LEGALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DE DICHO PRINCIPIO EN RELACIÓN CON EL GRADO DE DEFINICIÓN QUE DEBEN TENER LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL IMPUESTO. VALOR AGREGADO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO RESPECTO DEL ARTÍCULO 4o., FRACCIÓN II, INCISOS C) Y D), PUNTO 3, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, POR TRANSGREDIR EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA Y SU APLICACIÓN (DECRETO PUBLICADO EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004). VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 4o., FRACCIÓN II, INCISOS C) Y D), PUNTO 3, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA (DECRETO PUBLICADO EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004). VALOR AGREGADO. EL SISTEMA DE ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO RELATIVO NO CONFORMA LA BASE DEL TRIBUTO, PERO TRASCIENDE SUSTANCIALMENTE A SU PAGO, POR LO QUE A LAS NORMAS LEGALES QUE LO INTEGRAN LES SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE JUSTICIA FISCAL. VALOR AGREGADO. EL TRATO DIVERSO QUE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO OTORGA A LOS CONTRIBUYENTES CON ACTIVIDADES MIXTAS RESPECTO DE LOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES GRAVADAS PARA EFECTOS DEL ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (DECRETO PUBLICADO EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004). VALOR AGREGADO. LA IMPOSIBILIDAD DE QUE LOS CONTRIBUYENTES CON ACTIVIDADES MIXTAS ACREDITEN LA TOTALIDAD DEL IMPUESTO RELATIVO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (DECRETO PUBLICADO EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004).
AMPARO EN REVISIÓN 902/2006. AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIOS: HILDA MARCELA ARCEO ZARZA, FERNANDO SILVA GARCÍA, JOSÉ DE JESÚS BAÑALES SÁNCHEZ Y ALFREDO VILLEDA AYALA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y conforme a lo previsto en el punto tercero, fracción II, del Acuerdo General 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, emitido por este Tribunal Pleno, en virtud de que se interpone en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo en el que se reclamó la inconstitucionalidad del artículo 4o., fracción II, incisos c) y d), punto 3, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de diciembre de dos mil cuatro.
SEGUNDO. El recurso de revisión principal y la adhesión a éste fueron interpuestos oportunamente, de acuerdo con lo señalado en el considerando segundo de la sentencia de diecinueve de abril del año en curso dictada por el Tribunal Colegiado del conocimiento en el toca 123/2006.
TERCERO. Previamente al estudio de los motivos de impugnación hechos valer por las partes recurrentes -principal y adherente-, este Tribunal Pleno estima necesario corregir una incongruencia advertida en la resolución pronunciada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
En efecto, dicho órgano colegiado señaló en la parte final del considerando sexto de su sentencia lo siguiente:
"En esa medida, considerando que dichos argumentos tienden a combatir el examen de constitucionalidad de una ley federal realizado por la Juez de Distrito, y que de suyo implican tópicos aún no resueltos por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, se produce la imposibilidad legal de este órgano jurisdiccional para examinarlos en última instancia, al igual que para examinar la inconstitucionalidad de los artículos 4o., 4o. A y 4o. B hecha valer en los conceptos de violación contenidos en la demanda de garantías; atento a ello y con fundamento en el punto tercero, fracción II, del ya invocado Acuerdo General 5/2001 de nuestro más Alto Tribunal, deben entonces ser remitidos los autos del presente toca, así como del juicio de amparo 368/2005, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su estudio y resolución."
Como se ve, el Tribunal Colegiado decidió enviar los autos a este Alto Tribunal, por considerar que los argumentos vertidos por la recurrente principal y adhesiva tienden a combatir el examen de constitucionalidad de una ley federal realizado por el Juez de Distrito, circunstancia que le impedía legalmente su examen en última instancia, al igual que para analizar la inconstitucionalidad de los artículos 4o., 4o. A y 4o. B hecha valer en los conceptos de violación contenidos en la demanda de garantías. Sin embargo, de la lectura integral de la demanda de garantías se advierte que la quejosa sólo reclamó la inconstitucionalidad del artículo 4o., particularmente su fracción II, incisos c) y d), punto 3, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de diciembre de dos mil cuatro, respecto del cual, en efecto, subsiste en esta instancia el problema de constitucionalidad planteado al tenor de los agravios expuestos.
