Corpus
Modo: Corpus Pro

ACTIVO. EL DECRETO DEL EJECUTIVO FEDERAL POR EL QUE EXIME DEL PAGO DEL IMPUESTO RELATIVO Y OTORGA DIVERSAS FACILIDADES A LOS CONTRIBUYENTES QUE INDICA, CON BASE EN EL ARTÍCULO 39, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PUEDE IMPUGNARSE EN AMPARO SIN NECESIDAD DE RECLAMAR LA LEY QUE RIGE AL TRIBUTO. AMPARO CONTRA LEYES. PARA IMPUGNARLAS COMO SISTEMA NORMATIVO ES NECESARIO QUE CONSTITUYAN UNA VERDADERA UNIDAD. ACTIVO. EL ARTÍCULO PRIMERO DEL DECRETO DEL EJECUTIVO FEDERAL POR EL QUE EXIME DEL PAGO DEL IMPUESTO RELATIVO Y OTORGA DIVERSAS FACILIDADES A LOS CONTRIBUYENTES QUE INDICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 11 DE OCTUBRE DE 2005, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD. ACTIVO. EL DECRETO DEL EJECUTIVO FEDERAL POR EL QUE EXIME DEL PAGO DEL IMPUESTO RELATIVO Y OTORGA DIVERSAS FACILIDADES A LOS CONTRIBUYENTES QUE INDICA, CON BASE EN EL ARTÍCULO 39, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO SE RIGE POR LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA. ACTIVO. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN LOS QUE SE ADUCEN VICIOS DE FORMA DEL DECRETO DEL EJECUTIVO FEDERAL POR EL QUE EXIME DEL PAGO DEL IMPUESTO RELATIVO Y OTORGA DIVERSAS FACILIDADES A LOS CONTRIBUYENTES QUE INDICA, SI EL QUEJOSO NO ESTÁ INCLUIDO EN ÉL. IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUZGADOR CONSTITUCIONAL DEBE ANALIZAR EL RESPETO A DICHA GARANTÍA CON MAYOR INTENSIDAD. IGUALDAD. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLATORIAS DE DICHA GARANTÍA. IGUALDAD. LAS VIOLACIONES A LA GARANTÍA RELATIVA SON REPARABLES MEDIANTE LA EQUIPARACIÓN DE LOS SUPUESTOS DE HECHO COMPARADOS. JUSTICIA TRIBUTARIA. NATURALEZA CONSTITUCIONAL DE SUS PRINCIPIOS. PRINCIPIO GENERAL DE IGUALDAD. SU CONTENIDO Y ALCANCE.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1260/2006. · Registro digital (IUS): 21182
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: EDUSER INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Octubre de 2008, , Pág. 576.

AMPARO EN REVISIÓN 1260/2006. EDUSER INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.

MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.

SECRETARIOS: MARTHA ELBA HURTADO FERRER, FABIANA ESTRADA TENA E ISRAEL FLORES RODRÍGUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Federal; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 11, fracción V y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con lo previsto en el punto cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno, publicado el veintinueve de junio siguiente en el Diario Oficial de la Federación; en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, en el que se planteó la inconstitucionalidad de los artículos 1o., 2o., 7o. y 8o. de la Ley del Impuesto al Activo vigente en dos mil cinco y primero del decreto por el que se exime del pago del impuesto al activo y se otorgan diversas facilidades administrativas a los contribuyentes que se mencionan, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de octubre de dos mil cinco, y si bien en este recurso subsiste el problema de constitucionalidad de leyes planteado, el Tribunal Pleno acordó en sesiones privadas del veintiséis de marzo y trece de agosto de dos mil siete, que los asuntos que versen sobre dicha temática, se turnen a esta Sala.

Aunado a lo anterior, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, inciso b), párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 84, fracción III, de la Ley de Amparo y 21, fracción II, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerce facultad de atracción para conocer del problema de constitucionalidad que se hace valer respecto del decreto por el que se exime del pago del impuesto al activo y se otorgan diversas facilidades administrativas a los contribuyentes que se mencionan, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el once de octubre de dos mil cinco, dado que su interés y trascendencia así lo ameritan.

