PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. EL PROCESO LEGISLATIVO DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL RELATIVO VIGENTE EN 2002, SE ENCUENTRA AJUSTADO A LAS NORMAS PROCESALES DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL QUE LO REGULAN. PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. EL HECHO DE QUE LA REFORMA A LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL RELATIVO HAYA SIDO APROBADO EL 1o. DE ENERO DE 2002, NO IMPLICA QUE SE CONTRARIA A LOS ARTÍCULOS 65 Y 66 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
AMPARO EN REVISIÓN 988/2004. MULTIVISIÓN DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIO: CÉSAR DE JESÚS MOLINA SUÁREZ.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Son infundados los conceptos de agravio identificados con los números tres y cuatro, resumidos en párrafos precedentes, en los cuales la parte recurrente aduce que el Juez no examinó correctamente su primer concepto de violación, ya que sólo señaló que en el proceso legislativo, la Cámara de Senadores, al actuar como Cámara Revisora, únicamente hizo modificación al texto de la Cámara de Origen, sin embargo, al haber suprimido diversos artículos del texto original y por haber agregado un artículo transitorio en el que creó un nuevo impuesto, excedió sus facultades de Cámara Revisora, además agrega, el Congreso de la Unión violó las reglas que rigen el procedimiento legislativo para la promulgación de las normas impugnadas, por no haberse seguido las etapas establecidas.
A fin de apoyar la anterior afirmación, es oportuno mencionar que esta Segunda Sala, al resolver el juicio de amparo número 627/2003, promovido por Casa Arias Punto de Venta, S.A. de C.V., por unanimidad de cuatro votos, en sesión de fecha diez de septiembre de dos mil tres, sostuvo en torno al tema de la constitucionalidad del proceso legislativo, lo siguiente:
"Los referidos argumentos resultan infundados en atención a lo siguiente:
"El proceso legislativo se encuentra regulado en el capítulo II del título tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al establecer, por una parte, el derecho de iniciar leyes y, por la otra, el proceso de formación de las mismas.
"Por lo que se refiere al primer supuesto, el artículo 71 constitucional expresamente prevé que el derecho de iniciar leyes o decretos compete en forma exclusiva al presidente de la República; a los diputados y senadores del Congreso de la Unión y a las Legislaturas de los Estados, precisando además que las iniciativas presentadas por el titular del Poder Ejecutivo, así como por las Diputaciones Locales, pasarán desde luego a comisión, mientras que las que presenten los miembros del Congreso de la Unión se sujetarán a lo dispuesto en el Reglamento de Debates.
"Dicho numeral textualmente establece:
"‘Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:
"‘I. Al presidente de la República;
"‘II. A los diputados y senadores al Congreso de la Unión; y
"‘III. A las Legislaturas de los Estados.
"‘Las iniciativas presentadas por el presidente de la República, por las Legislaturas de los Estados o por las diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a comisión. Las que presentaren los diputados o los senadores, se sujetarán a los trámites que designe el Reglamento de Debates.’
"Por su parte, el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el procedimiento para la formación de leyes o decretos cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, al precisar:
"‘Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el Reglamento de Debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones.
"‘A. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente;
"‘B. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo, todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen, dentro de diez días útiles; a no ser que, corriendo este término hubiere el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse el primer día útil en que el Congreso esté reunido;
"‘C. El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto, con sus observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta, y si fuese confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, pasará otra vez a la Cámara Revisora. Si por ésta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación.