De manera que debe tenerse como precepto reclamado el aludido artículo 4o., fracción II, incisos c) y d), punto 3, de la ley impugnada, y no así los diversos 4o. A y 4o. B, pues de la demanda de garantías no se advierte que fueran señalados como actos reclamados ni que se formularan conceptos de violación en su contra.
Igualmente, debe precisarse que el juicio de amparo indirecto del cual deriva el presente recurso es el identificado con el número 358/2005, promovido por Afianzadora Insurgentes, Sociedad Anónima de Capital Variable, del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal.
Tal corrección se realiza con el propósito de conocer con exactitud los términos en que se fijó la litis constitucional a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, e inclusive el expediente y el órgano jurisdiccional que conoció de la demanda de garantías, para no dejar a las partes en estado de indefensión.
Sobre el particular, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente señala:
"Novena Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXI, abril de 2005
"Tesis: 1a./J. 21/2005
"Página: 661
"SENTENCIAS DICTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN APLICACIÓN DEL ACUERDO PLENARIO 5/2001. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AL CONOCER DE LOS ASUNTOS EN LOS QUE SE LE RESERVÓ JURISDICCIÓN, DEBE REPARAR LAS INCONGRUENCIAS QUE ADVIERTA EN AQUÉLLAS. Al abocarse la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al estudio de los temas de su competencia originaria, por habérsele reservado jurisdicción conforme al mencionado acuerdo, debe corregir de oficio las incongruencias que advierta en las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, lo cual no implica revocar lo resuelto por ellos en la materia de su competencia, sino fijar correctamente la litis en la última etapa de la segunda instancia a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. De lo contrario, subsistirían tales errores y se provocaría el pronunciamiento incongruente en esta instancia, lo que evidentemente dejaría a las partes en estado de indefensión."
CUARTO. Los agravios hechos valer por la quejosa recurrente son, en síntesis, los siguientes:
Primer agravio. La sentencia recurrida desconoce los alcances del principio de legalidad tributaria al considerar que el segundo concepto de violación es infundado; en efecto, las manifestaciones del Juez de Distrito en el sentido de acudir a otras disposiciones jurídicas a fin de poder delimitar el concepto de "actividades no objeto de la ley", confirma la violación al citado principio, ya que para estar en aptitud de poder aplicar el acreditamiento del impuesto al valor agregado de forma correcta es menester tomar en consideración una serie de disposiciones que por sí mismas no demuestran de manera indubitable qué acto o actividad se considera como no objeto de la ley.
La determinación del IVA acreditable, para el caso de los contribuyentes que realicen tanto actividades exentas como gravadas, deberán efectuar un cálculo en el que se incluya un elemento ajeno y totalmente extraño al ordenamiento jurídico de referencia denominado "actividades no objeto de la ley", por lo que para considerar el correcto cumplimiento en el pago del impuesto el contribuyente deberá dilucidar cuáles son las actividades que se deben incluir para efectos del factor de prorrateo, lo que por sí mismo contraviene el principio de legalidad tributaria.
Para la determinación del concepto señalado, el sujeto pasivo no puede atenerse a lo dispuesto por los artículos 9o., 15, 20 y 25 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, ya que estas disposiciones establecen únicamente cuáles actividades deben ser consideradas como exentas, es decir, aquellas que sí son objeto del impuesto, pero que por razones extrafiscales se renuncia a su recaudación a fin de que el gobernado se vea favorecido a manera de estímulo o se beneficie en la actividad que realiza, de lo que no se desprenden elementos que puedan dilucidar el alcance del concepto "actividades no objeto", a las que no se les puede aplicar el concepto de exención.
