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Modo: Corpus Pro

DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL. MEDIDAS QUE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA HA ADOPTADO PARA EVITARLA. RENTA. EL ARTÍCULO 180, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005). RENTA. LOS ARTÍCULOS 177 Y 180, FRACCIONES II Y III, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1265/2005. · Registro digital (IUS): 19774
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: FEDERICO TERCERO GARZA TORRES.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Octubre de 2006, , Pág. 487.

AMPARO EN REVISIÓN 1265/2005. FEDERICO TERCERO GARZA TORRES.

MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.

SECRETARIOS: ISRAEL FLORES RODRÍGUEZ, MARTHA ELBA HURTADO FERRER Y GUSTAVO RUIZ PADILLA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Federal; 83, fracción IV y 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; y 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto tercero, fracción II, del Acuerdo General Número 5/2001, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de fecha veintiuno de junio de dos mil uno, publicado el veintinueve de junio del año dos mil uno, en el Diario Oficial de la Federación, en virtud de que se interpuso contra una sentencia dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, en el que se reclamaron los artículos 113, 116 y 177, fracción I, y segundo transitorio, fracción I, incisos e) y h), en relación con el artículo 180, todos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigentes durante el ejercicio de dos mil cinco.

SEGUNDO. El presente recurso de revisión fue interpuesto por Federico Tercero Garza Torres por su propio derecho, en su carácter de quejoso en el juicio de amparo indirecto, siendo indudable que tiene legitimación para intentarlo con esa calidad, en términos del artículo 4o. de la Ley de Amparo.

TERCERO. El recurso de revisión se interpuso en tiempo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, en virtud de que la sentencia recurrida se notificó al quejoso hoy recurrente con fundamento en el artículo 30, fracción I, de la Ley de Amparo, por lista, el día quince de julio de dos mil cinco, y el recurso de revisión se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal el día uno de agosto del mismo año, por tanto, si el término para la promoción del recurso transcurrió del diecinueve de julio al uno de agosto del citado año, ya descontados los días dieciocho (en que surtió efectos la notificación respectiva), veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de julio (que fueron inhábiles por corresponder a sábados y domingos), es inconcuso que su interposición fue oportuna, por haberse presentado el día en que vencía el plazo legal señalado.

CUARTO. Los agravios expresados son del tenor siguiente:

"Único. La sentencia de fecha 12 de julio de 2005, resulta contraria a derecho en virtud de que la misma fue dictada en una flagrante contravención por el artículo 77 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A. En efecto, en la sentencia recurrida se observa que el a quo resolvió negar el amparo al suscrito haciendo una indebida interpretación y apreciación de las normas cuya constitucionalidad se combatió en el juicio de amparo instaurado por el suscrito, ya que consideró que los trabajadores extranjeros y los mexicanos que prestan un servicio personal y subordinado y que obtienen ingresos por dicho servicio, son contribuyentes distintos entre sí y, por tanto, no se viola el principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, situación que resulta incorrecta, ya que los actos reclamados efectivamente dan un trato preferencial a los trabajadores extranjeros con respecto a los trabajadores mexicanos, máxime que el hecho generador y base gravable del impuesto sobre la renta son los mismos. Así las cosas, en la sentencia que se recurre se resolvió lo siguiente: ‘QUINTO.’ (se transcribe). De la sentencia ahora recurrida se desprende que el a quo consideró en forma por demás errónea, que el régimen fiscal de las personas físicas mexicanas que prestan un servicio personal subordinado en relación con residentes en el extranjero que prestan el mismo servicio en el país, no es el mismo, ya que se trata de contribuyentes diferentes debido a que la ubicación de su regulación en la Ley del Impuesto sobre la Renta es diferente, en atención a que se encuentran en títulos distintos. Esto es, los primeros se regulan por el título IV denominado ‘De las personas físicas’, ‘disposiciones generales’, mientras que los segundos, por el título V denominado ‘De los residentes en el extranjero’. De igual forma, el Juez de Distrito considera que las personas físicas mexicanas que presten un servicio personal subordinado están reguladas únicamente por la legislación nacional, mientras que los extranjeros están regulados no sólo por las normas jurídicas mexicanas sino también por los tratados