PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. LOS ARTÍCULOS 73, 73 BIS, 73 TER, 75, 86, PÁRRAFO TERCERO, Y 87 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO VIOLAN LOS ARTÍCULOS 25 Y 28 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
AMPARO EN REVISIÓN 821/2005. INMOBILIARIA NIÑOS HÉROES, S.A. DE C.V.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.
SECRETARIA: DOLORES RUEDA AGUILAR.
CONSIDERANDO:
TERCERO. En los agravios antes transcritos la recurrente sostiene lo siguiente:
a) Contrario a lo esgrimido por el a quo, los artículos 10, párrafo segundo, 73, párrafo segundo, 73 bis, 73 ter, 85, 86 y 86 quáter de la Ley Federal de Protección al Consumidor reclamados, son violatorios a los artículos 73, 121, fracción II y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que tratándose de bienes inmuebles ubicados en un Estado, el Poder Legislativo de dicho Estado es el facultado para crear leyes que regulen sobre los mismos y no el Congreso de la Unión.
Si bien es cierto que el Congreso de la Unión está facultado para legislar en materia de comercio, seguridad pública, planeación nacional del desarrollo económico y social, así como programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden económico, también lo es que dicha facultad legislativa no opera en todos los casos, de manera que, por el contrario, el ramo o materia incumbe legislativamente a los Congresos de los Estados, en virtud del principio contenido en el artículo 124 de la Constitución Federal.
El artículo 73 constitucional asigna al Congreso de la Unión la atribución de expedir leyes que regulen en toda la República la actividad comercial, como es el Código de Comercio y la Ley Federal de Protección al Consumidor, estableciendo únicamente la forma de llevar a cabo estos actos, es decir, la orientación que tendrán, mas no los requisitos que deben satisfacerse para establecer un comercio y para desarrollar esta actividad que, en sí mismo, no se traduce en actos de comercio, en consecuencia, corresponde a las autoridades de los Estados y a los Municipios definirlos a través de leyes y reglamentos, como sucede con el Código Civil para el Estado de Sinaloa, donde define y establece los requisitos de existencia y validez de los contratos de compraventa sobre los bienes muebles e inmuebles ubicados en este territorio.
b) Las modalidades, obligaciones, restricciones y prohibiciones contenidas en los artículos reclamados de la Ley Federal de Protección al Consumidor, además de no estar comprendidas dentro de los actos que el Congreso Federal puede legislar, lejos de propiciar el desarrollo económico de nuestro país está obstaculizando el bienestar social, ya que con dichos artículos la quejosa tendría que cumplir dos leyes distintas, una civil y otra que sería la del consumidor. En ambas la quejosa tendría la obligación de registrar sus contratos tanto en el Registro Público de la Propiedad como ante la Procuraduría Federal del Consumidor (artículo 73, último párrafo), sujetarse obligatoriamente a las decisiones de la procuraduría antes de acudir a las autoridades jurisdiccionales (artículo 86, tercer párrafo), para la validez de sus operaciones se requiere del registro previo de su contratos (artículo 87, último párrafo), no poder cobrar si no se acredita la relación contractual (artículo 75, parte final), precisar en los contratos las cantidades de dinero en moneda nacional o extranjera (artículo 73 ter, fracción V), entre otras obligaciones.
c) Los artículos reclamados son inconstitucionales porque pugnan y contradicen con las disposiciones civiles respecto de los requisitos de existencia y validez de los contratos de compraventa que recaigan sobre inmuebles, lo cual es una clara contradicción que se traduce en una flagrante violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica.
d) No le asiste la razón al Juez de Distrito cuando señala que no es necesario que el legislador sea claro en sus leyes, como en el caso de "métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales impuestas en el abastecimiento de productos o servicios", ya que si bien la garantía de seguridad jurídica no exige que el legislador establezca definiciones de los conceptos, también es cierto que lo obliga a establecer en las leyes aspectos positivos y objetivos de los actos que deben comprender las prohibiciones, porque de lo contrario, cualquier cláusula por mínima que afecte al consumidor se considera comprendida dentro de tales supuestos y, como consecuencia, se le impondrá las sanciones que la misma ley contempla en contra de la quejosa.
e) La ley en comento viola el principio contenido en los párrafos quinto y sexto del artículo 5o. constitucional, toda vez que se les priva a los fraccionadores, constructores y proveedores del producto de su trabajo, además de que impone restricciones a la libertad contractual de la quejosa.
f) El artículo 86 de la referida ley condiciona indebidamente el ejercicio de la garantía de acceso a la justicia pronta y expedita, al señalar que si no se estipula la cláusula de sujeción ante la procuraduría en los contratos de adhesión referidos, se le impondrá una sanción consistente en multa de $450.00 a $1'760,000.00 y además no será objeto de registro y por lo mismo no surtirá efectos contra los consumidores.
