RENTA. EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2001, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 928/2009. **********, S.A. DE C.V.
MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.
SECRETARIO: ÓSCAR PALOMO CARRASCO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal, 84, fracción II y 83, fracción V, de la Ley de Amparo y 21, fracciones III, inciso a) y XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme a lo previsto en el punto cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, toda vez que la sentencia que se impugna fue emitida por un Tribunal Colegiado de Circuito, en un juicio de amparo directo en el que si bien se emitió pronunciamiento sobre la constitucionalidad del artículo 25, fracción XVIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y nueve, se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno, ya que existen precedentes que abordan la temática planteada en este medio de defensa.
SEGUNDO. Oportunidad: El recurso se presentó dentro del plazo de diez días hábiles establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, toda vez que la sentencia impugnada se notificó a la autoridad tercero perjudicada el diecisiete de abril de dos mil nueve (foja 466 del expediente de amparo), actuación que surtió efectos el veinte siguiente. De ahí que el plazo correspondiente transcurrió del veintiuno de abril al trece de mayo del presente año, sin contar los días veinticinco y veintiséis de abril, así como uno, dos, tres, cinco, nueve y diez de mayo del año en curso, por haber sido inhábiles de conformidad con los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de igual forma no se computan los días veintisiete, veintiocho, veintinueve y treinta de abril, así como cuatro de mayo de la presente anualidad, en virtud de que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó que no corrieran términos en esos días en atención a las medidas adoptadas por la alerta sanitaria del virus de la influenza.
Bajo este tenor, si el escrito de agravios se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Primer Circuito en Materia Administrativa, el trece de mayo de la presente anualidad, se concluye que es oportuno al haberse presentado el último día del plazo legal respectivo, como se desprende del siguiente calendario:
Ver calendario
TERCERO. Legitimidad. El recurso de revisión se interpuso por parte legitimada, pues se propone por la parte tercero perjudicada secretario de Hacienda y Crédito Público. El director general de Asuntos Contenciosos y Procedimientos, quien firma en ausencia del director general de Amparos Contra Actos Administrativos, del director general de Amparos Contra Leyes y del subprocurador Fiscal Federal de Amparos, este último quien actúa en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público, se encuentra legitimado para hacer valer la revisión de mérito, en términos de lo dispuesto en los párrafos primero y sexto del artículo 105 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,(1) así como en lo dispuesto por la jurisprudencia 2a./J. 17/2007, aplicada por analogía, sustentada por esta Segunda Sala, de rubro: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ESTÁN LEGITIMADOS EL PROCURADOR FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS MENCIONADOS EN LA PARTE FINAL DEL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 105 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA INTERPONER AQUEL RECURSO EN REPRESENTACIÓN DEL TITULAR DE ESA DEPENDENCIA, CUANDO ÉSTE ACUDE AL JUICIO DE GARANTÍAS CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 22 DE ENERO DE 2003).".(2)
CUARTO. Sentencia recurrida y agravios. Antes de estudiar la procedencia de la revisión planteada y, en su caso, ocuparse del fondo del asunto, es conveniente tomar en cuenta lo que resolvió el Tribunal Colegiado del conocimiento y cuáles son los planteamientos que propone como agravios la parte recurrente.