internacionales. En relación con lo anterior, el Juez de Distrito sostiene que la razón por la cual existe la diferencia de tasas entre personas físicas mexicanas y los extranjeros que prestan el mismo servicio, es para evitar la doble tributación y que los extranjeros vieran afectados sus intereses cuya fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional. Las razones expuestas fueron los puntos torales en los que el a quo se basó para afirmar que los actos reclamados no violan los principios de igualdad y equidad previstos en los artículos 1o. y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, determinar que se negara el amparo y protección de la Justicia de la Unión al suscrito. Lo sostenido por el Juez de Distrito resulta ilegal, ya que efectivamente existe un tratamiento inequitativo al momento de determinar el impuesto sobre la renta a enterar entre las personas físicas mexicanas que prestan un servicio personal y subordinado, reguladas por el capítulo I del título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y los residentes en el extranjero que prestan el mismo servicio, ya que el artículo 180 de la misma ley otorga a estos últimos una exención y tasas preferenciales que no se encuentran apoyadas en elementos jurídicos concretos y objetivos, lo cual resulta violatorio del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, ya que de la lectura que ese tribunal realice de los artículos 110 y 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se desprende que el sujeto pasivo del tributo es la persona física que presta un servicio personal y subordinado, y la base gravable está constituida por el importe de los ingresos obtenidos por dicho servicio durante el periodo de imposición que provenga de toda contraprestación. Del análisis que se efectúe en su conjunto de las normas señaladas como actos reclamados, puede observarse que los ingresos tanto de los trabajadores extranjeros y mexicanos se perciben de la prestación de un servicio personal y subordinado como lo es el salario, mismos que son referidos tanto en el primer párrafo del artículo 180, como en el párrafo primero y fracción I del numeral 110 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; de ahí que debe concluirse que los trabajadores residentes en el extranjero se encuentran en la misma hipótesis de causación del impuesto que los demás trabajadores mexicanos residentes en el país y, por tanto, se ubican en un supuesto similar que no justifica la creación de una categoría de contribuyente especial. En relación con lo anterior, y contrariamente a lo sostenido por el a quo, podemos afirmar que la situación tanto de los trabajadores mexicanos, como es el caso del suscrito, como el de los extranjeros que reciben ingresos con motivo de un servicio personal subordinado, es prácticamente idéntico por las siguientes consideraciones: a) Tanto los artículos 110, como el 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta se refieren a personas físicas (mexicanas y extranjeras) que obtienen ingresos con motivo de un servicio personal y subordinado, esto es, con motivo de una relación laboral. b) Con motivo de la obtención de los ingresos obtenidos por el servicio personal y subordinado prestado, las mencionadas personas físicas se encuentran obligadas al pago del impuesto sobre la renta. c) Los ingresos de las personas físicas tanto mexicanas como extranjeras que prestan el servicio personal y subordinado son percibidos por concepto de salarios. d) Los ingresos percibidos por las personas físicas referidas anteriormente provienen de una fuente de riqueza ubicada en territorio nacional. e) De conformidad con la legislación fiscal aplicable, en el entero del impuesto sobre la renta causado con motivo de la prestación de los ingresos percibidos por las personas físicas mexicanas y extranjeras con motivo de su relación laboral, por regla general, interviene un tercero en su carácter de patrón que retiene el impuesto. Por lo anterior, esa Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá advertir que contrariamente a lo sostenido por el a quo en la sentencia que se recurre, las disposiciones reclamadas efectivamente dan un trato desigual a los trabajadores residentes en territorio nacional respecto de aquellos residentes en el extranjero que obtienen ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, sin que al efecto exista una razón objetiva ni legal que justifique ese tratamiento distinto. Inclusive, pareciera ser que en los actos reclamados se estuviera otorgando un privilegio para aquellos extranjeros que prestan un servicio personal subordinado al momento de determinar el impuesto sobre la renta a pagar, aun cuando en nuestra propia Carta Magna no se hace distinción alguna entre el trabajador mexicano y el trabajador extranjero, puesto que ambos son regulados bajo el apartado A del artículo 123 de la Constitución, sin establecer ninguna diferencia en cuanto a los mismos. En efecto, la falta de