PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO PUGNA CON LA FACULTAD EXCLUSIVA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR EN MATERIA CONTRACTUAL CIVIL Y DE BIENES INMUEBLES. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. EL ARTÍCULO 87, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL IMPEDIR QUE LOS CONTRATOS RELACIONADOS CON INMUEBLES DESTINADOS A CASA HABITACIÓN O DE TIEMPO COMPARTIDO SURTAN EFECTOS CONTRA EL CONSUMIDOR CUANDO EL PROVEEDOR NO LOS HAYA REGISTRADO PREVIAMENTE ANTE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, CONTIENE UNA CAUSA DE NULIDAD RELATIVA.
AMPARO EN REVISIÓN 64/2005. AUGE INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIA: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. La parte quejosa hizo valer, en la materia del presente recurso de revisión, el siguiente agravio.
"Único. Violación a lo dispuesto por el artículo 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 77 de la Ley de Amparo, en relación a la inexacta aplicación e interpretación de lo establecido por los artículos 73, 73 bis, 73 ter, 75, 86, último párrafo y 87 de la Ley Federal de Protección al Consumidor reformados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de febrero de 2004 y por los artículos 14, 16, 28, 73, fracción XXX y 121, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. I. A fojas 12, 13 y 14 de la sentencia que por este medio se combate, al entrar en el estudio del fondo de las cuestiones planteadas por esta parte respecto a los artículos 73, 73 bis, 73 ter, 75, 86, último párrafo y 87 de la Ley Federal de Protección al Consumidor reformados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de febrero de 2004, el a quo indebidamente resuelve declarar infundado el concepto de violación hecho valer por la quejosa, respecto a que estos dispositivos invaden la esfera de facultades de las Legislaturas Locales, al regular una materia reservada a estas últimas, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior bajo el argumento de que conforme al artículo 28, párrafo tercero y 73, fracción XXX, el Poder Legislativo Federal cuenta con facultades suficientes para proteger a los consumidores y propiciar su organización para mejor cuidado de sus intereses, afirmación que es correcta pero que desde luego no tiene el alcance que el inferior pretende otorgarle, para la resolución del concepto de violación del que se duele la impetrante de garantías. En efecto, si bien es cierto que de acuerdo a los numerales antes enunciados el Poder Legislativo tiene facultades para emitir normatividad que tienda a proteger a los consumidores de este país, ello de ninguna manera implica que bajo las disposiciones en comento el legislador pueda emitir regulaciones que por disposición expresa le corresponden a los Poderes Legislativos Locales de acuerdo a lo dispuesto por la fracción II del artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo antes expuesto es así, ya que sería absurdo justificar una clara invasión de competencias, bajo el torcido argumento de que la autoridad federal cumple con el mandato de protección al consumidor dispuesto en el artículo 28 de nuestra Carta Magna, porque ello implicaría que por dar cumplimiento a cualquiera de los deberes o facultades que impone la Constitución a cada poder o entidad, éstas ejercieran sus funciones sin cortapisa alguna, aun en contra de preceptos de carácter constitucional como lo es el caso. Más aún, llevando al extremo el criterio indebidamente aplicado al presente caso por el a quo, sería posible que de acuerdo al artículo 4o. de nuestra Constitución, el cual dispone que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, el Legislativo Federal procediera a legislar en cuestiones relativas al matrimonio, concubinato, régimen conyugal o estado civil en defensa de los derechos de la mujer, lo cual por supuesto es una sinrazón. Por lo anterior, queda claro que el hecho de que exista una disposición constitucional que haga mención a un deber por parte de la autoridad federal, de ninguna manera implica o faculta a dicha autoridad, para que en cumplimiento a tal deber, emita e imponga normatividad que modifique y condicione de manera significativa los contratos de compraventa de inmuebles para uso habitacional, como lo es el caso del artículo 73 de la Ley Federal