PREDIAL. LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DEL SUELO, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ESPECIALES, CONTENIDAS EN LOS DECRETOS NÚMEROS 292 Y 184, PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD FEDERATIVA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2002 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004, RESPECTIVAMENTE, TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 211/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y PRIMERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIO: ALFREDO ARAGÓN JIMÉNEZ CASTRO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo, tercero, fracción VI, y cuarto, del Acuerdo General Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente, en virtud de que se trata de la posible contradicción de criterios sustentados en asuntos que corresponden a la materia fiscal, especialidad de esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis es procedente en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que dicho numeral expresamente establece que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integren o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis contradictorias hubieren sido sustentadas, se encuentran facultados para denunciar, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicha contradicción.
En el presente asunto, los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito denunciaron la posible contradicción de criterios de que se trata, debiéndose concluir que se reunió el requisito de legitimidad señalado, puesto que se trata de los Magistrados integrantes de uno de los tribunales contendientes.
TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 151/2006-I, promovido por Fernando Javier Treviño Garza y Ana Lucía Garza de Treviño, en la parte que interesa para efectos del presente asunto, señaló lo siguiente:
En el sexto concepto de violación, la parte quejosa aduce, en esencia, violación al artículo 115 constitucional, merced a que de conformidad con el decreto que reforma dicho numeral, publicado el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, a partir del veintitrés de marzo de dos mil uno, las cuotas y tarifas del impuesto predial debieron ser propuestas por el Ayuntamiento y aprobadas por el Congreso del Estado, lo que en su opinión no aconteció, por lo que el impuesto reclamado conculca lo dispuesto en el artículo 115, fracción IV, constitucional y, en consecuencia, violenta el principio de legalidad tributaria previsto por el artículo 31, fracción IV, constitucional.
En relación con dicho argumento, el Tribunal Colegiado estimó que el mismo es inoperante para el otorgamiento del amparo, debido a lo siguiente:
El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 45/2004, estableció que el hecho de que un Ayuntamiento omita proponer al Poder Legislativo Estatal la base o las tasas del impuesto predial que regirá en su Municipio, o bien, que haciéndolo, la legislatura los desestime, no genera a los contribuyentes una violación al proceso legislativo que les depare perjuicio, de manera similar a lo que acontece cuando el Congreso, sea Federal o Local no causa perjuicio a los gobernados si al expedir una ley no acoge las proposiciones que se le formularon en una iniciativa.
En el séptimo concepto de violación, la quejosa se duele de que el artículo 17 de la Ley de Catastro contraviene el principio de legalidad tributaria en tanto que no define los conceptos de profundidad, coeficiente de demérito, límite inicial y final en metros lineales, siendo la autoridad administrativa quien determina a su libre arbitrio la profundidad de los predios.
Al respecto, el Tribunal Colegiado consideró que el precepto referido no viola el principio de legalidad tributaria, en virtud de lo siguiente:
Aun cuando el valor catastral constituye la base gravable del impuesto predial y es determinado utilizando un coeficiente de demérito de valor por profundidad, ello no implica que el precepto referido viole la garantía de legalidad tributaria, pues no se genera incertidumbre en la determinación del impuesto al emplearse en dicho numeral el término "profundidad" del predio.
El principio de legalidad tributaria implica que las normas deben ser claras, de tal manera que sean asequibles al destinatario, empero, no llega al extremo de exigir al legislador la definición de todos y cada uno de los vocablos utilizados, como si formulara un diccionario, si los que eligió tienen un uso que en el medio son de claridad meridiana.
De acuerdo con ello, y contrario a lo pretendido por la inconforme, la expresión "profundidad", es, por sí sola, comprensible, sin que pueda aceptarse que su empleo en la ley sea violatorio del principio de legalidad tributaria, ni exigirse que el legislador defina tal locución.
Máxime que si las autoridades administrativas al aplicar la disposición relativa se apartan del contenido usual de esa expresión, al examinar en amparo la constitucionalidad de sus actos, la correcta interpretación de la ley bastaría para corregir el posible abuso cometido, sin que lo anterior pudiera significar que se hubieran delegado a favor de aquéllas, facultades legislativas y que por ello, la ley fuera inconstitucional.