Por tanto, distinto a lo resuelto por el a quo, con la obligación de establecer la mencionada cláusula de sumisión subordina la actividad de los tribunales jurisdiccionales a que previamente tiene que agotar la instancia administrativa antes de acudir ante los órganos jurisdiccionales y a que resuelva la controversia e imparta justicia en los plazos y términos que fijan las leyes, ya que no puede tener otra explicación del porqué forzosamente la quejosa tiene que establecer dicha cláusula.
g) Los artículos impugnados de la Ley Federal de Protección al Consumidor violan el principio de desarrollo económico y fomento al empleo, contenido en los artículos 25 y 26 de nuestra Carta Magna, ya que si bien la rectoría y desarrollo integral y sustentable de la nación está a cargo del Estado, luego entonces, implica que el Estado, a través del Congreso de la Unión, no debe atender única y exclusivamente a los intereses de una clase determinada como es la consumidora, sino que debe abarcar en todos los aspectos que entraña el desarrollo económico del país, incluyendo al mismo tiempo la importancia económica y bienestar de todos y cada uno de los Estados.
CUARTO. Este Tribunal Pleno procederá al estudio de los agravios esgrimidos por la recurrente.
Previamente al estudio de los agravios que hace valer la empresa quejosa, se estima importante precisar lo que se entiende por contrato en materia civil y en el ámbito mercantil, así como el concepto de contrato de adhesión.
Comúnmente el contrato se define como un acto jurídico bilateral que se constituye por el acuerdo de voluntades de dos o más personas por el cual se obligan respecto a una o varias cosas, a dar, hacer o no hacer.
El Código Civil Federal vigente establece la definición de contrato, diferenciándolo de lo que es un convenio, señala sus requisitos esenciales y de validez, su perfeccionamiento y su obligatoriedad, en su libro cuarto "De las obligaciones", primera parte "De las obligaciones en general", título primero "Fuentes de las obligaciones", capítulo I "Contratos", que prevé:
"Artículo 1792. Convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones."
"Artículo 1793. Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos."
"Artículo 1794. Para la existencia del contrato se requiere:
"I. Consentimiento;
"II. Objeto que pueda ser materia del contrato."
"Artículo 1795. El contrato puede ser invalidado:
"I. Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas;
"II. Por vicios del consentimiento;
"III. Porque su objeto, o su motivo o fin sea ilícito;
"IV. Porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley establece."
"Artículo 1796. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento; excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan obligan a los contratantes, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a la ley."
"Artículo 1797. La validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes."
Existen diferentes criterios y sistemas de clasificación de los contratos, unos legislativos y otros doctrinales, tomando en cuenta sus efectos jurídicos; así, se habla de: a) Contratos unilaterales y bilaterales; b) Gratuitos y onerosos, entre éstos se distingue contrato oneroso conmutativo y el aleatorio; c) Consensuales, entre los que se encuentran los siguientes: reales, formales y solemnes por excelencia; d) Preparatorios, principales y accesorios; e) Traslativos de dominio, como la compraventa; f) Traslativos de uso temporal; g) De prestación de servicios; h) Con un fin común; i) De garantía; j) Los que prevén o resuelven una controversia; k) Nominados, innominados y mixtos; l) De efecto inmediato y de efecto diferido; y, m) A favor de tercero, etcétera.
Considerado el contrato como fuente de la relación obligatoria, cabe afirmar que puede cumplir una función constitutiva, modificativa y resolutoria, según las relaciones y consecuencias jurídicas que impliquen.
Ahora bien, tratándose del contrato mercantil, se acepta que éste es el acuerdo de voluntades por el cual se producen o transfieren obligaciones o derechos y en relación con actos de comercio, esto es, que tiene un propósito de especulación o negociación comercial.
Dichos contratos pueden adoptar el carácter de actos de comercio por los sujetos que los celebran, por el objeto sobre el que recaen, por su forma o por su propósito y son regidos por las leyes mercantiles.
