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Modo: Corpus Pro

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. LA OBLIGACIÓN DE REGISTRAR ANTE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR LOS CONTRATOS DE ADHESIÓN, SE ORIGINA EN DOS DIVERSOS TIPOS DE DISPOSICIONES LEGALES.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 869/2005. · Registro digital (IUS): 19211
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: U-CALLI DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, , Pág. 721.

AMPARO EN REVISIÓN 869/2005. U-CALLI DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.

SECRETARIA: DOLORES RUEDA AGUILAR.

CONSIDERANDO:

TERCERO. En los agravios antes transcritos la recurrente sustancialmente sostiene lo siguiente:

En su segundo agravio la recurrente sostiene que la sentencia recurrida transgrede en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 73, fracciones V, VI y XVIII, 74, fracción III, 76, 77, 78, 79, 80, 114, fracción I, 116, fracción V, 192, 193 y demás relativos de la Ley de Amparo, toda vez que:

a) Contrario a lo señalado por la autoridad recurrida la quejosa, sí está en el supuesto de la norma cuestionada, ya que el artículo 73 de la Ley Federal de Protección al Consumidor lo obliga a tener que registrar los contratos que celebre con sus clientes.

b) La eventual posibilidad de que adviniera la emisión de una norma oficial mexicana (ya que a la fecha aún no ha sido emitida por la Secretaría de Economía) con aspectos y requisitos distintos a los establecidos en el artículo 73 Ter de la ley en comento, produciría que el contrato no surta efectos frente al consumidor, lo que se traduce en un patente estado de incertidumbre e indefensión.

c) Las consideraciones en las que el Juez de Distrito sostuvo su fallo son dogmáticas, inmotivadas e infundadas, ya que es ilegal desvirtuar con la frase "cumple con los principios constitucionales de legalidad y seguridad jurídica establecidos en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna" los conceptos de violación formulados, en los que señaló que las autoridades administrativas tienen un amplio margen de discrecionalidad, pues en caso de que no se inscriban los contratos, éstos no surtirán efectos respecto del proveedor, pero sí respecto del consumidor, lo que evidentemente implica una potestad de la autoridad administrativa.

d) En la sentencia recurrida no se determina la inconstitucionalidad de los preceptos combatidos, pues el Juez de Distrito no consideró el hecho de que en ellos se establezca como válido, que la inscripción del contrato determine que éste carece de efectos contra el consumidor y que, además, éste sí genere un efecto contra el proveedor.

En su tercer agravio sostiene que la sentencia recurrida viola lo dispuesto en los artículos 76 y 77 de la Ley de Amparo, ya que:

a) En ninguna de las argumentaciones sostenidas por la autoridad recurrida se da respuesta concreta y efectiva a los conceptos de violación que sobre el particular fueron formulados y que, por ende, se encuentran sin ponderación.

b) Si bien se reconoce que la libertad contractual puede sujetarse a límites, estos casos se encuentran expresamente previstos en el artículo 5o. de la Constitución, pero fuera de esos casos, no existe ningún acotamiento, de ahí que un acto unilateral de una autoridad como la Procuraduría Federal del Consumidor, no puede regular, restringir o limitar esta libertad; por lo anterior, resulta evidente que la ley en comento es violatoria de la Carta Magna, toda vez que no existe principio general ni disposición constitucional que establezca alguna justificación para que alguna autoridad restrinja o limite dicho derecho.

En su cuarto agravio señala que la sentencia recurrida viola los principios de congruencia, exhaustividad y motivación, toda vez que:

a) En el caso, la autoridad recurrida no consideró que los artículos 73, 73 Bis, 73 Ter, 86 Quáter, 87 y 87 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, transgreden lo dispuesto en los preceptos 1o., 5o., 13, 14 y 16 de la Constitución, ya que modifican en una parte y extinguen en otra, los derechos de los fraccionadores, constructores, promotores y demás personas que intervienen en la asesoría y venta al público de viviendas destinadas a casa-habitación, gravándolos con una serie de obligaciones entre las que se encuentran: registrar ante la Procuraduría Federal del Consumidor todos los contratos que celebren relacionados con esta actividad; asentar un determinado clausulado, obligando a someterse en la vía administrativa a las decisiones de la procuraduría para resolver cualquier controversia, y sancionar privando de manera definitiva los derechos del proveedor que no los registra, con la inexistencia de los efectos del contrato.

