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Modo: Corpus Pro

NEGATIVA FICTA. LA DEMANDA DE NULIDAD EN SU CONTRA PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO POSTERIOR A SU CONFIGURACIÓN, MIENTRAS NO SE NOTIFIQUE AL ADMINISTRADO LA RESOLUCIÓN EXPRESA (LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 169/2006-SS. · Registro digital (IUS): 19924
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Enero de 2007, , Pág. 1276.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 169/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.

SECRETARIO: ROLANDO JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII y 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia administrativa, cuya especialidad corresponde a esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues la hicieron los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de conformidad con el artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo.

TERCERO. A fin de estar en posibilidad de resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, es conveniente conocer las consideraciones sostenidas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias respectivas.

I. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el dieciséis de mayo de dos mil uno el juicio de amparo directo 128/2001-II, sostuvo, en la parte que interesa conocer, lo siguiente:

"SEXTO. Son infundados los conceptos de violación.

"En efecto, la empresa ahora quejosa promovió juicio contencioso administrativo en contra del Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, con motivo de la negativa ficta que recayó a la solicitud respecto al pago de la indemnización a que se refieren los artículos 10 y 19 de la Ley Estatal de Expropiación por Causa de Utilidad Pública, como consecuencia de la ejecución de obras del proyecto ‘Integración Urbana San Agustín -Valle Oriente- Monterrey Sur’, presentado el doce de agosto de mil novecientos noventa y nueve.

"Por acuerdo de diez de febrero del año próximo pasado, la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado desechó la demanda por ser extemporánea, de conformidad con los artículos 46, primero y tercer párrafos y 56, fracción V, de la Ley de Justicia Administrativa vigente en el Estado.

"Contra lo anterior se interpuso el recurso de revisión, el que fue resuelto por la Magistrada de la Sala Superior y presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, mediante la resolución de diez de marzo del año dos mil, en donde se confirma el auto recurrido y, en consecuencia, se desecha la demanda interpuesta por el recurrente. Determinación la anterior que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional.

"Aduce el inconforme en su primer agravio la indebida aplicación del artículo 56, fracción V, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, en relación con el artículo 46 del mencionado ordenamiento legal, en virtud de que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, confirma la opinión de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al afirmar que los treinta días hábiles que establece el artículo 46 de la Ley de Justicia Administrativa, para la promoción del juicio contencioso administrativo, opera cuando se impugna una negativa ficta a partir de los cuarenta y cinco días después de que el particular presentó su petición, sin que de la lectura del propio numeral se pueda concluir que el mencionado término fatal comience a correr una vez que nace el derecho a demandar para el caso de negativa ficta, ya que al interpretar el contenido del citado artículo 46, a la luz del artículo 8o. constitucional, se tiene que la naturaleza jurídica de la demanda en contra de una negativa ficta conlleva el respeto al derecho de petición consagrado por nuestra Carta Magna.

"Para una mejor comprensión, resulta conveniente transcribir los siguientes artículos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León (se transcriben).

"Antes de continuar es menester precisar lo siguiente:

"La disposición legal transcrita establece que en el caso de la negativa ficta, el derecho a demandar nace al transcurrir los cuarenta y cinco días después de que el particular presentó su petición, y si bien es cierto el precepto no dice expresamente cuando concluye el término para impugnar una negativa ficta, de la interpretación integral del contenido que nos brinda el referido artículo 46 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, se advierte que el término para presentar una demanda es de treinta días hábiles, así que de la disposición legal en comento se puede establecer que el plazo para impugnar la negativa ficta nace cuarenta y cinco días después de que el particular presentó su petición y no obtuvo respuesta de la autoridad, y concluye al transcurrir los treinta días hábiles para la presentación de la demanda, por lo que si en la especie se encuentra probado que transcurrieron los cuarenta y cinco días y los treinta días hábiles para presentar la demanda es claro que ésta es extemporánea.

"(se transcriben los artículos 50 y 56).

"Ahora bien, los conceptos de violación vertidos por la quejosa son infundados, pues contrariamente a lo que afirma el inconforme y como correctamente lo estableció la autoridad responsable en su resolución, es inexacto que haya habido una indebida aplicación del artículo 56, fracción V, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, toda vez que, como ha quedado establecido, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el precepto legal antes indicado.