SEGUNDO. Cabe señalar que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no analizará el agravio identificado con el cardinal primero hecho valer en el recurso de revisión, en que se combate el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito en contra de los actos de aplicación atribuidos al secretario de Hacienda y Crédito Público, al jefe del Servicio de Administración Tributaria y al administrador local de Recaudación del Centro del Distrito Federal, en virtud de que el Tribunal Colegiado del conocimiento lo declaró infundado en el considerando séptimo de su resolución.

TERCERO. En su escrito de agravios, la quejosa recurrente adujo esencialmente sobre la materia de constitucionalidad, lo siguiente:

1o. La sentencia impugnada transgrede en su perjuicio los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo, en virtud de que contrariamente a lo que resolvió el Juez de Distrito, los criterios en que se apoyó el a quo para declarar la constitucionalidad del artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Activo vigente en dos mil cinco, no resultan aplicables al caso, reiterando que dicho concepto de violación no fue estudiado correctamente.

2o. La sentencia transgrede en perjuicio de la recurrente el artículo 77 de la Ley de Amparo, en virtud de que no existe diferencia alguna entre la eximición y la exención de impuestos, porque ambas liberan a los contribuyentes del pago de contribuciones futuras, por lo que resulta claro que el decreto impugnado incide en un elemento esencial de las contribuciones determinando los sujetos que no se encuentran sujetos al pago del impuesto relativo, como sucede con las personas físicas.

3o. Las razones en que se apoyó el Juez de Distrito para declarar la constitucionalidad del decreto impugnado, como son estimular el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, no son suficientes para justificar el trato diferenciado y desigual que se da a contribuyentes como la quejosa, cuya situación jurídica es igual a la de las personas físicas que fueron beneficiadas con la eximente del impuesto al activo, toda vez que durante el ejercicio fiscal de dos mil cuatro obtuvo ingresos inferiores a los que se establecen en el decreto.

- No obstante que el Ejecutivo Federal se encuentre facultado para expedir el decreto impugnado, debe darse el mismo trato a las personas que se encuentren en igualdad de condiciones, por tanto, el trato diferenciado entre personas físicas y morales contenido en el decreto por el que se exime del pago del impuesto al activo y se otorgan diversas facilidades administrativas a los contribuyentes que se mencionan, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el once de octubre de dos mil cinco, vulnera la garantía de igualdad prevista en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque dicha diferenciación no se encuentra justificada porque si bien en el decreto se benefició a las personas físicas debería haberse otorgado el mismo beneficio a las personas morales.

- Finalmente sostiene que el Ejecutivo Federal al ejercer la facultad prevista en el artículo 39, fracción I, del Código Fiscal de la Federación debe respetar las garantías individuales previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que en el presente asunto, el criterio diferenciador previsto en el decreto impugnado carece de justificación objetiva y razonable, en virtud de que con anterioridad al ejercicio dos mil cinco, tanto las personas físicas y morales gozaban de la exención del impuesto al activo.

CUARTO. Como cuestión previa, conviene precisar que los artículos 73, fracción VI y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, disponen:

"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"VI. Contra leyes, tratados o reglamentos que, por su sola vigencia no causen perjuicio al quejoso, sino que se necesite un acto posterior de aplicación para que se origine tal perjuicio."

"Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito:

"I. Contra leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional, reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, u otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación, causen perjuicios al quejoso."

De los anteriores preceptos se advierte que las disposiciones de carácter general pueden ser impugnadas a través del juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma, es decir, si por su sola entrada en vigor irroga un perjuicio al gobernado (autoaplicativas), o bien, si requiere un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete sus efectos jurídicos (heteroaplicativas).

Lo expresado pone de manifiesto que para impugnar una ley en el juicio de amparo, requiere acreditar que sus normas afectan la esfera jurídica de la persona que solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque los efectos se causen con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad o del particular, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus supuestos.