Así, el Código de Comercio establece cuáles son los actos de comercio y los contratos mercantiles en general, en el artículo que a continuación se transcribe, en la parte que interesa, para los fines del estudio del asunto:
"Artículo 75. La ley reputa actos de comercio:
"...
"II. La compra y venta de bienes inmuebles, cuando se hagan con dicho propósito de especulación comercial;
"...
"En caso de duda, la naturaleza comercial del acto será fijada por arbitrio judicial."
De lo hasta aquí expuesto, es evidente que se puede hacer una distinción entre los contratos civiles y mercantiles, tomando en cuenta las siguientes características: los contratos mercantiles tienen como finalidad la especulación (artículo 75 del Código de Comercio), analizados desde el punto de vista formal y material. Por su parte, el objeto de los contratos civiles es el intercambio de bienes y servicios, sin que constituyan especulación comercial.
La distinción precisada tiene la utilidad práctica siguiente:
1o. Plazo para el cumplimiento de obligaciones. El Código de Comercio en su artículo 83 establece que si en los contratos mercantiles no se establece plazo para tal cumplimiento, éste será de 10 días, después de contraída la obligación, si sólo produjeren acción ordinaria, y al día inmediato si llevaren aparejada ejecución. En cambio, el Código Civil Federal dispone en su artículo 2080 que el término para cumplir las obligaciones civiles es de 30 días después de la interpelación. Si se trata de obligaciones de hacer, es el tiempo necesario para su ejecución.
2o. Procedimiento. El procedimiento mercantil se rige por plazos más cortos que los procedimientos civiles.
3o. Carga. Los contratos civiles pueden ser gratuitos, los mercantiles no pueden serlo; siempre son onerosos.
4o. La lesión. Es motivo de invalidez del contrato civil y se encuentra establecido en el artículo 17 del Código Civil Federal, pero no procede en los contratos mercantiles.
Definidos los contratos en general y la diferencia de los regidos por el Código Civil Federal o de la entidad federativa donde se celebren y aquellos a que se refiere el Código de Comercio, es menester precisar que la naturaleza de los contratos de compraventa que realiza la quejosa evidentemente son de carácter mercantil, dado que existe especulación o ánimo comercial en la celebración del contrato.
Asimismo, cabe hacer la observación de que dentro de los contratos mercantiles existe el contrato de adhesión o por adhesión, que es aquel en el cual una de las partes, que generalmente es un empresario mercantil o industrial, establece un contenido prefijado para todos los contratos de un determinado tipo que en el tráfico o trato comercial de la empresa se realicen; lo característico de estos contratos es, precisamente, que una de las partes redacta unilateralmente las cláusulas, de modo que la contraparte simplemente "se adhiere", sin posibilidad de discutirlas o convenirlas específicamente.
Al respecto, se advierte que en el contrato de adhesión hay libertad de contratar o no contratar; pero no hay, para la parte que se adhiere que generalmente es el consumidor, libertad contractual para discutir y fijar el contenido del contrato; de aquí que el Estado, previendo la posibilidad de abusos, excesos o arbitrariedades por parte de quien establece las condiciones contractuales, intervenga para procurar la equidad en la contratación, sea a través de normas generales o por otros medios institucionales de aplicación judicial o administrativa; con ello el Estado recoge inveteradas inquietudes que han trascendido, inclusive, al ámbito de la academia jurídica, dentro de la cual impera el principio que dice: "en caso de duda (los contratos) se interpretan contra el autor de su redacción y a favor de la parte que haya aportado su adhesión", seguramente para rescatar la equidad contractual.
El contrato de adhesión en la actualidad florece y prospera a la par que las grandes empresas, ya que este tipo de contrato supone una situación económica imponente del proveedor frente al consumidor, sobre todo cuando éste no puede encontrar en el mercado otros proveedores que le ofrezcan mejores condiciones para adquirir los mismos bienes o servicios. De ahí que en la vida moderna sea común este encuentro necesario entre un contratante fuerte económicamente (proveedor) y uno débil (consumidor). Estas situaciones propicias para abusos han hecho necesaria la intervención estatal para proteger al contratante económicamente débil, y procurar disciplinar de manera uniforme determinadas relaciones ante la necesidad de asegurar ciertos contenidos, evitando dificultades a la clientela y facilitando así el tráfico comercial en gran escala.
