Corpus
Modo: Corpus Pro

VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 4o.-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO ESTABLECE LOS MESES DE ACREDITAMIENTO QUE DEBEN TOMARSE EN CUENTA PARA EFECTUAR EL AJUSTE RESPECTIVO (DECRETO PUBLICADO EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004). VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 4o.-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE PREVÉ EL AJUSTE BASADO EN LA PROPORCIÓN DE ACREDITAMIENTO DE UN MES ANTERIOR, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (DECRETO PUBLICADO EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004). VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 4o.-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE PREVÉ EL AJUSTE DEL IMPUESTO ACREDITABLE EN MATERIA DE INVERSIONES, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA (DECRETO PUBLICADO EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004). VALOR AGREGADO. EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DEL ACREDITAMIENTO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 4o.-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, ES APLICABLE A LOS CONTRIBUYENTES CON ACTIVIDADES GRAVADAS, EXENTAS O MIXTAS QUE TENGAN INVERSIONES EN LOS TÉRMINOS DEL PROPIO PRECEPTO (DECRETO PUBLICADO EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004). VALOR AGREGADO. LA REMISIÓN QUE HACE EL ARTÍCULO 4o.-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO A LOS PORCENTAJES MÁXIMOS DE DEDUCCIÓN DE INVERSIONES ESTABLECIDOS EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (DECRETO PUBLICADO EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004). VALOR AGREGADO. LOS ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA OPCIÓN PREVISTA POR EL ARTÍCULO 4o.-B DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, RESULTAN INOPERANTES (DECRETO PUBLICADO EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004). VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 4o., ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE PREVÉ UNA LIMITANTE PARA EFECTOS DEL ACREDITAMIENTO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (DECRETO PUBLICADO EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004). VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 4o., ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE PREVÉ UNA LIMITANTE PARA EFECTOS DEL ACREDITAMIENTO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (DECRETO PUBLICADO EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1759/2005. · Registro digital (IUS): 20165
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: DESARROLLOS INMOBILIARIOS PEGAR, S.A. DE C.V. Y OTRA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, , Pág. 1238.

AMPARO EN REVISIÓN 1759/2005. DESARROLLOS INMOBILIARIOS PEGAR, S.A. DE C.V. Y OTRA.

MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.

SECRETARIOS: HILDA MARCELA ARCEO ZARZA, FERNANDO SILVA GARCÍA, JOSÉ DE JESÚS BAÑALES SÁNCHEZ y ALFREDO VILLEDA AYALA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y conforme a lo previsto en el punto tercero, fracción II, del Acuerdo General 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, emitido por este Tribunal Pleno, en virtud de que se interpone en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo en el que se reclamó la inconstitucionalidad de los artículos 4o., 4o. A, 4o. B y 4o. C, así como segundo y tercero transitorios de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de diciembre de dos mil cuatro.

SEGUNDO. El recurso de revisión fue interpuesto oportunamente, en términos del considerando segundo de la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado del conocimiento.

TERCERO. En los agravios hechos valer por el subprocurador fiscal federal de Amparos, en que se controvierte la concesión del amparo otorgado a la quejosa y que constituyen la materia de estudio, medularmente se sostiene que contrario a lo resuelto por el Juez de Distrito, la Ley del Impuesto al Valor Agregado para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, sí cumple con el requisito de legalidad, porque si bien es cierto que las leyes tributarias deben iniciarse a través de la Cámara de Diputados, en el caso no fue la excepción, toda vez que dicha ley tuvo su origen en dicha Cámara y únicamente fue adicionada por la Cámara de Senadores, la cual remitió la adición y modificación a la Cámara de Origen, la que aprobó por mayoría de votos la citada adición. Por tanto, el artículo 72, inciso h), de la Constitución Federal fue respetado, ya que la iniciativa de las disposiciones reclamadas de la Ley del Impuesto al Valor Agregado fue discutida en la Cámara de Diputados previo a discutirse en el Senado de la República.

