IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA UNA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EMITIDA EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE UN FALLO PROTECTOR. SE ACTUALIZA DE FORMA MANIFIESTA E INDUDABLE LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 48/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 15 DE AGOSTO DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ Y ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS, Y DEL MAGISTRADO ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO. PONENTE: MAGISTRADA ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS. SECRETARIO: JOSÉ MIGUEL ALVAREZ MUÑOZ.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión correspondiente al quince de agosto de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Ver cuadro
I. Competencia
1. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(1) así como en lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(2) en los artículos 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(3) y en el artículo 1 del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio,(4) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero y veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés, por derivar de criterios sostenidos por tribunales colegiados pertenecientes al Primer Circuito, comprendido en la Región Centro-Norte, cuyo conocimiento corresponde a este pleno regional por tratarse de la materia administrativa.
II. Legitimación
2. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente en la época de la denuncia, ya que se formuló por la persona titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.
III. Criterios denunciados
3. Criterio del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el recurso de queja 201/2023, en sesión de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés.
4. Criterio del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al fallar el recurso de queja 325/2023, en sesión de trece de noviembre de dos mil veintitrés.
IV. Existencia de la contradicción de criterios
5. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(5)
a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
6. En el caso, existe una contradicción de criterios entre el sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el recurso de queja 201/2023 y el emitido por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al fallar el recurso de queja 325/2023.
7. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito analizó un asunto con las siguientes características:
Ver análisis del tribunal
8. El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito analizó un asunto con las siguientes características:
Ver consideraciones del tribunal
9. De esta relatoría se desprende, en lo esencial, la siguiente información:
Ver información
10. En estas condiciones, sí existe la contradicción de criterios, como se explica a continuación:
11. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Este requisito se satisface porque los tribunales colegiados decidieron, a partir de una exposición argumentativa, en casos de desechamiento de la demanda de amparo, sobre el alcance de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo.
12. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Se advierte un punto de toque entre los criterios de los tribunales contendientes, porque ambos analizaron el supuesto en el que se reclamó la multa impuesta por una sala administrativa en cumplimiento a un acuerdo de un juzgado de distrito emitido en ejecución de un fallo protector.
13. Sin embargo, entre ellos existe un diferendo, pues mientras uno consideró que la causa de improcedencia se actualiza cuando se reclaman actos dictados en cumplimiento de un acuerdo del juzgado de distrito en la etapa de ejecución; el otro, estimó que solo cobra aplicación tratándose de actos vinculados a las consideraciones que son cosa juzgada en términos de la sentencia de amparo.
14. Cabe aclarar que no pasa inadvertido que en ambos casos se trató del desechamiento de una demanda de amparo, que se basó en estimar manifiesta e indudable la invocada causa de improcedencia, pero aunque el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito se pronunció en este sentido, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en esa materia y circuito no se ocupó frontalmente de este tema, es decir, no reflexionó si era manifiesta e indudable, pues su decisión derivó de estimar el alcance de dicha causa de improcedencia considerada en sí misma.
15. Tercer requisito: Que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este requisito se cumple también, pues advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes, cabe la pregunta siguiente: ¿Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo cuando se promueve en contra de la multa que una sala del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México impone para lograr el cumplimiento de una sentencia de nulidad por parte de la autoridad demandada, si lo hace en estricto acatamiento del acuerdo dictado por un juzgado de distrito en el procedimiento de ejecución de una sentencia de amparo?(8)
16. En esta línea argumentativa, es existente la contradicción de criterios entre el sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el recurso de queja 201/2023, y el emitido por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al fallar el recurso de queja 325/2023.
V. Estudio(9)
17. El artículo 103, fracción I, de la Carta Magna,(10) establece el objeto substancial del juicio de amparo, a saber, conocer de las violaciones cometidas por las autoridades a los derechos humanos previstos en el propio texto constitucional y en las convenciones, de lo cual deriva la naturaleza extraordinaria de ese medio de defensa.
18. A su vez, el artículo 61, fracción IX, de Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo –indirecto– es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de estas; dispositivo legal que es idéntico a su predecesor 73, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada,(11) como se advierte de la siguiente tabla:
Ver tabla
19. Esta causa de improcedencia tiene su antecedente en el artículo 702 del Código Federal de Procedimientos Civiles de veinte de diciembre de mil novecientos ocho que establecía:
Artículo 702. El juicio de amparo es improcedente:
II. Contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo;(12)
20. Idéntica redacción prevaleció en el artículo 43, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 104 de la Constitución Federal de mil novecientos diecinueve, dispositivo que se reproduce enseguida:
Artículo 43o. El juicio de amparo es improcedente:
II. Contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo;(13)
21. Como se observa, la Ley de Amparo abrogada, en el texto que se mantiene en la vigente, a diferencia de sus predecesoras, hizo extensiva la causal de improcedencia originalmente prevista para las resoluciones dictadas en los juicios de amparo a las resoluciones dictadas en ejecución de aquellas.