El tráfico comercial masivo que es propio de la vida contemporánea ha confirmado con largueza la observación de los teóricos acerca de que el contrato de adhesión se perfecciona por el asentimiento y no por el consentimiento, como acontece con los contratos civiles o mercantiles típicos. Así, el contrato tipo es aquel de contenido fijo mediante el cual se establecen relaciones jurídicas de masa, o en serie, predeterminándose el contenido.
El contrato de adhesión tiene como características:
1. La oferta de contratar se hace normalmente a una colectividad.
2. Está redactado por una de las partes.
3. Su reglamentación en la mayoría de los casos es compleja.
4. La situación del que ofrece contratar normalmente es la más poderosa.
5. Las cláusulas no se discuten, se aceptan o no.
6. El adherente actúa bajo "presión", que normalmente puede originar: renuncia de derechos; limitaciones a la responsabilidad del oferente; caducidad con términos muy cortos; obligaciones adicionales; falta de información; pactos comisorios; facultades para rescindir unilateralmente; pactos leoninos; cláusulas compromisorias o derogaciones a la competencia de la autoridad judicial; etcétera.
En ese orden de ideas, el Estado actúa como proteccionista, dictando leyes que regulan y limitan la actividad de los particulares en la celebración, cumplimiento y prevención de conflictos que se susciten con motivo de los contratos de adhesión, que en caso de interpretación o incumplimiento generan problemas en diversos estratos de la sociedad que regularmente no se unen en defensa de sus intereses.
Para resolver estos problemas de interés social, el Estado dicta leyes que directa e inmediatamente regulan la libertad contractual, es decir, que además de las regulaciones tradicionales establecidas en los códigos mercantiles y civiles tales como el respeto al orden público, las buenas costumbres y la buena fe; la condena al dolo, a la mala fe, a la violencia y a la lesión; la interpretación de los contratos a favor de la parte más débil y la irrenunciabilidad de ciertos derechos, se han expedido leyes o se han modificado las anteriores que imponen a las partes cláusulas irrenunciables de "interés público".
Un ejemplo de lo anterior es la Ley Federal de Protección al Consumidor, y con base en ésta y otros ordenamientos se han creado organismos administrativos que controlan y vigilan su cumplimiento, como la Procuraduría Federal del Consumidor.
De acuerdo con el artículo 2o., fracción II, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, es proveedor: "La persona física o moral que habitual o periódicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda o concede el uso o disfrute de bienes, productos y servicios."; asimismo, la ley en estudio en su artículo 86 exige la inscripción de los contratos de adhesión antes de ser utilizados, con el fin de vigilar que no contengan cláusulas que lesionen al consumidor por desproporcionadas, inequitativas y abusivas para poder cumplir el objetivo de proteger a los consumidores; de igual forma, conforme a lo previsto en los artículos 85 y 90 de la ley en cita, no se consideran válidas y se tienen por no puestas las siguientes cláusulas:
1. Las que permiten al proveedor modificar unilateralmente el contenido del contrato, o sustraerse unilateralmente de sus obligaciones.
2. Las que liberen al proveedor de su responsabilidad civil, excepto cuando el consumidor incumpla el contrato.
3. Las que trasladen al consumidor o a un tercero la responsabilidad civil del proveedor.
4. Las que prevengan términos de prescripción inferiores a los legales.
5. Las que prescriban el cumplimiento de ciertas formalidades para la procedencia de las acciones que se promuevan contra el proveedor.
6. Las que obligan al consumidor a renunciar a la protección de la Ley Federal de Protección al Consumidor o lo someten a la competencia de tribunales extranjeros.
7. Las escritas en idioma distinto al español y con caracteres ilegibles a simple vista.
De lo hasta aquí analizado, se colige que los contratos de compraventa de inmuebles destinados a casa-habitación que celebra la empresa quejosa en su calidad de proveedor son actos de naturaleza mercantil, regidos en consecuencia por el Código de Comercio, y dadas las circunstancias de que utilizan formatos, formularios o "machotes" para su celebración con los particulares consumidores, a los cuales únicamente se pueden adherir, es decir, pueden decidir si contratan o no, mas nunca variar las cláusulas o contenido del mismo, es indudable que se trata de contratos de adhesión regulados por la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Precisada la naturaleza de los contratos de adhesión, dado que el Congreso de la Unión tiene facultades expresas para legislar en materia de comercio y de protección al consumidor, es claro que puede emitir leyes regulatorias de la actividad de los proveedores que se dedican, entre otras, a la venta de casa-habitación al público en general pues, por un lado, ellos tienen la calidad de comerciantes y, por otra, sus contrapartes son consumidores.