Son fundados los agravios de referencia pues, en efecto, este Tribunal Pleno ha determinado que el proceso legislativo que culminó con el decreto por el que se reforma y adiciona la Ley del Impuesto al Valor Agregado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de diciembre de dos mil cuatro, cumple con los requisitos previstos por el artículo 72 de la Constitución Federal, ya que dicha reforma fue discutida originalmente en la Cámara de Diputados como Cámara de Origen, la que lo aprobó parcialmente y lo envió a la Cámara de Senadores, en la que se retomó el tema de la reforma y se decidió adicionar otros preceptos que no habían sido materia de debate en la Cámara de Origen, modificaciones y adiciones que se devolvieron a la Cámara de Diputados, la que aprobó el proyecto por mayoría absoluta y lo envió al Ejecutivo Federal para su promulgación.

El criterio referido quedó definido a través de la jurisprudencia cuyo rubro, texto y datos de localización, son los siguientes:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXIII, junio de 2006

"Tesis: P./J. 78/2006

"Página: 7

"VALOR AGREGADO. EL PROCESO LEGISLATIVO QUE CULMINÓ CON EL DECRETO DE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004, CUMPLE CON LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 72 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Conforme al artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los proyectos de ley o decreto que versen sobre contribuciones o impuestos deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados (inciso H), la que de aprobarlos -en todo o en parte- los turnará a la Cámara de Senadores para su discusión (incisos A y H); si ésta los desecha parcialmente, los adiciona o modifica, los regresará a aquélla para la nueva discusión que versará sobre lo desechado, adicionado o modificado, sin poder alterar los artículos aprobados, y si la Cámara de Diputados aprueba tales adiciones o modificaciones por mayoría absoluta de los votos presentes, remitirá todo el proyecto de ley o decreto al Ejecutivo para sus observaciones y, en su caso, para su publicación (inciso E). En congruencia con lo antes expuesto, se concluye que el proceso legislativo que culminó con el Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley del Impuesto al Valor Agregado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de diciembre de 2004, cumplió con lo ordenado en el indicado artículo 72 constitucional, ya que del referido proceso legislativo se advierte que el proyecto presentado por el presidente de la República se discutió primero en la Cámara de Diputados, la que lo aprobó parcialmente y lo envió a la Cámara de Senadores, en la que se retomó el tema de la reforma y se decidió, además, adicionar otros preceptos que no habían sido materia de debate en la Cámara de Origen; con estas modificaciones y adiciones el proyecto se devolvió a la Cámara de Diputados, la que lo aprobó por mayoría absoluta y lo envió al Ejecutivo Federal para su promulgación."

De acuerdo con el criterio anterior, si el proceso legislativo de los artículos 4o., 4o. A, 4o. B y 4o. C, así como segundo y tercero transitorios de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, fue acorde con lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el amparo concedido a la quejosa se apoyó precisamente en la violación a dicho precepto constitucional, en la materia competencia de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta procedente revocar esa determinación.

CUARTO. De acuerdo con lo anterior, al haber sido revocado el amparo concedido, lo procedente es que este Tribunal Pleno, con fundamento en el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, realice el estudio de los conceptos de violación segundo al octavo formulados por las quejosas en su demanda de garantías, mismos que omitió analizar el Juez de Distrito del conocimiento.

Los argumentos de mérito esencialmente señalan:

Segundo concepto de violación:

El artículo 4o., fracción II, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente a partir del primero de enero de dos mil cinco, es violatorio de los principios de equidad y proporcionalidad tributarias, por cuanto a que de manera injustificada y carente de razones objetivas válidas impide que los contribuyentes acrediten el impuesto que les sea trasladado o que paguen con motivo de la importación de bienes o servicios, cuando el mismo se relacione con la realización de actos o actividades exentas para efectos de la ley señalada.

Lo anterior es así, porque el precepto señalado no permite la recuperación cabal del impuesto trasladado al contribuyente, lo que incide en un efecto cascada con la consecuente carga adicional para él; lo diferencia injustificadamente de aquellos contribuyentes cuyos actos no son calificados como exentos, pero con la intención de no influir en el consumo final los grava a la tasa del 0%; y porque impacta el precio para el consumidor final, quien lejos de verse favorecido por la exención del acto por el que adquiere bienes o servicios, desembolsa un monto por ellos que, desde un punto de vista económico, lleva oculta una carga adicional equivalente a la del impuesto acreditable que no pudo ser recuperada por el contribuyente en la etapa anterior de la cadena comercial.