El Tribunal Colegiado de Circuito al analizar los conceptos de violación relacionados con temas de constitucionalidad respecto del artículo 25, fracción XVIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y nueve, estableció:
"OCTAVO. ... Establecido lo anterior, se consideran sustancialmente fundados, un argumento hecho valer por la parte quejosa en el primer concepto de violación, y lo estimado también por dicha quejosa en el tercer concepto de violación, antes sintetizados. En efecto, la quejosa señala que la autoridad responsable sostuvo en el acto reclamado, lo infundado del primer concepto de impugnación planteado en el juicio de origen, con el argumento de que la autoridad demandada en dicho juicio se sustentó en lo dispuesto por el artículo 25, fracción XVIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Con tal determinación de la autoridad, la quejosa considera que confirma la legalidad de una resolución administrativa por la aplicación del citado artículo 25, fracción XVIII, siendo que dicho precepto ha sido declarado inconstitucional por la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, mediante jurisprudencia que le es obligatoria a la responsable, ya que la misma constituye una fuente formal de derecho, obligatoria para los órganos jurisdiccionales, en ese caso, como la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la que debe dictar sus sentencias conforme a la interpretación de la ley que el Poder Judicial emita, esto es, la jurisprudencia. Por tanto, la quejosa estima que el acto impugnado en la demanda es inconstitucional, pues la Sala en cuestión resolvió el juicio de nulidad ********** de forma desfavorable, siendo que tal juicio versó sobre la supuesta omisión de pago de impuesto sobre la renta en el ejercicio de mil novecientos noventa y nueve, derivado de no haber observado una pretendida prohibición para deducir una pérdida por venta de acciones generada en dicho ejercicio, cuya norma que lo regulaba ya había sido declarada inconstitucional. Para corroborar lo anterior, la quejosa transcribe la jurisprudencia que identifica con el número 1a./J. 79/2002, de rubro: ‘RENTA. EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN XVIII, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY QUE ESTABLECE EL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE EN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, AL PREVER QUE PARA QUE SEAN DEDUCIBLES LAS PÉRDIDAS ORIGINADAS POR LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y OTROS TÍTULOS VALOR, SE REQUIERE QUE ESA OPERACIÓN SE HAYA EFECTUADO CONFORME A LOS LINEAMIENTOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO MEDIANTE REGLAS DE CARÁCTER GENERAL, TRANSGREDE LA GARANTÍA DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.’. Agrega que, como se desprende de lo anterior, el referido artículo 25, fracción XVIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, fue declarado inconstitucional por ser violatorio de la garantía de legalidad tributaria, no obstante de que se trata del vigente en mil novecientos ochenta y ocho, y que es aplicable porque tal precepto continuó vigente hasta dos mil uno, es decir, que en mil novecientos noventa y nueve se trataba de la misma norma que en mil novecientos noventa y ocho, por lo que cualquier acto de autoridad que tome como fundamento legal dicho precepto estará indebidamente fundado y motivado, aunado a que será contrario a la letra de la ley y, por ende, viciado de inconstitucionalidad. ... Establecido lo anterior, se tiene que en el caso concreto la Sala Superior señaló, en principio, que la jurisprudencia 1a./J. 79/2002, no era aplicable al caso, porque el artículo 25, fracción XVIII, párrafo primero, de la ley que establece el impuesto relativo, vigente en mil novecientos noventa y ocho, que declaró inconstitucional la Corte, al prever que para que sean deducibles las pérdidas originadas por la enajenación de acciones y otros títulos valor, se requiere que esa operación se haya efectuado conforme a los lineamientos señalados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general, transgredía la garantía de legalidad tributaria, no era el que se trataba en el caso concreto ya que, en la especie, el numeral en el que se fundamentó la autoridad demandada fue el artículo 25, fracción XVIII, párrafo primero, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pero el vigente en mil novecientos noventa y nueve, y no el de mil novecientos noventa y ocho que declaró inconstitucional la Corte; además de que también la Sala Superior estimó que si tal norma adolecía de algún vicio de inconstitucionalidad, era algo que escapaba a la competencia de ese tribunal, al ser una atribución exclusiva del Poder Judicial de la Federación. Luego, la Sala Superior al dictar su sentencia, en la parte conducente señaló (folios 87 y 88 del juicio de nulidad): ‘Finalmente, respecto al argumento vertido por la actora, sintetizado en el numeral 4, esta juzgadora considera que el mismo es infundado, pues el artículo 25, fracción XVIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 