"Esto es así, porque la propia quejosa reconoce que el doce de agosto de mil novecientos noventa y nueve, presentó una solicitud ante el secretario del Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, a fin de solicitar el pago de la indemnización que establecen los artículos 10 y 19 de la Ley Estatal de Expropiación por Causa de Utilidad Pública como consecuencia de la ejecución de obras del proyecto ‘Integración Urbana San Agustín -Valle Oriente- Monterrey Sur’, con motivo de la negativa ficta que recayó a su solicitud, mencionado bajo protesta de decir verdad que a la fecha no ha sido notificada la empresa de respuesta alguna a su petición, habiendo transcurrido en exceso el término de cuarenta y cinco días para considerar que la autoridad resolvió negativamente, conforme a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado.

"Entonces, al haberse presentado la demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo el siete de febrero del año próximo pasado, es evidente que transcurrieron los cuarenta y cinco días que establece el artículo 46 de la Ley de Justicia Administrativa, así como los treinta días hábiles que establece el artículo 50 de la ley en consulta, de donde se deviene que la demanda es extemporánea y, en consecuencia, opera la causa de improcedencia prevista por el artículo 56, fracción V, de la Ley de Justicia Administrativa. Por lo que la resolución emitida por la responsable que confirma el auto del diez de febrero del año próximo pasado que desecha la demanda interpuesta por la demandante, se encuentra ajustada a derecho.

"Aduce la recurrente que en la foja 5 de su resolución, la autoridad manifiesta que han transcurrido en exceso los términos del artículo 46 de la Ley de Justicia Administrativa, no mencionando cuales términos, solamente que se da el supuesto.

"El anterior argumento es insuficiente por sí solo para conceder la protección de la Justicia Federal, sobre todo cuando en el sumario se encuentra probado que la demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo fue presentada en forma extemporánea, pues el propio inconforme reconoce que su solicitud cuya negativa ficta reclama fue hecha el doce de agosto de mil novecientos noventa y nueve, por lo que conforme al artículo 46 de la Ley de Justicia Administrativa, el derecho a demandar nace al transcurrir cuarenta y cinco días después de que el particular presentó su petición, salvo que haya términos más reducidos en la ley de la materia, por lo que los cuarenta y cinco días concluyeron el veintiséis de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, mientras que los treinta días hábiles fenecieron el quince de noviembre del mismo año, de donde resulta claro que si la demanda se presentó ante el Tribunal de lo Contenciosos Administrativo el siete de febrero del año dos mil, es manifiesto que se presentó en forma extemporánea.

"Aduce la inconforme que la autoridad interpreta inexactamente al decir que el término de treinta días hábiles que establece el artículo 46 de la Ley de Justicia Administrativa, de que dicho término empieza a correr al día siguiente de que haya tenido conocimiento de ello, circunstancia que en ningún momento se acredita, ya que el término de treinta días hábiles para interponer la demanda aplica únicamente para el caso de que exista una resolución notificada al demandante, ya que el derecho a demandar nace al transcurrir los cuarenta y cinco días después de que el particular presentó su petición, pero no se establece cuándo concluyó el derecho, y si la ley no expresa término de fenecimiento, es por que se puede hacer valer en cualquier tiempo.

"El anterior argumento es infundado, porque como ha quedado establecido, el artículo 46 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, establece que para presentar una demanda será de treinta días a partir de que se haya notificado la resolución, el procedimiento o acuerdo que se reclama, pero tratándose de negativa ficta, el derecho nace al transcurrir los cuarenta y cinco días después de que el particular presentó su solicitud, y en tal virtud al haber transcurrido en la especie los cuarenta y cinco días sin que la autoridad haya dado respuesta a la solicitud y posteriormente los treinta días para presentar la demanda, es evidente que ésta es extemporánea, siendo inexacto lo afirmado por la quejosa en el sentido de que la ley no establece término para reclamar la negativa ficta de la autoridad, pues es inconcuso, que el derecho nace al transcurrir los cuarenta y cinco días sin que la autoridad haya dado respuesta a la solicitud y termina al concluir los treinta días hábiles para presentar la demanda.

"Siendo, por tanto, inaplicable al caso la tesis que cita la inconforme en su demanda de garantías, pues con independencia de que por tratarse de un criterio emitido por un diverso órgano colegiado, no implica obligatoriedad para este tribunal, cabe señalar que el código procesal del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, vigente en la época en que se emitió la tesis ha sido abrogado, como se establece en el artículo segundo transitorio de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, publicada en el Periódico Oficial del Estado el veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y siete, en virtud de que la legislación estatal de referencia, sí establece término para impugnar la negativa ficta.

