VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 4o.-C DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL OTORGAR UN TRATO DIFERENCIADO ENTRE DETERMINADAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO Y LOS DEMÁS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO RELATIVO, PARA EFECTOS DEL CÁLCULO DE LA PROPORCIÓN ACREDITABLE, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (DECRETO PUBLICADO EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004). VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 4o.-C, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL PREVER QUE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO QUE SEÑALA NO DEBERÁN EXCLUIR LOS CONCEPTOS PRECISADOS EN LAS FRACCIONES IV, V, VI Y IX DE DICHO PRECEPTO, PARA EFECTOS DEL CÁLCULO DE LA PROPORCIÓN ACREDITABLE, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (DECRETO PUBLICADO EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004). VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 4o., FRACCIÓN V, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL PERMITIR QUE EL IMPUESTO RETENIDO Y ENTERADO PUEDA ACREDITARSE EN LA DECLARACIÓN DE PAGO MENSUAL SIGUIENTE, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (DECRETO PUBLICADO EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004).
AMPARO EN REVISIÓN 1059/2006. PATRIMONIAL INBURSA, S.A.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIOS: HILDA MARCELA ARCEO ZARZA, FERNANDO SILVA GARCÍA Y ALFREDO VILLEDA AYALA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Federal; 84, fracción I, de la Ley de Amparo; 11, fracción V y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en el punto cuarto del Acuerdo General Número 5/2001, del Pleno de este Alto Tribunal, de veintiuno de junio de dos mil uno, toda vez que se interpone en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, en el que se reclamó la inconstitucionalidad de los artículos 4o., 4o. B y 4o. C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de diciembre de dos mil cuatro, en el que si bien subsiste el problema de constitucionalidad, lo cierto es que se refiere al acreditamiento del impuesto al valor agregado, tema que en sesión privada de seis de febrero del año en curso, el Tribunal Pleno asignó a esta Sala para su conocimiento.
SEGUNDO. Los recursos de revisión fueron interpuestos oportunamente, en términos del considerando segundo de la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado del conocimiento.
TERCERO. Los agravios expuestos por la parte quejosa y que constituyen la materia del recurso en esta instancia de conocimiento, medularmente señalan:
Tercer agravio:
La Juez a quo incurrió en incongruencia y falta de exhaustividad, al considerar que la Cámara de Diputados, como Cámara de Origen, fue quien inició la reforma al sistema de acreditamiento del impuesto al valor agregado, y que la Cámara de Senadores únicamente hizo modificaciones al proyecto de reforma, habida cuenta que si bien es cierto que la iniciativa de reformas presentada por el Ejecutivo Federal contemplaba la reforma de algunas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, ninguna de ellas incidía directa o indirectamente en el sistema de acreditamiento.
Además, tal como lo reconoce la Juez a quo, fue la Cámara de Senadores, como Cámara Revisora, quien inició la reforma del artículo 4o. y la adición de los artículos 4o. A, 4o. B y 4o. C de la ley reclamada, tal como se desprende tanto del dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, como de la sesión de once de noviembre de dos mil cuatro, en la que la Cámara de Senadores discutió y aprobó, entre otros, el proyecto del decreto en el que se propuso por esa legisladora la reforma al sistema de acreditamiento, ya que aun y cuando se señaló que el dictamen contenía algunas modificaciones, en realidad los senadores estaban proponiendo una reforma sustantiva a la mecánica del acreditamiento del impuesto al valor agregado. Por tanto, esa colegisladora se erigió en Cámara de Origen, en franca violación al inciso H) del artículo 72 constitucional.
Cuarto agravio:
A) La Juez a quo incurrió en incongruencia y falta de exhaustividad al momento de pronunciarse en relación con el segundo y tercero conceptos de violación, porque aun y cuando concedió el amparo a la quejosa, de manera dogmática exceptuó del respectivo acreditamiento del impuesto al valor agregado que le haya sido trasladado, el identificado con sus actividades exentas, no obstante que dicho tribunal se abstuvo de analizar y resolver en su integridad lo argumentado en dichos conceptos de violación. Asimismo, la Juez a quo se abstuvo de pronunciarse respecto de los conceptos de violación cuarto, quinto, sexto y séptimo.
No es óbice que se hubiera concedido el amparo respecto del artículo 4o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, toda vez que los principios de exhaustividad y congruencia obligan al tribunal a pronunciarse en relación con todo lo solicitado por el impetrante del amparo.