Se asevera lo anterior, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado en distintas épocas que para impugnar una ley en virtud de un acto concreto de aplicación, es menester que se cumpla con ciertas premisas, a saber:

1. La existencia de ese acto concreto de aplicación de la ley controvertida.

2. Que el acto concreto de aplicación cause perjuicio directo y actual a la esfera jurídica del gobernado.

3. Que ese acto de aplicación sea el primero, no ulteriores.

4. Que dicho acto de aplicación de la norma sea anterior a la presentación de la demanda de garantías.

En esa tesitura, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, si el gobernado reclama una ley en virtud de un acto de aplicación deberá ser el primero, en el que de manera expresa o tácita se actualicen las hipótesis normativas relativas, de manera que se generen en relación con el gobernado los efectos de la norma, regulando o sancionando una situación jurídica concreta.

Asimismo, debe considerarse que para combatir una norma general con motivo de su entrada en vigor, el gobernado debe acreditar que ésta trasciende a su esfera jurídica generándole un menoscabo al respecto.

Para acreditar que una norma general autoaplicativa afecta el interés jurídico del quejoso es necesario analizar, en principio, en qué situación de hecho debe ubicarse para sufrir un perjuicio con la entrada en vigor de aquélla, para que en su caso pueda evidenciarse si las pruebas ofrecidas coinciden con el supuesto de hecho que genera la consecuencia jurídica que prevé la norma controvertida, pues de lo contrario, podría demostrarse un hecho irrelevante que no lo legitimaría para impugnar el respectivo acto legislativo.

Bajo esta perspectiva, resulta evidente que la impugnación de una norma general desde su sola vigencia o en virtud de un acto de aplicación precisa de que trascienda a la esfera jurídica del quejoso, generándole un menoscabo al respecto, puesto que de no demostrarse que se han concretado los efectos jurídicos de la norma, es incontrovertible la falta de legitimación de aquél para impugnar la disposición general en la que no se ubica.

Con base en lo expuesto, conviene puntualizar que cuando el quejoso combate un sistema de tributación simple o las normas que regulan el núcleo de la unidad normativa que rige a una cierta contribución que reviste la naturaleza de autoaplicativa, no resulta necesario que se sitúe en cada hipótesis que contempla el tributo, inclusive, respecto de las normas que inciden en el perímetro de la unidad relativas a obligaciones accesorias o variables, porque basta que demuestre que es contribuyente del impuesto que se regula, para que esté en aptitud legal de combatir cada uno de los preceptos que puedan aplicársele en el presente o futuro, por la íntima relación que guardan entre sí las disposiciones en cuanto a su sentido, alcance o aplicación, dado que se encuentra obligado a acatar dicho sistema, desde el inicio de la vigencia de la ley.

Corrobora tal postura, la jurisprudencia número 121/99 del honorable Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página catorce del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, noviembre de 1999, que dice:

"ACTIVO. LA LEY QUE ESTABLECE EL IMPUESTO RELATIVO CONTIENE DISPOSICIONES RELACIONADAS ENTRE SÍ, LO QUE DA LUGAR A QUE QUIENES SE ENCUENTRAN EN LOS SUPUESTOS DE SU AUTOAPLICACIÓN, TENGAN INTERÉS JURÍDICO EN RECLAMAR CUALQUIERA DE LOS PRECEPTOS QUE REGULAN EL SISTEMA ESPECÍFICO PREVISTO PARA LA CATEGORÍA DE CONTRIBUYENTE QUE SE DEMOSTRÓ TENER. Cuando se reclama la inconstitucionalidad de la Ley del Impuesto al Activo por considerarla autoaplicativa, no es menester que el gobernado se sitúe dentro de cada una de las hipótesis que la misma contempla en su articulado, sino que basta que se ubique de manera general en la hipótesis de ser contribuyente del impuesto que se regula, para que esté en aptitud legal de combatir cada uno de los preceptos que puedan serle aplicables según el régimen específico previsto para la categoría de contribuyente que demostró tener, toda vez que por la íntima relación que guardan sus disposiciones, por ese solo hecho, se encuentra obligado a acatar el sistema que establece, desde la iniciación de la vigencia de la ley."