Tercer concepto de violación:

A) El artículo 4o., fracción II, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado viola el principio de proporcionalidad tributaria, en cuanto no permite a las quejosas acreditar la totalidad del impuesto que se le traslada, situación que afecta su capacidad contributiva.

En efecto, la mayoría de las operaciones que desarrollan las quejosas están exentas del impuesto al valor agregado, lo que tiene como consecuencia que no se les permita acreditar el cien por ciento del impuesto que se les traslada, no obstante que no sean el consumidor final dentro de la cadena de producción. Si bien es cierto que la exención en este impuesto representa un beneficio para los consumidores finales de los bienes y servicios que realizan, al no verse repercutidos aquéllos con este impuesto, esto les causa perjuicios, ya que no se les permite acreditar el impuesto que pagan por los insumos y demás erogaciones que se hacen necesarias para la realización de sus actividades, situación que se vería subsanada para esta clase de contribuyentes en el caso de que se les dejara acreditar el total del impuesto al valor agregado trasladado, independientemente de que realicen actividades exentas o mixtas.

B) El artículo 4o., fracción II, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado viola las garantías de igualdad y equidad tributarias, en virtud de que establece un trato diferenciado entre contribuyentes que se encuentran en la misma situación jurídica. Así, los contribuyentes que únicamente realicen actividades por las que se deba pagar el impuesto al valor agregado o que les sea aplicable la tasa del 0% y que sean de las comprendidas en la fracción II, inciso a), del artículo 4o. de la ley, tendrán derecho a acreditar la totalidad del impuesto que les fue trasladado o que fue pagado en la importación, mientras que a los contribuyentes que además de tener las actividades antes mencionadas, y conforme a la fracción II, inciso b) o inciso c), del citado precepto tengan actividades mixtas o exentas, no estarán en posibilidad de acreditar la totalidad del impuesto. Lo anterior, sin que exista una razón jurídica directa atribuible a la misma naturaleza de las actividades, ya que unas no difieren de las otras en cuanto a los elementos del tributo, resultando así una diferenciación indiscriminada y sin justificación legal alguna.

Además, en ninguna parte del artículo 1o. de la ley reclamada se distingue de entre los sujetos de este impuesto, a los que únicamente realizan actividades gravadas, exentas o mixtas y, por tanto, no existe razón jurídica que justifique un trato diferenciado para ciertos contribuyentes en la forma de determinar el impuesto al valor agregado acreditable, siendo que se trata de personas iguales que realizan actos o actividades por los que deben pagar el impuesto.

Quinto (sic) concepto de violación:

A) El artículo 4o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado viola la garantía de proporcionalidad tributaria, al establecer como elemento para determinar el impuesto acreditable de los contribuyentes el valor de aquellos actos o actividades que no sean objeto del impuesto al valor agregado. Se trata de un elemento ajeno a la mecánica de determinación del impuesto, que por el simple hecho de ser incluido reduce significativamente el monto del impuesto que tendrán las quejosas para acreditar, lo cual equivaldría a que realmente la supuesta actividad no objeto de la Ley del Impuesto al Valor Agregado sí sea una actividad objeto del mismo, pues en la práctica el impuesto a pagar se incrementa nulificando el efecto del acreditamiento. Por tanto, la mecánica de acreditamiento contenida en el artículo 4o. no reconoce la auténtica capacidad contributiva de los gobernados.

B) De igual forma, dicho precepto resulta violatorio de la garantía de legalidad tributaria, pues no define en qué consisten las actividades que no son objeto de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, lo que tiene como consecuencia que exista inseguridad jurídica por parte de los contribuyentes al determinar el monto del impuesto acreditable y que las autoridades fiscales pretendieran interpretar de manera arbitraria el precepto e intentar incluir actos o actividades de manera discrecional.