"‘Las votaciones de ley o decreto, serán nominales;
"‘D. Si algún proyecto de ley o decreto, fuese desechado en su totalidad por la Cámara de revisión, volverá a la de su origen con las observaciones que aquélla le hubiese hecho. Si examinado de nuevo fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración, y si lo aprobare por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A; pero si lo reprobase, no podrá volver a presentarse en el mismo periodo de sesiones;
"‘E. Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o adicionado por la Cámara Revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara Revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo, para los efectos de la fracción A. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara Revisora fueren reprobadas por la mayoría de votos en la Cámara de su origen, volverán a aquélla para que tome en consideración las razones de ésta, y si por mayoría absoluta de votos presentes se desecharen en esta segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas Cámaras, se pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A. Si la Cámara Revisora insistiere, por la mayoría absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente periodo de sesiones, a no ser que ambas Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto sólo con los artículos aprobados, y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes;
"‘F. En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación;
"‘G. Todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado en la Cámara de su origen, no podrá volver a presentarse en las sesiones del año;
"‘H. La formación de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos Cámaras, con excepción de los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados;
"‘I. Las iniciativas de leyes o decretos se discutirán preferentemente en la Cámara en que se presenten, a menos que transcurra un mes desde que se pasen a la comisión dictaminadora sin que ésta rinda dictamen, pues en tal caso el mismo proyecto de ley o decreto puede presentarse y discutirse en la otra Cámara; y
"‘J. El Ejecutivo de la Unión no puede hacer observaciones a las resoluciones del Congreso o de alguna de las Cámaras, cuando ejerzan funciones de cuerpo electoral o de jurado, lo mismo que cuando la Cámara de Diputados declare que debe acusarse a uno de los altos funcionarios de la Federación por delitos oficiales.
"‘Tampoco podrá hacerlas al decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias que expida la Comisión Permanente.’
"De dicho numeral se desprende el procedimiento que debe seguirse para la formación, reforma o derogación de leyes o decretos, estableciéndose un tratamiento especial para aquellos que versen sobre empréstitos, reclutamiento de tropas, contribuciones e impuestos.
"Así, conforme a lo dispuesto por el inciso H) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la formación de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos Cámaras. Cuando los proyectos de ley o decreto se refieran a empréstitos, contribuciones e impuestos y reclutamiento de tropas, éstos deberán discutirse y aprobarse primero en la Cámara de Diputados, la cual fungirá siempre como Cámara de Origen y, posteriormente, en la de Senadores, la cual actuará, como Cámara Revisora, pudiendo darse, en el seno del Congreso de la Unión, alguno de los siguientes supuestos:
"a) Que el proyecto de ley o de decreto sea discutido y aprobado por ambas Cámaras, en cuyo caso, lo remitirán al presidente de la República, quien de no tener observaciones lo promulgará y publicará (artículo 72, incisos A) y B), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).
"b) Que el proyecto de ley o de decreto una vez discutido y aprobado por ambas Cámaras sea desechado en todo o en parte por el Ejecutivo Federal, en ese supuesto, deberá regresarse con las observaciones pertinentes a la Cámara de Diputados para ser discutido de nuevo por ésta y si fuese aprobado por las dos terceras partes del número total de votos, pasará otra vez a la Cámara de Senadores y si ésta la aprobare por la misma mayoría, volverá al Ejecutivo para su promulgación (artículo 72, inciso C), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).
"c) Que el proyecto de ley o de decreto fuese desechado en su totalidad por la Cámara de Senadores, en ese caso, volverá a la Cámara de Diputados con las observaciones que aquélla le hubiese hecho y si examinado de nuevo fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes de la Cámara de Diputados volverá a la Revisora y si ésta lo aprobare por la misma mayoría pasará al Ejecutivo para su sanción o veto; pero si lo reprobase no podrá volver a presentarse en el mismo periodo de sesiones (artículo 72, inciso D), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).
"d) Que el proyecto de ley o de decreto fuese desechado en parte, modificado o adicionado por la Cámara de Senadores, en cuyo caso, se devolverá a la de Diputados versando la nueva discusión únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara de Senadores fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de Origen, se pasará el proyecto al Ejecutivo para su sanción o veto; si fueren reprobadas por la mayoría de votos en la Cámara de Diputados, volverán a aquélla para que tome en consideración las razones de ésta y si por mayoría de votos se desecharen en esta segunda revisión, el proyecto en lo que haya sido aprobado por ambas Cámaras se pasará al Ejecutivo; pero si la Cámara de Senadores insistiere, por la mayoría absoluta de votos presentes, en dichas reformas o adiciones, todo el proyecto no volverá a presentarse hasta el siguiente periodo de sesiones a no ser que ambas Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes que expida la ley o decreto sólo con los artículos aprobados, reservándose los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes (artículo 72, inciso E), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).
