiene efectos declarativos que no conllevan ejecución material alguna; mientras que el otro órgano colegiado estimó que las normas reclamadas necesariamente traen consigo ejecución material en el lugar en el que las personas morales quejosas explotan la concesión minera.

18. Tercer requisito: Que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este requisito se cumple también, pues advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes, cabe la pregunta siguiente: ¿Cuál es la regla aplicable para determinar la competencia del juzgado de distrito, por razón de territorio, para conocer de la demanda en la que se reclaman los artículos cuarto, quinto, párrafo primero, sexto, séptimo y décimo transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de mayo de dos mil veintitrés, conforme al artículo 37 de la Ley de Amparo?(11)

19. En esta línea argumentativa, es existente la contradicción de criterios entre el sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el conflicto competencial 42/2023, y el emitido por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al fallar el conflicto competencial 44/2023.

V. Estudio

20. Para dar respuesta a la interrogante planteada en el considerando IV, es conveniente traer a cuenta el principio de seguridad jurídica tutelado en el artículo 16 constitucional, que en su primer párrafo(12) señala los requisitos mínimos de todo acto de autoridad, a saber, que sea emitido por escrito, que provenga de autoridad competente y que se encuentre fundado y motivado.

21. Entre tales requisitos, para efectos de la resolución de la presente contienda, interesa la competencia, que implica que la autoridad emisora de un acto de afectación en contra de una persona debe estar legitimada para actuar por la norma.(13)

22. En el ámbito del derecho procesal, la competencia es la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, como se explica en la ejecutoria que dio lugar a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 44/2021 (11a.)(14) de rubro siguiente: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE UN JUEZ DE DISTRITO. CONFORME A LA REGLA ESPECIAL DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE AMPARO, SE SURTE A FAVOR DE OTRO JUEZ DEL MISMO DISTRITO Y ESPECIALIZACIÓN QUE EL SEÑALADO COMO RESPONSABLE Y, SI NO LO HUBIERA, DEL MÁS CERCANO DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL CIRCUITO AL QUE PERTENEZCA.", que enseguida se reproduce en la parte que interesa:

"74. En primer término, esta Suprema Corte, actuando en Tribunal Pleno, ha sostenido que la competencia es la facultad que la ley otorga a un órgano para que conozca determinados asuntos, dentro de los límites que la propia norma determina. De ahí la regla de competencia de que, si la ley no faculta al órgano de autoridad, éste no puede intervenir.

"75. Asimismo, este Alto Tribunal ha sostenido que la competencia de la autoridad es una garantía a los derechos humanos de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a declarar inválido lo resuelto por el Juez incompetente. Entonces, la competencia es un presupuesto de validez del proceso y derecho fundamental de los justiciables.

"76. Por otro lado, debe distinguirse entre competencia y jurisdicción. La primera precisa los límites a que se sujeta un órgano que tiene jurisdicción, siguiéndose de ello que todo Juez tiene competencia cuando se le concede jurisdicción, pero no todo Juez que tiene jurisdicción tiene competencia para conocer todo tipo de asuntos, sino solo respecto de los que además tenga competencia. Tiene jurisdicción porque puede decir el derecho, pero únicamente tiene competencia para decidirlo en los casos específicos para los que la ley lo autoriza, pero no para otros, pues esto excedería los límites dentro de los que se le permite actuar. Por ello, se afirma justificadamente que la competencia es la medida de la jurisdicción."

23. Como se aprecia, la competencia implica el límite de la jurisdicción; esta última es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y, en su caso, ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho, pero su ejercicio está acotado a aquellos asuntos para los que resulten competentes en términos del marco normativo aplicable. Sobre el tema, la doctrina dice lo siguiente:(15)

"La jurisdicción puede concebirse como una potestad-deber atribuida e impuesta a un órgano gubernamental para dirimir litigios de trascendencia jurídica, aplicando normas sustantivas e instrumentales por un oficio objetivamente competente y un agente imparcial."(16)

"La competencia, como concepto específico (frente a la idea global de jurisdicción), obedece a razones prácticas de distribución de esa tarea de juzgamiento, entre los diversos organismos judiciales ..."(17)

"Cabe mencionar que respecto de la competencia se han dado un sinnúmero de conceptos, sin embargo para nuestro estudio la abordaremos desde los puntos de vista amplio y particular.