b) Contrario a lo señalado por el Juez de Distrito, la ley en comento prevé un trato discriminatorio y desigual para un grupo específico -en este caso los fraccionadores, constructores, promotores y demás personas que intervienen en la asesoría y venta al público de locales, centros comerciales, bodegas, edificios de oficinas, etcétera-, pues estos últimos, se encuentran librados de todas y cada una de las obligaciones establecidas para quienes lo hacen respecto de casa-habitación, no obstante que en la misma ley son clasificados como proveedores.

c) Si bien la ley en comento es una ley especial, ello no justifica que se otorgue un trato desigual a los iguales, pues tanto los que fraccionan, construyen y promueven casas-habitación como los que lo hacen respecto de centros comerciales, edificios de oficinas, bodegas, locales, etcétera, tienen la calidad de comerciantes, "proveedores" para efectos de la ley, y merecen un tratamiento igualitario frente a ésta, que de manera notoriamente infundada e inmotivada se les ha negado.

En su quinto agravio señala que la sentencia recurrida viola en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 73, fracciones V, VI y XVIII, 74, fracción III, 76, 77, 78, 79, 80, 114, fracción I, 116, fracción V, 192, 193 y demás relativos de la Ley de Amparo, ya que:

a) Si bien el legislador puede establecer plazos y términos conforme a los cuales se administrará justicia, y la prerrogativa constitucional puede limitarse con el fin de lograr que dichas instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablen, también es cierto que esta limitación debe tener sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución; situación que en el presente evento no se satisface.

b) Los artículos impugnados resultan violatorios de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución, ya que limitan la garantía de administración de justicia pronta y expedita, así como la de seguridad jurídica y debido proceso, ya que no sólo obligan a la quejosa de manera desigual y discriminatoria a registrar en la Procuraduría Federal del Consumidor todos los contratos que celebre con motivo de la actividad regulada en el primero de los artículos, sino que también obligan a incluir de manera forzosa en los contratos de adhesión, una cláusula en la que se establezca la competencia de la Procuraduría Federal del Consumidor en la vía administrativa para resolver cualquier controversia que se suscite sobre la interpretación o cumplimiento de dichos contratos.

Aunado a lo anterior, obligan a la quejosa a soportar y agotar un procedimiento conciliatorio previo, que no es optativo, ya que en él se le permite a la Procuraduría Federal del Consumidor aplicar medidas de apremio en perjuicio de la quejosa si no acude a la audiencia conciliatoria, o no informa lo relacionado con los hechos, inclusive sancionándola gravemente mediante la presunción cierta de lo manifestado por el reclamante, lo cual deja a la ahora recurrente en un evidente estado de indefensión e inseguridad jurídica.

CUARTO. Este Tribunal Pleno advierte que contrario a lo manifestado por la recurrente, el Juez del conocimiento sí se ocupó de los argumentos medulares expresados en los conceptos de violación, por los que se controvirtieron los artículos por los cuales no se sobreseyó en el juicio de amparo, pues cabe recordar que dicho juzgador hizo la precisión que sólo se ocuparía de ellos.

a) La recurrente argumenta que los artículos impugnados de la Ley Federal de Protección al Consumidor violan en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por facultar a la Secretaría de Economía a expedir normas oficiales mexicanas respecto de los términos y condiciones a que deberán ajustarse los modelos de los contratos de adhesión (en materia de bienes inmuebles destinados a casa-habitación) que deben inscribirse ante la Procuraduría Federal del Consumidor, quien tiene la atribución de registrar sólo aquellos contratos que cumplan con la normatividad aplicable.

Considera que la Secretaría de Economía aún no ha emitido ninguna norma oficial mexicana al respecto, por lo que no se le puede obligar a inscribir los contratos de adhesión, dado que ello supondría un menoscabo a la garantía de seguridad jurídica.