de Protección al Consumidor que se impugna por inconstitucional, función que es de reconocido derecho que corresponde a las Legislaturas Locales atento a lo dispuesto por el artículo 121, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. Asimismo, a fojas 14, 15 y 16, el inferior desestima el concepto de violación hecho valer por esta parte, consistente en que el artículo 86, último párrafo, de la Ley Federal de Protección al Consumidor reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de febrero de 2004, viola los artículos 14 y 16 de la Ley Fundamental, al establecer como cláusula forzosa de los contratos relativos a inmuebles celebrados con proveedores inmobiliarios, la obligación de designar como árbitro a la Procuraduría Federal del Consumidor para la resolución de cualquier controversia que se suscite con relación a esos contratos. El a quo arribó a tal conclusión, toda vez que de acuerdo a su entender, el artículo 17 constitucional al establecer que ‘toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes’, no prohíbe de forma alguna el arreglo extrajudicial, como el arbitraje, para dar por concluida una controversia antes de ser llevada ante los tribunales o como vía alterna de solución de conflictos. Lo anterior es una verdad parcial que causa perjuicio a la quejosa, ya que si bien es cierto que el arbitraje es una vía lícita para solución de conflictos de acuerdo al derecho positivo mexicano, también lo es que la cláusula en árbitros o compromiso arbitral implica forzosamente un acuerdo de voluntades que en el caso no existe, en atención a que de acuerdo con el último párrafo del citado artículo 86 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la inclusión de la cláusula arbitral es forzosa y condicionante del registro del contrato ante la Procuraduría Federal del Consumidor, requisito que a su vez, de conformidad con el artículo 87, in fine, del mencionado ordenamiento, importa su validez y oponibilidad al consumidor. Por lo antes expuesto, es evidente que lo preceptuado en el último párrafo del artículo 86 citado, no versa o refiere a un pacto arbitral típico como ligeramente lo afirma el Juez del conocimiento, sino de una ilegal e irregular prórroga de jurisdicción a un organismo desconcentrado del Gobierno Federal, que evidentemente no puede ni tiene facultades para juzgar y, por supuesto, no constituye un tribunal previamente establecido, por lo que es clara la violación que el precepto en comento causa con relación a (sic) establecido por los artículos 16 y 17 de nuestra Constitución. Finalmente, es preciso señalar que resulta ocioso el énfasis que el a quo pretende hacer valer en su resolución, respecto a que se trata de arbitrajes que se verifican en la esfera o vía administrativa, ya que es de explorado derecho que independientemente de que los actos sean formalmente administrativos o de otra índole, lo que importa para determinar si un acto de autoridad se encuentra apegado a lo ordenado por la Ley Fundamental, lo es el dato duro de la naturaleza material del acto en cuestión y, en la especie, se puede afirmar sin temor alguno, que los actos a los que se refiere el último párrafo del artículo 86 combatido, son de índole jurisdiccional. Debido a que es incontestable que el a quo no efectuó una relación sucinta de las cuestiones planteadas y tampoco tomó en cuenta las consideraciones jurídicas aplicables en el juicio de origen, violó (sic) perjuicio de la quejosa lo establecido en el artículo 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como el artículo 77 de la Ley de Amparo, por lo que con base en lo anteriormente mencionado y, en la inteligencia de que se ha demostrado la existencia de los agravios causados a esta parte en detrimento de sus derechos, lo procedente es que sus Señorías revoquen la sentencia definitiva dictada el día 29 de octubre de 2004, en los autos del juicio en que promuevo y emitan otra en su lugar, en la que se conceda a esta parte el amparo y protección de la Justicia Federal, con respecto a los actos señalados como reclamados."
TERCERO. Queda intocado, por falta de impugnación, el sobreseimiento decretado por el Juez Federal en el primer punto resolutivo de la sentencia recurrida y considerandos segundo y cuarto que lo rigen.
CUARTO. Son infundados los agravios que formula la parte recurrente.