"e) Que el proyecto de ley o de decreto fuese desechado por la Cámara de Diputados, en ese caso, no podrá volver a presentarse en las sesiones del año (artículo 72, inciso G), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).
"Una vez precisado lo anterior, se estima necesario analizar el contenido de la versión estenográfica correspondiente a las sesiones extraordinarias de los días treinta y treinta y uno de diciembre de dos mil uno en los cuales se discutió y aprobó en la Cámara de Diputados y en la de Senadores el decreto de reformas a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
"Según se desprende de la versión estenográfica de las sesiones permanentes del periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión correspondiente a los días treinta y treinta y uno de diciembre de dos mil uno, la Cámara de Diputados fungió como Cámara de Origen y la Cámara de Senadores como Cámara Revisora, en términos de lo dispuesto por el artículo 72, inciso H), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"De la versión estenográfica de la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados correspondiente al día treinta de diciembre de dos mil uno, se observa que respecto de la discusión y aprobación del decreto de reformas a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se señaló lo siguiente:
"‘Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Pase al Senado para sus efectos constitucionales.’
"Posteriormente en la sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores correspondiente al treinta y uno de diciembre de dos mil uno, se dio lectura al oficio de la Cámara de Diputados con el que se remitió a dicho órgano legislativo la minuta del proyecto del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, señalándose al respecto:
"‘Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Senadores. Presente. Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales, el expediente con la minuta proyecto de Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, aprobada en esta fecha por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 30 de diciembre de 2001. Debidamente suscrito por el secretario Adrián Rivera Pérez y Rodolfo Dorador Pérez Gavilán.’
"Discutido y aprobado el proyecto con algunas modificaciones, se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos precisados en el inciso E) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según se observa en la versión estenográfica de la sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores correspondiente al treinta y uno de diciembre de dos mil uno, en la cual se señaló:
"‘Aprobado en lo general y en lo particular el decreto, por el que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Especial (sic) sobre Producción y Servicios. Se devuelve a la Cámara de Diputados, para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.’
"Posteriormente, de la versión estenográfica de la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados correspondiente al día treinta y uno de diciembre de dos mil uno, se desprende que dicho órgano legislativo aprobó el decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, ordenándose se pase al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales, al señalarse:
"‘Aprobado el decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Pase al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.’
"Finalmente, se precisó en la versión estenográfica de la Cámara de Senadores del último día del año de dos mil uno, lo siguiente:
"‘... y toda vez que no hay materia que pueda remitirnos la colegisladora y que se han agotado los asuntos a tratar, solicito a la asamblea, en votación económica, si autoriza que se dé por leída y aprobada el acta de la sesión permanente.’
"De lo anterior se desprende que el proceso legislativo del decreto de reformas a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios sí se ajustó al procedimiento que prevén los incisos E) y H) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, se encuentra debidamente fundado y motivado. Lo anterior es así, en virtud de que el proyecto de ley o decreto se presentó ante la Cámara de Diputados en donde se discutió y aprobó y, posteriormente, se remitió a la Cámara de Senadores (Cámara Revisora) para su discusión y aprobación, de conformidad con lo dispuesto por el inciso H) del artículo 72 constitucional; y que, como en dicha Cámara se realizaron diversas modificaciones al decreto de reformas a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, regresó a la Cámara de Diputados, para que fungiera, nuevamente, como Cámara de Origen respecto de las modificaciones propuestas, en donde una vez discutidas y aprobadas por la mayoría absoluta de sus miembros presentes se pasó al Ejecutivo para su sanción o veto, en términos de lo dispuesto por el inciso E) de dicho precepto constitucional."