El argumento de la quejosa recurrente es infundado, por las siguientes consideraciones.

La Ley Federal sobre Metrología y Normalización vigente establece que ésta regirá en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social, su aplicación y vigilancia corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de las dependencias de la administración pública federal que tengan competencia en las materias reguladas en este ordenamiento, y prevé que por norma oficial mexicana, debe entenderse la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, de acuerdo a las reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación.

Lo anterior, se advierte de lo establecido en los siguientes preceptos de la ley en cita, que se transcriben en la parte que interesa para el presente estudio:

"Artículo 1o. La presente ley regirá en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social. Su aplicación y vigilancia corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de las dependencias de la administración pública federal que tengan competencia en las materias reguladas en este ordenamiento.

"Siempre que en esta ley se haga mención a la ‘secretaría’, se entenderá hecha a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial."

"Artículo 2o. Esta ley tiene por objeto:

"I. En materia de metrología:

"...

"II. En materia de normalización, certificación, acreditamiento y verificación:

"a) Fomentar la transparencia y eficiencia en la elaboración y observancia de normas oficiales mexicanas y normas mexicanas;

"b) Instituir la Comisión Nacional de Normalización para que coadyuve en las actividades que sobre normalización corresponde realizar a las distintas dependencias de la administración pública federal;

"c) Establecer un procedimiento uniforme para la elaboración de normas oficiales mexicanas por las dependencias de la administración pública federal;

"d) Promover la concurrencia de los sectores público, privado, científico y de consumidores en la elaboración y observancia de normas oficiales mexicanas y normas mexicanas;

"...

"g) En general, divulgar las acciones de normalización y demás actividades relacionadas con la materia."

"Artículo 3o. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

"...

"X. Norma mexicana: la que elabore un organismo nacional de normalización, o la secretaría, en los términos de esta ley, que prevé para un uso común y repetido reglas, especificaciones, atributos, métodos de prueba, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado;

"X-A. Norma o lineamiento internacional: la norma, lineamiento o documento normativo que emite un organismo internacional de normalización u otro organismo internacional relacionado con la materia, reconocido por el gobierno mexicano en los términos del derecho internacional;

"XI. Norma oficial mexicana: la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, conforme a las finalidades establecidas en el artículo 40, que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación;

"...

"XIII. Organismos nacionales de normalización: las personas morales que tengan por objeto elaborar normas mexicanas ..."

"Artículo 38. Corresponde a las dependencias según su ámbito de competencia:

"I. Contribuir en la integración del Programa Nacional de Normalización con las propuestas de normas oficiales mexicanas;

"II. Expedir normas oficiales mexicanas en las materias relacionadas con sus atribuciones y determinar su fecha de entrada en vigor;

"III. Ejecutar el Programa Nacional de Normalización en sus respectivas áreas de competencia;

"...

"VII. Coordinarse en los casos que proceda con otras dependencias para cumplir con lo dispuesto en esta ley y comunicar a la secretaría su opinión sobre los proyectos de regulaciones técnicas de otros países, en los términos de los acuerdos y tratados internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sea parte;

"...

"IX. Las demás atribuciones que le confiera la presente ley y su reglamento."

"Artículo 39. Corresponde a la secretaría, además de lo establecido en el artículo anterior:

"I. Integrar el Programa Nacional de Normalización con las normas oficiales mexicanas y normas mexicanas que se pretendan elaborar anualmente;

"II. Codificar las normas oficiales mexicanas por materias y mantener el inventario y la colección de las normas oficiales mexicanas y normas mexicanas, así como de las normas internacionales y de otros países;

"...

"V. Expedir las normas oficiales mexicanas a que se refieren las fracciones I a IV, VIII, IX, XII, XV y XVIII del artículo 40 de la presente ley, en las áreas de su competencia;

"...

"VII. Coordinarse con las demás dependencias para el adecuado cumplimiento de las disposiciones de esta ley, en base a las atribuciones de cada dependencia;

"VIII. Participar con voz y voto en los comités consultivos nacionales de normalización en los que se afecten las actividades industriales o comerciales;

"...