22. Con la entrada en vigor de ese texto, el Alto Tribunal tuvo oportunidad de expresar los motivos que animaban esta causal, cuando dijo que la citada causa de improcedencia, tratándose de resoluciones emitidas en ejecución de sentencias de amparo, obedece a la estabilidad y seguridad jurídica, a la necesidad de la rápida ejecución de dichas sentencias cuya finalidad esencial es evitar la violación de garantías individuales –ahora derechos fundamentales–, a lograr la restitución en el goce de estas a la persona quejosa, porque su infracción es contraria al orden social; así como a la lógica de que está prohibido generalmente promover un medio de impugnación extraordinario en contra de otro del mismo orden, lo que se corrobora con las siguientes tesis:
AMPARO IMPROCEDENTE, LO ES EL QUE SE ENDEREZA CONTRA EL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO, AUN CUANDO LO PROMUEVA UN TERCERO EXTRAÑO. Si se reclama en amparo la resolución dictada en un proceso, que manda restituir en la posesión de una finca a una persona, y esa resolución se dicta en cumplimiento de una ejecutoria de amparo pronunciada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es aplicable el artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, y la demanda debe de desecharse de plano, sin que sea obstáculo para ello, que se afecten las posesiones, propiedades y derechos de tercero, que no fue parte en la contienda constitucional, porque es necesario que las resoluciones dictadas por la Suprema Corte tengan estabilidad y para ello es preciso que no proceda el amparo contra los actos de ejecución de las mismas, justificado o injustificado que sea, ya que de lo contrario habría mayor peligro que el sostenerlas, haciendo interminables las contiendas.(14)
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. El artículo 73, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, que establece que el amparo, es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de garantías o en ejecución de las mismas, se inspira, filosóficamente, en la necesidad de la rápida ejecución de las sentencias dictadas en el juicio constitucional cuya finalidad esencial es evitar la violación de garantías individuales, o bien, lograr la restitución en el goce de ellas al quejoso, porque su infracción es contraria al orden social; y no constituye un obstáculo la circunstancia de que el afectado con esa ejecución, no sea una de las partes que directamente intervinieron en el juicio de amparo, ni sucesor o causahabiente de alguna de ellas, puesto que el artículo 96 de la ley antes citada, establece que el recurso de queja es procedente cuando se trate de exceso o defecto en la ejecución del auto de suspensión o de la sentencia en que se haya concedido en amparo al quejoso, y que dicho recurso podrá ser interpuesto por cualquiera de las partes en el juicio, o por cualquier persona que justifique legalmente, que le agravia la ejecución o cumplimiento de dichas resoluciones.(15)
23. De lo expuesto se sigue que la causal de improcedencia en examen persigue impedir que se obstaculice la ejecución de los fallos dictados en el juicio de amparo, conclusión que es coincidente con la doctrina sobre la materia:(16)
IX. El amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; ello obedece a que la ley concede los recursos de revisión, queja, reclamación y de inconformidad, para impugnar dichas resoluciones; máxime que no cabe un juicio dentro de otro amparo.(17)
En la fracción IX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, se declara improcedente el juicio de garantías en contra de las resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas.
Refiriéndose a similar disposición prevista en la anterior Ley de Amparo, Burgoa nos explica, que la razón de ser de dicha causal, en el sentido de la improcedencia del amparo en contra de las resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas, obedece, a que las resoluciones recaídas en los juicios de amparo tienen la presunción jure et de jure, de haber sido pronunciadas con estricto apego al texto constitucional y legal, puesto que precisamente implican una previa labor analítica de examen constitucional con el fin de constatar si hubo o no violación alguna en las hipótesis de procedencia consignadas en el artículo 103 de la Constitución. Además existe otra razón de carácter práctico, pues si fuera posible promover el juicio de garantías en contra de dicho tipo de actos, se vería seriamente comprometida la estabilidad o seguridad jurídica, a cuya consecución tienden todos los procesos, si en materia de amparo, contra las resoluciones recaídas en ella, fuera dable interponer, a su vez, la acción constitucional de amparo.