"En el segundo concepto de violación se impugna la inconstitucionalidad del artículo 46 de la Ley de Justicia Administrativa vigente en el Estado de Nuevo León, ya que al establecer un término fatal para la interposición del juicio contencioso administrativo en contra de una negativa ficta, viola los artículos 8o. y 14 de la Carta Magna, ya que la naturaleza propia del juicio contencioso administrativo en contra de una resolución negativa ficta consiste precisamente en el respeto al derecho de petición, por lo que al aplicarse dicho plazo máximo para la promoción de la demanda, redunda en que a la autoridad se le releve de su obligación constitucional de contestar su petición efectuada de manera pacífica y respetuosa, dejando a la quejosa en notorio estado de indefensión al privársele de sus derechos sin haber sido oído y vencido en juicio.

"El anterior argumento es infundado, pues es inexacto que el artículo 46 de la Ley de Justicia Administrativa sea inconstitucional, al establecer un término para la interposición del juicio contencioso administrativo, pues contrariamente a lo que sostiene la inconforme, precisamente el evento de establecer en la ley de la materia un término para impugnar la negativa ficta, protege las garantías de legalidad y exacta aplicación de la ley previstas por los artículos 14 y 16 de la Constitucional General de la República.

"Ahora bien, en la especie no se debe de confundir el derecho de petición con la negativa ficta, toda vez que son dos instituciones diferentes, pues el derecho de petición, consiste en que a toda solicitud formulada por escrito, de manera pacífica y respetuosa, debe recaer una contestación también por escrito de la autoridad, la cual deberá hacerse saber en breve término; por otra parte, la negativa ficta es el sentido de la respuesta que la ley presume ha recaído a una petición, instancia o recurso formulado por escrito por un particular, cuando la autoridad omite resolverlo en el plazo de cuarenta y cinco días, la configuración de la resolución negativa ficta da el derecho a combatirla ante el órgano correspondiente a través del juicio de nulidad, en cambio, el derecho de petición consagrado por el artículo 8o. constitucional se puede hacer valer en cualquier tiempo, a través del juicio de amparo, por referirse a la violación de una garantía individual, así que el evento de que la ley de la materia en el artículo 46, establezca que tratándose de la negativa ficta el derecho a demandar nace al transcurrir cuarenta y cinco días después de que el particular presentó su petición, y concluye al transcurrir los treinta días hábiles para la presentación de la demanda, de ninguna forma transgrede en perjuicio de la quejosa sus garantías individuales.

"Es aplicable al caso la jurisprudencia que al respecto sostiene el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se comparte por este tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, octubre de 1997, tesis I.1o.A. J/2, página 663, que dice:

"‘NEGATIVA FICTA Y DERECHO DE PETICIÓN. SON INSTITUCIONES DIFERENTES.’ (se omite la transcripción por innecesaria).

"Consecuentemente, al advertirse que el acto reclamado no transgrede en perjuicio de la peticionaria del amparo sus garantías de legalidad y exacta aplicación de la ley previstas por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal que se solicita."

II. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el diecisiete de agosto de dos mil seis el juicio de amparo directo 104/2006-III, sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:

"QUINTO. El primero de los conceptos de violación que expresa la quejosa, resulta esencialmente fundado y suficiente para concederle la protección federal que demanda, aserto que se sustenta en las siguientes consideraciones.

"Para mayor claridad, es oportuno reseñar los antecedentes del caso, en aquello que resulta conducente.

"Mediante escrito presentado el diez de enero de dos mil seis, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, María Claudia Escamilla Espinoza, en representación de la persona moral ‘Transporte Urbano del Pilón, Sociedad Civil’, promovió juicio de nulidad en contra de la resolución negativa ficta imputada a la autoridad denominada Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema del Transporte Público de Nuevo León, respecto de su solicitud de regularización de servicio de transporte público en la ruta 4 del Municipio de Montemorelos, Nuevo León.

"Por auto de fecha trece de enero del presente año, la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, resolvió desechar la demanda de nulidad, con base en que la misma se presentó de manera extemporánea, es decir, fuera del término de treinta días previsto en el artículo 46, en relación con el 17, fracción XIII, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León.

"En contra de esa determinación, la ahora quejosa interpuso el recurso de revisión, medio ordinario de defensa que fue resuelto por la Magistrada de la Sala Superior y presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. Es esta última resolución, la que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo, y se sustentó en las consideraciones que enseguida se resumen.