B) El principio de legalidad tributaria se transgrede con los artículos 4o., 4o. B y 4o. C de la ley reclamada, toda vez que no señalan con precisión como objeto del gravamen, los "actos o actividades no objeto" para el pago del impuesto al valor agregado, lo que violenta la sustancia del impuesto, en virtud de que debe entenderse por qué se grava indirectamente el impuesto al valor agregado cuando es la misma ley la que ha dejado fuera del gravamen de ese impuesto a los "actos o actividades no objeto", haciendo falta el elemento principal que es objeto del impuesto y esencial para la determinación del impuesto, gravando actos o actividades que por su misma naturaleza quedan fuera del objeto del impuesto.
Por lo anterior, el impuesto al valor agregado es un impuesto en el que la determinación del impuesto acreditable prohíbe el acreditamiento al 100% a las personas físicas y morales que realicen "actividades no objeto", y limita tal acreditamiento cuando los contribuyentes -como la quejosa-, realizan actos o actividades mixtas, obligándoles al prorrateo en el que para la determinación del factor relativo, deben incluir el valor de los "actos o actividades que no son objeto del impuesto", lo cual resulta aberrante y rompe con el principio de legalidad que consagra la Ley Suprema.
Por tanto, resulta procedente que se modifique la sentencia recurrida para que se conceda a la quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, desincorporando de su esfera jurídica las disposiciones impugnadas, y permitirle acreditar íntegramente el impuesto que se le traslade con motivo de los actos o actividades que son su objeto, en virtud de que al violentarse el principio de legalidad, el procedimiento para la determinación del pago del tributo no puede llevarse a cabo y, por ende, no puede obligársele a pagar un tributo que violenta dicha garantía, en tanto que el acreditamiento es parte esencial e integrante de la fórmula para determinar la cantidad que se le deba pagar al fisco federal.
Por su parte, la autoridad recurrente, para combatir el amparo otorgado a la quejosa, hace valer los agravios que a continuación se sintetizan:
Primer agravio:
La Juez de Distrito decidió conceder el amparo a la quejosa al considerar que para determinar el factor de prorrateo, se deben tomar en consideración las "actividades no objeto", lo cual vulnera la garantía de legalidad tributaria. Lo anterior es infundado porque, si bien es cierto que el artículo impugnado establece el concepto referido, también lo es que se refiere a las actividades que no se establecen en la propia ley impugnada, lo que no implica que se esté violando el principio de legalidad tributaria, máxime que el legislador no puede estar definiendo cada uno de los conceptos que se establezcan en los ordenamientos jurídicos y, en todo caso, el gobernado debe utilizar los métodos de interpretación.
Dicho concepto es de fácil comprensión dentro del contexto impositivo de la norma, por lo que tal situación no genera incertidumbre jurídica ni permite a la autoridad actuar en forma caprichosa por estar contenidos los elementos esenciales en la norma.
El hecho de que se emplee frases como "... o actividades que no sean objeto del impuesto que establece esta ley ...", sólo busca ejemplificar el concepto de que se trata, mas no incluir un factor de acreditamiento que no guarda vinculación con el objeto del impuesto, toda vez que lo único que se pretendió al establecer ese concepto, fue plasmar la voluntad del legislador, sin que ello entrañe libertad de la exactora para determinar los elementos esenciales del tributo, ni con ello se incurra en ilegalidad.
Segundo agravio:
En caso de concederse el amparo a la quejosa, únicamente sería para el efecto de no tomar en cuenta, para la determinación del factor de prorrateo, las "actividades no objeto" que pudiera tener, hasta el siete de junio de dos mil cinco, fecha en que se modificó dicha disposición en la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
El efecto del amparo de ninguna manera podría ser el permitirle a la quejosa que acredite la totalidad del impuesto al valor agregado acreditable contra el causado, independientemente de que las actividades que realice sean gravadas o exentas. Lo anterior es así, toda vez que de subsistir el criterio adoptado por el a quo, respecto del vicio de inconstitucionalidad que se planteó en la demanda de garantías, el efecto invariablemente deberá ser que para la determinación del factor de prorrateo se tomen en cuenta únicamente las actividades gravadas y exentas, excluyendo las "no objeto".
CUARTO. Son infundados los argumentos expuestos por la quejosa en la parte que controvierten la constitucionalidad de los preceptos reclamados por violación al proceso legislativo que les dio origen (tercer agravio).