Las razones que se toman en consideración para decretar la improcedencia del juicio de amparo contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son las mismas que se toman en cuenta para decretar la improcedencia del juicio de amparo contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo en ejecución de las mismas, ya que responden a una necesidad de orden lógico jurídico la de evitar una prolongación indefinida de los juicios de amparo, ya que si fuera posible a través de nuestro medio de control constitucional combatir dichos actos, se atentaría en contra del principio de seguridad jurídica.(18)
La razón de esta causal de improcedencia deriva de la imposibilidad de promover un juicio de amparo contra lo resuelto en otro juicio de amparo. De no ser así, dicha circunstancia nos llevaría a promover un juicio de amparo contra todo lo resuelto en otro juicio, ya sea de fondo o de mero trámite.
Ese impedimento nos habla de dos supuestos jurídicos: el primer momento son resoluciones dictadas en los juicios de amparo, lo que implica que son aquellas que van desde el auto admisorio hasta el dictado de la sentencia. El segundo momento después del dictado de la sentencia hasta su ejecución. Esta acotación que hace el legislador es precisamente para evitar el actuar de las partes procesales en tal sentido. Pues harían interminables esos asuntos.
Además, las resoluciones intraprocesales pueden ser combatidas por los propios medios de impugnación o de defensa con los que cuenta el juicio de amparo, como los son: revisión, queja y reclamación.(19)
24. A las razones consistentes en la imperiosa necesidad de hacer cumplir la sentencia de amparo y de evitar contiendas interminables, se agregó la consideración de que la improcedencia del juicio de amparo en contra de los actos de ejecución de sentencia no dejaba indefensa a la persona que pudiera verse afectada con su mandato, pues tenía a su alcance el sistema de recursos previstos en la propia Ley de Amparo, en particular el entonces recurso de queja por exceso o defecto en la ejecución, como se deriva de las tesis siguientes:
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO, RECURSOS CONTRA LA. La fracción II del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de amparo, expresamente previene que el juicio constitucional es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas, sin distinguir los casos en que la ejecución sea adecuada o inadecuada, o aquellas en que pueda haber exceso o defecto en la propia ejecución; y en concordancia con ese precepto, la propia ley concede el recurso de queja, en su artículo 95, fracciones IV, VIII y IX, por exceso o defecto en la ejecución de las sentencias de amparo que hayan concedido la protección federal, ya se trate de amparos directos o indirectos, recurso que, de acuerdo con el artículo 96 del citado ordenamiento, puede ser interpuesto por cualesquiera de las partes en el juicio de garantías, y por cualquiera persona que justifique, legalmente, que le agravia la ejecución o cumplimiento de dichas resoluciones.(20)
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. El artículo 73, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, que establece que el amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de garantías o en ejecución de las mismas, se inspira, filosóficamente, en la necesidad de la rápida ejecución de las sentencias dictadas en el juicio constitucional, cuya finalidad esencial es evitar la violación de garantías individuales, o bien, lograr la restitución en el goce de ellas al quejoso, porque su infracción es contraria al orden social; y no constituye un obstáculo, la circunstancia de que el afectado con esa ejecución, no sea una de las partes que directamente intervinieron en el juicio de amparo, ni sucesor o causahabiente de alguna de ellas, puesto que el artículo 96 de la ley antes citada, establece que el recurso de queja es procedente cuando se trate de exceso o defecto en la ejecución del auto de suspensión o de la sentencia en que se haya concedido el amparo al quejoso, y que dicho recurso podrá ser interpuesto por cualquiera de las partes en el juicio o por cualquiera persona que justifique legalmente, que le agravia la ejecución o cumplimiento de dichas resoluciones, a diferencia de lo que sucede tratándose de los casos a que se refiere el artículo 95 del propio ordenamiento, en los cuales el recurso de queja solo puede ser interpuesto por cualquiera de las partes, al igual que tratándose del caso previsto en la fracción VI del mismo artículo, en el que también pueden interponerlo las partes interesadas en el incidente de reclamación de daños y perjuicios y la parte que haya propuesto la fianza o contrafianza.(21)
25. También tuvo ocasión de precisar que la causal de improcedencia cobra aplicación no solo tratándose de los actos de ejecución directamente orientados a dejar insubsistente el acto positivo declarado inconstitucional, sino también de todos los actos tendientes a hacer restituir a la parte quejosa en el goce del derecho violado:
