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Modo: Corpus Pro

RECONSIDERACIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. NO CONSTITUYE UN RECURSO ADMINISTRATIVO NI UNA INSTANCIA JURISDICCIONAL, SINO UN MECANISMO EXCEPCIONAL DE AUTOCONTROL DE LA LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. PETICIÓN. EL ARTÍCULO 36, PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE PREVÉ LA RECONSIDERACIÓN ADMINISTRATIVA, NO TRANSGREDE AQUEL DERECHO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 387/2004. · Registro digital (IUS): 19893
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: GRUPO AZAR, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Enero de 2007, , Pág. 1510.

AMPARO EN REVISIÓN 387/2004. GRUPO AZAR, S.A. DE C.V.

MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.

SECRETARIA: LAURA GARCÍA VELASCO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y conforme a lo previsto en los puntos segundo, tercero, fracción II, y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado el veintinueve de junio del año dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación; en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo, en el que se reclamó la inconstitucionalidad del artículo 36, párrafo tercero, del Código Fiscal de la Federación, y si bien subsiste en esta instancia el problema de inconstitucionalidad planteado, no es necesario que su estudio sea abordado por el Tribunal Pleno, dado que sobre el tema de fondo ya existen precedentes que permiten su examen, además de lo inoperante de los agravios aducidos.

SEGUNDO. La recurrente planteó los siguientes agravios:

"Primero. En cuanto al contenido de la sentencia que se recurre, se manifiesta que se considera muy respetuosamente, que la misma no satisface a plenitud los requerimientos establecidos al efecto por los artículos 77, fracciones I, II y III, 79, in fine y, por omisión, el artículo 80, todos de la ley de la materia vigente, conforme al análisis y los agravios que presentamos a continuación: I. A manera de inducción al caso, debido a que la sentenciadora no ofrece una transcripción directa de los conceptos de violación, en el texto de su resolución, habiendo dejado a salvo el derecho de réplica de la quejosa, y para mejor proveer, exponemos lo siguiente: Debe precisarse a ese H. Tribunal de alzada, que la controversia en este caso, se deduce del alcance que puede darse al derecho de petición de los particulares, que salvaguarda nuestra Carta Magna, de modo que se podrá constatar que el principal concepto de violación del que mi mandante se dolió en el juicio de garantías, fue en el sentido de que el acto reclamado, contenido en resolución desechatoria de nuestra solicitud de reconsideración, de plano no tiene en cuenta el derecho de petición que ejerció esta contribuyente, con apoyo en los artículos 8o. y 31, fracción V, de la Carta Magna, en relación con el diverso artículo 36, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, para que, al revisar la legalidad de actos y actuaciones de fiscalización y de determinación de créditos fiscales, en el sentido jurídico de resolver expresamente, si se habría cumplido cabalmente con las disposiciones fiscales aplicables en la materia y en forma específica a dichas actuaciones de las facultades de comprobación y liquidación, se pudiera decidir revocar por una sola ocasión, la resolución determinadora de créditos fiscales federales. El caso es que, si bien se pronunció por parte de las autoridades fiscales requeridas por mi representada, una resolución desechatoria, en la que se tuvo en consideración puntualmente, las condiciones previstas por el propio artículo 36, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, en esta resolución desechatoria, hay evidencia que no se dio contestación a los cuestionamientos legales expresados en nuestro escrito petitorio de solicitud de reconsideración ‘para verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales aplicables en la determinación de diverso oficio liquidatorio de créditos fiscales’; acción de origen impulsada por el fundamental ejercicio de petición que los artículos 1o., 8o. y 35, fracción V, de nuestra Carta Magna, salvaguardan a favor de mi representada, cuyas disposiciones se relacionaron en lo que corresponde a la verificación de la legalidad del acto liquidatorio, por la posibilidad de revocarlo por una sola vez, como lo dispone, en efecto, de manera condicionada, el artículo 36, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, ante las especiales circunstancias del asunto llevado a rogatoria o petición. Ahora bien, requiere normar un criterio el contenido del texto literal del artículo 36, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, que es del tenor literal siguiente: ‘Artículo 36. Tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación.’ (se transcribe). Lo primero que debe observarse, son las pretendidas condiciones (que no requisitos procedimentales) propuestas en esta disposición, para ejercer el derecho de petición y que se identifican en los siguientes términos: a) Que la revisión discrecional tiene como propósito fundamental, corroborar si se demuestra fehacientemente que las resoluciones no favorables a un particular se emitieron en contravención a las disposiciones fiscales aplicables, para proceder a su revocación o modificación. b) Podrán revocarla o modificarla por una sola vez. c) Que no se hubieren interpuesto medios de defensa y hubieren transcurrido los plazos para presentarlos. d) Que no haya prescrito el crédito fiscal. Asimismo, del contenido de esta disposición se advierte que se trata de una posibilidad jurídica, que evidentemente se puede impulsar por solicitud de parte interesada y no adopta el carácter de instancia o medio de defensa, de modo que no hay duda que se trata del ejercicio del derecho de petición, que consagran los artículos 1o., 8o., 35, fracción V y 133, in fine, de la Carta Magna, en cuyo primer dispositivo citado, se establece lo siguiente: ‘Artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.’ (se transcribe). Por su parte, el derecho de petición que consagra el artículo 8o. de nuestra Norma Suprema por excelencia, señala: ‘Artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.’ (se transcribe). Como lo obsequió el legislador Constituyente, en las disposiciones antes transcritas, se advierte que debe existir un trato igual a los iguales, sin restricciones, suspensiones o condiciones no previstas por la propia Constitución, que daría lugar en caso contrario, a una violación franca al principio de igualdad frente a la Carta Magna, lo que indebidamente ocurre en la disposición que se analiza, al proponer condiciones que limitan el derecho de petición, que alcanza por tal violación, el grado de iniquidad, mientras que este derecho constitucional otorgado a los particulares, consagrado en el artículo 8o. de la Carta Fundamental, sólo se limita por lo siguiente: 1. Que se formule por escrito, 2. En forma pacífica y respetuosa, y 3. En materia política, es prerrogativa de los ciudadanos mexicanos, lo que se reitera en el diverso 35, fracción V, de la Carta Magna; requisitos que se satisfacen a plenitud en la solicitud de reconsideración para revocación del oficio liquidatorio, que se fundamente en los artículos 8o. de la Constitución y en el propio artículo 36, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, hecha excepción de las condicionantes que agrega la parte final del propio artículo precitado. Lo anterior quiere decir, que el derecho de petición, impone a las autoridades su observancia, en el sentido de pronunciarse respecto de lo solicitado por el administrado, respondiendo a plenitud el contenido del escrito petitorio, cuyas únicas condiciones se delimitan en el propio artículo 8o. constitucional, en íntima relación con los diversos artículos 1o. y 133, in fine, de la Carta Magna, de cuyo contenido se confirma que las disposiciones secundarias a la supremacía constitucional, en materia fiscal y administrativa, no pueden condicionar la procedencia del ejercicio del derecho de petición, ni la obligación de pronunciar respuesta frontal a lo solicitado, incluso satisfaciendo los requisitos de legalidad exigidos a todo acto de molestia, para que se colme la obligación de respetar el derecho de petición como ha quedado expresado, en el sentido de pronunciar respuesta directa a las consideraciones del administrado, para el caso, las presentadas por mi mandante. El artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, establece en materia fiscal federal, las modalidades del ejercicio del derecho de petición a favor de los particulares, en los siguientes términos: ‘Artículo 37 del Código Fiscal de la Federación.’ (se transcribe). De esta disposición se deduce que el particular en materia fiscal y administrativa puede hacer valer dentro del ejercicio del derecho de petición lo siguiente: a) Instancias. Que corresponden a los medios de defensa que establece el Código Fiscal de la Federación, a saber, el recurso de revocación y el juicio contencioso administrativo, o en su caso, los medios de defensa administrativos que se establezcan en otras leyes fiscales federales, incluso, siendo optativos a decisión del particular, para acudir si lo desea, directamente, ante el H. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. b) Peticiones. Que corresponden a cualquier solicitud que se realice a las autoridades fiscales federales, que no adopten el carácter de medio de defensa, por las que la autoridad administrativa fiscal deba pronunciar respuesta motivada y fundada, a fin de respetar el derecho de petición ejercido por el contribuyente. En función de lo anterior, puede incluirse la apreciación jurídica en el sentido de que en el caso de peticiones o rogatorias, frente a las facultades discrecionales de las autoridades fiscales, que se establecen en los artículos 33-A, 36, tercer párrafo y 74 del Código Fiscal del a Federación, así como en el 25 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, que por tratarse de peticiones de los administrados, el plazo de