INTERÉS JURÍDICO EN AMPARO INDIRECTO. CUANDO UNA PERSONA CONTRIBUYENTE RECLAMA EL ARTÍCULO 23, PÁRRAFOS SEXTO A DÉCIMO OCTAVO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, POR NO SER BENEFICIARIA DEL TRATO QUE OTORGA, NO DEBE EXIGIRSE QUE ACREDITE LA EXISTENCIA DEL ACTO DE APLICACIÓN PARA DEMOSTRARLO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 106/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y DÉCIMO CUARTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 5 DE DICIEMBRE DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ Y ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS, Y DEL MAGISTRADO MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS. PONENTE: MAGISTRADA ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS. SECRETARIO: ÓSCAR JAIME CARRILLO MACIEL.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión correspondiente al cinco de diciembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Ver cuadro
I. Competencia
1. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(2) así como lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(3) en los artículos 6, fracción I, 7, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(4) y en el artículo 1 del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio,(5) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero y veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés; por derivar de criterios sostenidos por tribunales colegiados del Primer Circuito, comprendido en la Región Centro-Norte, cuyo conocimiento corresponde a este pleno regional al tratarse de materia administrativa.
II. Legitimación
2. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en su texto vigente en el momento de la denuncia, pues la formularon las personas titulares integrantes del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
III. Criterios denunciados
3. Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo en revisión 286/2023, en sesión de veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, por unanimidad de votos.
4. Criterio del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar el amparo en revisión 461/2023, en sesión de quince de febrero de dos mil veinticuatro, por mayoría de votos.
IV. Existencia de la contradicción de criterios
5. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(6)
a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales colegiados adopten criterios jurídicos discrepantes.
c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
6. En el caso, existe una contradicción de criterios entre los sostenidos por los Tribunales Colegiados Cuarto y Décimo Cuarto, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión 286/2023 y 461/2023, respectivamente.
7. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito analizó un asunto con las siguientes características:
Ver caraterísticas 1
8. El Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito analizó un asunto con las siguientes características:
Ver características 2
9. De esta relatoría se desprende, en lo esencial, lo siguiente:
Ver tabla
10. En estas condiciones, sí existe la contradicción de criterios como se explica a continuación:
11. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Se satisface este requisito porque los tribunales colegiados decidieron, a partir de una exposición argumentativa, sobre el interés jurídico de una persona para reclamar en amparo indirecto, con motivo de su sola entrada en vigor, los párrafos sexto a décimo octavo del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación adicionados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de noviembre de dos mil veintiuno.
12. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Se advierte un punto de toque entre los criterios contendientes, porque ambos tribunales colegiados examinaron la naturaleza de la norma reclamada y si debía exigirse la demostración de un acto de aplicación, considerando que la parte quejosa alegaba estar excluidos del beneficio concedido por las normas reclamadas, para lo cual consideraron la tesis aislada 1a. XLVI/2012 (10a.), de rubro: “AMPARO DIRECTO CONTRA NORMAS GENERALES. LA EXCEPCIÓN A LA REGLA GENERAL PARA SU IMPUGNACIÓN, CONSISTENTE EN LA EXISTENCIA DE UN ACTO DE APLICACIÓN CONCRETO DE LA DISPOSICIÓN NORMATIVA QUE SE TILDA DE INCONSTITUCIONAL, SE ACTUALIZA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN SE ADUCE LA CONTRAVENCIÓN AL PRINCIPIO DE IGUALDAD O EQUIDAD TRIBUTARIA”.
13. Sin embargo, entre ellos se advierte un disenso, pues el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito consideró que si bien podría estimarse que las normas reclamadas son de naturaleza heteroaplicativa, se actualiza un caso de excepción en términos de la tesis invocada –al alegarse contravención al principio de equidad tributaria– y, en consecuencia, no es necesario que la parte quejosa demuestre el acto de aplicación, pues lo que se pretende es que se le otorgue el trato que aduce no tener, por lo cual, para acreditar su interés jurídico solo basta acreditar su calidad de contribuyente.