De lo aquí transcrito se desprende que no existe la violación al proceso legislativo que aducen las quejosas, ya que, en primer lugar, se observa que sí se cumplió con el fin último buscado por la iniciativa, esto es, que haya sido aprobada por el Pleno del órgano legislativo y publicada oficialmente; y en segundo término, si bien se advierte que la Cámara Revisora hizo modificaciones al texto original que le envió la Cámara de Origen, con independencia de la naturaleza de dichos cambios, es decir, sin importar que las modificaciones implicaron la supresión de algunos artículos y la creación de un transitorio; lo cierto es que la Cámara de Diputados sí tuvo conocimiento de esos cambios y tuvo oportunidad de discutirlos y aprobarlos, en ejercicio de sus facultades de Cámara de Origen. En este supuesto los vicios cometidos no trascienden de modo fundamental a la norma con la que culminó el procedimiento legislativo, pues este tipo de requisitos tiende a facilitar el análisis, discusión y aprobación de los proyectos de ley por el Pleno del Congreso, por lo que si éste aprueba la ley, cumpliéndose con las formalidades trascendentes para ello, su determinación no podrá verse alterada por irregularidades de carácter secundario.
Cobra aplicación al caso, la tesis de jurisprudencia cuyos datos de identificación, rubro y texto se transcriben a continuación:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIV, agosto de 2001
"Tesis: P./J. 94/2001
"Página: 438
"VIOLACIONES DE CARÁCTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SON IRRELEVANTES SI NO TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA. Dentro del procedimiento legislativo pueden darse violaciones de carácter formal que trascienden de manera fundamental a la norma misma, de tal manera que provoquen su invalidez o inconstitucionalidad y violaciones de la misma naturaleza que no trascienden al contenido mismo de la norma y, por ende, no afectan su validez. Lo primero sucede, por ejemplo, cuando una norma se aprueba sin el quórum necesario o sin el número de votos requeridos por la ley, en cuyo caso la violación formal trascendería de modo fundamental, provocando su invalidez. En cambio cuando, por ejemplo, las comisiones no siguieron el trámite para el estudio de las iniciativas, no se hayan remitido los debates que la hubieran provocado, o la iniciativa no fue dictaminada por la comisión a la que le correspondía su estudio, sino por otra, ello carece de relevancia jurídica si se cumple con el fin último buscado por la iniciativa, esto es, que haya sido aprobada por el Pleno del órgano legislativo y publicada oficialmente. En este supuesto los vicios cometidos no trascienden de modo fundamental a la norma con la que culminó el procedimiento legislativo, pues este tipo de requisitos tiende a facilitar el análisis, discusión y aprobación de los proyectos de ley por el Pleno del Congreso, por lo que si éste aprueba la ley, cumpliéndose con las formalidades trascendentes para ello, su determinación no podrá verse alterada por irregularidades de carácter secundario."
En los mismos términos se pronunció esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver por unanimidad de cinco votos los siguientes asuntos:
Amparo en revisión 588/2003, promovido por Fábrica de Tequilas Finos, S.A. de C.V., en sesión de fecha seis de junio de dos mil tres.
Amparo en revisión 310/2003, promovido por Guinnessudv, México, S.A. de C.V., en sesión de fecha trece de junio de dos mil tres.
Amparo en revisión 523/2003, promovido por Valle Redondo, S.A. de C.V., en sesión de fecha veintisiete de junio de dos mil tres.
Amparo en revisión 647/2003, promovido por Delta Comunicaciones Digitales de Aguascalientes, S.A. de C.V., en sesión de fecha nueve de julio de dos mil tres.
En estas condiciones, según se desprende de las consideraciones transcritas, el Congreso de la Unión no violó ninguna garantía de la quejosa al actuar como lo hizo.
SEXTO. Asimismo, deviene infundado el agravio identificado en el punto cinco, en el que se argumenta que, contrario a lo considerado por el Juez de Distrito, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en los artículos impugnados, resulta violatorio de lo dispuesto en los artículos 66 y 67 constitucionales en atención a que no se siguió el procedimiento de creación de leyes que en éstos se establece, pues las reformas a dicha ley fueron aprobadas en la madrugada del primero de enero de dos mil dos, siendo que la Constitución no autoriza al Congreso a celebrar sesiones más allá del treinta y uno de diciembre de cada año.