respuesta a cargo de la autoridad, por regla general es de 3 meses, conforme a lo dispuesto por el artículo 37 del código tributario federal, pero, por su naturaleza y por así disponerlo expresamente el texto de aquellas disposiciones, respecto de estas rogatorias, el silencio de la autoridad o la resolución expresa que niega lo solicitado por el peticionante, no puede ser impugnado con los medios ordinarios de defensa previstos por el código adjetivo citado, es por ello que sólo pueden ser reclamados ante Juez Federal, por negativa al derecho de petición, al tenor de lo dispuesto por el artículo 114, fracciones II y IV, y/o V, de la Ley de Amparo vigente, en ejecución del original derecho de petición y por omisión de la autoridad requerida por el administrado, como se ha dicho, en debido cumplimiento del artículo 8o. de la Carta Magna. No es obstáculo a estas consideraciones, que en el texto del artículo 36, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, señale una condicionante que limita el derecho de pedir, en lo relativo a solicitudes de reconsideración administrativa, para corroborar si se demuestra fehacientemente que las resoluciones no favorables a un particular, se emitieron en contravención a las disposiciones fiscales aplicables, para proceder a su revocación o modificación cuando propone en su texto: ‘... siempre y cuando, los contribuyentes no hubieren interpuesto medios de defensa y hubieren transcurrido los plazos para presentarlos, y sin que haya prescrito el crédito fiscal’; en tanto que estas condicionantes no derivan de ninguna disposición constitucional particularmente establecida para el derecho de petición, como se puede corroborar del texto de los artículos 1o. y 8o. de la Carta Magna. Se asume esta apreciación, en virtud de que se opone a la armónica interpretación de las disposiciones constitucionales que hemos señalado en párrafos anteriores, porque el artículo 36, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, deviene genérico, abstracto e imperfecto, en tanto no expresa, por qué favorece sólo a quienes no hicieron valer medios de defensa, y en segundo lugar, con qué fundamento constitucional se justifica, que respecto de quienes hicieron valer los medios de defensa, les imponga un efecto limitativo que se opone al ejercicio fundamental del derecho de petición, y tampoco precisa el efecto sancionatorio de tales condiciones; lo que explica la inconstitucionalidad del artículo 36, tercer párrafo, del código anotado, precisamente por la máxima que reza, donde la ley no distingue, no es dable distinguir, en otras palabras, donde la Carta Magna no distingue, no es dable hacer distingos en leyes secundarias; por ello, el artículo 36, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, se considera una norma jurídica imperfecta e inconstitucional, que se opone tanto a los artículos 1o. y 8o., como al 133 de nuestra Norma Suprema por excelencia. Asimismo, la disposición que ya se tilda de inconstitucional, es una norma de procedimiento genérica y abstracta, que incluso no obliga a su interpretación estricta, al tenor del artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, cuyo texto, vinculado con el artículo 14 de la Carta Magna, encuentra en materia de garantía de legalidad, las siguientes características de interpretación y aplicación: ‘Artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación.’ (se transcribe). Como se advierte, el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, establece el método estricto de interpretación de las normas fiscales federales, cuando se trate de: a) Cargas fiscales. b) Excepciones a las cargas fiscales. c) Infracciones. d) Sanciones. e) Los supuestos referidos en los anteriores incisos a) y b), incluyen a todas las disposiciones fiscales, que se refieran a los elementos del tributo, a saber, sujeto, objeto, base, tasa y/o tarifa. En estos casos, el método de interpretación de las normas fiscales, es inexcusablemente estricto, es decir, directo e inmediato al texto de la ley tributaria, lo que no ocurre en el caso del artículo 36, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, por no ubicarse en ninguno de estos presupuestos jurídicos, referidos por el artículo 5o. reseñado. Al contrario, el mismo artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación permite que en los demás casos (... las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica) el método de interpretación jurídica es libre, no estricto, ya que expresamente se permite utilizar cualquier método de interpretación jurídica, puesto que del análisis que se realice al contenido del artículo 36, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, se puede constatar que no involucra las hipótesis referidas para la estricta aplicación de las normas fiscales, y es que realmente se trata de una norma de procedimiento que prevé el ejercicio del derecho de petición para la revisión discrecional del ejercicio de las facultades de las autoridades fiscales federales, frente al cumplimiento de las disposiciones fiscales