Ahora bien, como se advierte, las obligaciones que establecen los dispositivos combatidos a cargo de los proveedores atañen, más que a las formalidades de los contratos, a las convenciones que aquellos pactan con los consumidores en actos mercantiles, característica esta última que deriva de los artículos 75, fracción II y 371 del Código de Comercio, y que conllevan ciertas protecciones, tales como la de registrar sus modelos de contratos ante la Procuraduría Federal del Consumidor, la de incluir en dichos modelos ciertas cláusulas e información sobre diversos aspectos de los inmuebles que ofrecen al público, etcétera, y que en conjunto desarrollan una facultad específicamente encomendada al Congreso de la Unión y, en general, a la Federación por el artículo 28 constitucional, que consiste en brindar protección al sector de los consumidores frente a los empresarios proveedores, tratándose de los actos mercantiles que celebran, independientemente de que al formalizarse en definitiva las ventas deban acatarse las normas locales.
Por tanto, la Ley Federal de Protección al Consumidor no pugna con la facultad de los Estados y del Distrito Federal para legislar en las materias contractual y de bienes inmuebles.
La facultad constitucional de los Estados y del Distrito Federal para regular el derecho contractual deriva de un principio jurídico que recoge expresamente el artículo 13, fracción IV, del Código Civil Federal, pero que es de jerarquía mayor, ya que proviene de la interpretación armónica de los artículos 121, fracciones I, II y III, 122, base primera, fracción V, inciso h y 124 constitucionales, principalmente.
El principio general de derecho que de tales dispositivos deriva, postula que es la ley del lugar en donde el contrato se otorga la que lo rige (locus regit actum).
El artículo 124 prevé la facultad residual a favor de los Estados para legislar en cualquier ámbito que no esté reservado expresamente a la Federación, mientras que el artículo 122, base primera, fracción V, inciso h, faculta expresamente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para legislar en materia civil (en la que, indudablemente, se ubica la regulación de los contratos):
"Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados."
"Artículo 121. En cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros. El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, sujetándose a las bases siguientes:
"I. Las leyes de un Estado sólo tendrán efecto en su propio territorio, y, por consiguiente, no podrán ser obligatorias fuera de él.
"II. Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación.
"III. Las sentencias pronunciadas por los tribunales de un Estado sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otro Estado, sólo tendrán fuerza ejecutoria en éste, cuando así lo dispongan sus propias leyes.
"Las sentencias sobre derechos personales sólo serán ejecutadas en otro Estado, cuando la persona condenada se haya sometido expresamente o por razón de domicilio, a la justicia que las pronunció, y siempre que haya sido citada personalmente para ocurrir al juicio."
"Artículo 122. Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes Federales y de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial de carácter local, en los términos de este artículo.
"...
"Base primera. Respecto a la Asamblea Legislativa:
"...
"V. La Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de Gobierno, tendrá las siguientes facultades:
"...
"h) Legislar en las materias civil y penal; normar el organismo protector de los derechos humanos, participación ciudadana, defensoría de oficio, notariado y Registro Público de la Propiedad y de Comercio."
Así, mientras que los artículos 28 y 73, fracción X, constitucionales sirven de apoyo al Congreso Federal para emitir leyes protectoras de los consumidores, el fundamento constitucional de que los Estados y el Distrito Federal tienen competencia para legislar en materia contractual civil en cuanto a los actos que se celebran en su territorio, resulta de la conjugación del principio general de derecho descrito y de la concatenación de diversos dispositivos de la propia Carta Magna.