14. Por otra parte, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito se pronunció en el sentido de que siendo las normas reclamadas de naturaleza heteroaplicativa, es necesaria la demostración del acto de aplicación y que no se actualiza una excepción a esta regla por aducirse una contravención al principio de equidad tributaria porque la tesis se refiere al juicio amparo directo.
15. Tercer requisito: Que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este requisito se cumple también, pues advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes, cabe la pregunta siguiente: Cuando en el juicio de amparo indirecto una persona contribuyente reclama el artículo 23, párrafos sexto a décimo octavo, del Código Fiscal de la Federación, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de noviembre de dos mil veintiuno, por estimar que concede un trato favorable para ciertos sujetos, entre los cuales no se encuentra, ¿es necesario que acredite la existencia del acto de aplicación para demostrar su interés jurídico?
16. En esta línea argumentativa, es existente la contradicción de criterios entre los sostenidos por el Cuarto y Décimo Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver los amparos en revisión 286/2023 y 461/2023, respectivamente.
17. Desde luego, no pasa inadvertido que los tribunales colegiados contendientes examinaron otros temas.
18. En efecto, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito declaró infundados e inatendibles los agravios hechos valer por la autoridad responsable recurrente adhesiva en torno a la constitucionalidad de la norma general reclamada por considerar que carecía de competencia para pronunciarse sobre ese aspecto; así como infundados los argumentos de las autoridades responsables respecto de la actualización de causas de improcedencia cuyo estudio se omitió en la sentencia recurrida y, finalmente, estableció que carecía de competencia legal para analizar la constitucionalidad de las normas reclamadas, por lo cual remitió el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resolviera esa cuestión.
19. Importa destacar que de la consulta realizada al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que se trae a la vista como hecho notorio,(7) se advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación registró el asunto como amparo en revisión 195/2024 y mediante auto de once de marzo de dos mil veinticuatro devolvió los autos al tribunal colegiado debido a la existencia de precedentes obligatorios en los que se abordó el problema de constitucionalidad planteado (AR 812/2023 y RA 866/2023); y que, finalmente, en sesión de quince de mayo siguiente, el tribunal colegiado dictó sentencia en la que reasumió jurisdicción, dejó intocado lo antes resuelto y únicamente estudió la constitucionalidad de la norma general.
20. Por esta razón se entiende que el criterio del referido tribunal se encuentra firme a la fecha en que se resuelve este asunto. Cobra aplicación, por analogía, la tesis aislada 2a. XXXII/2007,(8) que enseguida se transcribe:
CONTRADICCIÓN DE TESIS. NO DEBE DECLARARSE IMPROCEDENTE SI DURANTE EL TRÁMITE DE LA DENUNCIA ADQUIERE FIRMEZA LA RESOLUCIÓN DE UNO DE LOS TRIBUNALES CONTENDIENTES. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. XCVIII/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 226, sostuvo que la denuncia de contradicción de tesis es improcedente cuando alguna de las resoluciones relativas no ha causado ejecutoria, en virtud de que el criterio que contiene está sujeto a revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pudiendo no subsistir, supuesto en el cual no existiría la contradicción de criterios. En relación con lo anterior, debe precisarse que si durante la tramitación de la denuncia de contradicción de tesis adquiere firmeza la resolución de uno de los Tribunales contendientes que carecía de esa característica cuando se hizo la denuncia respectiva, como consecuencia de que el Alto Tribunal desechó el recurso de revisión hecho valer en su contra, confirmó el auto de Presidencia que lo desechó o este no fue recurrido, la contradicción de tesis no debe declararse improcedente, en virtud de que ya no subsiste la razón para sustentar su improcedencia pues al haber causado ejecutoria la resolución del Tribunal Colegiado no hay posibilidad de que su criterio quede insubsistente y, por tanto, de no resolverse la contradicción se incumpliría el objetivo que inspiró al Constituyente y al legislador ordinario al establecer el sistema de contradicción de tesis, a saber, que la Suprema Corte establezca criterio jurisprudencial para superar la inseguridad jurídica derivada de la aplicación de posturas divergentes sobre un mismo problema o punto de derecho.