aplicables, precisamente para revisar su legalidad, por ende, utilizando el método complementario o de simetría con otros supuestos y ordenamientos legales, en otras palabras, apoyándose en el método de hermenéutica jurídica para desentrañar aquellas abstracciones, imprecisiones o generalidades que dieron lugar a sus defectos legislativos o constitucionales, que ponen en riesgo el ejercicio del derecho de petición, así como las garantías de legalidad y de seguridad jurídica, jurídicamente se puede cuestionar como lo proponemos, su interpretación, contenido y, también, su inconstitucionalidad. Por tanto, es válido cuestionar que una ley secundaria no puede arrogarse presupuestos que la propia Constitución no ha establecido, para respetar el ejercicio del derecho de petición, de ahí la inconstitucionalidad que se cuestiona respecto al contenido de la disposición que nos ocupa, que nos lleva a la reiteración del artículo 1o. constitucional, que obsequia el principio rector de igualdad ante la ley, al establecer: ‘En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establezca.’. Nuestros conceptos de violación, sugieren que las únicas limitantes posibles, a las que quiso referirse el legislador federal en el texto del artículo 36, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, es en el sentido de que no concurran simultáneamente un medio de defensa y la solicitud de reconsideración, o en su caso, que los razonamientos que se expongan en la rogatoria no hubieren sido materia de pronunciamiento definitivo de los tribunales competentes, es decir, de cosa juzgada, lo que quiere decir, que no coexistan dos circunstancias por las que exista el riesgo de producirse dos sentencias o resoluciones definitivas en sentidos encontrados, lo que no ocurriría, ya que de realizarse la petición, existiendo medios de defensa sub júdice (pendiente de resolución o de sentencia definitiva) la autoridad administrativa, válidamente puede objetar emitir respuesta, en cuanto a que el particular deberá estar al resultado definitivo del medio de defensa que intentó, y como se expone, por otro lado, debemos tener presente que no exista resolución o sentencia expresa definitiva, sobre las razones jurídicas que se puedan exponer en la solicitud que se someta a la consideración de las autoridades fiscales, precisamente, después de haber hecho valer medios de defensa. De no considerarse de esta manera, entonces dicha disposición fiscal estaría restringiendo el derecho de petición, mediante condiciones que los artículos 1o., 8o. y 35, fracción V, así como 133 de la Carta Magna, no establecen en sus contenidos, y por ello se reclama la inconstitucionalidad de las condicionantes al derecho de petición, que establece el artículo 36, tercer párrafo, del código tributario federal citado, debido a que no fue admitido a trámite el escrito petitorio de la quejosa, por las autoridades fiscales señaladas como responsables, en cuya resolución desechatoria del escrito petitorio, aplican por primera vez, las condiciones restrictivas en perjuicio de la petición de reconsideración que ejerció mi representada. Por ello, cuando se endereza una petición dirigida a las autoridades fiscales federales, y se invocan como fundamentos los artículos 8o. y 35, fracción V, de la Carta Magna, en relación con disposiciones específicas en materia fiscal federal, la sola cita de los artículos constitucionales antes mencionados, obligan a las autoridades fiscales a respetar el derecho de petición, es decir, a obsequiar respuesta motivada y fundamentada, en tanto no existan limitaciones establecidas para el derecho de petición, previstas originariamente por la propia Norma Fundamental de la que emana un derecho o una garantía individual, cuyo propósito elemental responde a la salvaguarda de las garantías de legalidad y de seguridad jurídicas, vinculadas con los bienes jurídicos tutelados consagrados en los artículos 14, segundo y último párrafos, y 16 de la Carta Magna. II. A manera de exposición clara de los hechos, destacamos que mi mandante se ha conducido con toda nitidez y honestidad, e incluso, reconoce que las autoridades señaladas como responsables dependieron del texto de la disposición de ley, en la que recae la controversia de inconstitucionalidad, lo que se advierte de los siguientes antecedentes del caso: 1. La autoridad fiscal que emitió la resolución desechatoria del escrito petitorio de reconsideración actuó conforme a derecho, en el sentido de que se vio obligada a aplicar el texto literal del artículo 36, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, cuya base del desechamiento se debió a que mi representada, en efecto, hizo valer previamente las vías ordinarias de defensa (a saber el juicio fiscal y la demanda de amparo directo que se mencionan en el capítulo de marras del escrito petitorio de reconsideración y de la demanda de garantías). 2. En dichas vías ordinarias de defensa, lamentablemente, no se expusieron conceptos de impugnación suficientes, ni los más adecuados, para lograr que se declarara la nulidad de los actos de fiscalización y liquidación de la resolución en la que se fincaron créditos fiscales a cargo de mi representada. 