Segundo agravio.
A) El Juez de Distrito no hace un estudio pormenorizado de cada uno de los conceptos de violación, porque si bien es cierto que el tercero, cuarto, quinto y sexto están vinculados entre sí en tanto se refieren a la transgresión del principio de proporcionalidad tributaria, también lo es que dicha violación se advierte de diversas formas.
En esos términos, se circunscribió a analizar básicamente el sexto concepto de violación en que se adujo la falta de proporcionalidad del precepto reclamado por lo que se refiere a uno de los conceptos necesarios para la determinación del impuesto acreditable consistente en las "actividades no objeto", no obstante que estimó infundados de forma implícita todos los conceptos de violación destinados a demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado por lo que se refiere al principio de proporcionalidad tributaria.
B) El precepto reclamado establece una limitante al no permitir el acreditamiento al cien por ciento del impuesto trasladado, no obstante que corresponda a bienes o servicios estrictamente indispensables para la realización de las actividades que desempeña la quejosa como sociedad afianzadora, con lo que se vulnera el principio de proporcionalidad tributaria.
El juzgador no tomó en cuenta que al limitarse el acreditamiento genera para la quejosa una carga adicional al no poder acreditar en su totalidad el impuesto; que dicho gravamen se refleja en todos los sujetos pasivos causantes del tributo, distorsionando su capacidad contributiva real; y que la disposición combatida trae aparejados perjuicios de carácter legal así como económicos, tal como se demuestra con el sistema de repercusión del impuesto, distorsionando la verdadera naturaleza del impuesto. En esos términos, el hecho de que la quejosa realice actividades exentas no se traduce en que tenga mayor capacidad de contribución.
C) Asimismo, la inclusión del concepto denominado "actividades no objeto de la ley", implica un elemento adicional de desproporcionalidad tributaria que por sí mismo es incongruente con la capacidad contributiva real de los contribuyentes. Los actos o actividades no objeto de la ley se traducen en aquellos que por su naturaleza no demuestran capacidad contributiva para efectos del impuesto al valor agregado, es decir, que a partir del hecho imponible que representa el consumo o valor de los bienes sujetos a este impuesto éstos no representan en forma alguna un movimiento de riqueza susceptible de gravamen, por tanto, no pueden ser elementos que determinen el porcentaje del factor de prorrateo para el acreditamiento del impuesto al valor agregado.
Tercer agravio. Es dable la revocación de la sentencia recurrida en atención a las consideraciones esgrimidas por el Juez de Distrito en lo referente al análisis de la garantía de proporcionalidad tributaria, porque no es posible justificar la constitucionalidad del acto reclamado a través de supuestos fines extrafiscales que se pretenden alegar para suplir las deficiencias contenidas en la disposición jurídica controvertida.
Es indudable que el órgano legislativo federal tiene la obligación de justificar el fin extrafiscal para el que se pretendió imponer la reforma al artículo 4o., fracción II, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Empero, de manera artificiosa el Juez de Distrito sostiene que dicha justificación se encuentra inmersa en la transcripción del dictamen de veintisiete de octubre de dos mil cuatro, emitido por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados; en efecto, no hay razones objetivas para determinar que la reforma al sistema del acreditamiento proviene de motivaciones tendientes a salvaguardar medidas extrafiscales, ya que el único objetivo de la reforma es establecer las bases para el acreditamiento del impuesto al valor agregado, lo cual de ninguna forma tiene un fin extrafiscal, entendido éste como instrumentos eficaces de política financiera, económica y social que el Estado tenga interés en impulsar.
Así, no puede considerarse como razón suficiente para determinar un fin extrafiscal, puesto que simple y sencillamente se parte de dos supuestos diversos, en este caso se considera la prohibición del derecho al acreditamiento en perjuicio de los órganos del Estado, y no así de los sujetos de derecho privado que se afectaron mediante los actos reclamados.