En efecto, en primer término, es menester puntualizar que, contrariamente a lo que se argumenta en el último de los agravios, el Juez Federal no incurrió en incongruencia, en virtud de que se avocó al análisis de las cuestiones efectivamente planteadas en el escrito inicial de demanda, según deriva de la simple lectura del libelo inicial y de la sentencia que ahora se revisa, de tal manera que tal planteamiento deviene infundado.
Por otra parte, carece de razón la parte agraviada en cuanto aduce que los preceptos impugnados son violatorios del régimen de soberanía de los Estados.
En efecto, para abordar el análisis de este tópico es menester precisar el sustento y fundamento constitucional de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que la recurrente pretende desconocer, y que implícitamente se refiere a las facultades del Congreso de la Unión para legislar en materia de comercio (compra-venta de bienes inmuebles destinados a casa-habitación) y de protección al consumidor.
Al respecto, se estima conveniente mencionar que la doctrina señala que los principios para distribuir las competencias entre la Federación y las entidades federativas son los siguientes:
1) Facultades atribuidas a la Federación.
2) Facultades atribuidas a las entidades federativas.
3) Facultades prohibidas a la Federación.
4) Facultades prohibidas a las entidades federativas.
5) Facultades coincidentes.
6) Facultades coexistentes.
7) Facultades de auxilio.
8) Facultades que emanan de la jurisprudencia, ya sea reformando o
adicionando la anterior clasificación.
De las facultades antes precisadas, es menester hacer una breve referencia a las que interesan para efectos del presente estudio.
En cuanto a las facultades atribuidas a la Federación, se puntualiza que son atribuciones de ésta, las que válidamente puede realizar; se encuentran precisadas de dos maneras:
a) En forma expresa. Es la conferida por la Constitución Federal a cualquiera de los Poderes Federales, concreta y determinadamente en alguna materia dentro de un marco perfectamente acotado.
b) En forma implícita. Es aquella que el Poder Legislativo puede concederse a sí mismo o a cualquiera de los otros Poderes Federales como medio necesario para ejercer alguna de las facultades explícitas.
Concretamente, en cuanto a las facultades otorgadas al Congreso de la Unión, la Constitución Federal, en su artículo 73, establece en sus primeras veintinueve fracciones aquellas atribuciones con que expresamente cuenta, mientras que las facultades implícitas se encuentran previstas en la fracción XXX del precepto constitucional en cita. Cabe precisar que en dicha fracción no se autoriza la creación de facultades nuevas, sino las que hagan efectivas las atribuciones establecidas en las veintinueve primeras fracciones del artículo en comento que son, como ya se apuntó, las facultades expresas que la Ley Fundamental asigna al Legislativo Federal.
En otro orden de ideas, las facultades atribuidas a las entidades federativas se encuentran previstas en el artículo 124 de la Carta Magna, que establece que todo lo que no corresponde a la Federación es facultad de los Estados.
Es importante resaltar la diferencia que existe entre las facultades implícitas y las facultades reservadas a las Legislaturas Locales, pues en tanto las primeras no pueden existir sin atribuciones constitucionalmente expresas y cuya normación importa su objeto o fin, las segundas son susceptibles de desempeño en materias que la Constitución Federal no reserva al Congreso de la Unión, en observancia del principio contenido en el citado artículo 124 constitucional, que literalmente establece:
"Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados."
Del precepto transcrito se advierte que las entidades federativas cuentan con las facultades que por exclusión no se encuentren concedidas expresamente a los funcionarios federales.
Existen además las facultades coincidentes que son las que se ejercen simultáneamente por la Federación y por los Estados, y que constituyen en realidad una excepción al régimen federal, según el cual una atribución conferida a la Federación supone necesariamente la supresión de la misma a la esfera de competencia estatal.