Sirven de apoyo, en lo conducente, las siguientes tesis consultables en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CXXI, página 2121, y la publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, correspondiente al mes de octubre de 1995, bajo el número P. LXXVII/95, página 77, respectivamente, que a la letra dicen:
"LEGISLATURAS LOCALES, FACULTADES DE LAS, EN MATERIA CIVIL (DECRETO DE 10 DE ABRIL DE 1916 DEL GOBIERNO DE PUEBLA). Las autoridades legislativas de los Estados tienen competencia constitucional para legislar en materia civil, y en las leyes relativas siempre se establecen restricciones a la autonomía contractual, por razones de forma o de capacidad, por motivos referentes a la ilicitud del fin, del objeto o de la causa del acto jurídico, o con la idea de garantizar una verdadera libertad de consentimiento en los particulares y de mantener la igualdad entre los contratantes; por lo que estando los Estados autorizados para legislar sobre la propiedad privada en todo aquello que no esté expresamente reservado a la Federación, tal facultad lleva implícita la obligación que tienen las mismas entidades, de velar por los intereses de la colectividad. Aunque en las legislaciones hay normas liberales, de carácter individualista, que consagran el respeto a la libertad de los particulares, y la protección más amplia a la autonomía contractual, también hay otras que limitan justificadamente los derechos privados. Una de ellas es precisamente el decreto de 10 de abril de 1916, que establece que ‘la acción de rescisión a que se refiere el artículo 1509 del Código Civil no es renunciable, y su renuncia no producirá efecto jurídico alguno’. Ya la Suprema Corte, a través de la Sala Auxiliar, expresó el criterio de que es justificada la disposición por la que se prohíbe y priva de todo efecto jurídico la renuncia a la acción rescisoria por causa de lesión, dado que esta última, además de viciar el libre consentimiento y el pleno conocimiento que deben inspirar la celebración de los contratos, es fuente de actos que la moral reprueba y que vulneran en forma directa los intereses colectivos. La facultad de prohibir la renuncia a la acción rescisoria por causa de tensión no se halla otorgada al Congreso Federal de modo expreso por los artículos 27 y 73 a 77 de la Constitución de la República y tampoco de una manera tácita, puesto que no se comprende dentro de las llamadas ‘facultades implícitas’ (artículo 73, fracción XXX), ni se incluye tampoco en las diversas prohibiciones o limitaciones que la Carta Magna impone a las entidades federativas, (artículos 116 a 119 y 121). Por tanto, de acuerdo con el artículo 124 de la Ley Suprema, se concluye que las mencionadas facultades se entienden concedidas a los Estados."
"CÓDIGO CIVIL Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, AMBOS PARA EL DISTRITO FEDERAL. EL CONGRESO DE LA UNIÓN TENÍA LA FACULTAD PARA EXPEDIRLOS (SITUACIÓN ANTERIOR A LA REFORMA DEL PRECEPTO 122, FRACCIÓN IV, INCISO G), CONSTITUCIONAL, DE FECHA VEINTICINCO DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES). Aun cuando es verdad que en ningún artículo de la Constitución se establecía de modo expreso la facultad del Congreso de la Unión para expedir el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, dichas atribuciones se encontraban asentadas de manera implícita en diversos artículos constitucionales, entre ellos, el 14, 16 y 17 de la Ley Fundamental. En efecto, el artículo 14 establece que nadie puede ser privado de sus derechos, sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; que en los juicios del orden civil, la sentencia deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley y, a falta de ésta, se fundará en los principios generales del derecho; asimismo, el artículo 16 previene que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito que funde y motive la causa legal del procedimiento; el artículo 17 prohíbe a las personas hacerse justicia por sí mismas o ejercer violencia para reclamar su derecho, estableciendo la obligación correlativa, a cargo del Estado, de instituir tribunales que administren justicia a las personas en los términos y plazos que fijen las leyes. Por tanto, de las disposiciones legales en comento, se advierte la necesidad de que la comunidad cuente con ordenamientos de orden civil y procesal; de ahí que la facultad legislativa se concedía al Congreso de la Unión, en la materia de las bases antes mencionadas. Además, el artículo 73, fracción VI, constitucional, como aparecía en 1917, ya establecía las reglas para el nombramiento de Magistrados y Jueces del Distrito Federal, prevenía la expedición de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la responsabilidad de los titulares. De lo anterior se infiere, lógicamente y de manera congruente, que el Congreso de la Unión tiene facultades para expedir los ordenamientos necesarios en materia civil y procesal, de lo contrario, la existencia de los tribunales a que se refiere la mencionada base 4a., sería completamente estéril, pues sería incongruente tener la facultad de integrar los tribunales si éstos carecen de leyes conforme a las cuales han de dictar sus resoluciones."
Debe admitirse, por tanto, que si de acuerdo con los artículos 25, 28 y 73, fracción X, de la Constitución Federal, en relación con los artículos 75, fracción II y 371 del Código de Comercio, toca a la Federación la tutela de los consumidores en el acto mercantil que celebran con los proveedores con motivo de la venta de casas-habitación y de tiempo compartido, mientras que conforme a lo establecido en los artículos 121, fracciones I, II y III, 122, base primera, fr
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19206-b7e31689/proteccion-al-consumidor-los-articulos-73-73-bis · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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