Lo anterior es así, pues el Tribunal Pleno ha determinado que el proceso legislativo que culminó con el decreto por el que se reforma y adiciona la Ley del Impuesto al Valor Agregado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de diciembre de dos mil cuatro, cumple con los requisitos previstos por el artículo 72 de la Constitución Federal, ya que dicha reforma fue discutida originalmente en la Cámara de Diputados como Cámara de Origen, la que lo aprobó parcialmente y lo envió a la Cámara de Senadores, en la que se retomó el tema de la reforma y se decidió adicionar otros preceptos que no habían sido materia de debate en la Cámara de Origen, modificaciones y adiciones que se devolvieron a la Cámara de Diputados, la que aprobó el proyecto por mayoría absoluta y lo envió al Ejecutivo Federal para su promulgación.
El criterio referido quedó definido a través de la jurisprudencia cuyo rubro, texto y datos de localización, son los siguientes:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXIII, junio de 2006
"Tesis: P./J. 78/2006
"Página: 7
"VALOR AGREGADO. EL PROCESO LEGISLATIVO QUE CULMINÓ CON EL DECRETO DE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004, CUMPLE CON LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 72 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Conforme al artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los proyectos de ley o decreto que versen sobre contribuciones o impuestos deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados (inciso H), la que de aprobarlos -en todo o en parte- los turnará a la Cámara de Senadores para su discusión (incisos A y H); si ésta los desecha parcialmente, los adiciona o modifica, los regresará a aquélla para la nueva discusión que versará sobre lo desechado, adicionado o modificado, sin poder alterar los artículos aprobados, y si la Cámara de Diputados aprueba tales adiciones o modificaciones por mayoría absoluta de los votos presentes, remitirá todo el proyecto de ley o decreto al Ejecutivo para sus observaciones y, en su caso, para su publicación (inciso E). En congruencia con lo antes expuesto, se concluye que el proceso legislativo que culminó con el decreto por el que se reforma y adiciona la Ley del Impuesto al Valor Agregado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de diciembre de 2004, cumplió con lo ordenado en el indicado artículo 72 constitucional, ya que del referido proceso legislativo se advierte que el proyecto presentado por el presidente de la República se discutió primero en la Cámara de Diputados, la que lo aprobó parcialmente y lo envió a la Cámara de Senadores, en la que se retomó el tema de la reforma y se decidió, además, adicionar otros preceptos que no habían sido materia de debate en la Cámara de Origen; con estas modificaciones y adiciones el proyecto se devolvió a la Cámara de Diputados, la que lo aprobó por mayoría absoluta y lo envió al Ejecutivo Federal para su promulgación."
En tales condiciones, si en términos de la jurisprudencia señalada, el proceso legislativo de los artículos 4o., 4o. B y 4o. C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, fue acorde con lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal como se anticipó, los agravios respectivos devienen infundados y, en consecuencia, debe confirmarse la resolución recurrida en ese aspecto.
QUINTO. En otro orden de ideas, la autoridad recurrente en su primer agravio, sostiene en esencia que, contrario a lo resuelto por la Juez de Distrito, si bien es cierto que el artículo impugnado establece el concepto "actividades no objeto", también lo es que se refiere a las actividades que no se establecen en la propia ley impugnada, lo que no implica que se esté violando el principio de legalidad tributaria, máxime que el legislador no puede estar definiendo cada uno de los conceptos que se establezcan en los ordenamientos jurídicos; además, señala que dicho concepto es de fácil comprensión dentro del contexto impositivo de la norma, por lo que tal situación no genera incertidumbre jurídica ni permite a la autoridad actuar en forma caprichosa por estar contenidos los elementos esenciales en la norma.
Con independencia de que en los argumentos señalados la autoridad recurrente sostiene la constitucionalidad del precepto en cita, lo cierto es que en relación con dicho tema de las "actividades no objeto" del impuesto al valor agregado, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que el artículo 4o., fracción II, incisos c) y d), punto 3, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, es violatorio del principio de legalidad tributaria por incluir dichas actividades dentro del cálculo de la proporción del impuesto acreditable.