Por tanto, no se permite a los contribuyentes saber en qué casos sí y en qué casos no el impuesto que les ha sido trasladado será acreditable, además de que, al momento de determinar la proporción del impuesto acreditable, no les será posible conocer con certeza a cuánto ascendió el monto de los actos o actividades que fueron considerados como no objeto del impuesto, en la medida en que no pueden conocer en qué consisten dichos actos y actividades.

Quinto concepto de violación:

A) El artículo 4o. A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado viola la garantía de legalidad tributaria, porque no establece de manera clara y precisa el procedimiento mediante el cual opere el ajuste del acreditamiento tratándose de inversiones, de modo que el legislador deja de cumplir con la obligación constitucional que tiene de establecer en el texto de la ley todos y cada uno de los elementos esenciales del tributo, en la inteligencia de que el acreditamiento forma parte para determinar uno de tales elementos, como es la base gravable.

En efecto, dicho procedimiento no es claro y preciso, porque la base para llevar a cabo el procedimiento de ajuste del acreditamiento es la disminución o aumento de la proporción del valor de las actividades por las que deba pagarse el impuesto al valor agregado o se aplique la tasa 0% respecto del valor de las actividades totales. Dicha base únicamente es aplicable a los contribuyentes cuyas inversiones sean destinadas para actividades mixtas, pues son éstos los únicos que pueden observar la disminución o aumento de la proporción en que pueden acreditar el impuesto al valor agregado que se les traslada con motivo de sus inversiones.

Esto es así, ya que las inversiones exclusivamente para actividades gravadas o exclusivamente para actividades no gravadas, al momento de dejarse de destinar en forma exclusiva a esas actividades, se ubican como contribuyentes con actividades mixtas, y es en ese preciso momento cuando estarán en posibilidad de tener proporción alguna de actividades gravadas en el total de sus actividades, ya que antes no tenían proporción y, por tanto, su acreditamiento era total o nulo, pero nunca en proporción.

En ese orden de ideas, al determinar que el procedimiento a utilizar para el ajuste en comento dependerá del aumento o disminución de la proporción de actividades gravadas en el total de sus actividades, viola el principio de legalidad tributaria, en virtud de que los contribuyentes con actividades exclusivamente gravadas o con actividades exclusivamente exentas, al destinar sus inversiones a otro tipo de actividad -si son gravadas o exentas o viceversa-, generan la proporción aludida en el momento en que se da el cambio de destino de la inversión.

Por tanto, no se puede saber si la proporción disminuyó o aumentó, ya que no se tiene otra proporción con cual compararla, y la única que existe es la generada con motivo del cambio de destino de la inversión; luego, dicho numeral no establece bajo qué parámetro estos contribuyentes deben realizar el cálculo del ajuste, ya que no existe proporción con base en la cual puedan determinar una disminución o aumento de la proporción.

Además, el ajuste que deben realizar los contribuyentes con actividades mixtas determina que se debe realizar desde el momento en que se acreditó el impuesto y hasta el momento en que se modificó la proporción. En ese sentido, el acreditamiento, al igual que el pago del impuesto, es de causación mensual; por tanto, el artículo impugnado viola igualmente el principio de legalidad, porque no establece claramente cuál debe ser el mes del acreditamiento que se debe tomar en cuenta para efectuar el ajuste correspondiente, pues los contribuyentes con actividades mixtas conocen el mes en que se dio la modificación de la proporción referida, pero no se precisa el mes de acreditamiento que deben tomar en cuenta para su ajuste; por tanto, la inconstitucionalidad del precepto reclamado se da porque la Constitución Federal exige que sea el legislador, y no otro ente diverso, quien precise la totalidad de los elementos de la contribución.

Por lo anterior, se imposibilita a la quejosa la determinación del ajuste respectivo y, en consecuencia, el acreditamiento que puede realizar, probándose la ilegalidad del precepto por la incertidumbre e inseguridad jurídica que propicia, lo que puede traer como consecuencia el abuso por parte de las autoridades fiscales al momento de recaudar este impuesto, ya que quedaría a su entero arbitrio establecer los alcances de los términos contenidos en el artículo 4o. A.