Cuarto agravio. El razonamiento expuesto por el Juez de Distrito para declarar infundado el séptimo concepto de violación es improcedente e infundado, puesto que en el caso, el artículo 4o., fracción II, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado sí da un tratamiento discriminatorio e inequitativo entre los sujetos pasivos del impuesto, específicamente entre aquellos que realizan actividades exentas y gravadas, frente aquellos que únicamente realizan actividades gravadas.
En efecto, contrariamente a lo señalado en la sentencia recurrida, existe una igualdad de circunstancias entre los diferentes contribuyentes del impuesto al valor agregado que realizan actividades gravadas, en relación con aquellos que realizan actividades mixtas (exentas y gravadas), consistente en que ambos efectúan actos o actividades por los que deben pagar el impuesto o a los que les resulta aplicable la tasa del 0%.
De igual manera, el Juez de Distrito argumenta que la diferenciación entre los contribuyentes se da en razón de que es jurídicamente imposible acreditar el impuesto trasladado en relación a actividades exentas, sin justificar tal aseveración; la imposibilidad del acreditamiento de referencia se da por la prohibición expresa que se encuentra inmersa en el acto reclamado, y no por otras razones que hagan imposible su acreditamiento. Siendo así las cosas, es incongruente efectuar el estudio de una figura jurídica sin la consideración de parámetros objetivos y reales de comparación, ya que con eso se llega al absurdo de justificar el acto reclamado con base en el mismo acto reclamado.
Quinto agravio. Contrariamente a lo argüido por el Juez de Distrito en la sentencia recurrida, no fue en la Cámara de Diputados sino en la de Senadores en donde se llevó a cabo en primera instancia la discusión de la reforma al artículo 4o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, lo cual contraría en perjuicio de la quejosa las disposiciones previstas en los artículos 72, incisos f) y h), y 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disposiciones que hacen alusión al procedimiento de formación de leyes de carácter federal cuando tratan sobre temas específicos tales como empréstitos, contribuciones o impuestos y movilización de tropa.
Por su parte, la autoridad adherente expone los agravios que enseguida se sintetizan:
Primer agravio. Son infundados los agravios planteados por la quejosa, en cuanto señala que el Juez de los autos resolvió ilegalmente respecto de la garantía de legalidad tributaria, ya que sí se desprende claramente qué es lo que se debe entender por actividades no objeto de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, no obstante que no se establezca una definición de tal concepto. En efecto, del artículo 4o., fracción II, inciso c), no se advierte que se incorporen nuevos conceptos que modifiquen la base del tributo, sino únicamente establece qué tipo de actividades deben considerarse para que proceda el acreditamiento, de lo que se infiere que si bien es cierto que el precepto establece el concepto de actividades que no sean objeto del impuesto, cierto es que se refiere a las actividades que no se establecen en la propia ley impugnada, y por ello no significa que se esté violando el principio de legalidad tributaria, máxime que el legislador no puede estar definiendo cada uno de los conceptos que se establezcan en los ordenamientos jurídicos.
El hecho de que se empleen frases como "... actividades que no sean objeto del impuesto que establece esta ley, ...", sólo busca ejemplificar el concepto de que se trata, y no incluir un factor de acreditamiento que no guarda vinculación con el objeto del impuesto; lo único que se pretendió con establecer dicho concepto fue plasmar la voluntad del legislador, por lo que a ese aspecto se refiere en los preceptos antes aludidos, sin que ello entrañe libertad de la exactora para determinar los elementos esenciales del tributo, ni con ello se incurra en ilegalidad.