3. No obstante, se procura demostrar que existían elementos suficientes para demostrar que las actuaciones de las autoridades revisoras y liquidadoras cometieron diversas violaciones jurídicas en perjuicio de mi representada, quien ha considerado que se trata de actos injustos no apegados a derecho, y sólo mediante el ejercicio del derecho de petición se podría demostrar fehacientemente, que esta resolución no favorable a mi mandante se emitió en contravención a las disposiciones fiscales aplicables, particularmente, para proceder a su revocación o modificación, que es la parte medular a la que se refiere el artículo 36, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, debidamente adminiculada con los artículos 1o., 8o. y 35, fracción V y 133 de la Carta Magna. 4. No se trata de un procedimiento perentorio, puesto que esta contribuyente encontró en realidad argumentos idóneos para revisar la legalidad y el cumplimiento fiel a las disposiciones fiscales aplicables, que debieron observarse para sostener la legalidad de la determinación del crédito fiscal fincado a mi mandante, evitando así que se hubiere consumado una determinación afectativa de bienes jurídicos tutelados en perjuicio de mi mandante, que pudiere ser fruto de actos viciados de origen. 5. Lo anterior, no abre ninguna posibilidad de que la solicitud de reconsideración tenga efectos interminables sobre las controversias litigiosas, como infundadamente lo concluyó la sentenciadora, puesto que la autoridad hacendaria podría resolver aquellos casos en los que exista evidencia total de la legalidad de los actos, o bien, evidencia total de su ilegalidad, y para ello, se explicó en la demanda de amparo de origen, lo siguiente: Definitivamente, si se solicita la reconsideración de un crédito fiscal, la autoridad puede resolver: A) Si los argumentos del peticionante ya fueron atendidos en vías ordinarias de defensa, válidamente se podría señalar al peticionante que ya existe cosa juzgada, y se deberá estar a lo resuelto en la sentencia definitiva, teniendo por no presentada la petición. B) Si se presenta una solicitud de reconsideración, existiendo medios ordinarios de defensa, conminar al peticionante a que se esté a lo que puedan resolver los tribunales, teniendo por no presentada la petición. C) Pero, si una solicitud de reconsideración se endereza con cuestionamientos y/o razonamientos que no hubieren sido materia de sentencia ejecutoriada y no coincidan con instancias de defensa en curso, nada impide que la autoridad pueda corroborar si se demuestra fehacientemente que las resoluciones no favorables a un particular, se emitieron en contravención a las disposiciones fiscales aplicables, para en su caso, proceder a su revocación o modificación. Ésta es la circunstancia de mi mandante, quien considera que se coloca en similitud de circunstancias con los contribuyentes que no hicieron valer medios de defensa, cuando ejerce su derecho de petición para la reconsideración del crédito fiscal y su posible revocación, específicamente sobre cuestionamientos totalmente ajenos a los que en otrora se hicieron valer en las vías ordinarias de defensa por los asesores que carecieron de conocimiento o la habilidad que el asunto requería en la defensa; en otras palabras, mi mandante quisiera recibir un pronunciamiento formal a las violaciones que los actos y las actuaciones incurridas por las autoridades revisoras y liquidadoras respecto de las disposiciones fiscales aplicables, en irrestricto cumplimiento al respecto del ejercicio del derecho de petición. D) Lo anterior no afecta a las autoridades fiscales, puesto que si sus actuaciones se apegaron a las disposiciones fiscales aplicables, la resolución liquidatoria soportará cualquier análisis jurídico, que es lo que se pide sea concedido en consecuencia del otorgamiento del amparo y la protección de la Justicia Federal, que tiene en su haber ese H. Máximo Tribunal. E) Así, el derecho de petición sería cabalmente respetado, en aras de evitar que prospere una resolución que tenga el carácter de fruto de actos viciados de origen, que en la mejor expresión de nuestro Estado de derecho, salvaguarda las garantías y derechos de los particulares, como tradicional e invariablemente lo ha resuelto nuestro Máximo Tribunal en la tesis de jurisprudencia siguiente: ‘FRUTO DE ACTOS VICIADOS.’ (se transcribe). F) La hoy recurrente, entonces considera que el derecho de petición que salvaguardan de manera armónica los artículos 1o., 8o., 35, fracción V y 133 de la Carta Magna, al tenor de la sentencia que se recurre, quedarían supeditados a condiciones establecidas en el artículo 36, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, lo que se considera contrario a derecho, puesto que esta ley secundaria estaría adoptando condiciones o requisitos que la propia Carta Magna no prevé para el ejercicio del derecho de petición, de ahí que se someta a la respetable consideración de ese Máximo Tribunal, tenga a bien revocar el fallo que se recurre y otorgue a mi mandante el amparo y la protección de la Justicia Federal, restituyendo el derecho incondicionado de que sea respetado el derecho de pedir por parte de las autoridades, para lo cual, se pide muy respetuosamente se decida declarar la inconstitucionalidad parcial, respecto a los requisitos y condicionantes que imprime la parte final del artículo 36, tercer párrafo, del código en cita. Además, debe apreciarse que la facultad discrecional, para ‘reconsiderar’ la legalidad de las resoluciones liquidatorias no favorables a los particulares y la satisfacción de las disposiciones fiscales aplicables, se permiten sin ninguna afectación a la autoridad, sea para confirmar o al contrario, liberar un acto de molestia, en ejercicio de facultades discrecionales, cuya característica elemental es que dicha potestad queda liberada de afectaciones sancionatorias desde el interior de la dependencia que irroga tales facultades, pero ello se puede deducir a partir del contenido, razones y en su caso, de los fundamentos de derecho en que se sustenta la petición del particular, que serán los elementos que la propia autoridad debe tomar en consideración para decidir el sentido de su resolución, aquí, la autoridad debe analizar si se cumplieron cabalmente las disposiciones fiscales aplicables en la materia. Para ilustrar lo anterior, tengamos presente que la facultad discrecional de las autoridades fiscales, les permite decidir libremente si liberan o no un acto de molestia, verbigracia, si se tiene la facultad de emitir o liberar una orden de revisión o de fiscalización; adoptar medidas precautorias o medios de apremio; etc., de modo que en estos casos, la autoridad no incurre en responsabilidad, si decide liberar una orden de este tipo, o decide no hacerlo, lo que no habrá de representarle responsabilidad legal, ahora bien, si decide liberar los actos de molestia afectativos de los bienes jurídicos tutelados por los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, en consecuencia, dentro de esa facultad discrecional, se produce un segundo momento jurídico, que consiste en que el acto de molestia debe cumplir ineludiblemente los requisitos de legalidad que al efecto se exigen en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna y 38 del Código Fiscal de la Federación. Con lo anterior, queda de manifiesto que la facultad discrecional es potestativa únicamente para la decisión que prefiera adoptar la autoridad competente, sin incurrir en responsabilidad, lo que en ningún momento permite que la autoridad ejerza tales facultades de manera incontrolada, abstracta u omnímoda, puesto que para darle eficacia jurídica a un acto de autoridad será imprescindible cumplir cabalmente los requisitos de legalidad que resulten aplicables a cada caso específico, en otras palabras, la autoridad que emite un acto en ejercicio de tales facultades discrecionales, no queda liberada de exponer los motivos y fundamentos legales en que apoya el sentido de cualquier resolución. Obsérvese que la facultad discrecional, permite a la autoridad tomar una decisión de hacer o no hacer, o de revocar o no revocar un acto de molestia, sin que por ello incurra en responsabilidad legal, máxime que si el acto cuya legalidad se cuestiona, resiste un análisis del fiel cumplimiento de las disposiciones fiscales aplicables, que en caso negativo, daría lugar a su revocación disciplinaria por facultad discrecional, lo que demuestra el acierto de mi mandante, por cuanto a que no habría afectación a las autoridades fiscales federales, en caso de que se conceda el amparo y la protección de la Justicia Federal que respetuosamente pide la recurrente. Como lo hemos detallado, en el caso, mi mandante se duele de la negativa de la autoridad de obsequiar respuesta íntegra al contenido de la solicitud de reconsideración, analizando y valorando específica y exhaustivamente los razonamientos y las pruebas ofrecidas en el cuerpo de dicha rogatoria, que se fundamentó en el derecho constitucional de petición, que establecen los artículos 1o., 8o. y 35, fracción V, de la Carta Magna, en relación con los diversos 36, tercer párrafo, 37 y 38 del Código Fiscal de la Federación. Por su parte, la sentenciadora hace caso omiso del reclamo específico de mi representada, en el sentido de que la autoridad señalada como responsable, tenga a bien respetar el derecho de petición que se deduce de la solicitud de reconsideración y tenga a bien resolver uno a uno los puntos expuestos expresamente por la entonces peticionante, hoy amparista y recurrente, puesto que la autoridad de origen responsable se limitó a pronunciar resolución desechando el escrito petitorio, es evidente que no responde los cuestionamientos atinentes a demostrar la no violación a las disposic

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19893-71d1cdf0/reconsideracion-administrativa-prevista-en-el-tercer-parrafo-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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