SENTENCIAS DE AMPARO, EJECUCIÓN DE LAS. Si la resolución reclamada, fue dictada por la Junta responsable, en cumplimiento de una sentencia pronunciada por un Juez de Distrito, que causó ejecutoria, debe decirse que, de acuerdo con lo dispuesto en la fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente en contra de las resoluciones dictadas en los juicios de amparo, o en ejecución de las mismas; por lo que en el caso debe sobreseerse con fundamento en el artículo 74, fracción III, del mismo ordenamiento. El efecto de las sentencias de amparo, cuando el acto reclamado es de carácter positivo, no debe limitarse a constreñir a la autoridad responsable a invalidarlo en sí y en sus consecuencias, sino a hacer efectiva la garantía infringida, dictando nueva resolución en forma tal, que esté de acuerdo con la protección federal concedida en la sentencia, pues si la nueva resolución no se ajusta a esas condiciones, se estará en presencia de un defecto en la ejecución de la sentencia de amparo, que hace procedente el recurso de queja, establecido precisamente para estos casos por la ley. De no admitirse este criterio, tendría que llegarse a la conclusión de que las autoridades pudieran repetir indefinidamente el acto reclamado, solo variando su fecha y términos o fundamentos, dando lugar a otros tantos amparos, por estimarse enderezados contra actos nuevos, y en esta forma, las ejecutorias dictadas en juicios de garantías, podrían dejar de ejecutarse, lo cual resulta inadmisible. De tal manera que aun cuando la redacción del artículo 80 de la Ley de Amparo sea incompleta, puesto que solo habla de restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación, la interpretación de dicho precepto, teniendo en cuenta los demás artículos y principios en que se apoya el juicio de garantías, debe ser la que se sustenta en este fallo.(22) 26. Asimismo, hizo extensiva esta causal a las resoluciones dictadas en el trámite del juicio de amparo, como se aprecia de las siguientes tesis:
AMPARO, RESOLUCIONES O SU EJECUCIÓN EN LOS JUICIOS DE. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO AUN TRATANDOSE DE QUEJA. La causal de improcedencia prevista por la fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo no está restringida para los casos en que se reclaman actos consistentes en sentencias dictadas en juicios de amparo que resuelvan el fondo de la controversia planteada o en ejecución de ellas, sino que abarca también aquellos casos en que se reclaman todo tipo de resoluciones definitivas dictadas dentro de un juicio de amparo o en ejecución de las mismas, por lo que si se reclama la ejecución de actos que son cumplimiento de una resolución dictada en una queja dentro de un juicio de amparo, debe considerarse operante la referida causal de improcedencia.(23)
IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con el precepto mencionado el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en él o en ejecución de ellas, entendiéndose por aquel la vía extraordinaria para impugnar actos inconstitucionales de cualquier autoridad, y no como el juicio estrictamente iniciado con la demanda y concluido con la resolución definitiva. En ese tenor, se concluye que las resoluciones emitidas en el juicio de amparo contra las cuales este es improcedente son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquel, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en una aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación, resoluciones estas que se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio extraordinario de control constitucional, sin importar que dicha resolución se emita antes o después de concluido el “juicio” en lo principal.(24)
IMPEDIMENTO EN EL AMPARO. LA DEMANDA DE GARANTÍAS PROMOVIDA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO DECIDA, ASÍ COMO LOS PRECEPTOS EN QUE SE FUNDA, ES IMPROCEDENTE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY RELATIVA. La resolución dictada al calificar los impedimentos previstos en el artículo 66 de la Ley de Amparo constituye una determinación emitida dentro del juicio de garantías, pues además de que con ella se define la competencia subjetiva del juzgador, afecta directamente en el trámite del juicio, habida cuenta que con la cita del impedimento se suspende el procedimiento o el dictado de la sentencia hasta su calificación. Asimismo, la resolución dictada impacta la validez de las actuaciones realizadas por el juzgador que sea declarado impedido, pues aquellas serán nulas al no existir en la Ley de Amparo disposición alguna que las dispense. En ese sentido, si se tiene en cuenta que la decisión que califica un impedimento hecho valer en términos del señalado numeral constituye una resolución vinculada al juicio de garantías del que deriva y, por ende, se encuentra dictada dentro de él, es indudable que en caso de que promueva un juicio de garantías en su contra, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, a pesar de que en la demanda también se reclame la inconstitucionalidad de un precepto de ese ordenamiento –como el artículo 71, conforme al cual se impondrá multa a quien promueva un impedimento que sea desechado–, toda vez que por disposición expresa del legislador no existe posibilidad jurídica de promover un juicio de garantías contra las resoluciones pronunciadas en otros de la misma naturaleza, sin excepción alguna, pues la idea de suprimir el ejercicio del control constitucional sobre el juicio de amparo tiene su explicación lógica en el principio de que está prohibido generalmente promover un medio de impugnación extraordinario en contra de otro del mismo orden.(25)
