ACTIVO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE EQUIDAD TRIBUTARIA, PROMOVIDO CONTRA EL DECRETO POR EL QUE SE EXIME DEL PAGO DE AQUEL IMPUESTO A DETERMINADOS CONTRIBUYENTES (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 11 DE OCTUBRE DE 2005).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 42/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO SEXTO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIO: ALFREDO ARAGÓN JIMÉNEZ CASTRO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo, tercero, fracción VI, y cuarto, del Acuerdo General Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente, en virtud de que se trata de la posible contradicción de criterios sustentados en asuntos que corresponden a la materia fiscal, especialidad de esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis es procedente en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que dicho numeral expresamente establece que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integren o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis contradictorias hubieren sido sustentadas, se encuentran facultados para denunciar, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicha contradicción.
En el presente asunto, los Magistrados integrantes del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, denunciaron la posible contradicción de criterios de que se trata, debiéndose concluir que se reunió el requisito de legitimidad señalado, puesto que se trata de los Magistrados integrantes de uno de los tribunales contendientes.
TERCERO. Los antecedentes que dieron lugar a la sentencia dictada por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 61/2006, interpuesto por Inmobiliaria Oleta, Sociedad Anónima de Capital Variable, son los siguientes:
Inmobiliaria Oleta, Sociedad Anónima de Capital Variable, mediante escrito presentado el veinticinco de abril de dos mil seis, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del decreto por el que se exime del pago del impuesto al activo y se otorgan diversas facilidades administrativas a los contribuyentes que se mencionan, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de octubre de dos mil cinco, en vigor a partir del doce de octubre de dos mil cinco, específicamente por lo que hace a sus artículos primero y segundo.
La quejosa señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 1o., 14, 16, 31, fracción IV y 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De la demanda correspondió conocer al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, órgano jurisdiccional que, previos los trámites legales correspondientes dictó sentencia en el sentido de sobreseer en el juicio.
Inconforme con dicha resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión y posteriormente la delegada del presidente de la República interpuso recurso de revisión adhesiva.
De los mencionados medios de impugnación correspondió conocer al Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
En su escrito de agravios, la quejosa manifestó esencialmente lo siguiente.
• Contrariamente a lo resuelto por el Juez de Distrito, al concederse el amparo en contra del decreto por infringir la garantía de equidad, el efecto de la sentencia sí es posible y el mismo consiste en otorgar al quejoso el mismo trato excepcional de que gozan los demás gobernados, sin que obste a lo anterior, que el Juez aduzca que sea ilógico pretender efectos en beneficio del quejoso amparándose en una norma inconstitucional, pues los efectos no consisten en dejar de aplicar la norma impugnada por inconstitucional, sino en que también le sea aplicada al quejoso, a fin de conservar su equidad, ya que la declaratoria de inequidad que se diera derivaría de los efectos inequitativos que produce, al exentar sólo en la medida en que no se incluye al quejoso dentro del trato privilegiado que en ella se contempla.
• En relación con lo anterior señaló que si bien es cierto que conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, una norma inconstitucional no puede aplicarse al quejoso que obtuvo la protección de la Justicia Federal, también lo es que tal supuesto opera cuando dicha aplicación resulta contraria a los intereses del quejoso, pero no cuando tal declaratoria implica que el precepto se aplique en su beneficio, como en el caso, en donde se pretende que a fin de restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía de equidad tributaria se le haga extensivo el beneficio de que gozan los demás contribuyentes, consistente en la exención contenida en el decreto reclamado.
• En virtud de lo anterior, sostuvo que no se actualiza la causal de improcedencia descrita en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 80 de la Ley de Amparo interpretado en sentido contrario.
El Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito dictó sentencia sustentando esencialmente las siguientes consideraciones:
• Del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el artículo 80 del propio ordenamiento legal se advierte que las sentencias que conceden el amparo tienen como finalidad restablecer las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y si es de carácter negativo tienen el fin de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía violada.
• El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que en un juicio de amparo contra leyes en que se conceda la protección de la Justicia Federal el efecto consiste en nulificar la validez jurídica de la ley reclamada en relación con la quejosa. Cuando el juicio se haya promovido con motivo del primer acto de aplicación éste también se debe declarar nulo.