21. Por otro lado, el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito se pronunció en torno a que quedó sin materia el recurso de revisión adhesiva interpuesto por el Presidente de la República, toda vez que ese medio de impugnación sigue la suerte del principal.
22. No existe contradicción al respecto porque esos temas solo fueron abordados por uno de los tribunales.
V. Estudio(9)
23. El artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(10) establece que los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la propia Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
24. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal prevé que las controversias de que habla el citado artículo 103, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases que ahí se establecen, siendo la primera que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.
25. La Ley de Amparo, en su numeral 1o.,(11) reitera la procedencia del amparo contra normas de carácter general y, en el diverso 107, fracción I,(12) regula que el amparo indirecto procede contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio a la persona quejosa.
26. De tales disposiciones se sigue que las normas de carácter general pueden ser impugnadas a través del juicio de amparo, en distintos momentos según sea su naturaleza, es decir, por su sola entrada en vigor cuando desde el inicio de su vigencia crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho,(13) o con motivo de un acto de aplicación, proveniente de la autoridad, de un tercero o de la propia persona quejosa, que concretice la aplicación de la norma en cuestión en la esfera jurídica del particular.
27. Debe aclararse que tratándose de impugnación de normas con motivo de su acto de aplicación, el interés de la parte quejosa se encuentra vinculado necesariamente con ese acto pues es a través de este que se concreta la afectación que causa la norma en ella. Así se desprende del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, cuando dice que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia, en consonancia con el diverso numeral 107, fracción I, de la propia ley, que señala que el amparo indirecto procede contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso.
28. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó que existe el acto de aplicación de una norma general cuando se demuestra de manera fehaciente que la misma ha irrumpido en la individualidad de una persona gobernada, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, ya sea que se le aplique formal o materialmente, de manera escrita o de hecho, pues basta que dicho ordenamiento materialice sus efectos en el mundo fáctico y altere el ámbito jurídico de la persona, para que se estime aplicada, como se advierte de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 12/98,(14) que establece:
LEYES HETEROAPLICATIVAS QUE NO CAUSEN PERJUICIO AL QUEJOSO. EL AMPARO ES IMPROCEDENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN I, A CONTRARIO SENSU, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. Conforme a la técnica del juicio de garantías, para analizar el aspecto sustantivo de una norma, con motivo de su primer acto de aplicación, debe existir como presupuesto que la misma haya irrumpido en la individualidad de un gobernado, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, ya sea que se le aplique formal o materialmente, de manera escrita o de hecho, pues basta que dicho ordenamiento materialice sus efectos en el mundo fáctico y altere el ámbito jurídico de la persona, para que se estime aplicada. De no ser así, la ley reclamada no causa perjuicio y el amparo resulta improcedente, de conformidad con el artículo 73, fracción XVIII, esta en concordancia con el artículo 114, fracción I, a contrario sensu, de la ley de la materia.
29. La propia Segunda Sala, en el fallo del amparo en revisión 1834/2004,(15) al establecer las premisas que se deben cumplir para impugnar una norma por virtud de un acto concreto de aplicación, expresó que a través de este se actualizan las hipótesis normativas relativas, de manera que se generan en relación con la persona gobernada los efectos de la norma, regulando o sancionando una situación jurídica concreta, como se corrobora con la reproducción de la parte relativa del fallo:
Se asevera lo anterior, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado en distintas Épocas que para impugnar una ley por virtud de un acto concreto de aplicación, es menester que se cumplan con ciertas premisas, a saber:
1. La existencia de ese acto concreto de aplicación de la ley controvertida.
2. Que el acto concreto de aplicación cause perjuicio directo y actual a la esfera jurídica del gobernado.
3. Que ese acto de aplicación sea el primero, no ulteriores.
4. Que dicho acto de aplicación de la norma sea anterior a la presentación de la demanda de garantías.
En esa tesitura, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, si el gobernado reclama una ley por virtud de un acto de aplicación deberá ser el primero, en el que de manera expresa o tácita se actualicen las hipótesis normativas relativas, de manera que se generen en relación con el gobernado los efectos de la norma, regulando o sancionando una situación jurídica concreta.