1999, ejercicio revisado por la autoridad, situación expresamente reconocida por ambas partes de manera respectiva en el escrito de demanda y en el oficio de contestación a ésta, es del tenor literal siguiente: «Artículo 25. No serán deducibles: ... XVIII. Las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones y otros títulos valor cuyo rendimiento no sea interés en los términos del artículo 7o. A de esta ley, salvo que su adquisición y enajenación se efectúe dando cumplimiento a los requisitos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general. Las pérdidas que se puedan deducir conforme al párrafo anterior no excederán del monto de las ganancias que, en su caso, obtenga el mismo contribuyente en la enajenación de acciones y otros títulos valor cuyo rendimiento no sea interés en los términos del artículo 7o. A de esta ley, en el mismo ejercicio o en los cinco siguientes. Dichas pérdidas se actualizarán por el periodo comprendido desde el mes en que ocurrieron hasta el mes de cierre del ejercicio. La parte de las pérdidas que no se deduzcan en un ejercicio, se actualizarán por el periodo comprendido desde el mes del cierre del ejercicio en que se actualizó por última vez y hasta el último mes del ejercicio inmediato anterior al ejercicio en que se deducirá.». Como se puede ver del texto de arriba, es cierto que el contribuyente puede deducir las pérdidas derivadas de la enajenación de acciones, sin embargo, dicha deducción no procederá cuando dichas pérdidas excedan el monto de la ganancia obtenida por ese concepto, es decir, la enajenación de acciones. En la especie, según la propia actora lo manifiesta en el agravio que se analiza, obtuvo pérdidas por la adquisición de acciones de **********, S.A. **********, S.A. de C.V., manifestación ésta que hace prueba plena en su contra en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 234 del Código Fiscal de la Federación; asimismo, no acreditó que con la adquisición de las acciones hubiera tenido ganancias que excedieran el monto de las pérdidas, y por lo mismo, la autoridad estaba constreñida a aplicar dicho precepto.’. Por lo anterior, es evidente que en la resolución ahora reclamada, la Sala Superior aplicó en perjuicio de la quejosa lo dispuesto por el artículo 25, fracción XVIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el ejercicio de mil novecientos noventa y nueve. Ahora, dicho numeral, como puede apreciarse del Diario Oficial de la Federación del miércoles veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y tres, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, respecto de que las leyes no son sujetas a prueba, se aprecia que el texto que declaró inconstitucional la Corte en la jurisprudencia citada 1a./J. 79/2002, prevaleció hasta dos mil uno, es decir, no sufrió reforma alguna, esto es, en el caso, el texto de mil novecientos noventa y ocho al que se refirió la Corte que era inconstitucional también lo contenía dicha norma en el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y nueve; pues de la lectura acuciosa de la totalidad de los Diarios Oficiales de la Federación a partir del veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y tres hasta el dos mil uno, dicho texto permaneció intacto, el cual es del tenor siguiente: ‘Artículo 25. No serán deducibles: ... XVIII. Las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones y otros títulos valor cuyo rendimiento no sea interés en los términos del artículo 7o. A de esta ley, salvo que su adquisición y enajenación se efectúe dando cumplimiento a los requisitos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general. Las pérdidas que se puedan deducir conforme al párrafo anterior no excederán del monto de las ganancias que, en su caso, obtenga el mismo contribuyente en la enajenación de acciones y otros títulos valor cuyo rendimiento no sea interés en los términos del artículo 7o. A de esta ley, en el mismo ejercicio o en los cinco siguientes. Dichas pérdidas se actualizarán por el periodo comprendido desde el mes en que ocurrieron hasta el mes de cierre del ejercicio. La parte de las pérdidas que no se deduzcan en un ejercicio, se actualizarán por el periodo comprendido desde el mes del cierre del ejercicio en que se actualizó por última vez y hasta el último mes del ejercicio inmediato anterior al ejercicio en que se deducirá.’. En ese sentido, es claro señalar que si en la jurisprudencia 1a./J. 79/2002, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, diciembre de 2002, página 172, que más adelante se transcribirá, se estableció que el numeral 25, fracción XVIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, transgredía la garantía de legalidad tributaria consagrada por el artículo 31, fracción IV, constitucional, en virtud de que delega en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la facultad de establecer los supuestos en los cuales opera la deducción de las pérdidas fiscales de que se trata, lo cual forma parte integrante del monto de los impuestos a cubrir, siendo que con apego al principio invocado dic