B) El artículo 4o. A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado viola la garantía de proporcionalidad tributaria debido a que, en primer término, el sistema de ajuste del acreditamiento al efectuarse tomando como base la proporción que el valor de las actividades gravadas representó en el valor total de las actividades que el contribuyente realizó en el mes del acreditamiento (anterior al ajuste), no atiende a la verdadera capacidad contributiva del sujeto pasivo directo del tributo.

En efecto, la modificación en más de un 3% de la proporción de las actividades gravadas en el total de las actividades del contribuyente no puede determinar que el acreditamiento efectuado con anterioridad a la modificación sea menor o mayor al que se tuvo que haber efectuado. Lo único que refleja es un cambio en la proporción de las actividades gravadas en el total de las actividades realizadas, el cual puede presentarse mes a mes.

Además, el acreditamiento calculado por cada mes de calendario se realiza con base en las actividades totales y las actividades gravadas que los contribuyentes tienen en un mes específico; por tanto, su modificación no puede tener incidencia en un mes anterior o posterior, al llevarse a cabo mensualmente. Sostener lo contrario, equivale a no tomar en cuenta la variación de las actividades totales y gravadas, la cual es susceptible de variar mes a mes, y lo único que refleja es el porcentaje que puede ser acreditado en el mes en que se dé la adquisición.

Se pretende hacer un ajuste improcedente, ya que el acreditamiento que se dio en un mes determinado se realizó con base en las actividades totales y gravadas de ese mes en el porcentaje que la ley faculta a hacerlo, y el pretender ajustarlo aplicando proporciones distintas a las que correspondieron al mes de acreditamiento del impuesto, no atiende a la verdadera capacidad contributiva de la quejosa.

Consecuentemente, si el artículo 4o. A de la ley reclamada establece la determinación del ajuste atendiendo a un periodo mensual diferente al del acreditamiento que se pretende ajustar, ello tendrá como efecto que no se atienda a la auténtica capacidad contributiva del causante, en la inteligencia de que el acreditamiento realizado en un mes específico no puede tener incidencia alguna hacia el pasado o hacia el futuro, ya que el monto de las actividades totales gravadas son susceptibles de alterarse mes a mes y establecer lo contrario equivaldría a que la capacidad contributiva del quejoso en un mes específico de pago del impuesto sirva de base para calcular esa capacidad en otro mes, en donde las actividades totales y gravadas sean diferentes al mes específico, pasando por alto que el pago del impuesto es mensual y definitivo.

Por otra parte, el artículo 4o. A combatido viola el principio de proporcionalidad tributaria, porque obliga al contribuyente a que aplique el porciento máximo de deducción establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta, al impuesto al valor agregado que haya sido trasladado al contribuyente o pagado en la importación, correspondiente a la inversión, a fin de llevar a cabo el ajuste del acreditamiento y soslayando el hecho de que los porcientos aludidos no pueden tener incidencia alguna en la determinación del acreditamiento del impuesto al valor agregado, puesto que el impuesto sobre la renta tiene como objeto gravar el ingreso del particular, mientras que el impuesto al valor agregado grava el consumo de los particulares.

De ahí que el precepto transgreda el citado principio tributario, debido a que el sistema de ajuste del acreditamiento no se establece conforme a la capacidad contributiva de la quejosa al pretender ingresar al procedimiento de dicho ajuste un elemento ajeno al tributo como lo es el porciento máximo de deducción de las inversiones a que se refiere la Ley del Impuesto sobre la Renta, desnaturalizando de esta forma al impuesto al valor agregado.

Sexto concepto de violación:

A) La regla general para el acreditamiento del impuesto pagado en la importación de bienes y servicios es simplemente que se cumpla con los requisitos generales de la ley y, en ese sentido, que el bien o servicio de que se trate sea utilizado para los fines del contribuyente, y que sea un bien que se identifique con actividades gravadas, hecho lo cual se podrá acreditar el impuesto.