Es también infundado el agravio en análisis, pues esta Segunda Sala, al resolver, por unanimidad de cinco votos, el amparo en revisión número 847/2003, promovido por María Irma Salazar León, en sesión de fecha veintinueve de agosto de dos mil tres, consideró en torno a dicho planteamiento lo siguiente:
"SEXTO. Señala la quejosa en sus conceptos de violación que las reformas a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios fueron aprobadas el primero de enero del año dos mil dos, en contravención a lo dispuesto en los artículos 65 y 66 constitucionales, que establecen que las sesiones ordinarias del Congreso no podrán prolongarse más allá del quince de diciembre y en el caso del año en el que el presidente de la República inicie su cargo, más allá del treinta y uno de diciembre de ese mismo año, lo que contraviene el procedimiento para la creación de leyes establecido en la Constitución. Al respecto el artículo 65 constitucional establece: ‘Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 1o. de septiembre de cada año, para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias y a partir del 15 de marzo de cada año para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias ...’
"Por su parte el artículo 66 constitucional señala:
"‘Artículo 66. ... El primer periodo no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese año. El segundo periodo no podrá prolongarse más allá del 30 de abril del mismo año.’
"De los preceptos transcritos, se desprende que el primero de los periodos de sesiones ordinarias del Congreso, son del 1o. de septiembre al 15 de diciembre de cada año y el segundo del 15 de marzo al 30 de abril.
"En esa tesitura, el Congreso de la Unión no estaba sesionando en forma ordinaria dentro del periodo del 1o. de septiembre al 15 de diciembre, sino que lo hacía durante un periodo extraordinario de sesiones convocado por la Comisión Permanente, el cual concluye hasta que se den por terminados los asuntos que en la convocatoria se señalaron, es decir no tiene un plazo determinado, sino que se cierra una vez que cada Cámara determina que han sido tratados los temas para los cuales fue convocado.
"Así se desprende del decreto por el que se convocó a un periodo extraordinario de sesiones a partir del 20 de diciembre de 2001, en el que se señaló que la clausura de dicho periodo se verificaría una vez que cada Cámara determinara que habían sido tratados los temas para los cuales fue convocado, en cuyo artículo primero se señaló entre otros temas la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2002 y las reformas a diversas disposiciones de carácter fiscal y tributario.
"En esas condiciones, al no existir ordenamiento constitucional ni legal que establezcan prohibición de que los ordenamientos impugnados sean aprobados el primero de enero, debe concluirse que el Congreso de la Unión actuó conforme a derecho."
SÉPTIMO. Por otra parte, aunque es verdad que, como lo manifiesta la recurrente en el agravio resumido en el inciso 6o. del considerando tercero antecede, el Juez de Distrito olvidó ocuparse del concepto de violación en el que las quejosas señalaron que en la promulgación de las normas atacadas no se respetó la exposición de motivos respectiva; sin embargo, tal omisión es insuficiente para declarar inconstitucionales los artículos impugnados, ya que el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en reiteradas ocasiones que el hecho de que ley reclamada se hubiera apartado de la exposición de motivos, como lo asevera la parte quejosa, no provoca su inconstitucionalidad, toda vez que la Constitución Federal no prevé como regla para el proceso legislativo en el que se promulgue una ley que exista una necesaria correspondencia entre las leyes emanadas del Congreso de la Unión y las exposiciones de motivos que acompañan a las iniciativas que les dieron origen, pues el Constituyente no consideró a las exposiciones de motivos como elementos determinantes de la validez de las leyes, ni calificó la función que habrían de desempeñar en alguna de las fases de creación de las leyes.