• Los efectos de la concesión del amparo están plenamente vinculados con la naturaleza del acto reclamado, ya que las características constitutivas de este último son determinantes para fijar los alcances de la sentencia protectora, y en los amparos contra leyes la sentencia que se otorgue concediendo el amparo tendrá un alcance relativo en virtud de que se limita a proteger al quejoso que haya promovido el juicio, no así a personas ajenas al mismo, lo que evidencia que en un juicio de amparo no puede hacerse una declaración general respecto de la ley, pues tal declaración se circunscribe al quejoso sin beneficiar a otras personas.
• Los efectos de una sentencia que otorga el amparo contra una ley reclamada son actos positivos consistentes en proteger al quejoso no sólo contra el acto de aplicación reclamado (si ésta fue impugnada como ley heteroaplicativa), sino también esa declaración tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que incide en que la norma declarada inconstitucional ya no podrá ser aplicada a quien obtuvo la protección federal pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con la quejosa.
• La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que el efecto de la sentencia que concede el amparo promovido en contra de una ley de naturaleza fiscal que establece una contribución a cargo de la quejosa consiste en que dicha disposición no se le aplique al quejoso, por lo que las autoridades fiscales que recaudaron contribuciones con base en dicha norma están obligadas a restituir al quejoso las cantidades que como acto de aplicación de dichas normas se hayan enterado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido, y la restitución de las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional implica que las cantidades erogadas por mandato de la norma inconstitucional sean restituidas al peticionario de garantías.
• Sin embargo, no en todos los casos la concesión de amparo respecto de una norma tributaria conduce a la restitución del quejoso de las cantidades que como acto de aplicación de la misma se hubieran enterado, pues ello depende de la naturaleza del mecanismo de tributación así como de los preceptos que se refieran al impuesto de que se trata, esto es, la impugnación de aquellos que contemplan los elementos esenciales del impuesto y los que contemplan variables.
• En determinados casos, cuando se omita impugnar los preceptos que prevén los elementos esenciales del tributo o porque los argumentos en que se sustenta su pretendida inconstitucionalidad sean desestimados, la obligación tributaria seguirá incorporada a la esfera jurídica de la quejosa. Atendiendo a las circunstancias que prevalezcan, es importante discernir la efectividad de una posible concesión del amparo, ya que de advertirse que no es posible materializar los efectos restitutorios de la sentencia debe sobreseerse en el juicio con fundamento en los artículos 73, fracción XVIII y 80 de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario.
• El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que las normas tributarias han sido clasificadas en:
a) Normas que establecen los elementos esenciales de las contribuciones como son el sujeto, objeto, base y tasa y que por ende, son aplicables a todos los contribuyentes.
b) Normas que prevén variables que se aplican a los elementos esenciales para el cálculo correspondiente, que no se actualizan sobre todos los contribuyentes sino solamente sobre aquellos que se ubiquen en las hipótesis jurídicas respectivas.
• Partiendo de dicha clasificación se han establecido los parámetros a seguir en los casos en que llegue a declararse la inconstitucionalidad de la normatividad correspondiente estableciendo los efectos de la concesión del amparo que no puede operar de la misma manera en ambos supuestos.
• Cuando se conceda el amparo respecto de una norma que regule algún elemento esencial del impuesto se afectará el mecanismo impositivo esencial, por lo que el gobernado no se encontrará obligado a enterar ese tributo, y cuando la concesión del amparo opere sobre una norma en la que se prevea un elemento variable el mecanismo esencial del impuesto no se afecta y como consecuencia de ello el efecto del amparo se limitará a purgar el vicio de esa variable para que sea congruente con los elementos esenciales.
• Precisado lo anterior señaló que en relación con los diversos decretos emitidos por el Ejecutivo Federal en los que se exenta del pago del impuesto al activo a determinados contribuyentes, resulta improcedente el amparo promovido en contra de un decreto cuando en éste se exima totalmente del pago del impuesto al activo que se cause durante un ejercicio en particular a los contribuyentes cuyos ingresos, para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta anterior a ese ejercicio, no hayan excedido de alguna cantidad de ingresos, en virtud de que ello deriva de la imposibilidad jurídica de lograr los efectos restitutorios que son propios del amparo los que si bien se traducirían fundamentalmente en dejar insubsistente para el peticionario tal decreto con ello no lograría la liberación del pago del tributo porque esta obligación no proviene del decreto sino de la Ley del Impuesto al Activo en virtud de que ambas disposiciones constituyen una unidad normativa y, si se concediera el amparo, la ley quedaría intocada y el contribuyente tampoco podría válidamente disfrutar de la exención total del pago del impuesto toda vez que no impugna la norma que establece esa obligación, además de que la protección constitucional tampoco podría tener el efecto general de derogar el precepto relativo a los casos en que se eximirá del pago del tributo del multicitado decreto.