En cambio, el quejoso debe demostrar el primer acto concreto de aplicación de las disposiciones legales reclamadas, cuando no se controviertan por su sola vigencia, porque en este supuesto no basta que sea causante del tributo para combatir todo el sistema o las normas que inciden en el perímetro de la unidad, sino que además debe situarse en cada hipótesis que la norma prevé, salvo que guarden una íntima relación, según lo dispuesto en las tesis que llevan por rubro, texto y datos de localización, los siguientes:

"AMPARO CONTRA LEYES. LA APLICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DE DETERMINADOS PRECEPTOS DEMUESTRA SU INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR LOS QUE LE HAN SIDO APLICADOS, ASÍ COMO AQUELLOS QUE REGULAN EL SISTEMA ESPECÍFICO DENTRO DEL QUE SE UBICA. La aplicación a la parte quejosa de determinados preceptos de la ley cuya inconstitucionalidad reclama en el juicio de amparo, demuestra su interés jurídico para combatir tales preceptos, así como aquellos que, por la íntima relación que guardan sus disposiciones, puedan resultarle aplicables como consecuencia, es decir, todos aquellos que regulen el sistema específico dentro del que se ubique. Sin embargo, esto no significa que tenga, necesariamente, interés jurídico para combatir todo el cuerpo legal que contiene los preceptos que le fueron aplicados, pues el mismo puede regular hipótesis diversas, como podrían ser impuestos diferentes o contribuyentes diversos que se rigen por otro sistema, o bien hipótesis excluyentes entre sí, de manera tal que la aplicación de determinados preceptos implique, precisamente, la imposibilidad de aplicación de otros dispositivos del mismo ordenamiento legal." (Octava Época, Pleno, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 67, julio de 1993, tesis P. XXXIX/93, página 23).

"LEYES, AMPARO CONTRA. BASTA RECLAMAR EL PRECEPTO QUE SE ESTIMA INCONSTITUCIONAL, SIN QUE SEA NECESARIO IMPUGNAR TODO EL CUERPO LEGAL QUE LO CONTIENE. La acción constitucional procede tanto contra un cuerpo legal como en contra de uno de sus dispositivos. No resulta necesario reclamar todo el articulado de la ley, pues no todos sus preceptos pueden afectar al quejoso en su interés jurídico, ni tampoco se plantea la inconstitucionalidad de todos ellos." (Octava Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989, tesis XLIII/89, página 93).

En tal virtud, el principio de impugnación de normas generales que prevén los criterios contenidos en las tesis transcritas, pone en evidencia que pueden reclamarse aquellas disposiciones que guarden una íntima relación entre sí, aun cuando el quejoso sólo demuestre el acto concreto de aplicación de una de ellas, que lo legitima para controvertirlas de manera conjunta como un sistema normativo, al irrogarle un menoscabo en su esfera jurídica.

Esta prerrogativa de impugnación de normas desde su sola vigencia o en virtud de un acto concreto de aplicación de alguna de ellas, reviste singulares matices porque es menester que en su conjunto formen una verdadera unidad normativa, de modo que si se declara la inconstitucionalidad de una, afecta a las demás en su sentido, alcance o aplicación, por tanto, no cualquier norma puede integrar junto con otras un sistema impugnable a través del juicio de amparo, ya que deben tener una relación directa entre sí, casi indisociable en cuanto a la materia, tema, objeto, causa, principio o fuente, de ahí que la inconstitucionalidad de una norma fiscal no pueda trascender a una norma civil, administrativa o penal, a pesar de que la primera haga referencia a la segunda.

En ese sentido, el método de impugnación sistemática de las leyes no puede integrarse ni abarcar disposiciones que sólo hacen una mera referencia, mención o correlación con otras, sino que es básico que guarden una correspondencia real entre ellas, porque precisamente a partir de esa relación estrecha el particular puede controvertir normas generales aunque no hayan sido aplicadas en su perjuicio, siendo heteroaplicativas, o desde su sola vigencia las que no afectan aún su esfera de derechos.