Sin embargo, el último párrafo del artículo 4o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado viola la garantía de proporcionalidad tributaria, pues limita el acreditamiento del impuesto a aquellos contribuyentes que importaron un bien o servicio pagando el impuesto a la tasa del 10%, al hecho de que dichos bienes o servicios sean utilizados dentro de la región fronteriza, situación que desconoce la auténtica capacidad contributiva de las quejosas, ya que atiende a un elemento ajeno al tributo como lo es el hecho del lugar donde se utilice el bien o servicio.

B) Igualmente, el precepto aludido violenta la garantía de equidad tributaria, pues da un trato desigual a contribuyentes que se encuentran en igualdad de circunstancias, como lo serían aquellos que importen sus bienes o servicios, unos haciendo uso de dichos bienes en la franja fronteriza y otros en el resto del territorio nacional, pues a los primeros se les permite el acreditamiento del impuesto, mientras que a los segundos se les niega su derecho a acreditar el impuesto pagado en la importación de dichos bienes y servicios.

De igual forma, el precepto es inequitativo frente a aquellos contribuyentes que importan a la tasa del 10% y aquellos que lo hacen aplicando la tasa del 15%, toda vez que aquel contribuyente que introduzca un bien a territorio nacional habiendo pagado la tasa del 15% podrá utilizarlo a lo largo de todo el territorio nacional y acreditar la totalidad del impuesto pagado en dicha importación, mientras que los contribuyentes que realicen la importación a la tasa del 10%, de querer acreditar el impuesto, únicamente lo podrán hacer cuando dicho bien o servicio sea utilizado en una parte limitada del territorio nacional, es decir, dentro de la franja fronteriza.

Finalmente, dicha inequidad se presenta frente a aquellos contribuyentes que adquieren productos a la tasa del 10% en la región fronteriza y los utilizan fuera de dicha región, frente a aquellos contribuyentes que importan los productos pagando a la tasa del 10% y los utilizan también fuera de la región fronteriza, pues a los primeros sí se les permite el acreditamiento del impuesto mientras que a los segundos se les niega.

El hecho de que en la región fronteriza se hubiere establecido la tasa del 10% como tasa general del impuesto al valor agregado, con el fin de nivelar el comercio con los Estados Unidos de América, pues antes de su existencia los productos y servicios en la franja fronteriza del país se encarecían y ello obligaba a los mexicanos a buscar dichos productos o servicios en tierra extranjera, no es una justificación para negar el acreditamiento a aquellos contribuyentes que efectúen la importación de bienes al territorio nacional habiendo aplicado la tasa del 10%, por el simple hecho de que dichos bienes sean utilizados fuera de la región fronteriza.

Séptimo concepto de violación:

El artículo 4o. B de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, al establecer la posibilidad de que los sujetos pasivos del impuesto en lugar de aplicar lo dispuesto en el artículo 4o., fracción II, incisos c) y d), numeral 3 y en el 4o. A de dicha ley, puedan aplicar lo dispuesto en dicho artículo para determinar el impuesto al valor agregado acreditable, viola lo dispuesto por el artículo 133, en relación con el 31, fracción IV, ambos de la Constitución Federal.

Esto es así, porque dicho procedimiento que estuvo vigente en los ejercicios de dos mil tres y dos mil cuatro fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por violar el principio de proporcionalidad tributaria, y en esa medida es que se vulnera el principio de supremacía constitucional, ya que el procedimiento señalado sigue violando el principio de proporcionalidad tributaria por no atender a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos del impuesto.

La supremacía constitucional implica la sujeción de todas las leyes y actos del poder público a las normas y principios básicos establecidos en la Constitución, de manera que ni los gobernantes puedan sustraerse al orden jurídico implicado en el conjunto de disposiciones y reglas vigentes, que es a lo que originalmente se le ha denominado orden público. En tales condiciones, si el legislador a través de redacciones arbitrarias pretende obligar al contribuyente a calcular el impuesto al valor agregado acreditable con base en disposiciones que han sido declaradas inconstitucionales, como es el caso de la opción en estudio, vulnera el principio señalado.