A efecto de determinar la distribución de las materias susceptibles de gravarse exclusivamente por la Federación, las que son concurrentes a ésta y a las entidades federativas, y las reservadas a estas últimas, se recurre a lo dispuesto en los artículos 117 y 118 constitucionales, cuyo tenor literal es:
"Artículo 117. Los Estados no pueden, en ningún caso:
"...
"IV. Gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio;
"V. Prohibir ni gravar directa ni indirectamente la entrada a su territorio, ni la salida de él a ninguna mercancía nacional o extranjera;
"VI. Gravar la circulación ni el consumo de efectos nacionales o extranjeros, con impuestos o derechos cuya exención se efectúe por aduanas locales, requiera inspección o registro de bultos, o exija documentación que acompañe la mercancía;
"VII. Expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen diferencias de impuesto o requisitos por razón de la procedencia de mercancías nacionales o extranjeras, ya sea que estas diferencias se establezcan respecto de la producción similar de la localidad, o ya entre producciones semejantes de distinta procedencia.
"...
"IX. Gravar la producción, el acopio o la venta del tabaco en rama, en forma distinta o con cuotas mayores de las que el Congreso de la Unión autorice. ..."
"Artículo 118. Tampoco pueden, sin consentimiento del Congreso de la Unión:
"I. Establecer derechos de tonelaje, ni otro alguno de puertos, ni imponer contribuciones o derechos sobre importaciones o exportaciones. ..."
Los numerales transcritos forman parte de las reglas que delimitan la competencia de la Federación y de los Estados. En el primero, se establecen para los Estados prohibiciones absolutas, y en el segundo, lo que podría denominarse prohibiciones relativas, porque el Congreso de la Unión puede autorizar a las entidades federativas para legislar respecto de materias que originalmente competen a la Federación.
Ahora bien, en cuanto al ámbito de atribuciones que prevé la Constitución Federal respecto a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, debe tenerse presente que este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya definió tal aspecto en el criterio que sustenta la tesis de jurisprudencia número 49/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, correspondiente al mes de agosto de 1999, página 546, de rubro: "DISTRITO FEDERAL. AL CONGRESO DE LA UNIÓN LE CORRESPONDE LEGISLAR EN LO RELATIVO A DICHA ENTIDAD, EN TODAS LAS MATERIAS QUE NO ESTÉN EXPRESAMENTE CONFERIDAS A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."
En la acción de inconstitucionalidad 5/99, fallada el once de marzo de mil novecientos noventa y nueve, que dio origen a la tesis antes referida, el Tribunal Pleno precisó que conforme al sistema federal que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Distrito Federal no sólo no tiene calidad de Estado Federal, sino que las reglas aplicables a la competencia de su Asamblea Legislativa son exactamente opuestas al sistema establecido para las demás entidades federativas, antes expuesto, conforme al cual, a los Estados toca todo lo que no está reservado expresamente a la Federación. En efecto, tratándose del Distrito Federal a su Asamblea Legislativa sólo corresponde lo que expresamente le señala la Constitución Federal; lo demás, o sea todo lo que no se le reserva, corresponderá al Congreso de la Unión en su carácter de Legislatura Local.
Así se corrobora de los artículos 44 y 122 de la Constitución Federal, de cuya lectura esencialmente destaca, para efectos del presente estudio, que el ejercicio de la función legislativa en el Distrito Federal está encomendado al Congreso de la Unión y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, conforme al siguiente sistema de distribución de competencias:
a) Un régimen expreso y cerrado de facultades para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que se enumeran y detallan en el apartado C, base primera, fracción V, del artículo 122 de la Constitución Federal, además de las que expresamente le otorgue la propia Constitución.
b) La reserva a favor del Congreso de la Unión respecto de las materias no conferidas expresamente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como lo relativo al Estatuto de Gobierno y a la deuda pública de esa entidad, a las normas que aseguren el debido, oportuno y eficaz funcionamiento de los Poderes de la Unión y las demás atribuciones que le señale la Ley Suprema, como lo estatuye su artículo 122, apartado A, fracciones I a V.