Al respecto, son aplicables las jurisprudencias que a continuación se transcriben:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXIV, octubre de 2006
"Tesis: P./J. 105/2006
"Página: 9
"VALOR AGREGADO. EL SISTEMA DE ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO RELATIVO NO CONFORMA LA BASE DEL TRIBUTO, PERO TRASCIENDE SUSTANCIALMENTE A SU PAGO, POR LO QUE A LAS NORMAS LEGALES QUE LO INTEGRAN LES SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE JUSTICIA FISCAL. La base del impuesto al valor agregado está constituida por el valor total de los actos o actividades gravadas como lo establecen los artículos 1o., 2o. y 4o. de la ley correspondiente; por tanto, el acreditamiento en el impuesto relativo no forma parte de dicho elemento esencial, aunque sí se vincula con el monto a pagar, acorde con su naturaleza jurídica, que tanta relevancia adquiere en cuanto conforma su propia mecánica, por lo que le son aplicables los principios de justicia fiscal previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXIV, octubre de 2006
"Tesis: P./J. 106/2006
"Página: 5
"LEGALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DE DICHO PRINCIPIO EN RELACIÓN CON EL GRADO DE DEFINICIÓN QUE DEBEN TENER LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL IMPUESTO. El principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que sea el legislador, y no las autoridades administrativas, quien establezca los elementos constitutivos de las contribuciones, con un grado de claridad y concreción razonable, a fin de que los gobernados tengan certeza sobre la forma en que deben atender sus obligaciones tributarias, máxime que su cumplimiento defectuoso tiende a generar actos de molestia y, en su caso, a la emisión de sanciones que afectan su esfera jurídica. Por ende, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de la definición de alguno de los componentes del tributo, ha declarado violatorios del principio de legalidad tributaria aquellos conceptos confusos o indeterminables para definir los elementos de los impuestos; de ahí que el legislador no pueda prever fórmulas que representen, prácticamente, la indefinición absoluta de un concepto relevante para el cálculo del tributo, ya que con ellos se dejaría abierta la posibilidad de que sean las autoridades administrativas las que generen la configuración de los tributos y que se produzca el deber de pagar impuestos imprevisibles, o bien que se origine el cobro de impuestos a título particular o que el contribuyente promedio no tenga la certeza de la forma en que debe contribuir al gasto público."
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXIV, octubre de 2006
"Tesis: P./J. 107/2006
"Página: 7
"VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 4o., FRACCIÓN II, INCISOS C) Y D), PUNTO 3, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA (DECRETO PUBLICADO EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004). El artículo 4o., fracción II, incisos c) y d), punto 3, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de diciembre de 2004, que incluye el concepto denominado como ‘actividades no objeto’ para la mecánica del cálculo de la proporción del impuesto al valor agregado acreditable, transgrede el principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que es un elemento normativo relevante para el cálculo del impuesto que carece de claridad y concreción razonables para su aplicación por un contribuyente promedio, tomando en cuenta que con dicho vocablo se hace referencia prácticamente a cualquier hecho material que pudiera realizar éste y, especialmente, porque el legislador tampoco previó qué valor de las ‘actividades no objeto’ debía tomarse en cuenta para efectos de la aplicación de la mecánica del acreditamiento, con lo cual se deja abierta la posibilidad de que sea la autoridad administrativa, y no el legislador, quien configure los supuestos generales de ‘actividades no objeto’ a través de sus facultades de comprobación fiscal."
De ahí que deban desestimarse los argumentos de la autoridad recurrente sobre el particular, en observancia de los criterios jurisprudenciales transcritos, los cuales resultan obligatorios en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, en tanto que el Tribunal Pleno ha declarado la inconstitucionalidad de las "actividades no objeto" del impuesto al valor agregado por violación al principio de legalidad tributaria, tal como lo resolvió la Juez de Distrito.
En tales condiciones, resulta procedente confirmar la sentencia recurrida en cuanto concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa por la inclusión de las "actividades no objeto" en el mecanismo de acreditamiento del impuesto al valor agregado, por las razones que en la presente ejecutoria se sustentan con base en las jurisprudencias previamente invocadas.
Ahora bien, sobre el particular, la autoridad recurrente sostiene en su segundo agravio, que en caso de concederse el amparo a la quejosa, únicamente sería para el efecto de no tomar en cuenta, para la determinación del factor de prorrateo, las "actividades no objeto" que pudiera tener, hasta el siete de junio de dos mil cinco, fecha en que se modificó dicha disposición en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y que de ninguna manera podría ser para permitirle a la quejosa que acredite la totalidad del impuesto al valor agregado acreditable contra el causado, independientemente de que las actividades que realice sean gravadas o exentas, toda vez que de subsistir el criterio adoptado por el a quo respecto del vicio de inconstitucionalidad que se planteó en la demanda de garantías, el efecto invariablemente deberá ser que para la determinación del factor de prorrateo se tomen en cuenta únicamente las actividades gravadas y exentas, excluyendo las "no objeto".