30. De esta manera, la impugnación de normas por su sola vigencia exige, por regla general, que la persona quejosa se encuentre en el supuesto de la norma, porque únicamente en esta circunstancia resiente sus efectos perjudiciales.
31. Lo anterior se traduce en que tratándose de normas que por su sola vigencia causan afectación (autoaplicativas), el interés jurídico de la parte quejosa depende de que se demuestre que se encuentra en el supuesto normativo.
32. Correlativamente, cuando la norma no se reclama por su sola vigencia, es decir, en su condición de autoaplicativa, sino con motivo del primer acto de aplicación, el interés jurídico se demuestra considerando la existencia de este último y su grado de afectación en la esfera de la persona quejosa.
33. Sin embargo, frente a estas reglas generales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido excepciones:
34. Una de ellas es el reclamo de normas autoaplicativas que conforman un sistema.
35. Así, el Máximo Tribunal se pronunció sobre supuestos en los cuales la parte quejosa se encuentra colocada solo en la hipótesis de una norma pero reclama también otras relacionadas con ella, con las cuales conforma un sistema, y llegó a la conclusión de que debía estimarse procedente la acción constitucional,(16) como se observa de la tesis de jurisprudencia P./J. 121/99,(17) de título, subtítulo y texto siguientes:
ACTIVO. LA LEY QUE ESTABLECE EL IMPUESTO RELATIVO CONTIENE DISPOSICIONES RELACIONADAS ENTRE SÍ, LO QUE DA LUGAR A QUE QUIENES SE ENCUENTRAN EN LOS SUPUESTOS DE SU AUTOAPLICACIÓN, TENGAN INTERÉS JURÍDICO EN RECLAMAR CUALQUIERA DE LOS PRECEPTOS QUE REGULAN EL SISTEMA ESPECÍFICO PREVISTO PARA LA CATEGORÍA DE CONTRIBUYENTE QUE SE DEMOSTRÓ TENER. Cuando se reclama la inconstitucionalidad de la Ley del Impuesto al Activo por considerarla autoaplicativa, no es menester que el gobernado se sitúe dentro de cada una de las hipótesis que la misma contempla en su articulado, sino que basta que se ubique de manera general en la hipótesis de ser contribuyente del impuesto que se regula, para que esté en aptitud legal de combatir cada uno de los preceptos que puedan serle aplicables según el régimen específico previsto para la categoría de contribuyente que demostró tener, toda vez que por la íntima relación que guardan sus disposiciones, por ese solo hecho, se encuentra obligado a acatar el sistema que establece, desde la iniciación de la vigencia de la ley.(18) 36. El análisis emprendido en esta ejecutoria es relevante para el asunto, toda vez que el Máximo Tribunal observó que la legislación fiscal establecía diversas categorías de sujetos y a cada una de ellas le asignaba un conjunto de derechos y de deberes; asimismo, concluyó que bastaba que la persona quejosa demostrara pertenecer a una de esas categorías para que estuviera en posibilidad de reclamar todos los preceptos relacionados con la misma. La parte conducente del fallo dice:
Como es fácil de advertir, el artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Activo establece diversas categorías de sujetos pasivos o contribuyentes del impuesto al activo, para los que a su vez prevé un sistema o régimen especial de tributación, a precisar:
1. Las personas físicas que realicen actividades empresariales y las personas morales, residentes en México, las que deben pagar el impuesto por el activo que tengan, cualquiera que sea su ubicación (párrafo primero del artículo 1o. de la ley).
2. Las residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, que están obligadas al pago del impuesto por el activo atribuible a dicho establecimiento (párrafo primero del artículo 1o. de la ley).
3. Las personas distintas a las señaladas en el mismo párrafo primero, que otorguen el uso o goce temporal de bienes, en los que también están comprendidos, de acuerdo con la última reforma del treinta de diciembre de mil novecientos noventa y seis, los de aquellos bienes a que se refieren el capítulo III del título IV y los artículos 133, fracción XIII, 148, 148–A y 149, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que se utilicen en la actividad de otro contribuyente de los mencionados en el citado párrafo primero; las que se encuentran obligadas al pago del impuesto, únicamente por esos bienes (párrafo primero).