as circunstancias únicamente pueden ser fijadas por un acto formal y materialmente legislativo, ya que de conformidad con la garantía en mención la autoridad exactora únicamente está facultada para aplicar las disposiciones en materia tributaria, mas no para señalar la integración de las contribuciones; por tanto, si el ejercicio que se verificó por la autoridad hacendaria fue en mil novecientos noventa y nueve, y tal jurisprudencia se refiere al de mil novecientos noventa y ocho, pero el contenido de tal numeral no sufrió cambio alguno desde la publicación en el Diario Oficial de la Federación del miércoles veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y tres, en vigor a partir de mil novecientos noventa y cuatro hasta dos mil uno, es evidente que dicha jurisprudencia en el caso sí es perfectamente aplicable en la especie; pues, como se dijo, la Corte analizó un numeral vigente en mil novecientos noventa y ocho pero desde mil novecientos noventa y cuatro hasta dos mil uno no obtuvo cambio alguno, por lo que en el ejercicio de que se trata de mil novecientos noventa y nueve estaba vigente dicho numeral que declaró inconstitucional nuestro Máximo Tribunal. La jurisprudencia en mención, se observa publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, diciembre de 2002, página 172, que establece: ‘RENTA. EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN XVIII, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY QUE ESTABLECE EL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE EN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, AL PREVER QUE PARA QUE SEAN DEDUCIBLES LAS PÉRDIDAS ORIGINADAS POR LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y OTROS TÍTULOS VALOR, SE REQUIERE QUE ESA OPERACIÓN SE HAYA EFECTUADO CONFORME A LOS LINEAMIENTOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO MEDIANTE REGLAS DE CARÁCTER GENERAL, TRANSGREDE LA GARANTÍA DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que el respeto a la garantía de legalidad tributaria consagrada en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que la carga impositiva esté prevista en una ley para evitar la arbitrariedad de las autoridades exactoras en la fijación del tributo, quienes sólo deberán aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas con anterioridad a cada caso concreto, por lo que es facultad exclusiva del legislador y no de otro órgano, precisar tales elementos. En ese sentido se concluye que al establecer el artículo 25, fracción XVIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que para que sean deducibles las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones y otros títulos valor cuyo rendimiento no sea interés en los términos del artículo 7o. A del ordenamiento citado, se requiere que su adquisición y enajenación se haya efectuado conforme a los lineamientos previstos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante reglas de carácter general, transgrede la citada garantía constitucional de legalidad tributaria, en virtud de que delega en dicha secretaría la facultad de establecer los supuestos en los cuales opera la mencionada deducción de las pérdidas fiscales, elemento esencial de la base gravable del impuesto sobre la renta, el cual únicamente puede ser fijado por un acto formal y materialmente legislativo.’. No es óbice a la consideración anterior que en la sentencia recurrida, la Sala haya aplicado el segundo párrafo de dicho dispositivo y no el primer párrafo que, como se vio fue declarado inconstitucional, en virtud de que como puede advertirse de dicha norma, ya transcrita, el segundo párrafo de la fracción XVIII del artículo 25 analizado, es la consecuencia lógica de aplicar el primer párrafo, porque en él se señalan los mecanismos para deducir las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones y otros títulos valor cuyo rendimiento no sea interés en los términos del artículo 7o. A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, salvo que su adquisición y enajenación se efectúe dando cumplimiento a los requisitos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general. De ahí que se consideren fundados los conceptos de violación antes analizados. Sin perjuicio de lo anterior, también son sustancialmente fundados los argumentos hechos valer por la quejosa en su cuarto concepto de violación -antes sintetizado- en el que señala sustancialmente que la fracción XVIII del artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, segundo párrafo, vigente en mil novecientos noventa y nueve -que como se vio con anterioridad el texto de tal dispositivo se encontró vigente a partir de mil novecientos noventa y cuatro hasta dos mil uno- viola la garantía de proporcionalidad tributaria, consagrada en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, ya que la imposibilidad de la deducción de la pérdida generada en las enajenaciones no permite reconocer en la base del impuesto sobre la renta el impacto negativo generado por la pérdida en una enajenación de acciones y, por lo tanto, no se le permite tributar