Segundo agravio. Resultan infundados los agravios planteados por la quejosa en cuanto señala que el Juez de los autos resolvió ilegalmente respecto de la garantía de proporcionalidad tributaria, ya que el controvertido artículo 4o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado cumple debidamente con esa garantía, en tanto que el acreditamiento que autoriza va en relación con los actos gravados que se realizan dentro de un ejercicio, tomando en cuenta el porcentaje de estas actividades en relación a las actividades exentas que también se efectúan; situación que refleja la capacidad contributiva del contribuyente, permitiéndole recuperar cantidades en que ha cubierto el tributo a través del acreditamiento, pero sólo en la proporción en que el insumo adquirido para la actividad y que fue objeto de impuesto al valor agregado, es utilizado para las actividades gravadas, ello porque las actividades exentas por disposición legal no se ven beneficiadas con el acreditamiento correspondiente.
Tratándose de un contribuyente con actividades mixtas, para cumplir con el requisito de proporcionalidad, el acreditamiento del impuesto sólo procederá en la proporción en la que el valor de las actividades gravadas represente el valor total de las actividades en el mes de que se trate, ya que resultaría injusto que se encontraran autorizados a acreditar el 100% del impuesto cubierto por la adquisición de los insumos utilizados en sus operaciones exentas, en comparación con aquellos que por realizar sólo operaciones de esta última clase no tienen derecho al acreditamiento.
La reforma del artículo 4o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado tiene como finalidad obtener un mejor control en la recaudación, ya que debido a la dificultad que presentaba la mecánica de acreditamiento anterior, al partir de datos subjetivos de acuerdo al criterio personal de cada contribuyente, se provocaba un desequilibrio entre los causantes que realizaban únicamente operaciones exentas, respecto de los que efectúan operaciones mixtas o gravadas, provocándose un trato preferencial a los primeros, que sin justificación alguna acreditaban diversas cantidades respecto a actos o actividades que no tenían relación con su actividad, lo que provocaba que se llevaran a cabo acreditamientos ilegítimos y un perjuicio para el fisco federal, lo que motivó que el legislador precisamente con la finalidad de establecer sistemas más justos y acordes a la realidad de los gobernados, estableciera el mecanismo que se ha venido comentando.
Tercer agravio. Resultan infundados los agravios planteados por la quejosa en cuanto señala que el Juez de los autos resolvió ilegalmente respecto de la garantía de equidad tributaria, ya que los contribuyentes que realizan únicamente actividades gravadas resultan ser diversos de aquellos que realizan actividades mixtas, situación que el legislador tomó en consideración al establecer procedimientos diversos para el acreditamiento de un grupo y otro.
En efecto, la inequidad alegada no se configura si se toma en cuenta que precisamente los contribuyentes que realizan sólo actividades gravadas se encuentran dentro de un grupo diferente de aquellos que realizan actividades mixtas, siendo que sus ingresos son diferentes, motivo por el cual, precisamente por la calidad diferente entre unos y otros, es que el legislador les otorga un tratamiento distinto para contribuir al gasto público.
Por lo anterior, es infundado que el numeral impugnado incumpla con el principio de equidad por no permitirse a los contribuyentes con actividades mixtas el acreditamiento del 100% del impuesto trasladado a diferencia de los contribuyentes que únicamente realizan actividades gravadas, ya que de aceptar el criterio de la quejosa se llegaría al extremo de autorizar a los contribuyentes con actividades mixtas que acreditaran el 100% del impuesto al valor agregado cuando sólo realizan una mínima parte de actividades gravadas, con lo que se provocaría un fuerte desequilibrio, dado que estaría recuperando el impuesto cubierto a sus proveedores por adquisiciones y servicios sobre los que no tiene derecho acreditar por utilizarse en actividades exentas del impuesto.
Cuarto agravio. Resulta infundado el último agravio expresado por la quejosa, ya que el Juez de Distrito dictó su sentencia en estricto apego a derecho. En efecto, la Ley del Impuesto al Valor Agregado para el ejercicio fiscal de dos mil cinco sí cumple con el requisito de legalidad. Esto es así, porque si bien es cierto que las leyes tributarias deben iniciarse a través de la Cámara de Diputados, en el caso no fue la excepción, toda vez que la Ley del Impuesto al Valor Agregado tuvo su origen en dicha Cámara y únicamente fue adicionada por la Cámara de Senadores (artículo 72, inciso e), la cual remitió la adición y modificación a la Cámara de Origen, la que aprobó por mayoría de votos la citada adición, con lo cual se respeta el artículo 72, inciso h), de la Constitución Federal.