En relación con este tema, debe precisarse que la Segunda Sala de este Alto Tribunal, al inicio de la Novena Época, consideró que los decretos expedidos por el presidente de la República en uso de la facultad prevista en el artículo 39, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, que eximían a determinados sujetos del impuesto al activo, tenían que combatirse conjuntamente con la ley respectiva para que fuera procedente su impugnación mediante el juicio de amparo, como se corrobora con la jurisprudencia 39/96, visible en la página 169 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, agosto de 1996, que dice:

"ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL DECRETO DEL 31 DE OCTUBRE DE 1995 QUE EXIME DEL PAGO DE AQUÉL A DETERMINADOS CONTRIBUYENTES, SI SE CONSINTIÓ LA LEY. El mencionado decreto, en su artículo primero, exime totalmente del pago del impuesto al activo que se cause durante el ejercicio de 1996 a los contribuyentes cuyos ingresos para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta no excedan de siete millones de pesos. Por otra parte, de la interpretación armónica de lo dispuesto por los artículos 1o., 2o. y 7o. de la Ley del Impuesto al Activo, en relación con el artículo 17 de su reglamento, se arriba a la convicción de que la obligación de cubrir este tributo deriva de esa ley. Por consiguiente, cuando el contribuyente reclama a través del juicio constitucional la expedición y refrendo del citado decreto porque no se encuentra inmerso en la hipótesis de exención, dado que tiene ingresos superiores a los señalados, la acción de garantías resulta improcedente en términos de lo establecido por el artículo 73, fracciones XI y XVIII, en relación con el artículo 80, interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, en virtud de que el efecto de la concesión de la protección federal contra ese decreto, al no haberse reclamado la ley, consistiría en exentar al quejoso, lo que es jurídicamente imposible, ya que las obligaciones fiscales, como se dijo, derivan de la Ley del Impuesto al Activo conforme a la cual ya venía pagando el tributo."

Más adelante, el propio Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación adoptó el mismo criterio, como se advierte de la jurisprudencia 59/97, publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, septiembre de 1997, que dispone:

"ACTIVO, IMPUESTO AL. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DEL DECRETO DEL 31 DE OCTUBRE DE 1995 QUE EXIME DEL PAGO DE AQUÉL, A DETERMINADOS CONTRIBUYENTES. Es improcedente el amparo promovido en contra del citado decreto, cuyo artículo primero exime totalmente del pago del impuesto al activo que se cause durante el ejercicio de 1996, a los contribuyentes cuyos ingresos, para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta en el ejercicio de 1995, no hayan excedido de siete millones de nuevos pesos. Lo anterior deriva de la imposibilidad jurídica de lograr, en las hipótesis contempladas, los efectos restitutorios que son propios del amparo, los que si bien se traducirían, fundamentalmente, en dejar insubsistente para el quejoso dicho decreto, con ello no lograría la liberación del pago del tributo porque esta obligación no proviene del decreto, sino de la Ley del Impuesto al Activo, que queda intocada; y tampoco podría, válidamente, disfrutar de la exención que establece el mencionado ordenamiento del Ejecutivo, porque si el mismo quejoso sostiene que es inconstitucional por instituir la exención, es ilógico pretender que tenga efectos en su beneficio, además de que la protección constitucional tampoco podría tener el efecto general de derogar el precepto en comento de dicho ordenamiento administrativo; por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el artículo 80, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo."