de conformidad con su verdadera capacidad contributiva, ya que tal prohibición desconoce el impacto negativo sufrido en el patrimonio de los contribuyentes, que obtienen una pérdida derivada de la enajenación de acciones, porque el patrimonio se ve impactado de manera negativa desde el momento en el que no se le permite tomar en consideración las pérdidas sufridas en la enajenación de acciones, en la determinación de la base y, por ende, las obligaciones tributarias aumentan, por lo que no se le respeta su verdadera capacidad contributiva. ... En efecto, se estima fundado el argumento antes sintetizado, ya que con base a las consideraciones que enseguida se expondrán, este tribunal estima que el artículo 25, fracción XVIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente durante el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y nueve, es violatorio de la garantía de proporcionalidad tributaria porque, al limitar la posibilidad de deducir pérdidas por enajenación de acciones al monto de las ganancias que por enajenación de acciones se obtenga en el mismo ejercicio o en los cinco siguientes, obliga a cubrir el impuesto sobre la renta en función de una capacidad económica irreal. Para demostrar lo anterior, en principio, se debe partir de los elementos esenciales del impuesto sobre la renta, para, posteriormente, examinar el texto de la norma reclamada desde las exigencias que fija la garantía de proporcionalidad tributaria. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y nueve, el sujeto pasivo del impuesto sobre la renta lo constituyen las personas físicas y morales residentes en México, respecto de todos sus ingresos cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan; residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente o una base fija en el país, respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente o base fija, y residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente o base fija en el país, o cuando teniéndolos, dichos ingresos no sean atribuibles a éstos. Por otro lado, tratándose de personas morales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y nueve, el objeto o hecho imponible del impuesto sobre la renta está constituido por la obtención de la renta por parte del sujeto pasivo. Esto es, lo que se grava no son los simples ingresos del sujeto pasivo, sino la utilidad fiscal o excedente que resulta, al final del ejercicio, de restar a los ingresos acumulables las deducciones autorizadas. En ese sentido, el sistema que rige en nuestro país para las personas morales es el unitario o global, cuya característica esencial es que hay un solo impuesto que grava la renta neta total del sujeto pasivo, compensándose los resultados positivos y negativos de diferentes fuentes o clases de ingresos, a diferencia del sistema real o cedular, en el que cada clase de ingreso está sujeto a un impuesto por separado, sin compensarse entre utilidades y pérdidas de diferentes categorías. Por tanto, el sistema global que rige en el impuesto sobre la renta, tratándose de personas morales, deriva del texto de los artículos 1o. y 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigentes en el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y nueve, en el que se les obliga a cubrir el impuesto respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan, disminuyendo, de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas, pudiendo así realizarse el objeto o hecho imponible del impuesto sobre la renta, que es la obtención de una utilidad fiscal, o bien, su aspecto negativo, es decir, una pérdida fiscal. En el propio artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se establece que la base gravable del impuesto sobre la renta es el resultado fiscal, que se obtiene de la siguiente manera: A los ingresos acumulables del ejercicio se le restan las deducciones autorizadas, dando como resultado la utilidad fiscal. Luego, a la utilidad fiscal se le restan las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de otros ejercicios y la cantidad que resulte es lo que constituye el resultado fiscal del ejercicio. Sin embargo, en términos de lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuando en el ejercicio las deducciones superan a los ingresos, se genera una pérdida fiscal, por lo que el sujeto pasivo no habrá realizado el hecho imponible. Como se advierte, la determinación del hecho imponible debe completarse aludiendo al periodo impositivo y a la imputación de ingresos y deducciones al periodo correspondiente. El periodo impositivo, según el artículo 11 del Código Fiscal de la Federación, coincide con el año de calendario, es decir, inicia el primero de enero y termina el treinta y uno de diciembre, así que el nacimiento de la obligación tributaria, si el nivel de renta así lo permite, coincidirá con el último día del periodo. Por último, en términos del artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la tasa que se debe aplicar al resultado fiscal (base gravable) es del 35% y el impuesto del ejercicio deberá enterarse dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que termine el ejercicio fiscal (época de pago). Así las cosas, el impuesto se genera el treinta y uno de diciembre de cada año, siempre y cuando se realice el hecho imponible; es decir, siempre y cuando se obtenga en el ejercicio una utilidad fiscal, al ser mayores los ingresos acumulables que las deducciones autorizadas. Ahora, acorde a lo hasta aquí analizado, conviene no perder de vista que la determinación del hecho imponible (obtención de utilidad fiscal), debe vincularse al ejercicio fiscal y a la imputación de ingresos y deducciones generados en el mism