"XI. Fungir como centro de información en materia de normalización y notificar las normas oficiales mexicanas conforme a lo dispuesto en los acuerdos y tratados internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos sea parte, para lo cual las dependencias deberán proporcionarle oportunamente la información necesaria; y

"XII. Las demás facultades que le confiera la presente ley y su reglamento."

"Artículo 40. Las normas oficiales mexicanas tendrán como finalidad establecer:

"I. Las características y/o especificaciones que deban reunir los productos y procesos cuando éstos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, vegetal, el medio ambiente general y laboral, o para la preservación de recursos naturales;

"II. Las características y/o especificaciones de los productos utilizados como materias primas o partes o materiales para la fabricación o ensamble de productos finales sujetos al cumplimiento de normas oficiales mexicanas, siempre que para cumplir las especificaciones de éstos sean indispensables las de dichas materias primas, partes o materiales;

"III. Las características y/o especificaciones que deban reunir los servicios cuando éstos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, vegetal o el medio ambiente general y laboral o cuando se trate de la prestación de servicios de forma generalizada para el consumidor;

"...

"XII. La determinación de la información comercial, sanitaria, ecológica, de calidad, seguridad e higiene y requisitos que deben cumplir las etiquetas, envases, embalaje y la publicidad de los productos y servicios para dar información al consumidor o usuario;

"...

"XVIII. Otras en que se requiera normalizar productos, métodos, procesos, sistemas o prácticas industriales, comerciales o de servicios de conformidad con otras disposiciones legales, siempre que se observe lo dispuesto por los artículos 45 a 47.

"Los criterios, reglas, instructivos, manuales, circulares, lineamientos, procedimientos u otras disposiciones de carácter obligatorio que requieran establecer las dependencias y se refieran a las materias y finalidades que se establecen en este artículo, sólo podrán expedirse como normas oficiales mexicanas conforme al procedimiento establecido en esta ley."

Asimismo, los artículos 41 a 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización señalan los requisitos que deben reunir las normas oficiales mexicanas, el procedimiento para su elaboración, autoridades competentes para su aplicación, modificación, etcétera.

En ese orden de ideas, se colige que si bien es deseable que la Secretaría de Economía emita normas oficiales mexicanas en las materias que la citada ley prevé, ello no es forzoso ni obligatorio para el cumplimiento de la ley que rija el acto y materia de que se trate.

Por tanto, si en la Ley Federal de Protección al Consumidor se establece la obligación de que los proveedores de determinados bienes o servicios deban registrar ante la Procuraduría Federal del Consumidor, los contratos de adhesión que celebren con los consumidores, es inconcuso que están obligados por disposición expresa del legislador ordinario a cumplir con tal mandato, sin que sea óbice la inexistencia de alguna norma oficial mexicana que rija la materia de que se trate, o bien, que existiendo ésta (la cual es de carácter federal y de observancia obligatoria), prevea u omita establecer tal circunstancia, pues se insiste, la obligación del registro de los contratos de adhesión deriva de lo ordenado por la ley en cita.

En virtud de los razonamientos expuestos, se colige que en la especie, no es obligatorio que la Secretaría de Economía (antes de Comercio y Fomento Industrial) hubiera expedido norma oficial mexicana alguna que regulara la compraventa de inmuebles destinados a casa-habitación, ya que los contratos que con tal motivo celebran proveedores y consumidores se encuentran regulados expresamente por la Ley Federal de Protección al Consumidor, en cuanto a su contenido, aprobación y registro ante la procuraduría respectiva, según se advierte de lo establecido en el artículo 73 de la ley en estudio, que dice:

"Artículo 73. Los actos relacionados con inmuebles sólo estarán sujetos a esta ley, cuando los proveedores sean fraccionadores, constructores, promotores y demás personas que intervengan en la asesoría y venta al público de viviendas destinadas a casa-habitación o cuando otorguen al consumidor el derecho de usar inmuebles mediante el sistema de tiempo compartido, en los términos de los artículos 64 y 65 de la presente ley.