equidad de la disposición reclamada, contrariamente a lo sostenido por el a quo, radica en que dependiendo de si un trabajador posee la calidad de mexicano o extranjero, o inclusive siendo un mexicano con doble nacionalidad, en donde los primeros pagarán el impuesto sobre la renta en una situación desventajosa frente a los segundos, sin que, como ha quedado precisado, exista una razón jurídica válida que lo justifique. En otras palabras, la disposición en comento discrimina a aquellos trabajadores que sean mexicanos frente a cualquier trabajador que sea extranjero, en lo que se refiere al pago del impuesto sobre la renta por la obtención de los ingresos derivados de la prestación de un servicio personal subordinado. Se insiste, es incorrecto lo sostenido por el a quo en el sentido de que tanto el trabajador mexicano y el extranjero que prestan un servicio personal subordinado y obtienen ingresos por concepto de salarios, son contribuyentes diferentes, en virtud de que estamos en presencia de sujetos pasivos similares que prestan el mismo servicio y la base gravable está constituida por el importe de los ingresos obtenidos por dicho servicio durante el periodo de imposición que provenga de toda contraprestación. Es por lo anterior que la ilegalidad de la sentencia que se recurre se hace evidente, pues el artículo 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta hace una distinción arbitraria e inequitativa sin causa que los justifique, al otorgar un beneficio a los trabajadores extranjeros respecto del pago del impuesto sobre la renta por los ingresos que perciban derivados de la prestación de un servicio personal subordinado, mientras que cualquier otro trabajador por los mismos ingresos pagaría el impuesto a tasas mucho mayores, siendo que igualmente se ven beneficiados ambos de los servicios públicos y del gasto público. En conclusión, si el principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de nuestra Carta Magna está constituido por la igualdad, esto es, que se otorgue el mismo tratamiento a todos los sujetos pasivos del tributo que se encuentren en la misma situación sin hacer distinciones injustas o arbitrarias, luego entonces, los actos reclamados tal como se expuso con anterioridad, violan dicho principio constitucional en mi perjuicio al otorgar a los trabajadores extranjeros un trato preferencial al momento de determinar el impuesto sobre la renta a enterar. Asimismo, el a quo trata de fundar su negativa de otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión al suscrito con la cita de la exposición de motivos de fecha 13 de septiembre de 2004 que dio origen a las reformas de algunos preceptos de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 2005. En dicha transcripción se observa que el legislador para supuestamente dar un tratamiento equitativo a los contribuyentes propuso adicionar el artículo 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para establecer dicho impuesto a los residentes en el extranjero que reciban este tipo de ingresos cuando presten sus servicios en el país. Sin embargo, contrariamente a lo sostenido por el Juez de Distrito, el hecho de que el legislador tenga la intención de dar un tratamiento equitativo a los contribuyentes, no quiere decir que al momento de establecer la mecánica de la determinación del impuesto así como las categorías distintas de contribuyentes, efectivamente respete los principios constitucionales contemplados en el artículo 31, fracción IV, de nuestra Carta Magna. En efecto, el que el legislador tenga ciertas intenciones o fines, no quiere decir que al momento de establecer la mecánica de un tributo en un cuerpo legislativo, se lleve a cabo a la práctica dicha intención. Más aún, y bajo estos razonamientos, resulta más evidente lo ilegal que resulta lo sostenido por el a quo, ya que si bien es cierto que existen fines económicos, históricos, políticos y extrafiscales que configuran la legislación vigente, y que muchas veces son plasmados en la exposición de motivos de una ley como lo sostiene el a quo, también es cierto que dichos fines no son razones suficientes para que el Estado expida leyes contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, no existe razón ni fines suficientes por más loables que sean como lo es la supuesta equidad que busca el legislador con la adición del artículo 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para que se establezcan contribuciones y cargas impositivas que vulneran de manera arbitraria las garantías individuales de los particulares consagradas en la Carta Magna, la cual es el máximo ordenamiento del Estado mexicano. Así las cosas, si el fin de una ley fiscal es contribuir al gasto público, los tributos que al efecto establezca el Estado necesariamente deberán cumplir con los principios constitucionales establecidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resulta aplicable, por analogía, la tesis P. CIV/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Novena Época, diciembre de 1999, la cual establece lo siguiente: ‘CONTRIBUCIONES, LOS FINES EXTRAFISCALES NO PUEDEN JUSTIFICAR LA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.’ (se transcribe). Así las cosas, sirve de apoyo a todo lo expuesto, por analogía, ya que se trata de situaciones similares, la tesis jurisprudencial 50/2002, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al declarar inconstitucional el artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio de 2002, misma que se transcribe a continuación: ‘RENTA. EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN XI, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA, AL OTORGAR UN TRATO DISTINTO A LOS TRABAJADORES DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS RESPECTO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA INICIATIVA PRIVADA.’ (se transcribe). En este sentido, es claro que el artículo 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta resulta violatorio de la garantía de equidad tributaria consagrada en el diverso 31, fracción IV, de la Constitución. Ello, debido a que tanto el trabajador mexicano y el extranjero son personas físicas que prestan un servicio personal subordinado, por lo cual deberían ubicarse en la misma hipótesis de causación del impuesto, al estar gravados en función de los ingresos que perciben por concepto de salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado. Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia que se transcribe a continuación: ‘RENTA. LEY DEL IMPUESTO RELATIVO. SE ENCUENTRAN EN UN PLANO DE IGUALDAD LOS TRABAJADORES QUE PRESTAN SU SERVICIO A UN PATRÓN Y QUIENES LO HACEN AL ESTADO.’ (se transcribe). Por lo anterior, resulta evidente el trato inequitativo que el artículo 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pretende dar a los trabajadores extranjeros, al otorgarles un beneficio que no reciben los demás trabajadores mexicanos, no obstante que ambos se encuentran en la misma situación jurídica y tributaria, ya que por la mera circunstancia de tener distinta nacionalidad, pretende distinguirlos de cualquier otro trabajador que sea mexicano, como es el caso de los quejosos y, por ende, se priva a estos últimos de gozar de tasas preferenciales en el pago del impuesto sobre la renta. En consecuencia, la sentencia dictada por el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal resulta ilegal, ya que dicha autoridad jurisdiccional no se percató de que el artículo 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta efectivamente da un trato injusto y, por tanto, inconstitucional a los trabajadores mexicanos que presten sus servicios a cualesquier patrón, frente a aquellos trabajadores que presten sus servicios a los mismos patrones que, sin embargo, gocen de la calidad de extranjeros. Así las cosas, es claro que la sentencia de fecha 12 de julio de 2005 es ilegal y contraria a nuestra Carta Magna, al igual que el artículo 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor, por ser contrario al principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, al dar un trato desigual a personas que se encuentran en igualdad de circunstancias frente a la ley, a saber, que reciben ingresos por concepto de la prestación de un servicio personal subordinado dependiendo de su nacionalidad, por lo que lo procedente será otorgar al suscrito el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. B. Aunado a lo anterior, y tomando en consideración los argumentos precisados en el apartado anterior, la sentencia emitida por el Juzgado de Distrito resulta del todo ilegal y denota la falta de análisis a la legislación fiscal aplicable, en concreto, la Ley del Impuesto sobre la Renta. Lo anterior, en virtud de que el Juez a quo consideró en forma errónea que el tratamiento distinto a los trabajadores mexicanos respecto a los extranjeros que prestan el mismo servicio se justifica por la ubicación de su regulación en la Ley del Impuesto sobre la Renta. Esto es, los primeros se regulan por el título IV denominado ‘De las personas físicas’, ‘Disposiciones generales’, mientras que los segundos, por el título V denominado ‘De los residentes en el extranjero.’. Lo sostenido por el a quo resulta ilegal y erróneo, en virtud de que como esa Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá advertir, las diferencias y categorías que puedan existir entre los contribuyentes no están determinadas por la ubicación de su regulación en la Ley del Impuesto sobre la Renta. En efecto, el hecho de que un cuerpo normativo esté dividido por razón de sistemática jurídica en libros, títulos, capítulos, secciones, etcétera, no condiciona la eficacia de una norma jurídica, sino que hay que atender a la naturaleza y contenido de la misma. En la especie, si bien es cierto que los ingresos obtenidos por los residentes en el extranjero están regulados por el título V de la Ley del Impuesto sobre la Renta, mientras que los trabajadores mexicanos