Por último y en esa misma línea de pensamiento, la Segunda Sala de este Alto Tribunal recientemente reiteró la misma postura(1) mediante la jurisprudencia 90/2007, consultable en la página 807 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, mayo de 2007, que dice:

"ACTIVO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE EQUIDAD TRIBUTARIA, PROMOVIDO CONTRA EL DECRETO POR EL QUE SE EXIME DEL PAGO DE AQUEL IMPUESTO A DETERMINADOS CONTRIBUYENTES (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 11 DE OCTUBRE DE 2005). Se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el artículo 80, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, cuando el juicio de garantías en que se aduce violación a la garantía de equidad tributaria, se promueve contra el citado decreto, cuyo artículo primero exime totalmente del pago del impuesto al activo que se cause durante el ejercicio fiscal de 2005, a las personas físicas contribuyentes, cuyos ingresos totales para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta en el ejercicio de 2004, no hayan excedido de $4'000,000.00. Lo anterior deriva de la imposibilidad jurídica de lograr los efectos restitutorios que son propios del amparo, los que si bien se traducirían en dejar insubsistente para el quejoso dicho decreto, con ello no lograría la liberación del pago del tributo, porque esta obligación no proviene de aquél, sino de la Ley del Impuesto al Activo, que queda intocada; y tampoco podría, válidamente, disfrutar el beneficio mencionado, porque si el mismo quejoso sostiene que es inconstitucional por instituir dicho beneficio, es ilógico pretender que tenga efectos en su favor, además de que la protección constitucional no podría tener el efecto general de derogar el precepto reclamado."

Como puede advertirse, los precedentes de mérito parten de la premisa de que es indispensable reclamar la Ley del Impuesto al Activo para estar en aptitud de impugnar el decreto expedido por el presidente la República, porque la obligación tributaria principal dimana de la ley, que al no ser combatida, seguiría surtiendo efecto en la esfera jurídica del contribuyente, de tal suerte que se estimó que constituyen un sistema normativo dicha ley y el decreto de que se trata, dada la íntima relación que guardan entre sí, por lo que se tenían que impugnar conjuntamente para que fuese procedente el juicio de amparo indirecto.

Ahora bien, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver en sesión del doce de julio de dos mil dos, por unanimidad de votos, la controversia constitucional 32/2002, determinó los alcances de la facultad prevista en el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, en los siguientes términos:

"‘Artículo 39. El Ejecutivo Federal mediante resoluciones de carácter general podrá:

"‘I. Condonar o eximir total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias.

"‘II. Dictar las medidas relacionadas con la administración, control, forma de pago y procedimientos señalados en las leyes fiscales, sin variar las disposiciones relacionadas con el sujeto, el objeto, la base, la cuota, la tasa o la tarifa de los gravámenes, las infracciones o las sanciones de las mismas, a fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes.

"‘III. Conceder subsidios o estímulos fiscales.

"‘Las resoluciones que conforme a este artículo dicte el Ejecutivo Federal, deberán señalar las contribuciones a que se refieren, salvo que se trate de estímulos fiscales, así como el monto o proporción de los beneficios, plazos que se concedan y los requisitos que deban cumplirse por los beneficiados.’

"...

"Por otra parte, del artículo 39, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, se desprenden los siguientes aspectos:

"I. Se otorgan al Ejecutivo Federal, las facultades siguientes:

"a) Condonar total o parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios;

"b) Eximir, total o parcialmente, de dicho pago; y

"c) Autorizar que el pago se realice a plazo, diferido o en parcialidades.

"II. Exclusivamente, en los casos o situaciones siguientes:

"1. Cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte:

"a) la situación de algún lugar o región del país;

"b) una rama de actividad;

"c) la producción o venta de productos;

"d) la realización de una actividad; y

"2. En casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias.

"De lo apuntado, se desprende, en primer término, que dichas facultades están referidas al pago de los impuestos y, por tanto, en relación directa con la función de recaudación que tiene atribuida el Poder Ejecutivo Federal; en otras palabras, el artículo 39, fracción I, del código tributario sólo faculta a ese poder para omitir el ejercicio de sus facultades recaudatorias, por medio de resoluciones de carácter general, en los casos autorizados en la propia fracción.

"Lo anterior tiene su razón de ser, en cuanto que el sujeto activo de la obligación tributaria es el Estado y es al Ejecutivo Federal a quien corresponde recibir o cobrar las contribuciones que establezca el órgano legislativo, en ejercicio de la facultad que a este último le confiere el artículo 73, fracción VII, de la Constitución Federal.