"Los contratos relacionados con las actividades a que se refiere el párrafo anterior, deberán registrarse ante la procuraduría."

b) Respecto al argumento de la quejosa consistente en que los preceptos reclamados de la Ley Federal de Protección al Consumidor violan los artículos 1o. y 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque a su juicio, la autoridad tiene la facultad de limitar la posibilidad de negociar la celebración de contratos con los particulares, es menester señalar lo siguiente:

El artículo 1o. constitucional es una declaración de carácter general que aun cuando consagra una garantía de igualdad no establece ésta de manera específica, por lo que su violación debe relacionarse con la de otra garantía individual, es decir, los conceptos de violación que se hagan valer respecto a la garantía prevista en dicho artículo, no pueden entenderse si no es en relación directa con las libertades que la Constitución consagra, la violación que se produciría, en su caso, al artículo 1o. sólo puede advertirse de un estudio conjunto de dicho ordinal con la correlativa libertad que se arguye violada.

En ese sentido se ha pronunciado este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis identificada con el número P. CXXXIII/2000, en la página 27 del Tomo XII, correspondiente al mes de septiembre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su Novena Época, que a continuación se inserta.

"IGUALDAD. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE SE HAGAN VALER RESPECTO A LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO PUEDEN ENTENDERSE SI NO ES EN RELACIÓN DIRECTA CON LAS LIBERTADES QUE ÉSTA CONSAGRA. Si bien es cierto que las garantías que otorga la Constitución Federal sólo pueden restringirse por disposición de la propia Ley Fundamental o por otra ley a la que la misma remita, también lo es que los conceptos de violación que haga valer el quejoso en el juicio de amparo, respecto al artículo 1o. de la Carta Magna que prevé la garantía de igualdad, sólo pueden entenderse en relación directa con las libertades que la propia Constitución consagra. Esto es, la violación que se produciría, en su caso, al artículo 1o. sólo puede advertirse de un estudio conjunto de dicho ordinal con la correlativa libertad que se arguye violada."

Asimismo, resulta ilustrativa la tesis aislada de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada con el número 1a. C/2001, a fojas 192 del Tomo XIV, correspondiente al mes de diciembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su Novena Época, que es del tenor literal siguiente:

"IGUALDAD. LÍMITES A ESTE PRINCIPIO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de manera que los poderes públicos han de tener en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Así, el principio de igualdad se configura como uno de los valores superiores del orden jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico para la producción normativa y su posterior interpretación y aplicación, y si bien es cierto que el verdadero sentido de la igualdad es colocar a los particulares en condiciones de poder acceder a derechos reconocidos constitucionalmente, lo que implica eliminar situaciones de desigualdad manifiesta, ello no significa que todos los individuos deban ser iguales en todo, ya que si la propia Constitución protege la propiedad privada, la libertad económica y otros derechos patrimoniales, está aceptando implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas; es decir, el principio de igualdad no implica que todos los sujetos de la norma se encuentren siempre, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, que debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio (o privarse de un beneficio) desigual e injustificado. En estas condiciones, el valor superior que persigue este principio consiste en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propicien efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica."

Pues bien, resulta infundado el argumento relativo a que los dispositivos reclamados de la Ley Federal de Protección al Consumidor infringen la garantía de libertad contractual que consagra el artículo 5o. constitucional, teniendo en cuenta los siguientes razonamientos.

El artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice, en lo que interesa:

"Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. ..."

De lo transcrito se deduce lo siguiente:

1. Que la libertad contenida en el precepto constitucional es permisiva; esto es, que la actividad esté permitida por la ley.

2. Que el ejercicio de esta libertad permisiva sólo podrá vedarse por determinación judicial cuando se afecten los derechos de tercero.