Por su parte, en relación con los efectos del amparo concedido, la quejosa sostiene en su cuarto agravio, inciso A), que de manera dogmática se exceptuó del respectivo acreditamiento del impuesto al valor agregado que le haya sido trasladado, el identificado con sus actividades exentas.
De igual manera, en el inciso B) de dicho agravio, aduce que el principio de legalidad tributaria se transgrede con los artículos 4o., 4o. B y 4o. C de la ley reclamada, toda vez que no señalan con precisión como objeto del gravamen, los "actos o actividades no objeto" para el pago del impuesto al valor agregado, lo que violenta la sustancia del impuesto, en virtud de que debe entenderse por qué se grava indirectamente el impuesto al valor agregado cuando es la misma ley la que ha dejado fuera del gravamen de ese impuesto a los "actos o actividades no objeto", haciendo falta el elemento principal que es objeto del impuesto y esencial para la determinación del impuesto, gravando actos o actividades que por su misma naturaleza quedan fuera del objeto del impuesto.
Por lo anterior -sostiene-, el impuesto al valor agregado es un impuesto en el que la determinación del impuesto acreditable prohíbe el acreditamiento al 100% a las personas físicas y morales que realicen "actividades no objeto", y limita tal acreditamiento cuando los contribuyentes -como la quejosa-, realizan actos o actividades mixtas, obligándoles al prorrateo en el que para la determinación del factor relativo, deben incluir el valor de los "actos o actividades que no son objeto del impuesto", lo cual resulta aberrante y rompe con el principio de legalidad que consagra la Ley Suprema.
Por tanto, estima procedente que se modifique la sentencia recurrida para que se le conceda el amparo y protección de la Justicia de la Unión, desincorporando de su esfera jurídica las disposiciones impugnadas, y permitirle acreditar íntegramente el impuesto que se le traslade con motivo de los actos o actividades que son su objeto, en virtud de que al violentarse el principio de legalidad, el procedimiento para la determinación del pago del tributo no puede llevarse a cabo y, por ende, no puede obligársele a pagar un tributo que violenta dicha garantía, en tanto que el acreditamiento es parte esencial e integrante de la fórmula para determinar la cantidad que se le deba pagar al fisco federal.
Para dilucidar dichos puntos de controversia, cabe reiterar que mediante jurisprudencia el Tribunal Pleno declaró la inconstitucionalidad del artículo 4o., fracción II, incisos c) y d), punto 3, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en razón de que el concepto "actividades no objeto" del impuesto que debe ser tomado en consideración para calcular el factor de prorrateo del impuesto acreditable, vulnera el principio de legalidad tributaria.
Como consecuencia de esa determinación, dicho tribunal estableció que el amparo concedido en contra del precepto citado se circunscribe a la porción normativa que señala "... actividades que no sean objeto del impuesto que establece esta ley ..."; en concordancia con lo anterior, los efectos de la protección constitucional quedaron definidos en la jurisprudencia que a continuación se inserta:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXIV, octubre de 2006
"Tesis: P./J. 108/2006
"Página: 6
"VALOR AGREGADO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO RESPECTO DEL ARTÍCULO 4o., FRACCIÓN II, INCISOS C) Y D), PUNTO 3, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, POR TRANSGREDIR EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA Y SU APLICACIÓN (DECRETO PUBLICADO EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004). La protección constitucional contra el citado precepto legal en la parte que señala ‘actividades que no sean objeto del impuesto que establece esta Ley’ por transgredir el principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene como efectos, que el quejoso, siguiendo las reglas establecidas por la Ley del Impuesto al Valor Agregado para el cálculo del impuesto acreditable (factor de prorrateo), no incluya dentro de ese procedimiento las actividades que no son objeto de la ley referida y, que, en relación con el impuesto acreditable calculado con base en el texto declarado inconstitucional y que ha servido para determinar el impuesto al valor agregado a pagar, tenga derecho a la devolución del numerario enterado ante las autoridades hacendarias en exceso, por el efecto que produce la inclusión de dichas actividades en el mecanismo al disminuir la porción acreditable, ya que extrayendo ese elemento del cálculo respectivo, se respeta el principio tributario vulnerado."
En esos términos debe señalarse que, en la línea de razonamientos que hace valer la autoridad recurrente, en el caso analizado el amparo debe entenderse referido en contra del artículo 4o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de diciembre de dos mil cuatro, en la porción normativa que señala "... actividades que no sean objeto del impuesto que establece esta ley ...", para los efectos que han quedado precisados.