"Por lo que hace al amplio: Competencia es la facultad que otorga la Constitución, la ley, incluso los reglamentos para que los entes públicos, las autoridades, actúen conforme a sus atribuciones.

"En un sentido particular o específico: Competencia es la parte de la función jurisdiccional que le corresponde en concreto a cada juez, es la facultad para conocer de determinado negocio."(18)

24. Luego, para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento con preferencia a los demás jueces y tribunales.

25. Tratándose del juicio de amparo, la competencia encuentra su fundamento en los artículos 94, párrafos quinto y sexto, y 107, fracciones V y VII, constitucionales, sus leyes reglamentarias y los acuerdos generales que puede emitir el Consejo de la Judicatura Federal para determinar el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materia de los juzgados y tribunales. Los preceptos en comento dicen así:

"Artículo 94. ...

"La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en Pleno y Salas, la competencia de los Plenos Regionales, de los Tribunales de Circuito, de los Juzgados de Distrito y del Tribunal Electoral, así como las responsabilidades en que incurran las servidoras y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se regirán por lo que dispongan las leyes y los acuerdos generales correspondientes, de conformidad con las bases que esta Constitución establece.

"El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados de Circuito, de los Tribunales Colegiados de Apelación y de los Juzgados de Distrito."

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes:

"a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean estos federales, del orden común o militares.

"b) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal.

"c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común.

"En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y

"d) En materia laboral, cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas que pongan fin al juicio dictadas por los tribunales laborales locales o federales o laudos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus homólogos en las entidades federativas;

"La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, del Fiscal General de la República, en los asuntos en que el Ministerio Público de la Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, podrá conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

"VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." 26. Estos mandatos se encuentran desarrollados en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en la Ley de Amparo, que distribuyen el conocimiento de los asuntos en atención a criterios relacionados con la vía, el grado, la materia, la concurrencia, el auxilio y la funcionalidad del sistema.(19)

27. La competencia de los juzgados de distrito para conocer del juicio de amparo indirecto atendiendo al territorio se fija en el artículo 37 de la Ley de Amparo a partir de tres supuestos, a saber:

I. El que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.

II. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juzgado de distrito ante el que se presente la demanda.

III. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juzgado de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.(20)

28. Este precepto es del tenor literal siguiente:

"Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.

"Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda.

"Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda."

29. Sobre las reglas contenidas en este precepto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado consistentemente el criterio de que la ejecución no es una condición exclusiva de los actos positivos, sino que también puede estar presente en los actos negativos y omisiones, pues comprende los efectos que puedan derivar de ellos.

30. En la ejecutoria de la cual derivó la tesis jurisprudencial 2a./J. 179/2009(21) de rubro siguiente: "COMPETENCIA POR TERRITORIO. SI EL JUEZ DE DISTRITO CARECE DE ELLA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAMA LA RECAUDACIÓN Y EL COBRO DE LOS DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, REALIZADOS POR MEDIO DEL SISTEMA DE COBRO CENTRALIZADO, DEBERÁ REMITIRLO AL QUE, SIENDO COMPETENTE, ESTÉ MÁS PRÓXIMO A SU RESIDENCIA.", al interpretar el texto constitucional y el artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada(22) –que al igual que el artículo 37 de la legislación actual, recogía la distinción entre actos que tienen ejecución material y aquellos que no la tienen–, sostuvo que la ejecución material comprendía incluso los alcances materiales de los actos reclamados, como se aprecia de la siguiente transcripción:

"La norma constitucional establece la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito en tanto dispone que contará con ella quien tenga jurisdicción en el lugar en que se ejecute o tenga que ejecutarse el acto reclamado en la demanda de amparo, ello con el fin de facilitar el acceso a la justicia constitucional, pues se entiende que ordinariamente la ejecución recae en el domicilio del gobernado o dentro del ámbito espacial en que lleva a cabo su actividad laboral o productiva, siendo que el artículo 36 de la Ley de Amparo concreta estas reglas de competencia en los siguientes términos: (se transcribe).