Por otra parte, estimó infundado el argumento en el que la quejosa sostiene que la aplicación del factor de demérito para la determinación de los valores catastrales que sirven de base para el cálculo del impuesto, produce una violación a los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, debido a que el paso de un rango de profundidad al inmediato superior es desproporcional, ya que un mínimo cambio en el valor del límite inicial en metros lineales y el límite final, genera la aplicación de un coeficiente diverso con una diferencia notoriamente mayor que la variación, lo que también resulta inequitativo, puesto que tratándose de inmuebles en el que uno de ellos exceda del otro solamente en una milésima de unidad, no es suficiente para considerar que se trate de situaciones diferentes entre sí y que, en consecuencia, proceda aplicarle dos coeficientes distintos.
Para ello, señaló que el valor catastral se obtiene de multiplicar las unidades de construcción del predio por el valor unitario de construcción que le corresponda de los decretados por la Legislatura Local, a ello deberá sumarse el resultado de multiplicar las unidades de suelo del predio por el valor unitario de suelo determinados por el propio órgano en cita. Ahora, cuando se esté en el caso de predios con una profundidad mayor de veinticinco metros, al valor de suelo se le aplicará el coeficiente de demérito de valor por profundidad que prevé la tabla del citado numeral, entendiéndose por coeficiente de demérito, aquel factor o porcentaje que disminuye los valores unitarios de suelo. Por su parte, la profundidad es la distancia medida en forma perpendicular entre el frente del lote y el punto más alejado del frente, cuya longitud está expresada en metros lineales.
Con base en ello, se tiene que la aplicación del factor de demérito para la determinación de los valores catastrales, que sirven de base para la determinación del impuesto predial a su cargo, no transgreden los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, puesto que el paso de un rango de profundidad inmediato superior, no transgrede el principio de proporcionalidad, en tanto que no pasa por alto la capacidad contributiva del sujeto pasivo del impuesto, determinado por el valor del inmueble de su propiedad que se encuentra en el rango inmediato inferior, en virtud de que el paso de un rango a otro no conlleva que respecto de él, por la aplicación de los coeficientes de demérito se incremente su base gravable, pues aun con la aplicación del coeficiente aludido, para el predio que se encuentre en el rango inmediato superior, el impuesto se determinará sobre la base del valor catastral del inmueble de su propiedad y de esta forma no se le obliga a tributar sobre una base distinta de su capacidad contributiva.
Por otra parte, señaló que el "coeficiente de demérito de valor de profundidad" instituye un "límite inicial en metros lineales", en relación con determinados rangos establecidos en la tabla en cita, siendo así la aplicación de este "coeficiente" lo que origina que se grave diferencialmente, y de manera proporcional a cada causante según la profundidad de su predio y lo que se hubiere construido en el mismo.
Por ende, si la capacidad contributiva del particular es determinada por el valor catastral de su propiedad, cabe concluir que en el caso sí se cumple con el principio de proporcionalidad aludido, dada la diferenciación de los coeficientes, pues debe considerarse que la tabla de coeficientes de valor por profundidad establece un porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior de cada región, mecanismo éste que impide que se produzca un salto cuantitativo desproporcionado entre cada renglón, en tanto que disminuye gradualmente el coeficiente, según aumente la profundidad del predio.
Sentado lo anterior, es posible establecer que tampoco se infringe el principio de equidad tributaria, dado que si bien respecto del predio ubicado en el rango inferior de profundidad, por la no aplicación del coeficiente de demérito, su valor catastral permanece intacto y puede tener una base gravable superior, tocante del predio ubicado en el rango inmediato superior, si bien por la aplicación del coeficiente de demérito reduce su base gravable, ello es correlativo de la disminución del valor catastral del predio, lo que constituye un impacto negativo en el patrimonio, que a su vez no se le aplica al predio ubicado en el rango inferior, cuyo valor catastral de esta forma queda intocado.
Lo que permite señalar que se respeta el principio de equidad tributaria, dado que existe un trato igual para los iguales y desigual para los desiguales, en tanto que no se trata de sujetos con la misma capacidad contributiva determinada por el valor del inmueble objeto del gravamen.