De ahí que resulte impreciso que la Juez de Distrito definiera los efectos del amparo para permitir a la quejosa "... acreditar el impuesto al valor agregado que le haya sido trasladado en el periodo por el que se efectúa el acreditamiento respectivo, excepto el identificado con sus actividades exentas.", pues en términos del criterio jurisprudencial preinserto, extrayendo del mecanismo de acreditamiento del impuesto a las citadas "actividades no objeto" por lo que se refiere al cálculo del factor de prorrateo, se respeta el principio de legalidad tributaria. En ese tenor, la declaratoria de inconstitucionalidad que pesa sobre el artículo 4o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en modo alguno afecta, en su integridad, al sistema de acreditamiento del impuesto al valor agregado, sino sólo la porción normativa que contiene el elemento denominado "actividades no objeto", de acuerdo con las consideraciones vertidas en los criterios jurisprudenciales antes invocados.
En consecuencia, contrario a lo pretendido por la quejosa, no es jurídicamente procedente que con motivo del amparo obtenido se le permita el acreditamiento total del impuesto que le fuera trasladado o el pagado en la importación relacionado con sus actividades exentas o mixtas, en la medida en que la protección constitucional se concede sólo en contra de un fragmento del precepto -"actividades no objeto"- y no en relación con el sistema de acreditamiento del impuesto al valor agregado en su integridad.
Por lo anterior, esta Segunda Sala estima procedente modificar la sentencia recurrida, a fin de que el amparo concedido en favor de la quejosa quede circunscrito en contra del artículo 4o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en la porción normativa destacada, lo cual incluso tiene cobertura en relación con el párrafo segundo de la fracción I de dicho precepto, por el cual se concedió el amparo en primera instancia -en tanto contiene el elemento declarado inconstitucional por el Tribunal Pleno-, y para los efectos definidos en la jurisprudencia previamente transcrita.
SEXTO. Finalmente, destaca la quejosa en el inciso A) de su cuarto agravio, que la Juez de Distrito se abstuvo de analizar y resolver en su integridad lo argumentado en el resto de sus conceptos de violación, no obstante que se le concedió el amparo.
En efecto, así lo consideró pertinente dicha juzgadora, de acuerdo con lo que estimó procedente resolver al advertir transgredido el principio de legalidad tributaria. Sin embargo, dadas las conclusiones a que ha arribado en cuanto a la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 4o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y los efectos que ésta debe producir -sólo en relación con la porción normativa destacada-, resulta necesario el análisis de los planteamientos de constitucionalidad contenidos en los conceptos de violación omitidos por la Juez Federal, pues en tal caso podría obtener mayores beneficios que los ya alcanzados, de ahí que resulten fundados los argumentos de mérito en tal aspecto.
De igual manera, cabe destacar que dentro de dicho estudio debe incluirse el atinente al artículo 4o. B de la ley reclamada, habida cuenta que el Tribunal Colegiado del conocimiento levantó el sobreseimiento decretado en la sentencia recurrida en relación con dicho precepto.
En consecuencia, lo procedente es que esta Segunda Sala, con fundamento en el artículo 91, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, realice el estudio de los conceptos de violación primero (última parte), segundo, cuarto, sexto y séptimo formulados por la quejosa en su demanda de garantías, sin que deban analizarse los conceptos de violación tercero y quinto, pues en ellos se hace valer la inconstitucionalidad de las "actividades no objeto" del impuesto al valor agregado, tema sobre el cual ya existe pronunciamiento.
En consecuencia, los argumentos de mérito esencialmente señalan:
Primer concepto de violación (última parte):
La modificación del sistema de acreditamiento del impuesto al valor agregado busca eludir el criterio firme sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional dicho sistema en vigor desde dos mil tres, inclusive, incorporándolo como una opción para los contribuyentes del impuesto que desearan evitar la aplicación del régimen general de acreditamiento, orillando a dichos contribuyentes a aceptar un régimen inconstitucional para no tener que aceptar un procedimiento en extremo complejo y que prevé la actualización del acreditamiento de un impuesto que por disposición legal, su declaración y pago mensual tiene el carácter de definitivo, generando un total estado de incertidumbre a los sujetos pasivos de la obligación tributaria.
Segundo concep
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20407-142d8647/valor-agregado-el-articulo-4o--c-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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