3. Que dicha libertad también podrá vedarse por resolución gubernativa cuando se ofendan los derechos de la sociedad.

En ese orden de ideas, es inconcuso que los preceptos reclamados no vulneran en forma alguna la garantía que consagra el artículo 5o. constitucional, en virtud de que este dispositivo garantiza la libertad de trabajo o la libertad contractual al señalar que a nadie podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode y que el ejercicio concreto de esta libertad sólo puede limitarse por las tres razones antes precisadas, por tanto, teniendo en cuenta que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que la obligación de los gobernados de cumplir con las leyes, reglamentos y normas generales que si bien pueden representar una carga administrativa, ello no coarta la libertad de trabajo, ya que no les impide que se dediquen a la profesión, industria, comercio o trabajo que les acomode, aun en el caso de que una actividad no sea lo suficientemente productiva a juicio del gobernado.

En razón de lo anterior, se concluye que la circunstancia de que los artículos reclamados establezcan que las empresas que tengan el carácter de proveedores cuyo objeto social sea la compraventa de bienes inmuebles destinados a casa-habitación, tendrán la obligación de insertar determinadas cláusulas en sus contratos de adhesión y que éstos deben ser registrados ante la Procuraduría Federal del Consumidor so pena de que el incumplimiento de esto conllevará a que no surta efectos el contrato contra el consumidor, no quebranta la garantía constitucional citada, pues el establecimiento de dichas obligaciones administrativas no implica un obstáculo para la realización de las actividades en él comprendidas, por el contrario, conlleva implícita una certeza jurídica y un provecho al regular en favor de proveedores y consumidores una forma de evitar problemas de interpretación o conflicto por la celebración y efectos de tales contratos, pues no debe perderse de vista que el artículo 5o. constitucional establece en primer término una garantía de igualdad que se traduce en que todos los gobernados puedan elegir la profesión, actividad o trabajo al que se dediquen.

Cabe destacar que si bien es cierto que conforme a la ley reclamada se impone a los proveedores que se dedican a la compraventa de inmuebles destinados a casa-habitación, una serie de obligaciones que no se exigen, en general, a los que, sin resultar proveedores, venden inmuebles, también es verdad que con este trato diferente no se viola la garantía de igualdad pues los proveedores no se hallan en plan de identidad en cuanto a sus actividades, que un vendedor esporádico de inmuebles.

Resulta aplicable en la especie la tesis sostenida por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible con el número P. XC/2000, a fojas 26 del Tomo XI, correspondiente al mes de junio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su Novena Época, que establece:

"GARANTÍA DE IGUALDAD. ESTÁ CONTENIDA IMPLÍCITAMENTE EN EL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL. El análisis del primer párrafo del artículo 5o. constitucional, que establece: ‘A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. ...’, permite constatar, en principio, que este precepto garantiza a todos los gobernados, entre otras cosas, el ejercicio de las libertades de comercio y de industria que sean lícitas y, en segundo término, que esa facultad se otorga a todas las personas sin distinción alguna, es decir, sin hacer diferencias de nacionalidad, raza, religión o sexo, ya que su contenido no establece salvedad alguna al respecto; circunstancia que constituye un fundamento importante de la garantía de libertad de comercio, ya que el artículo 5o. constitucional, al permitir a todas las personas ejercer el comercio o la industria que les acomode, siempre y cuando sean lícitos y no opere alguna de las limitantes a que alude el mismo numeral, excluye implícitamente de tal prerrogativa todo trato desigual que no pueda ser justificado constitucionalmente o apoyado en el interés público, puesto que no debe soslayarse que el disfrute pleno de la garantía otorgada por la Carta Magna en el imperativo de cuenta exige necesariamente la actualización del principio de igualdad material o real entre los titulares de esa garantía, dado que jurídicamente la igualdad se traduce en que varias personas, cuyo número es indeterminado, que participen de la misma situación, tengan la posibilidad y la capacidad de ser titulares cualitativamente de los mismos derechos y obligaciones que emanen de la ley aplicable frente al Estado, lo cual estará en función de sus circunstancias particulares. En este sentido, el numeral 5o. constitucional prevé sustancialmente ese principio fundamental de igualdad, en virtud de que tiene como finalidad colocar a todos los gobernados, cualquiera que sea su categoría o condición social, en igualdad de condiciones frente a la necesidad de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19211-f4584465/proteccion-al-consumidor-la-obligacion-de-registrar-ante · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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