QUINTO. De los argumentos señalados se advierte que la materia del presente asunto se constriñe a dilucidar si el artículo 4o., fracción II, incisos c) y d), punto 3, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de diciembre de dos mil cuatro, es violatorio del proceso legislativo que dio origen a la ley reclamada, así como de los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad tributarias contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.
El precepto reclamado, en la parte conducente, literalmente dispone:
"Artículo 4o. ...
"I. ...
"II. Cuando se esté obligado al pago del impuesto al valor agregado o cuando sea aplicable la tasa de 0%, sólo por una parte de las actividades que realice el contribuyente, se estará a lo siguiente:
"a) ...
"b) ...
"c) Cuando el contribuyente utilice indistintamente bienes diferentes a las inversiones a que se refiere el inciso d) de esta fracción, servicios o el uso o goce temporal de bienes, para realizar las actividades por las que se deba pagar el impuesto, les sea aplicable la tasa de 0% o para realizar las actividades por las que no se deba pagar el impuesto o actividades que no sean objeto del impuesto que establece esta ley, el acreditamiento procederá únicamente en la proporción en la que el valor de las actividades por las que deba pagarse el impuesto o se aplique la tasa de 0%, represente en el valor total de las actividades mencionadas que el contribuyente realice en el mes de que se trate.
"d) Tratándose de las inversiones a que se refiere la Ley del Impuesto sobre la Renta, el impuesto al valor agregado que le haya sido trasladado al contribuyente en su adquisición o el pagado en su importación, será acreditable considerando el destino habitual que dichas inversiones tengan para realizar las actividades por las que se deba o no pagar el impuesto establecido en esta ley o a las que se les aplique la tasa de 0% o a actividades que no sean objeto del impuesto que establece esta ley, debiendo efectuar el ajuste que proceda cuando se altere el destino mencionado. Para ello se procederá en la forma siguiente:
"1. ...
"2. ...
"3. Cuando el contribuyente utilice las inversiones indistintamente para realizar tanto actividades por las que se deba pagar el impuesto o les sea aplicable la tasa de 0%, así como a actividades por las que no esté obligado al pago del impuesto o actividades que no sean objeto del impuesto que establece esta ley, el impuesto trasladado o el pagado en la importación, será acreditable en la proporción en la que el valor de las actividades por las que deba pagarse el impuesto o se aplique la tasa de 0%, represente en el valor total de las actividades mencionadas que el contribuyente realice en el mes de que se trate, debiendo, en su caso, aplicar el ajuste a que se refiere el artículo 4o. A de esta ley."
En esta parte resulta conveniente, para una mejor comprensión del tema de constitucionalidad planteado, tener presente una breve relación de los antecedentes narrados en la demanda de garantías; al efecto, la quejosa manifiesta lo siguiente:
1. Es una sociedad anónima constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos y autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para operar como institución de fianzas y, en ese tenor, para practicar operaciones de afianzamiento y reafianzamiento.
2. De conformidad con los artículos 1o., 14 y 15, fracción X, inciso c), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la realización de la actividad afianzadora y reafianzadora se encuentra gravada con este tributo, a excepción de diversas operaciones relacionadas con las inversiones que está obligada a realizar con motivo de su actividad, por las cuales percibe intereses exentos del impuesto al valor agregado.
3. En el desarrollo normal de sus actividades, tiene que realizar gastos e inversiones por los que le es trasladado el impuesto al valor agregado, que en una medida importante consisten en las comisiones a los agentes de fianzas y, además, requiere de bienes y servicios que le proporcionan diversos proveedores.