Por otra parte, con independencia de que se trate del ejercicio de una opción, ésta debe respetar los principios constitucionales, ya que no estamos en presencia de un beneficio fiscal para ciertos contribuyentes. Esto es, lo que resulta optativo es la manera en que puede cumplirse con la obligación fiscal, mas no es optativo para los sujetos obligados pertenecer o no al sistema de tributación del impuesto al valor agregado, ya que éste es aplicable a todas las personas físicas y morales que enajenen bienes, presten servicios independientes, otorguen el uso o goce temporal de bienes e importen bienes y servicios; luego, no se encuentra a elección del contribuyente permanecer dentro de él y, por ende, acatar o no las disposiciones relativas, sino que el sujeto pasivo desde que entra en vigor la norma se encuentra obligado a observar lo previsto en la ley respectiva; por tanto, puede impugnar el gravamen en cuestión (el ejercicio de la opción), sin que ello represente consentimiento alguno de su parte y más aún si el ejercicio de la opción viola el antes referido principio de supremacía constitucional.

Octavo concepto de violación:

El artículo 4o. B de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, al establecer la posibilidad de que los sujetos pasivos del impuesto en lugar de aplicar lo dispuesto en el artículo 4o., fracción II, incisos c) y d), numeral 3 y en el 4o. A de dicha ley, puedan aplicar lo dispuesto en dicho artículo para determinar el impuesto al valor agregado acreditable, viola el principio de proporcionalidad tributaria, en cuanto establece que los sujetos pasivos podrán acreditar el impuesto al valor agregado que les haya sido trasladado al realizar erogaciones por la adquisición de bienes, de servicios o por el uso o goce temporal de bienes o el pagado en su importación, en la cantidad que resulte de aplicar al impuesto mencionado la proporción que el valor de las actividades por las que se deba pagar el impuesto o a las que se les aplique la tasa de 0%, correspondientes al año calendario inmediato anterior al mes por el que se calcula el impuesto acreditable, represente en el valor total de las actividades, incluyendo en su caso, las actividades que no sean objeto, realizadas por el contribuyente en dicho año calendario.

Lo anterior, en razón de que para determinar el impuesto acreditable del mes se acude a una proporción que no refleja la capacidad contributiva del sujeto pasivo de la relación tributaria, ya que se determina con base en un promedio del valor de los actos y actividades correspondientes al ejercicio inmediato anterior al mes por el que se calcula el impuesto acreditable, no obstante que el impuesto se causa mensualmente. Además, la proporción que se puede acreditar no puede ser considerada invariable durante todo el año para la determinación del impuesto acreditable correspondiente a cada uno de los meses de dicho periodo.

Sostienen las quejosas que tomar en consideración el valor de todos los actos y actividades respecto de los cuales está obligado el contribuyente a pagar, o bien, a aplicar la tasa del 0%, así como el valor total de los actos o actividades realizados por el contribuyente en el año calendario anterior al acreditamiento mensual, puede llevar a situaciones que no manifiesten la capacidad contributiva del interesado, ya que en tal año calendario se pudieron haber realizado un número indefinido de actos o actividades exentas, las cuales por su propia naturaleza no pueden constituir una referencia para el acreditamiento, o bien, que en la mayor parte del año no se realizaron actos o actividades gravadas, siendo que en el último mes tuvieron lugar las mismas, lo que tampoco es reflejo de la capacidad contributiva del contribuyente. Incluso, también puede suceder que el contribuyente haya realizado tanto actividades gravadas como exentas, lo que tampoco constituye un marco jurídicamente seguro de referencia para determinar la capacidad real del contribuyente.

Hasta aquí la síntesis de los conceptos de violación.

De los argumentos señalados se advierte que la materia del presente asunto -en este apartado- se constriñe a dilucidar si los artículos 4o., 4o. A y 4o. B de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, reformada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de diciembre de dos mil cuatro, son violatorios de los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad tributarias contenidos en el artículo 31, frac

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20165-a85113a2/valor-agregado-el-articulo-4o--a-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.