Cabe acotar que del artículo 122 constitucional no se advierte que el Constituyente haya establecido la facultad expresa para la Asamblea Legislativa para legislar en materia de protección al consumidor.
Expuesto el sistema federal de competencias que rige la Constitución General, y a efecto de determinar a qué órgano compete legislar en materia de protección al consumidor, es necesario tener en consideración lo siguiente:
El Congreso de la Unión es la institución encargada de crear todos los instrumentos legales que considere necesarios para sentar las bases de un desarrollo económico, político y social, así como la permanencia de los principios de justicia, democracia, independencia e identidad nacional.
De esta forma, es comprensible que, por regla general, los temas o materias sobre los cuales el Congreso de la Unión está autorizado para legislar sean más amplios que los de las Legislaturas Locales, pues se refieren a todos los aspectos que son de interés general para los mexicanos conforme a los principios del federalismo, tales como la justa y equilibrada distribución de la riqueza nacional, el fortalecimiento económico, político y social de los Estados y la promoción del desarrollo regional. Por ello, las leyes federales se orientan a la coordinación entre la Federación, los Estados y los Municipios para cumplir de forma integral sus funciones, con el respeto pleno de sus espacios de autoridad, pero, al mismo tiempo, promoviendo un fin común.
Bajo tal perspectiva, se advierte que por regla general los temas o materias sobre los cuales el Congreso de la Unión está autorizado para legislar es sobre la rectoría económica basada en los principios antes destacados. Las fracciones X y XXIX-E del artículo 73 de la Constitución Federal, que rige lo anterior, establecen:
"Artículo 73. El Congreso de la Unión tiene facultad:
"...
"X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123;
"...
"XXIX-E. Para expedir leyes para la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden económico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como fin la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios."
Las citadas fracciones de dicho numeral deben ser interpretadas en forma armónica con los artículos 25 y 28 de la propia Constitución Federal, que en la parte que interesa dicen:
"Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.
"El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.
"Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación.
"...
"Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.
"La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.
"La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, en los términos que establece esta Constitución."
"Artículo 28. ...
"En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.
"Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses.
"...
"El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores social y privado."
Del examen integral, armónico y sistemático del texto de los artículos 73, fracciones X y XXIX-E, 25 y 28 constitucionales preinsertos, deriva que al Congreso de la Unión compete legislar en aquella materia de comercio relacionada con la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden económico, fundamentalmente las de abasto y las que tengan como fin la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios, tutelando la rectoría económica del Estado para garantizar el crecimiento económico del país, alentando la producción y concediendo subsidios, estimular la exportación de productos y facilitar la importación de materias primas, entre otras acciones.
Además, en el mencionado artículo 28 constitucional se precisa que la legislación que al efecto se emita debe cumplir con una serie de principios rectores de política económica y social, aspectos que reflejan una de las manifestaciones esenciales del Estado que configura la Constitución Federal, con la intención de resolver los problemas de la sociedad actual que, por otro lado, se ha llegado a denominar sociedad de consumo.
La protección de los consumidores se erige, por tanto, como una de las preocupaciones del Constituyente, que en términos generales trae como consecuencia la actividad que deben desarrollar los poderes públicos tendentes a garantizar una adecuada protección de los derechos de dichos consumidores que constituyen la parte más débil en las relaciones de mercado; así la intervención de los poderes públicos, en sus diversas modalidades, es necesaria para corregir aquellas circunstancias que el mercado, por sí solo, es incapaz de subsanar. De esta manera, en la Constitución Federal se establece el principio general a favor de los consumidores y se predica el deber de los poderes públicos de ejercer una serie de actuaciones encaminadas a su protección, dentro de las cuales cabe la regulación y vigilancia de los contratos de compraventa de casa-habitación celebrados por aquellos que hacen de dicha actividad su ocupación habitual.