Asimismo, aduce la quejosa que el artículo 17 de la Ley de Catastro, transgrede los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, toda vez que dicho dispositivo no prevé un "coeficiente de demérito por profundidad de terreno", aplicable cuando el predio exceda de trescientos setenta y dos metros y ochenta y cinco centímetros "372.85" en cuanto al "límite final en metros lineales".
El anterior concepto resulta inoperante, puesto que para que la parte quejosa pueda argumentar que tal cuestión le causa un perjuicio, debe acreditar que sus predios se encuentran en ese especial y singular supuesto de la norma, dado que sólo el que resiente un agravio puede alegar al respecto y no se advierte que los inmuebles respecto de los cuales las quejosas se ostentan como propietarios, excedan del límite de los trescientos setenta y dos metros y ochenta y cinco centímetros -"372.85" metros- de profundidad que combate.
En diverso concepto de violación, la quejosa manifiesta que el artículo 17 de la Ley de Catastro, contraviene los principios de equidad y proporcionalidad, dado que condiciona la aplicación del coeficiente de profundidad, que repercute en el monto del impuesto a pagar a la unidad de medición que utilice la autoridad administrativa, por lo que si el predio se mide por hectárea, no se aplica un coeficiente de profundidad, no obstante si se utiliza otra medida como el metro cuadrado, en ese caso sí se aplica el referido coeficiente de profundidad, por lo que dos predios con las mismas características llegarían a pagar diferentes cantidades si la autoridad mide uno de ellos por metros cuadrados y a otro por hectárea.
El anterior argumento es infundado debido a lo siguiente.
De la interpretación sistemática de los preceptos 14, 16 y 21 de la Ley de Catastro, y los artículos 15, 18 y 19 del reglamento de la referida ley, se advierte que el legislador determinó diversas categorías de propiedad, atendiendo sobre todo al destino de las mismas. Así, por un lado, determinó que las propiedades se considerarán urbanas cuando se encuentren dentro de un centro de población que cuente con trazo de calles y con al menos un servicio público. A dichas propiedades, le será aplicable la unidad de medición de "metro cuadrado".
Por otro lado, las propiedades rústicas, a las cuales se les aplica la unidad de medición de "hectárea", siempre que no colinde con el trazo de una carretera estatal o federal, son aquellas que no cuentan con los elementos necesarios para considerarse como urbanas, tales como los servicios públicos y calles.
En este sentido, puede decirse que el legislador estimó que la propiedad rústica es aquella que no se encuentra dentro de los centros de población y el destino de las mismas es agrícola, ganadero o forestal.
Por tal motivo, resulta evidente que la diferencia de medidas atiende a las características y destino de la propiedad, elementos objetivos que permiten diferenciar la propiedad urbana y la propiedad rústica. De ahí que ante la racionalidad de la diferenciación y toda vez que no se está ante un acto discrecional de la autoridad exactora, es evidente que el artículo 17 de la Ley de Catastro, no transgrede el principio de equidad y proporcionalidad tributaria, pues la unidad de medida que se utilice no depende del arbitrio de la autoridad, sino de la naturaleza del bien de que se trate.
Por otro lado, la quejosa sostiene que el artículo 18 de la Ley de Catastro, es violatorio de las garantías de seguridad y certeza jurídica previstas en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, toda vez que se equipara el valor catastral con el valor de mercado, tomando como referencia las tablas de valores de suelo y construcción aprobadas por la Legislatura Local, lo que demuestra que el valor de mercado no constituye el valor real de mercado, sino otra forma de denominar al valor catastral, con lo cual se genera confusión en los términos o conceptos infringiendo lo establecido por el artículo 115 constitucional y transitorios de la reforma de mil novecientos noventa y nueve, y que deja de cumplir con la obligación constitucional de que a partir del año dos mil dos el valor catastral sea equiparable al verdadero valor de mercado de los bienes.
El anterior argumento resulta inoperante, pues sobre el tema central del debate, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, vía jurisprudencia, que el referido numeral no es violatorio del artículo 115, fracción IV, de la Constitución, y del artículo quinto transitorio de la reforma de veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.