"Esta norma reglamentaria alude a ‘ejecución material’ como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo, por tanto, la citada expresión debe entenderse que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación, esto es, la ejecución no mira solo al contenido del acto reclamado en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico.

"Por el contrario, el acto reclamado de orden declarativo en su contenido no goza de esas características ni tiene consecuencias materiales, ya que se trata de una mera cuestión jurídica en la que se evidencia, explica o resuelve un punto dudoso o ambiguo, como se advierte del siguiente criterio:

"‘ACTOS DECLARATIVOS. Por actos declarativos deben entenderse aquellos que se limitan a evidenciar una situación jurídica determinada, pero que no implican modificación alguna de derechos o de situaciones existentes.’ (Quinta Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación, volumen LIV, página 501)."

31. De modo similar, pero ya interpretando el artículo 37 de la ley vigente, en la ejecutoria que dio lugar a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 68/2015 (10a.)(23) de rubro siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE CONCLUSIÓN DEL SERVICIO POR SEPARACIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO.", se determinó que el precepto en cita alude a la ejecución material como criterio único de asignación de la competencia por territorio a los juzgados de distrito para conocer de los juicios de amparo, y que esa expresión debe entenderse en el sentido de que debido a la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio fáctico ya sea por sí mismo o porque sus efectos conlleven a esa situación, es decir, la ejecución no atiende solo al contenido del acto reclamado en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o la prohibición para llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir, como se advierte de la parte conducente de la resolución que enseguida se copia:

"El artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reza lo siguiente: (se transcribe).

"... El precepto constitucional reproducido, prevé la competencia territorial de los Jueces de Distrito, por lo que establece al efecto que contará con ella quien tenga jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado en la demanda de amparo se ejecute o trate de ejecutarse.

"Lo anterior, tiene como finalidad facilitar el acceso a la justicia constitucional, pues se entiende que ordinariamente la ejecución recae en el domicilio de la persona o dentro del ámbito espacial en que lleva a cabo su actividad laboral o productiva.

"El artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, concretiza estas reglas constitucionales de competencia, al disponer: (se transcribe).

"... Dicho precepto, alude a ‘ejecución material’, como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo; por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación, es decir, la ejecución no atiende solo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real."

32. Ahora, tratándose de juicios en los que se reclamen normas generales, que conforme al artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo, pueden impugnarse por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación, la observancia de las reglas de competencia establecidas en el artículo 37 de la ley de la materia obliga a examinar si aquellas tienen efectos exclusivamente de naturaleza declarativa o si, por el contrario, tienen ejecución material.

33. Sirve de apoyo a esta consideración, el criterio sentado por el Alto Tribunal en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 75/2009,(24) del tenor literal siguiente:

"COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA, CUANDO SE RECLAMA COMO HETEROAPLICATIVA CON MOTIVO DEL REPORTE DE CRÉDITO ESPECIAL OBTENIDO POR INTERNET. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO DEL QUEJOSO. La circunstancia de que conforme al artículo 40 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, la información crediticia puede pedirse y proporcionarse vía Internet, es irrelevante para fijar la competencia por territorio cuando la propia Ley se reclama en amparo indirecto, precisamente porque a través de los medios electrónicos las operaciones financieras pueden realizarse desde cualquier lugar, inclusive desde el extranjero, lo que demuestra que no puede ser éste el criterio determinante del lugar de ejecución de tal acto y de la competencia del Juez de Distrito. Por tanto, si la información crediticia regulada en dicha Ley se refiere al ámbito privado o íntimo de los gobernados, por lo que trasciende en el domicilio de éstos, entonces cuando se reclame dicha legislación como heteroaplicativa con motivo del reporte de crédito especial obtenido vía Internet, conforme al artículo 36, primer párrafo, de la Ley de Amparo, debe considerarse competente al Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, en términos de lo que establece el Código Civil Federal, al ser el lugar en que tuvo ejecución tal acto de aplicación."

34. Este criterio es orientador para el caso que se analiza porque si bien es cierto que en la época en que se sentó prevalecía un concepto más estrecho de lo que se consideraba como "ejecución material" para efectos competenciales, también lo es que aporta elementos ilustrativos sobre la naturaleza de las normas, cuando distingue entre su creación y s

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32393-5404be29/competencia-por-territorio-para-conocer-del-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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