"Por otro lado, el Poder Ejecutivo está vinculado a ejercitar la facultad recaudatoria que le encomiendan la Constitución Federal y las leyes del Congreso de la Unión, atemperando su ejercicio en contingencias que puedan o no acaecer como fenómenos de la naturaleza o calamidades públicas, o bien, aquellas situaciones de presión extraordinaria en los mercados, sea por causas exteriores o interiores del país, que hagan necesario el otorgamiento de eximentes fiscales transitorios, a fin de evitar que se ocasionen mayores daños o perjuicios a los sujetos o grupos que los resienten.

"En tales situaciones genéricas emergentes, el Ejecutivo Federal podrá ejercer la facultad que le confiere el artículo 39, fracción I, del Código Fiscal de la Federación.

"Por tanto, sólo ante la actualización de alguno de los casos que refiere el artículo 39, fracción I, del código tributario, podrá el titular del Poder Ejecutivo Federal liberar del pago de una contribución, pero siempre será mediante resoluciones generales debidamente motivadas.

"Sobre el particular, con la finalidad de corroborar el alcance de la disposición contenida en el artículo 39, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, que se ha asentado, se deben tener presente sus antecedentes históricos:

"...

"Bajo este tenor, resulta que el dictamen relativo al artículo 30 del código tributario, por su similitud con el texto del artículo 39, fracción I, en comento, puede estimarse como el antecedente de este último, dado que en esa reforma fue cuando se agregó la facultad relativa a ‘eximir’ del pago del tributo, cabe destacar lo siguiente:

"a) Cuando se refiere al término ‘condonar’, el legislador alude a la facultad del Ejecutivo Federal para perdonar el pago de aquellas contribuciones ya existentes, esto es, cuando ya son exigibles, entonces el Ejecutivo podrá dispensar de su pago.

"La figura jurídica tributaria de la condonación es una forma de extinción de la obligación fiscal, mediante la cual se perdona, total o parcialmente, a los contribuyentes el pago de sus cargas fiscales.

"b) Cuando se utiliza el término ‘eximir’, se refiere a la facultad del presidente de la República para liberar del pago de las contribuciones futuras y no causadas.

"Luego, es claro que se trata de facultades distintas, pero encaminadas de manera común, a relevar al Ejecutivo Federal de la obligación recaudatoria que, como tal, le ha sido conferida, solamente para los casos contingentes que prevé la Ley del Congreso.

"Ahora bien, como se ha apuntado, la exención es la figura jurídico-tributaria que elimina de la regla general de causación ciertos hechos o situaciones gravables por razones de equidad, de conveniencia o de política económica (exención objetiva) o bien que declara no obligada al pago del tributo a una categoría de personas que, conforme a las disposiciones generales, quedarían comprendidas entre los sujetos pasivos, pero que por razones circunstanciales de índole política, económica o social, se declararon exentos (exención subjetiva); debe constar necesariamente en ley, en sentido formal y material, y está integrada al sistema del tributo.

"En cambio, el artículo 39, fracción I, del Código Fiscal de la Federación prevé situaciones de fuerza mayor o de emergencia, que el Ejecutivo Federal, de manera inmediata puede advertir, enfrentar y paliar sus consecuencias, porque sus funciones le permiten estar en contacto directo con la mutante realidad y liberar temporalmente del pago de contribuciones a determinados grupos sociales, sin modificar los elementos esenciales del tributo; dicha liberación no está sujeta al principio de reserva de ley ni se integra al sistema del tributo.

"Bajo estas premisas, el Ejecutivo Federal se encuentra limitado a decretar en forma total o parcial y por un periodo determinado, la liberación del pago de ciertas contribuciones, mas no podrá modificar los elementos esenciales de los tributos, pues una vez transcurrido dicho periodo, ejercerá su plena facultad recaudatoria.

"Por consiguiente, se concluye que el artículo 39, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, que faculta al presidente de la República para eximir parcial o totalmente del pago de contribuciones y sus acc

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21182-245698c0/activo-el-decreto-del-ejecutivo-federal-por-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.