Por otra parte, en el noveno concepto de violación, la quejosa sostiene, en esencia, que el artículo 24 de la Ley de Catastro, viola el principio de equidad y legalidad, merced a que el artículo 21 bis 8, de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado, vigente para el año dos mil cuatro, regula diversas tasas aplicables a la base gravable del impuesto, tomando en consideración el uso de suelo con que cuente el predio, estableciendo un porcentaje mínimo de superficie de construcción y diversos criterios para considerar que un predio no es baldío además de que los factores que se toman en consideración para clasificar un inmueble como predio baldío, son ambiguos, oscuros, contradictorios y relativos, ya que no justifican con medio de convicción alguno dicho tratamiento diferente.
En relación con lo anterior, también señala la quejosa que el artículo 21 bis 8 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, transgrede los principios de legalidad tributaria, toda vez que el numeral impugnado prevé que para efectos del impuesto predial, se aplicará a todos los predios una tasa de dos al millar. Sin embargo, cuando se trata de predios baldíos, se establecen dos tasas distintas, ya que mientras los inmuebles de esas características que se ubican dentro del área metropolitana de Monterrey, deben pagar una tasa adicional de dos al millar a los predios baldíos ubicados en los demás Municipios del Estado se les aplicará una tasa adicional de uno al millar.
Dichos argumentos resultan inatendibles, puesto que del análisis de las constancias que obran en autos, se advierte que los inmuebles que motivaron el juicio de garantías no se ubican dentro del concepto de predio baldío a que se refiere el artículo 24 de la Ley de Catastro, por lo que en relación con dicho predio, la parte quejosa no puede aducir la aplicación del artículo 21 bis 8 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado, ya que no le causa afectación la disposición que establece qué debe entenderse por baldío ni la sobretasa que el legislador previó para este tipo de inmuebles.
En diverso argumento, la quejosa aduce que los valores catastrales aprobados por el Congreso Estatal, son violatorios de los artículos 16, 31, fracción IV y 115, fracción IV, de la Constitución Federal, puesto que no se siguió el trámite establecido por el último de los numerales mencionados, ya que no hay constancia de que las tablas aprobadas por la Legislatura Estatal, hubieren sido propuestas por el Ayuntamiento, aunado a que, de haber existido tal propuesta, la misma adolece de la motivación que debe revestir todo acto de autoridad.
Al respecto se señaló que el argumento es inoperante en cuanto aduce que las tablas de referencia no transgreden el artículo 115, fracción IV, de la Constitución, dado que el hecho de que esa autoridad haya omitido proponer al Poder Legislativo Estatal los valores catastrales, no genera una violación al proceso legislativo, pues esa facultad es discrecional, de ahí que ello no le depara ningún perjuicio al causante, tal como lo determinó el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1/2005, cuyo rubro es: "PREDIAL MUNICIPAL. REFORMAS AL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE DICIEMBRE DE 1999, Y ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO CORRESPONDIENTE. LAS FACULTADES QUE OTORGAN A LOS AYUNTAMIENTOS PARA PROPONER A LOS CONGRESOS LOCALES LAS BASES Y TASAS DE DICHO TRIBUTO SON DE EJERCICIO DISCRECIONAL, POR LO QUE SU OMISIÓN NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL PROCESO LEGISLATIVO QUE DEPARE PERJUICIO A LOS CONTRIBUYENTES."
Por otra parte, dicho argumento resulta infundado puesto que al tratarse de actos legislativos es innecesario explicar los fundamentos o motivos por los cuales se expiden y promulgan, pues se atiende a las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, pues basta que la autoridad correspondiente esté constitucionalmente facultada para expedirla, como sucede en el caso en donde los artículos 115, fracción IV, 16, párrafos primero y segundo, y fracción II, y 124 de la Constitución Federal, así como el 63, fracción I, 70 y 71 de la Constitución del Estado, otorgan al Congreso Local la facultad de emitir decretos a través de un acto legislativo en el que se determinan los valores unitarios de suelo y construcción, de tal manera que el hecho de que no se exponga en forma razonada en el texto mismo de los decretos de qué manera se obtuvieron dichos valores ni tampoco el fundamento en que se basó la autoridad, dicha circunstancia por las razones expuestas, no lo hace ilegal.
Adicionalmente, señala la quejosa que el decreto por medio del cual se aprueban los valores catastrales del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, es inconstitucional, viola lo dispuesto en los artículos 31, fracción IV, y 115, fracción IV, de la Constitución Federal, por las razones siguientes.