. Una vez determinados los elementos esenciales del impuesto sobre la renta, debe examinarse enseguida el significado y contenido de la garantía de proporcionalidad tributaria establecida en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, que dispone que es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. En este aspecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteradamente ha sostenido que la proporcionalidad tributaria radica en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica. ... De conformidad con lo anterior, la proporcionalidad tributaria consiste en que los sujetos pasivos de un tributo deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva. Esto es, para que un gravamen sea proporcional, se requiere que el hecho imponible del tributo refleje una auténtica manifestación de capacidad económica del sujeto pasivo, entendida ésta como la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos. Por tanto, es necesaria una estrecha relación entre el hecho imponible y la base gravable a la que se aplica la tasa o tarifa del impuesto. Así pues, si el objeto o hecho imponible en el impuesto sobre la renta es la obtención de una utilidad, entonces la capacidad contributiva deberá estar en proporción con ese objeto; es decir, con el monto de la utilidad que perciba el contribuyente, debiendo contribuir sólo aquel que haya obtenido esa utilidad, ya que ha manifestado -según la proporción de la utilidad obtenida- una capacidad contributiva específica. En consecuencia, si la capacidad contributiva debe estar en relación estrecha con el objeto del tributo (obtención de una utilidad), entonces la capacidad contributiva está en relación con los ingresos y deducciones que tenga en el ejercicio el sujeto pasivo, ya que el objeto del tributo se determina en función a esos ingresos y deducciones. En otras palabras, si los ingresos y deducciones del ejercicio determinan el objeto del tributo (obtención de una utilidad), y si la capacidad contributiva tiene que estar en relación con el objeto del impuesto, entonces la capacidad contributiva se determina por el juego de los ingresos y deducciones que haya tenido el sujeto pasivo en el ejercicio. Establecido lo anterior, debe ahora examinarse el texto de la norma reclamada, para posteriormente vincularla con la garantía de proporcionalidad tributaria, es decir, con la capacidad contributiva del sujeto. En el caso, se reclamó la fracción XVIII del artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente durante el ejercicio fiscal de dos mil, que como se vio con anterioridad su texto se encontró vigente desde mil novecientos noventa y cuatro, hasta dos mil uno es del tenor siguiente: (es innecesario volver a transcribir este numeral). De la disposición antes transcrita se desprende que las pérdidas por enajenación de acciones, aun cumpliendo con los requisitos que llegara a establecer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general y siguiendo el procedimiento previsto en los artículos 31 y 32 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no podrán deducirse sino hasta el equivalente al monto de las ganancias que, en su caso, obtenga el mismo contribuyente en la enajenación de acciones y otros títulos valor en el mismo ejercicio o en los cinco siguientes. Es decir, en tal dispositivo, se limita la posibilidad de deducir pérdidas por enajenación de acciones a la eventualidad de que se obtengan ganancias por enajenación de acciones en el mismo ejercicio o en los cinco siguientes y sólo hasta por el monto de éstas. Lo anterior implica que el contribuyente, al no poder deducir sus pérdidas por enajenación de acciones, en el monto que exceda a la obtención de utilidades por ese mismo concepto, en el mismo ejercicio o en los cinco siguientes, tribute en función de una capacidad económica irreal, lo cual, infringe la garantía de proporcionalidad tributaria contenida en la fracción IV del artículo 31 constitucional. Consecuentemente, es evidente que el dispositivo legal reclamado no permite reconocer al sujeto pasivo su auténtica capacidad contributiva para efectos de determinar el impuesto a su cargo, ya que limita la deducción de las pérdidas al importe de las ganancias obtenidas por el contribuyente en la enajenación
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21828-382ef799/renta-el-articulo-25-fraccion-xviii-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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