Así, la protección de los consumidores queda enmarcada como uno de los principios rectores de la política social y económica que enuncia la Constitución Federal con las importantes consecuencias que derivan de ello, partiendo del reconocimiento de que existe una gran mayoría de personas que al realizar operaciones que van más allá de las ordinarias, como las que tienen por objeto la adquisición de bienes inmuebles para casa-habitación con motivo de las ofertas que hacen empresarios (proveedores) al público en general, que carece de la asesoría profesional para verificar si los contratos o condiciones bajo las que se pactan son equitativas y apegadas a derecho, o son totalmente ventajosas para el empresario. Por ello, el Constituyente estimó necesario que el Estado intervenga, los proteja y establezca las condiciones indispensables para que puedan, efectivamente, ejercer los derechos que la ley les concede.
El Estado, conforme a la Constitución Federal, tratándose de este tipo de relaciones, tutela a los más débiles, precisando las directrices normativas que impidan o mitiguen las desigualdades.
Lo anterior permite precisar que la institucionalización de la protección al consumidor, en donde el Estado es un ente activo en su defensa y ayuda, se inserta como facultad del Congreso de la Unión en el tema del desarrollo económico nacional, cuyo fin es lograr una distribución más equitativa del producto nacional y, al mismo tiempo, hacer más eficiente el aparato productivo corrigiendo los vicios y deformaciones de los sistemas de comercialización que puedan afectar el desarrollo económico en donde el consumidor está ubicado.
Tales argumentos se confirman con el texto de los trabajos legislativos que dieron origen tanto a la fracción XXIX-E del artículo 73 como a la modificación del artículo 28 de la Constitución Federal en mención, que a continuación se detallan.
En la exposición de motivos de la iniciativa enviada a la Cámara de Diputados que fungió como Cámara de Origen, el siete de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, en la parte que interesa, se dijo:
"La Constitución estableció las bases para forjar la unidad cultural y política de la nación y de una democracia que contara con instituciones sólidas para conducir la transformación social y garantizar, en la libertad, el constante mejoramiento de las condiciones materiales y culturales del pueblo.
"A partir de este orden normativo, México ha podido construir sus instituciones de fomento del desarrollo económico, las instituciones políticas que le darían vialidad al proyecto nacional y crear los instrumentos de intervención del Estado en la economía para promover un desarrollo más acelerado y equilibrado de las fuerzas productivas, hacer frente a los impactos de las crisis económicas internacionales manteniendo la soberanía de la nación y dar sustento a un proceso de industrialización mediante la orientación, regulación y fomento de las actividades económicas.
"La Constitución de 1917 aportó una nueva concepción de los fines del Estado. Es una norma integradora y programática que da al Estado la responsabilidad fundamental en la promoción del desarrollo integral de la colectividad. Por la naturaleza y las exigencias de la lucha revolucionaria, la preocupación central de los Constituyentes de 1917 fue establecer el esquema normativo de la organización y ejercicio del poder, y los principios que dieran sustento al nacionalismo, la democracia y la justicia social. Para ello, establecieron las directrices para lograr la integración territorial y cultural de la nación, así como las bases para la ruptura de la economía de enclave que había fomentado el porfiriato. En respuesta a la bandera inicial del sufragio efectivo y la no reelección, instituyeron los derechos políticos del régimen democrático. Para la realización de los propósitos sociales del pueblo definieron los derechos a la tierra y a mejores condiciones del trabajo.
"Las condiciones de aquella época, de exigencias sociales, de defensa de la nación y participación social y política, llevaron al Constituyente a adoptar las decisiones políticas fundamentales sobre el régimen de propiedad y los derechos de las mayorías a participar en la vida política y social, con lo que definió visionariamente las orientaciones políticas y sociales del desarrollo económico.
"...
"La sociedad también ha cambiado. Las clases sociales y los diversos agrupamientos se han ampliado y fortalecido. El tejido social es hoy más
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19205-799b6094/proteccion-al-consumidor-el-articulo-87-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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