• No establece los valores unitarios del suelo de los inmuebles ubicados en dicho Municipio, produciendo que dos predios con características similares e incluso con el mismo valor del terreno, uno de ellos con construcción y el otro sin ella, pagarán su impuesto sobre el mismo valor gravable, es decir, solamente sobre el valor de la construcción traduciéndose esto en una falta de equidad.
• Es desproporcional, dado que no guarda proporción con el valor real del inmueble, puesto que en el decreto de trato no se establecen los valores del suelo, ya que no hay elemento alguno que así lo indique.
• No menciona si el valor correspondiente al expediente se refiere al valor total del predio o al valor por metro cuadrado.
• Las tablas de valores de la construcción del citado Municipio realizan la clasificación de las construcciones en primera, segunda y tercera categorías, mas sin embargo, no se expresan las razones, motivos o circunstancias por las cuales se realice la clasificación de los valores de la construcción en esas "categorías", circunstancia que provoca que la autoridad administrativa a su libre arbitrio determine en qué categoría encuadra una determinada construcción y le confiera un valor, lo que se traduce en una violación al principio de legalidad tributaria y a lo establecido en el artículo 115 constitucional.
Utilizan los vocablos "tipo", "categoría" y "valores aprobados en pesos por m2, industrial y comercial" sin precisar el concepto o significado que se les pretende dar a dichos términos.
• No establecen valor de la construcción para las casas, situación que evidentemente es desproporcional e inequitativa, ya que para los demás predios ubicados en dichos Municipios sí se establece el valor de la construcción de los mismos y para éstos se realiza una valorización individual, dejando además al libre arbitrio de la autoridad administrativa la determinación de los valores para dichos inmuebles, en virtud de no encontrarse establecida en ley dicha valorización.
• No establecen factores de demérito y compensación que, utilizando la terminología propia de los valuadores profesionales, "premien" o "castiguen" el valor catastral si el inmueble se aparte de "lote tipo", es decir, que aumenten o disminuyan el valor del predio si éste tiene características diferentes al resto de los predios de este sector, como pudiera ser un desnivel pronunciado, accidentes orográficos, estar situado en esquina, tener forma irregular, contar con un uso comercial y cualquier otro factor o circunstancia que influya en la determinación del valor del inmueble, lo cual se traduce en una falta de equidad, en razón de que al no considerar estos factores en la determinación del valor catastral, se otorga un trato igual para los desiguales, ya que tributan en los mismos términos quienes se encuentran en diferente situación en relación con el valor del predio.
• En relación con la afirmación consistente en que las tablas de valores de la construcción del referido Municipio, violentan el principio de legalidad tributaria, toda vez que realizan la clasificación de las construcciones en "primera, segunda y tercera" categorías, sin expresar las razones, motivos o circunstancias por las cuales se realizan dichas categorías, dejando al libre arbitrio de la autoridad administrativa determinar en qué categoría encuadra determinada construcción y le confiera un valor, además de que no se definen con precisión dichos conceptos.
Al respecto, consideró el Tribunal Colegiado, que el decreto impugnado por tratarse de un acto dentro del proceso legislativo, su fundamentación y motivación se encuentra en el hecho de haber sido expedido por el órgano facultado por la Constitución y para regular relaciones sociales que así lo exigen, lo que en el caso acontece, pues al Congreso del Estado le corresponde la facultad de expedir las leyes atinentes a las contribuciones que formarán la hacienda pública municipal, y al gobernador del Estado le corresponde promulgarlas, de conformidad con los artículos 63, fracción X, y 85, fracción X, de la Constitución del Estado.
El carácter esencial que como elemento del tributo reviste la base gravable, por el papel que desempeña en la cuantificación del hecho imponible en concreto, y de la obligación tributaria en general, es indudable y constituye, por ende, un elemento al que hay que predicar las exigencias del principio de legalidad en materia tributaria, esto es, debe ser regulado, en consecuencia, por una ley expedida por el Congreso de la Unión.
Al respecto, consideró que con base en la tesis plenaria de rubro: "LEGALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY.", concluye que es posible que la ley encomiende a la autoridad fiscal o a alguna otra de carácter administrativo, la fijación de uno o más componentes de la base imponible.
Señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que si bien está reservado a la ley establecer los métodos a emplear para determinar la base gravable del impuesto de que se trate, no menos cierto es que, a su vez, la letra de la norma primaria puede depositar la determinación de ciertos aspectos que inciden en la cuantificación del hecho imponible a la autoridad administrativa, lo cual no implica violación al principio de legalidad, en virtud de que dada la complejidad, especialización y técnicas que se requieren para la idoneidad y objetividad de aquélla, pueden encontrarse regulados en disposiciones reglamentarias e, incluso, de ínfimo orden jerárquico, puesto que no debe perderse de vista que la determinación de la base gravable tiende a recoger la máxima fidelidad de la capacidad económica del contribuyente dentro del sistema tributario mexicano.
En virtud de lo anterior, la falta de regulación sobre el mecanismo que permita a la autoridad respectiva la obtención del componente o componentes de la base gravable, no origina por sí mismo la vulneración al principio de legalidad tributaria, ya que puede ocurrir que la actividad encomendada al órgano estatal se reduzca a la constatación de datos o indicadores económicos establecidos en la propia legislación o normatividad de menor jerarquía estrictamente técnica.
De los artículos 21 bis 2, 21 bis 3 y 21 bis 7, de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, 7o., 9o., 12 a 19, 19 bis, 20, 21, 22 y 24 de la Ley de Catastro, así como 17 a 24 del Reglamento de la Ley de Catastro, se advierte que en materia de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, los Ayuntamientos propondrán a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para su cobro.
Asimismo, en materia de impuesto predial, las disposiciones citadas establecen que la valuación catastral se hará considerando separadamente el suelo y las construcciones o cualquier tipo de mejoras existentes.
De esta manera, el valor catastral de los predios, que constituye la base del impuesto, se determinará multiplicando las unidades de construcción con las que cuente el predio, por el valor unitario de construcción de entre los decretados por el Congreso del Estado, adicionado con el producto que resulte de multiplicar el número de unidades de suelo con las que cuenta el predio, por el valor unitario de suelo que le corresponda de entre los decretados por la Legislatura Estatal. El valor catastral así determinado, será el equiparable al valor de mercado para todos los efectos legales.
Es importante mencionar que los Ayuntamientos realizarán o contratarán estudios de valores de suelo y construcción, que deberá proponer al Congreso del Estado a más tardar en la segunda quincena del mes de octubre del año anterior a aquel en el que inicien su vigencia.
Asimismo, las Juntas Municipales Catastrales serán las encargadas de emitir opiniones sobre los valores unitarios de suelo y construcción que hayan sido contratados o efectuados por el Municipio respectivo. Además, se encargarán de aprobar valores unitarios cuando a juicio de la Tesorería Municipal los valores de un predio o manzana sean superiores a los valores de mercado y sólo en el caso de que exista una inconformidad respecto a los valores catastrales, determinados conforme al artículo 17 de la Ley de Catastro, los contribuyentes podrán inconformarse ante la Junta Municipal Catastral que corresponda.
Finalmente, debe decirse que el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Catastro dispone, en lo que interesa, que para determinar los valores unitarios aplicables a las edificaciones o construcciones, se tomarán como base los distintos materiales utilizados en techos, muros, pisos, acabados interiores y exteriores, equipamiento y uso de la construcción; así como la zona en la que se ubican en atención a la plusvalía.
De esta manera, se clasificarán los predios como de primera, segunda y tercera.
De lo anterior se advierte que la Ley de Catastro establece el mecanismo de cálculo del valor catastral de los predios, como base del impuesto predial, y otorga a las Juntas Municipales Catastrales la facultad de determinar los valores unitarios del suelo y construcciones conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Catastro.
Ahora, dicha remisión no debe entenderse contraria a los principios de legalidad y reserva de ley, pues es aceptable desde el punto de vista constitucional que se le permita a la autoridad administrativa intervenir en el señalamiento de directrices o principios para fijar la base del impuesto, cuando se trata de materias técnicas o de indicadores económicos o financieros cuya expresión aritmética no pueda incorporarse al texto legal, porque dependa de diversas variables y
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20106-21d3e17d/predial-las-tablas-de-valores-unitarios-del-suelo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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