• Entonces, la concesión del amparo así como los efectos que se le dieran en relación con la impugnación de disposiciones que prevean elementos esenciales o variables del tributo no puede desligarse del hecho consistente en que el estudio del tribunal constitucional se haya efectuado, respecto de disposiciones contenidas en un acto formal y materialmente legislativo porque cuando tal impugnación se efectúa exclusivamente sobre una norma que no tenga ese origen (como cuando se trata de un acto formalmente administrativo) de no controvertirse la disposición legal que imponga la obligación tributaria, aun si la norma controvertida fuera inconstitucional al quedar intacta la ley, el gobernado no podría ser restituido en el pleno goce de sus garantías individuales, toda vez que no se le podría exentar del pago del tributo.
• El decreto reclamado no tiene el carácter de acto de autoridad formalmente legislativo por lo que la categoría en la que encuadra es de menor jerarquía que en la que se ubica la Ley del Impuesto al Activo. En consecuencia, aun cuando el decreto reclamado establece una exención, tratándose del impuesto al activo, ello constituye una variable dentro de la relación tributaria atento a lo siguiente:
• En la demanda de amparo no se reclama la obligación de tributar contenida en el acto de autoridad formal y materialmente legislativo, que en el presente caso es la Ley del Impuesto al Activo.
• La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido un criterio en relación con los diversos decretos de exención del impuesto al activo emitidos por el Ejecutivo Federal, en el sentido de que cuando no se impugna el acto formal y materialmente legislativo del que deriva la respectiva obligación tributaria el posible vicio de inconstitucionalidad que pudiera detectarse respecto del decreto de exención no trascendería al contexto normativo del acto formal y materialmente legislativo que rige al tributo.
• En consecuencia, resultan infundados los agravios expuestos por el recurrente y resulta procedente sobreseer en el juicio de garantías con fundamento en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 80 del propio ordenamiento, aplicado en sentido contrario, en virtud de que no se pueden materializar los efectos restitutorios de la sentencia, toda vez que la obligación de pago del tributo queda intocada al no haber sido reclamada.
• Asimismo, estableció que no pasa inadvertida la tesis jurisprudencial emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación de rubro: "EXENCIÓN PARCIAL DE UN TRIBUTO. LOS EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA UNA NORMA TRIBUTARIA INEQUITATIVA POR NO INCLUIR EL SUPUESTO EN QUE SE HALLA EL QUEJOSO DENTRO DE AQUÉLLA, SÓLO LO LIBERA PARCIALMENTE DEL PAGO.", sin embargo, en el caso sujeto a estudio se trata de una exención total, mientras que en el caso de la exención parcial, al no tener por efecto liberar al quejoso del pago del impuesto en su totalidad sino sólo el de desincorporar de su esfera jurídica la obligación tributaria en la parte inconstitucional, no es necesario impugnar la ley que establece la obligación tributaria toda vez que ésta sigue incorporada a la esfera jurídica de la parte quejosa. Así, en el caso de la exención total, se exime al contribuyente del pago total del impuesto, es decir, se desincorpora de su esfera jurídica la obligación de pago, en virtud de que la exención total libera totalmente al contribuyente de su obligación tributaria y, en consecuencia, afecta directamente el contenido de la disposición que establece dicha obligación de pago, de manera que en el caso en que el quejoso reclame una exención total, está obligado a reclamar también la norma que establece la obligación de pago.
CUARTO. Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 83/2006, interpuesto por Inmuebles e Inversiones, Sociedad Anónima, en la parte que interesa para efectos de la presente contradicción, señaló en el considerando quinto de dicha resolución, lo siguiente:
Inmuebles e Inversiones, S.A., solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del decreto por el que se exime el pago del impuesto al activo y se otorgan diversas facilidades administrativas a los contribuyentes que se mencionan, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día once de octubre de dos mil cinco.
De la demanda correspondió conocer al Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, órgano jurisdiccional que, previos los trámites legales correspondientes dictó sentencia en el sentido de sobreseer en el juicio por considerar que se actualizaba la causal de improcedencia contenida en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 80 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu.