que reciben ingresos por salarios se encuentran regulados en el título IV de la misma ley, también es cierto que la ubicación de su regulación en la ley de la materia de ninguna manera representa una diferenciación sustancial entre dichos contribuyentes que los haga distintos entre sí, sino que se debe atender a la naturaleza misma del tributo y a los elementos que constituyen al mismo; el sujeto, objeto, base gravable, tasa, cuota o tarifa. Así las cosas, se observa que la simple confrontación de los artículos 110, previsto en el título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 180 previsto en el título V de la misma ley, se desprende que tanto el trabajador mexicano, en el caso del suscrito, como el extranjero obtienen ingresos derivados por la prestación de un servicio personal subordinado por tiempo indeterminado, provenientes de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional y que, por regla general, interviene un patrón en su carácter de retenedor del impuesto a enterar, siendo la única diferencia accidental la nacionalidad. En este orden de ideas, y contrariamente a lo sostenido por el a quo, la diferencia no estriba en la ubicación de la regulación de los trabajadores mexicanos y extranjeros en la Ley del Impuesto sobre la Renta, sino en un factor que no influye en sí mismo en el cálculo del tributo como lo es la nacionalidad. Si bien es cierto que la nacionalidad es un atributo de la personalidad, también es cierto que para la determinación del impuesto sobre la renta a enterar no es un criterio válido para dar un tratamiento diferencial a sujetos que se encuentran en la misma hipótesis de causación del tributo como lo son los trabajadores nacionales y los extranjeros que prestan un servicio personal y subordinado en el territorio nacional. Es por lo anterior, que lo sostenido por el a quo resulta ilegal, ya que el hecho de que tanto los trabajadores mexicanos y los trabajadores extranjeros que prestan un servicio personal subordinado se encuentren regulados en la Ley del Impuesto sobre la Renta bajo títulos legales distintos, no significa que tengan circunstancias jurídicas diversas, más aún, como se ha expuesto en el presente ocurso, dichos sujetos se encuentran en la misma hipótesis de causación. Así las cosas, si el principio de equidad tributaria, de acuerdo a diversos criterios sostenidos, por esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, consiste en que los contribuyentes del mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que los establece, es decir, que no exista distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales, como es el caso que nos ocupa, luego entonces, no es válida la distinción que realizó el legislador en el artículo 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta respecto a la exención y tasas preferenciales que otorga a los residentes extranjeros que obtienen ingresos por un servicio personal subordinado y que el a quo en la resolución que se impugna justifica al considerar que la diferencia que supuestamente existe con los trabajadores mexicanos estriba en que su regulación se encuentre bajo títulos legales distintos. Por lo anterior, queda demostrado lo ilegal que resulta la sentencia de fecha 12 de julio de 2005 dictada por el Juez a quo, por lo que procede que esa Suprema Corte de Justicia de la Nación revoque dicha sentencia y conceda al suscrito el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra de los actos reclamados en la demanda de amparo que interpuse, ya que resultan violatorios de la garantía de equidad tributaria prevista en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. C. Resulta aún más clara la violación cometida por el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal en la sentencia que se recurre, ya que consideró que para los efectos de la tributación, los trabajadores extranjeros no sólo se someten a los tratados internacionales sino que también a la legislación nacional, mientras que los mexicanos únicamente a las leyes de nuestro país, por lo cual no se pueden establecer tasas semejantes para los residentes en México, ya que cabría la posibilidad de que existiera una doble tributación, la cual tendría como consecuencia el afectar a los extranjeros cuya fuente de riqueza se encuentre en territorio nacional. Sin embargo, y como esa Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá observar, el Juez a quo no cita el o los tratados internacionales suscritos por los Estados Unidos Mexicanos en los cuales fundamente la sentencia recurrida, situación que resulta contraria al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que deja en total estado de indefensión al suscrito. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el principio de legalidad y el cual consiste en que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado en una ley en sentido formal y material. Dicho principio no le es solamente aplicable a las autoridades administrativas, sino también a las autoridades legislativas y jurisdiccionales, como lo es el Juez a quo. Esto es, el Juez a quo para cumplir con la garantía de legalidad y seguridad jurídica debe fundar y motivar sus sentencias, esto es, citar el precepto legal aplicable al caso concreto y realizar los razonamientos lógico jurídicos para señalar el porqué a la situación fáctica le es aplicable la norma jurídica, situación que en la especie no aconteció. En efecto, de la sentencia recurrida se puede observar que el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal sostiene que la razón por la cual existen diferencias entre los trabajadores mexicanos, como el suscrito, y los extranjeros que prestan un servicio personal subordinado en la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, se debe a que estos últimos se someten tanto a la legislación nacional como a los tratados internacionales en materia fiscal. Sin embargo, dicha autoridad jurisdiccional es omisa en señalar el tratado internacional suscrito por el Estado mexicano aplicable, en donde se regule el tratamiento fiscal que debe darse a los trabajadores extranjeros para evitar, en su caso, la doble tributación que supuestamente pudiere originarse. Esto es, la sentencia recurrida carece de la fundamentación que todo acto de autoridad debe cumplir, situación que deja en estado de indefensión al suscrito, ya que no estoy en posibilidad de conocer con claridad y precisión las razones por las cuales el a quo resolvió negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión al suscrito. Más aún, ante la falta de fundamentación por parte del a quo, el suscrito no está en posibilidad de desvirtuar adecuadamente los argumentos lógicos vertidos en la sentencia, pues desconozco a qué tratado internacional en materia fiscal en concreto hace referencia el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. En estas circunstancias, la sentencia que se recurre es ilegal y la misma deberá ser revocada por esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que la misma carece de toda fundamentación, situación que me deja en total estado de indefensión, al no señalar con precisión los tratados internacionales en materia fiscal aplicables al caso concreto, lo cual contraviene el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, suponiendo sin conceder que los tratados internacionales para evitar la doble tributación, mismos que no fueron señalados o citados con precisión por el a quo en la sentencia recurrida, fuesen aplicables a los trabajadores extranjeros que prestan su servicio personal y subordinado en el país y que obtienen ingresos por la prestación de ese servicio, y que en atención a dichos tratados el legislador hubiese adecuado la Ley del Impuesto sobre la Renta y en concreto su artículo 180 en lo que se refiere a la exención y tasas preferenciales contempladas en dicho numeral, aun así la sentencia que se recurre resulta ilegal, en atención al principio de supremacía constitucional, ya que dichos tratados no pueden ser contrarios a nuestra Carta Magna, como sucede en la especie. No hay que perder de vista que la Constitución es el origen y fundamento del orden jurídico mexicano, en virtud de que determina la estructura del Estado, forma de gobierno, principios rectores de la administración pública, garantías constitucionales, etcétera. Así las cosas, de nuestra Carta Magna derivan las normas restantes que componen el orden jurídico las cuales deben ajustarse a sus principios para alcanzar su plena validez. En apoyo a lo anterior, el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: ‘Artículo 133.’ (se transcribe). Del artículo constitucional transcrito se desprende el principio de supremacía constitucional, al ser nuestra Carta Magna el fundamento del orden jurídico mexicano y, por tanto, todo aquello que sea contrario a la misma no es jurídicamente inválido. De este modo, la Constitución establece los principios fundamentales del orden jurídico a manera de enunciados generales, de manera que las normas jurídicas que deriven de ella no pueden bajo ningún motivo contradecirla o alterar su sentido. Siguiendo las mismas palabras de Hans Kelsen, el orden jurídico nacional puede compararse en una pirámide invertida cuyo vértice que sirve de fundamento y soporte está representado por la Constitución. Asimismo, se observa que el artículo 133 de la Constitución antes transcrito, considera a los tratados internacionales como Ley Suprema de la nación, siempre que se celebren por el presidente de la República y que los mismos sean aprobados por el Senado de la República. Esa Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido la jerarquía de los tratados internacionales dentro del sistema jurídico mexicano en la tesis P. LXXVII/9

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19774-b242b6dc/doble-imposicion-internacional-medidas-que-la-ley-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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