4. Los residentes en el extranjero por los inventarios que mantengan en el territorio nacional para ser transformados por algún contribuyente de este impuesto, que deberán pagar el tributo solo en relación con tales inventarios (párrafo segundo del artículo 1o. de la ley).
5. Las empresas que componen el sistema financiero, que están obligadas al pago del impuesto por su activo no afecto a su intermediación financiera (párrafo tercero del artículo 1o. de la ley).
De lo anterior se desprende que, en virtud de que la Ley del Impuesto al Activo establece diversas categorías de contribuyentes, que enuncia en su artículo 1o., el interés jurídico para reclamar en el juicio de amparo alguno de los preceptos relacionados con alguna de ellas, deriva de la demostración de que el quejoso se encuentra en la categoría que impugna, pues de esta forma acredita que el sistema relativo le obliga a actuar en determinado sentido y, por ende, que invade su esfera jurídica, a pesar de que todavía no haya resentido los efectos de una aplicación en su perjuicio. Por consiguiente, basta que la quejosa haya demostrado encontrarse en la categoría de contribuyente a que pertenecen las personas morales con actividades empresariales residentes en México, que deben observar los lineamientos establecidos por el artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo, que forman parte integrante del sistema establecido para ese régimen de sujetos obligados, para que se encuentre en condiciones de solicitar el amparo respecto de ese precepto legal.
Sirve de ilustración a las consideraciones vertidas, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número CXL/97 (...) ACTIVO, IMPUESTO AL. LA LEY QUE LO ESTABLECE CONTIENE DIVERSAS CATEGORÍAS DE CONTRIBUYENTES, POR LO QUE EL INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN EL JUICIO DE AMPARO LOS PRECEPTOS RELACIONADOS CON ALGUNA DE ELLAS, DERIVA DE LA DEMOSTRACIÓN DE QUE EL QUEJOSO SE ENCUENTRA EN LA QUE IMPUGNA. (cita datos y transcribe).
Asimismo, es aplicable la tesis siguiente (...) P. LXXXVI/98 (...) ACTIVO. LA LEY QUE ESTABLECE EL IMPUESTO RELATIVO CONTIENE DIVERSAS CATEGORÍAS DE CONTRIBUYENTES, POR LO QUE EL INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN EL JUICIO DE AMPARO LOS PRECEPTOS RELACIONADOS CON ALGUNA DE ELLAS, DERIVA DE LA DEMOSTRACIÓN DE QUE EL QUEJOSO SE ENCUENTRA EN LA QUE IMPUGNA. (cita datos y transcribe).
También resulta de observancia la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia, identificada con el número L/92 (...) EN RECLAMAR CUALQUIERA DE LOS PRECEPTOS QUE REGULAN EL SISTEMA ESPECIFICO PREVISTO PARA LA CATEGORÍA DE CONTRIBUYENTE QUE SE DEMOSTRÓ TENER. (cita datos y transcribe).
En esa tesitura, cabe señalar que en autos aparece demostrado que la quejosa se ubica en la primera de las precisadas categorías de contribuyentes que señala el artículo 1o., párrafo primero, de la Ley del Impuesto al Activo, es decir, la de ser una sociedad mercantil que realiza actividades empresariales y reside en México, según sus propias manifestaciones y los elementos de convicción existentes en autos que sobre el particular informan, en especial, el instrumento notarial que acompañó a su demanda, y del que se divierte que es una persona moral residente en México, constituida bajo la modalidad de sociedad anónima de capital variable, dedicada a la actividad empresarial.
Por tanto, no estando demostrado que la quejosa se encuentre ubicada en la categoría de sujetos del tributo que otorgan el uso o goce temporal de bienes a otro contribuyente, es inconcuso que carece de interés jurídico para impugnar las disposiciones relativas al sistema que rige a esa categoría, como son, entre otras, el artículo 1o., párrafo primero, de la Ley del Impuesto al Activo, por lo que la respectiva reclamación constitucional es improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo y no es dable el examen de los argumentos relativos. (...)