4. En el caso del otorgamiento de fianzas, la afianzadora debe pagar las reclamaciones que percibe derivadas de las garantías que otorga, lo cual implica realizar gastos en relación con la recuperación de los pagos por reclamaciones.
En cambio, para las operaciones por las que percibe intereses, la tarea de la afianzadora se limita a revisar sus inversiones. Por esto, prácticamente no tiene que efectuar erogaciones por las que le trasladen el impuesto al valor agregado, salvo gastos menores como papelería y otros.
5. Las inversiones que realiza y las cuales le generan intereses derivan, entre otras, de la constitución e incremento de sus reservas técnicas y del manejo de excedentes de efectivo de la institución. Por cuanto a las reservas técnicas, los artículos 46 y siguientes de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas establecen que dichas instituciones deberán constituir sus reservas depositando efectivo, títulos o valores registrados en la forma y términos que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general.
SEXTO. Por cuestión de método, se analiza en primer término el quinto agravio de la quejosa recurrente, en el cual sostiene que no fue en la Cámara de Diputados sino en la de Senadores en donde se llevó a cabo en primera instancia la discusión de la reforma al artículo 4o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, lo cual contraría en su perjuicio las disposiciones previstas en los artículos 72, incisos f) y h) y 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Son infundados los argumentos señalados, en atención a que con la reforma y adiciones del precepto reclamado no se transgrede el proceso legislativo contenido en el artículo 72 constitucional.
Ello es así, en atención a que el examen literal y teleológico de las prevenciones de dicho numeral permite arribar a la conclusión de que la Cámara de Senadores, tratándose de iniciativas de leyes o decretos en materia tributaria, no queda reducida a aprobar o desaprobar el dictamen de la Cámara de Diputados, como Cámara de Origen, porque equivaldría a hacer nugatoria la función legislativa que constitucionalmente tiene asignada, que la faculta para discutir, aprobar, rechazar, modificar o adicionar los proyectos de ley que versen sobre las materias de su competencia; de lo contrario, se convertiría entonces en simple sancionadora de los actos de la Cámara de Origen, siendo que la Constitución Federal otorga a ambas legisladoras las mismas atribuciones para la realización de su actividad legislativa.
En ese orden de ideas, resulta claro que la única condición constitucional a que queda sujeto el ejercicio de las facultades legislativas de la Cámara de Senadores es a la imposibilidad de iniciar la discusión de un proyecto de ley o decreto que verse sobre contribuciones o impuestos, sin que previamente haya sido dictaminada por la Cámara de Diputados de conformidad con lo dispuesto en el inciso h) del artículo 72 de la Constitución Federal, por lo que ello no implica que el proyecto dictaminado por la Cámara de Origen (la de Diputados) no pueda ser desechado, modificado, reformado o adicionado por la Cámara Revisora, que le permitirá, de acuerdo con una interpretación extensiva, incluir y discutir otros tópicos que tengan relación directa con la temática de la propuesta de ley o decreto.
De lo anteriormente expuesto se arriba a la conclusión de que el procedimiento legislativo seguido para la reforma del artículo 4o., fracción II, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado mediante decreto publicado el primero de diciembre de dos mil cuatro y en vigor a partir del primero de enero de dos mil cinco, no resulta violatorio del inciso h) del artículo 72 de la Constitución Federal, puesto que la misma sí fue discutida originalmente en la Cámara de Diputados, como Cámara de Origen.
En efecto, la iniciativa se discutió primero en la Cámara de Diputados por referirse a la materia de contribuciones, ya que en ella se proponía reformar, entre otras cuestiones, algunas reglas de acreditamiento del impuesto al valor agregado; una vez aprobada por aquélla con modificaciones y adiciones, pasó luego a la Cámara de Senadores, la que, a su vez, en uso de la facultad legislativa que la ci
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20099-88d64b2b/legalidad-tributaria-alcance-de-dicho-principio-en-relacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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