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS EMITIDOS POR LA RESPONSABLE CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. En la jurisprudencia 2a./J. 4/90 (*), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, determinó que el juicio de garantías inicia con la presentación de la demanda ante el órgano jurisdiccional; tal criterio se confirmó en el artículo 170, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, conforme al cual, para efectos de esa ley, el juicio inicia con la presentación de la demanda. En ese sentido, de la interpretación integral de los preceptos legales que rigen el trámite del juicio de amparo directo en ambas legislaciones, deriva que los actos emitidos por la autoridad responsable en torno a la presentación de la demanda relativa forman parte del procedimiento del juicio de amparo directo, por lo cual la responsable funge con carácter de auxiliar de la Justicia Federal en los actos inherentes, tales como la recepción del libelo, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, el emplazamiento al o a los terceros perjudicados y la remisión de la demanda al tribunal competente para su conocimiento; sin que pueda estimarse que los actos dictados dentro del juicio de amparo directo violen derechos fundamentales. Por ello, contra esos actos resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor.(26)
27. El Alto Tribunal también identificó supuestos en los cuales la aplicación de esta causal de improcedencia dependía de los argumentos que se hacían valer o del grado de vinculación del acto reclamado con la sentencia, como los siguientes:
IMPROCEDENCIA DUDOSA DEL AMPARO. Aunque el acto reclamado se haya dictado cumplimentando una resolución en un juicio de garantías, si la cuestión que plantea el quejoso, es la relativa a si procede un nuevo amparo o el recurso de queja, para definir tal cuestión es indispensable conocer, con los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se aporten, la situación exacta del acto que se reclama, apreciación que solo puede hacerse en la audiencia constitucional; por lo que el motivo de improcedencia previsto en la fracción II del artículo 73 de la ley orgánica de los artículos 103 y 107 constitucionales no es claro ni manifiesto, en los términos del artículo 145 de la ley, lo que trae como consecuencia que deba admitirse y tramitarse la demanda de garantías.(27)
EJECUTORIAS DE LA CORTE, LAUDOS DICTADOS EN CUMPLIMIENTO DE LAS. Cuando en cumplimiento de una ejecutoria de este Alto Tribunal, la Junta dicta un laudo contra el que se promueve amparo, debe sobreseerse este juicio, si el problema que se plantea fue materia de estudio y resolución de la ejecutoria en cuyo cumplimiento se dictó el laudo reclamado; pues la improcedencia es notoria, conforme a los artículos 73, fracción II, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo.(28)
TERCERO EXTRAÑO, AMPARO PROCEDENTE PEDIDO POR EL, CONTRA ACTOS DERIVADOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS ANTERIOR. La jurisprudencia que establece que el juicio de garantías es improcedente cuando se reclaman actos que se derivan de los ya estudiados y resueltos en la ejecutoria recaída en un amparo anterior, siempre que se apeguen a su estricto cumplimiento, y la disposición que contiene el artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, no son aplicables cuando el juicio de garantías lo promueve un tercero extraño, pues la Suprema Corte de Justicia ha sostenido la tesis de que los Jueces de Distrito no pueden decretar el sobreseimiento cuando el amparo se promueve contra actos de las autoridades comunes que afecten a personas extrañas a un juicio de amparo, aun cuando dichos actos tengan como fundamento una resolución dictada en ese juicio. Ahora bien, si mediante los actos reclamados, se trata de privar al quejoso de la posesión de un inmueble, sin haber sido oído ni vencido en juicio, tales actos son violatorios de los artículos 14 y 16 constitucionales, por lo cual debe impartírsele la protección de la Justicia Federal.(29)
SENTENCIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE UNA DE AMPARO. Si el fallo reclamado se pronunció para cumplimentar una ejecutoria de esta Suprema Corte, sin que en la demanda de amparo se expresen conceptos de violación de garantías con relación al propio fallo, que impongan el estudio del mismo para establecer si fue cometida alguna nueva violación constitucional, resulta evidente la existenci
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32931-46e8045e/improcedencia-del-amparo-indirecto-cuando-se-reclama-una · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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