Inconforme con dicha resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión del que correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
En su escrito de agravios, la quejosa manifestó esencialmente lo siguiente:
• Lo sostenido por la Juez de Distrito en el sentido de que el incluir a la quejosa en la exención contenida en el acto reclamado sería antijurídico por incongruente, es una situación que basta para revocar la sentencia reclamada y ordenar a la Juez de Distrito que ingrese al estudio del fondo del asunto que ante ella se planteó, pues es inconcuso que en términos de las disposiciones que rigen el juicio constitucional si se aborda el análisis de la constitucionalidad del decreto y llegara a estimarse que es contrario a la Constitución, el efecto del amparo no podría ser otro, que el constituir un derecho a favor de la quejosa.
• Que si de lo que se duele la quejosa es que por el decreto impugnado se limitó el trato igualitario y equitativo que se genera para todos los contribuyentes de ese impuesto, alterando inconstitucionalmente el sistema jurídico establecido para ese impuesto y generando un trato desigual para la quejosa respecto de otros contribuyentes del mismo impuesto, al no poder dejar sin efecto en forma general el decreto impugnado, resulta evidente que la única forma de restituir a la quejosa en el tratamiento igualitario que se eliminó con el decreto impugnado, es haciendo no aplicable el sistema tributario que le perjudica, ya sea mediante la no aplicación del gravamen o la devolución de los pagos que se realizaron en cumplimiento del sistema tributario que fue violado.
• La mencionada restitución no es algo inusual, ni genera un derecho indebido para quien fue excluido indebidamente del tratamiento igualitario, puesto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en multitud de casos ha ordenado que cuando el legislativo en una ley impositiva, de un tratamiento desigual a los contribuyentes de un impuesto determinado, con la misma actividad e igual capacidad contributiva, ordena que se aplique al quejoso el mismo tratamiento que se da a los contribuyentes a quienes se les otorga un trato especial.
El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consideró fundados los agravios hechos valer por la recurrente, atendiendo esencialmente a las siguientes consideraciones que son las que resultan relevantes para efectos de la presente contradicción:
• La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que si el pequeño contribuyente reclamaba la forma de calcular el tributo prevista en el artículo 2o. C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado debía sobreseerse, al surtirse la causal de improcedencia que prevé el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 80, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, pues el efecto de una posible concesión sería el de obligarlo a tributar conforme al régimen general de ley, causándole un perjuicio al incrementar sus cargas administrativas.
• Ahora, al analizar que también se pueden prever diversos coeficientes que repercuten en el cálculo de la base del impuesto, de conformidad con el tipo de actividad que realizan los pequeños contribuyentes, no podía seguirse aplicando válidamente aquel criterio para resolver ese tópico.
• Lo anterior, en virtud de que una posible concesión del amparo por estos motivos no sería para que dicho contribuyente tributara de acuerdo con el régimen general.
• Corroborando en el mismo tenor, la circunstancia de que se impugnaran de manera aislada los preceptos que prevén la exención parcial de un impuesto, sin reclamar los que regulan el mecanismo esencial de tributación, no generaría la improcedencia del juicio de garantías, dado que, en su caso, la concesión del amparo tendría efectos restitutorios en términos de lo previsto en el artículo 80 de la Ley de Amparo.
• Además porque los pequeños contribuyentes pagarán el impuesto correspondiente mediante estimativa del valor de las actividades que practiquen las autoridades fiscales, en lugar de hacerlo conforme al régimen general que la ley relativa dispone.
• Lo anterior lo sustenta en las jurisprudencias emitidas por el Tribunal Pleno, cuyos rubros son los siguientes: "VALOR AGREGADO, PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES. SI ADUCEN DESTACADAMENTE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS COEFICIENTES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 2o. C DE LA LEY RELATIVA, EN VIGOR A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2004, PROCEDE EL ESTUDIO DE FONDO." y "EXENCIÓN PARCIAL DE UN IMPUESTO. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS PRECEPTOS QUE LA PREVÉN, AUN CUANDO NO SE IMPUGNEN LOS QUE REGULAN EL MECANISMO ESENCIAL DE TRIBUTACIÓN."
• Aunado a lo anterior, del artículo 80 de la Ley de Amparo se advierte que las sentencias que conceden el amparo buscan restablecer las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, si es de carácter negativo, el fin será obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de respetar la garantía violada.
• En materia de amparo contra leyes en el que se conceda éste, el efecto será ordenar nulificar la eficacia jurídica de la ley reclamada en relación con el quejoso; cuando el juicio se haya promovido con motivo del primer acto de aplicación, éste también se declarará nulo y el efecto del amparo será impedir dicha aplicación por parte de la autoridad responsable en perjuicio del quejoso.