En estas condiciones, el Congreso de la Unión puede apartarse de las razones o motivos considerados en la iniciativa, modificar los textos propuestos y formular los que en su lugar formarán parte de la ley, aunque éstos tengan alcances o efectos distintos o incluso contrarios a los expresados en la exposición de motivos por el autor de tal iniciativa. Así, desde el punto de vista constitucional, las exposiciones de motivos no son un elemento determinante que condicione las facultades del Congreso de la Unión para decidir y establecer las normas legislativas de acuerdo con su competencia.
Lo anterior, es acorde con la jurisprudencia del Tribunal Pleno, número 345, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Constitucional, página 399, que es del tenor literal siguiente:
"LEYES. NO SON INCONSTITUCIONALES PORQUE SE APARTEN DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LAS INICIATIVAS QUE LES DAN ORIGEN. La Constitución de la República no instituye la necesaria correspondencia entre las leyes emanadas del Congreso de la Unión y las exposiciones de motivos que acompañan a las iniciativas que les dieron origen. El Constituyente no consideró a las exposiciones de motivos como elementos determinantes de la validez de las leyes, ni tampoco calificó la función que habrían de desempeñar en alguna de las fases de creación de las leyes. De ahí que el Congreso de la Unión puede apartarse de las razones o motivos considerados en la iniciativa, modificar los textos propuestos y formular los que en su lugar formarán parte de la ley, aunque éstos tengan alcances o efectos distintos o incluso contrarios a los expresados en la exposición de motivos por el autor de tal iniciativa. Por ello, desde el punto de vista constitucional, las exposiciones de motivos no condicionan en modo alguno las facultades del Congreso de la Unión para decidir y establecer las normas legislativas de acuerdo con su competencia."
OCTAVO. Por otra parte, se estiman inoperantes los agravios resumidos en los números siete y ocho, en los que las recurrentes se duelen de que el punto 6o., inciso A), fracción XIII, del artículo 3o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, viola la garantía de legalidad y propicia la inseguridad jurídica, porque no define el término "servicios conexos", que provoca que la autoridad administrativa lo interprete de manera arbitraria.
Al efecto, el citado precepto dispone:
"Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entiende por:
"...
"XIII. Servicios de telecomunicaciones y conexos, los siguientes:
"A. Telecomunicaciones.
"...
"6. Conexos, todos aquellos prestados por las empresas de telecomunicaciones, independientemente del nombre con el que se les designe, distintos de los señalados en el inciso anterior, que se presten a los usuarios del servicio de telecomunicaciones como consecuencia o complemento de dichos servicios, aun cuando estos servicios conexos no estén condicionados al citado servicio de telecomunicaciones, tales como el servicio de llamada en espera, identificador de llamadas o buzón de voz, entre otros."
De la reproducción anterior, destaca que lo que reseña el punto 6o. del artículo 3o., es una serie de conceptos para facilitar la aplicación de la norma, de tal manera que hace referencia, dentro del sector de telecomunicaciones, a lo que debe entenderse por servicios conexos, donde incluye a "todos aquellos prestados por las empresas de telecomunicaciones, independientemente del nombre con el que se les designe, distintos de los señalados en el inciso anterior, que se presten a los usuarios del servicio de telecomunicaciones como consecuencia o complemento de dichos servicios, aun cuando estos servicios conexos no estén condicionados al citado servicio de telecomunicaciones, tales como el servicio de llamada en espera, identificador de llamadas o buzón de voz, entre otros."
Se dice que es inoperante el concepto de violación respectivo, porque las recurrentes parten del supuesto de que la autoridad aplicadora pueda llegar a mal entender la disposición cuestionada y con base en ello fincarle obligaciones injustas.
En efecto, la parte inconforme atribuye a la norma algo que no dice, pretendiendo basar sus planteamientos en actos futuros y probables que pueda desplegar contra él la autoridad fincándole algún tipo de responsabilidad; por tanto, al no existir un agravio actual que origine perjuicio al quejoso susceptible de repararse en el amparo, sino que su inconformidad la basa en la actuación probable que pueda llevar a cabo la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19125-27e5fa55/produccion-y-servicios-el-proceso-legislativo-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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