Si bien este criterio se sentó en juicios de amparo en los cuales las personas quejosas reclamaron las normas como autoaplicativas, el Alto Tribunal utilizó el concepto de sistema normativo tratándose de juicios de amparo en los cuales se reclamaban normas con motivo de su aplicación, como se desprende de la ejecutoria que dio lugar a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 100/2008 de rubro: “AMPARO CONTRA LEYES. PARA IMPUGNARLAS COMO SISTEMA NORMATIVO ES NECESARIO QUE CONSTITUYAN UNA VERDADERA UNIDAD”, en la cual explicó:
Bajo esta perspectiva, resulta evidente que la impugnación de una norma general desde su sola vigencia o en virtud de un acto de aplicación precisa de que trascienda a la esfera jurídica del quejoso, generándole un menoscabo al respecto, puesto que de no demostrarse que se han concretado los efectos jurídicos de la norma, es incontrovertible la falta de legitimación de aquel para impugnar la disposición general en la que no se ubica.
Con base en lo expuesto, conviene puntualizar que cuando el quejoso combate un sistema de tributación simple o las normas que regulan el núcleo de la unidad normativa que rige a una cierta contribución que reviste la naturaleza de autoaplicativa, no resulta necesario que se sitúe en cada hipótesis que contempla el tributo, inclusive, respecto de las normas que inciden en el perímetro de la unidad relativas a obligaciones accesorias o variables, porque basta que demuestre que es contribuyente del impuesto que se regula, para que esté en aptitud legal de combatir cada uno de los preceptos que puedan aplicársele en el presente o futuro, por la íntima relación que guardan entre sí las disposiciones en cuanto a su sentido, alcance o aplicación, dado que se encuentra obligado a acatar dicho sistema, desde el inicio de la vigencia de la ley.
Corrobora tal postura, la jurisprudencia número 121/99 del honorable Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página catorce del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, noviembre de 1999, que dice:
ACTIVO. LA LEY QUE ESTABLECE EL IMPUESTO RELATIVO CONTIENE DISPOSICIONES RELACIONADAS ENTRE SÍ, LO QUE DA LUGAR A QUE QUIENES SE ENCUENTRAN EN LOS SUPUESTOS DE SU AUTOAPLICACIÓN, TENGAN INTERÉS JURÍDICO EN RECLAMAR CUALQUIERA DE LOS PRECEPTOS QUE REGULAN EL SISTEMA ESPECÍFICO PREVISTO PARA LA CATEGORÍA DE CONTRIBUYENTE QUE SE DEMOSTRÓ TENER. (se transcribe)
(...) En cambio, el quejoso debe demostrar el primer acto concreto de aplicación de las disposiciones legales reclamadas, cuando no se controviertan por su sola vigencia, porque en este supuesto no basta que sea causante del tributo para combatir todo el sistema o las normas que inciden en el perímetro de la unidad, sino que además debe situarse en cada hipótesis que la norma prevé, salvo que guarden una íntima relación, según lo dispuesto en las tesis que llevan por rubro, texto y datos de localización, los siguientes:
AMPARO CONTRA LEYES. LA APLICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DE DETERMINADOS PRECEPTOS DEMUESTRA SU INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR LOS QUE LE HAN SIDO APLICADOS, ASÍ COMO AQUELLOS QUE REGULAN EL SISTEMA ESPECÍFICO DENTRO DEL QUE SE UBICA. (se transcribe).
LEYES, AMPARO CONTRA. BASTA RECLAMAR EL PRECEPTO QUE SE ESTIMA INCONSTITUCIONAL, SIN QUE SEA NECESARIO IMPUGNAR TODO EL CUERPO LEGAL QUE LO CONTIENE. (se transcribe).
En tal virtud, el princip
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33050-76f7882e/interes-juridico-en-amparo-indirecto-cuando-una-persona · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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