• Los efectos de la concesión de amparo están íntimamente ligados con la naturaleza del acto reclamado, ya que las características constitutivas de este último serán determinantes para fijar los alcances de una sentencia protectora de garantías. En todo caso es dejar incólume y eficaz la garantía violentada que la aplicación o vigencia del numeral pueda restringir, disminuir o desconocer, verbi gratia la equidad o igualdad de trato donde la restitución implica la no discriminación sino el trato igual a los iguales.
• En los amparos contra leyes, la sentencia que se otorgue concediendo el amparo tendrá un alcance relativo, en virtud de que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo, mas no así a personas ajenas al mismo; lo que pone de manifiesto que en un juicio de amparo no puede hacerse ninguna declaración general respecto de la ley, entendiendo esta limitación en el sentido de que dicha declaración tendrá que circunscribirse al quejoso sin beneficiar a otras personas, esto es, la concesión del amparo implica que el gobernado disfrute de la equidad concretándose esos efectos en la concesión otorgada.
• Por tanto, procede revocar el sobreseimiento decretado en el juicio por el Juez de Distrito, al estimar indebidamente que en la especie se actualizaba la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 80 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, y analizar las restantes causales de improcedencia propuestas por las autoridades responsables, conforme a lo dispuesto en el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo.
Igualmente el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver la revisión fiscal 101/2006, y la diversa revisión fiscal 70/2006, derivadas de amparos en los que se impugnó el decreto por el que se exime el pago del impuesto al activo y se otorgan diversas facilidades administrativas a los contribuyentes que se mencionan, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día once de octubre de dos mil cinco.
QUINTO. En primer lugar, debe examinarse si existe o no la contradicción de criterios denunciada.
Del análisis de las resoluciones reproducidas se infiere que sí existe la contradicción de tesis denunciada, en virtud de que sobre el mismo problema jurídico a saber, si se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 80 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, en el supuesto en que se impugne en el juicio de amparo, el decreto por el que se exime el pago del impuesto al activo y se otorgan diversas facilidades administrativas a los contribuyentes que se mencionan, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día once de octubre de dos mil cinco, por considerarlo violatorio de la garantía de equidad tributaria, sin impugnar las disposiciones que establecen los elementos esenciales de la contribución contenidos en la Ley del Impuesto al Activo, cuestión respecto de la cual, el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito consideró que se actualiza la mencionada causal de improcedencia debido a que los efectos del amparo se traducirían en dejar insubsistente para la quejosa el mencionado decreto lo que no produciría la liberación del pago del tributo porque esta obligación no proviene del decreto sino de la Ley del Impuesto al Activo que queda intocada, mientras que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito estimó que sí se pueden concretar los efectos del amparo consistentes en que el quejoso disfrute de la garantía de equidad.
Corroboran lo anterior, las siguientes jurisprudencias sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismas que son del tenor siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA. Es verdad que en el artículo 107, fracción XIII de la Constitución y dentro de la Ley de Amparo, no existe disposición que establezca como presupuesto de la procedencia de la denuncia de contradicción de tesis, la relativa a que ésta emane necesariamente de juicios de idéntica naturaleza, sin embargo, es la interpretación que tanto la doctrina como esta Suprema Corte han dado a las disposiciones que regulan dicha figura, las que sí han considerado que para que exista materia a dilucidar sobre cuál criterio debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, la oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión. Esto es, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las que constituyen precisamente las tesis que se sustentan por los órganos jurisdiccionales. No basta pues que existan ciertas o determinadas contradicciones si éstas sólo se dan en aspectos accidentales o meramente secundarios dentro de los fallos que originan la denuncia, sino que la oposición debe darse en la sustancia del problema jurídico debatido; por lo que será la naturaleza del problema, situación o negocio jurídico analizado, la que determine materialmente la contradicción de tesis que hace necesaria la decisión o pronunciamiento del órgano competente para establecer el criterio prevaleciente con carácter de tesis de jurisprudencia." (Novena Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, junio de 2000, tesis 1a./J. 5/2000, página 49).
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos." (Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, tesis P./J. 26/2001, página 76).
SEXTO. Demostrado que sí existe contradicción de tesis sobre la cuestión jurídica especificada, debe determinarse cuál es la tesis que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.
Con el objeto de determinar el criterio que debe prevalecer en la presente contradicción resulta necesario atender a lo dispuesto en el decreto por el que se exime del pago del impuesto al activo y se otorgan diversas facilidades administrativas a los contribuyentes que se mencionan, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de octubre de dos mil cinco, cuyos artículos
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20209-f5036ff1/activo-es-improcedente-el-amparo-por-violacion-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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