"En el considerando quinto, la autoridad responsable sostuvo, en primer lugar, que el primero de los agravios expresados por la recurrente, en cuanto a que el acuerdo impugnado carecía de fundamentación y motivación, resultaba infundado; pues la Sala de primera instancia, a efecto de desechar la demanda, estableció cuál era el acto impugnado en el juicio de nulidad, consistente en la negativa ficta, también precisó que fue el día veintinueve de octubre cuando el actor presentó la solicitud de regularización ante la autoridad administrativa, como lo reconoció la propia demandante y estableció la fecha de presentación de la demanda de nulidad, que fue el diez de enero de dos mil seis, por lo que fue a partir de esas premisas que sostuvo que si la pretensión de la actora era impugnar la negativa ficta en términos de los artículos 17, fracción XIII y 46 de la Ley de Justicia Administrativa, es evidente que la negativa ficta se constituyó cuarenta y cinco días después de que la demandante presentó su solicitud de regularización, por lo que a partir de entonces surgió su derecho para promover el juicio de nulidad en su contra, esto es, a partir del catorce de enero de dos mil cinco, y para promover el juicio de nulidad contaba con treinta días, que fenecieron el veinticinco de febrero del mismo año, de tal forma que al haberse presentado la demanda de nulidad hasta el diez de enero de dos mil seis, ésta es extemporánea conforme a los artículos 17, fracción XIII y 46 de la Ley de Justicia Administrativa. Así, determinó la autoridad responsable, queda claro que es infundado que el acuerdo recurrido carezca de fundamentación y motivación, pues la Sala ordinaria estableció las disposiciones legales en que se fundó y las indicadas circunstancias y hechos que motivaron que la demanda fuera desechada.

"En relación con diverso argumento de la recurrente, aducido en el primer agravio, sostuvo que fue correcta la interpretación que realizó la Sala de primer grado, en relación con los artículos 17, fracción XIII y 46 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León; pues de acuerdo al primero de los indicados preceptos, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de las resoluciones negativas fictas, configuradas por el silencio de la autoridad para dar respuesta a la instancia de un particular en el plazo que la ley fije, o a falta de término en el plazo de cuarenta y cinco días; mientras que del segundo de los citados artículos, se infiere que el derecho a demandar la negativa ficta nace al transcurrir cuarenta y cinco días, después de que el particular presentó su petición, y el término en que ese derecho concluye es de treinta días hábiles; por tanto, si la actora presentó su solicitud ante la autoridad administrativa, el veintinueve de octubre de dos mil cuatro, la Sala ordinaria estuvo en lo correcto al estimar que el catorce de enero de dos mil cinco nació el derecho para demandar la nulidad de la resolución negativa ficta, y que ese derecho feneció el veinticinco de febrero siguiente, de tal manera que para el diez de enero de dos mil seis, en que se presentó la demanda de nulidad, había fenecido el mencionado término de treinta días. Como apoyo invocó la tesis que lleva por rubro: ‘NEGATIVA FICTA. CÓMPUTO A PARTIR DEL CUAL INICIA Y CONCLUYE EL TÉRMINO PARA IMPUGNARLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).’

"Procedió al estudio del segundo agravio, en el que se adujo falta de fundamentación y motivación, y al respecto sostuvo que la recurrente debía estarse a lo resuelto al contestarse la primera parte del agravio primero, en cuanto a que el acuerdo no carecía de dichos requisitos.

"Finalmente entró al análisis del tercer agravio, en el que se argumentó que la Sala ordinaria pasó por alto el criterio del tratadista Adolfo J. Treviño, en el sentido de que la negativa ficta es un acto de tracto sucesivo, por lo que al particular no le precluye el derecho para interponer la demanda de nulidad; y que además se ignoraron diversas tesis que citó la recurrente. En relación con ese agravio, determinó que era infundado, porque el punto de vista del mencionado autor es inaplicable al caso particular, en virtud de que se refiere a la interpretación del artículo 21 del abrogado Código Procesal del Tribunal de lo Contencioso Administrativo; mientras que las tesis mencionadas también resultan inaplicables, ya que se relacionan con la interpretación de diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, pero no con los numerales 17 y 46 de la Ley de Justicia Administrativa.

"En contra de tales consideraciones de la autoridad responsable, la quejosa aduce en el primer concepto de violación, entre otras cosas, que al confirmarse la resolución de desechar la demanda de nulidad, se pretende que las autoridades demandadas actuaron legalmente y que la responsabilidad de no ser procedente el juicio es imputable a la propia actora, al no ejercer oportunamente sus derechos, para lo cual se inventaron conceptos y términos no previstos en la Ley de Justicia Administrativa.

"Añade, que al declararse infundado el primero de los agravios planteados en el recurso de revisión, la autoridad responsable interpretó a su modo muy personal la Ley de Justicia Administrativa y no atendió a otras disposiciones legales, pues la citada ley no señala en su artículo 46, que la negativa ficta, una vez actualizada, deba demandarse en un plazo de treinta días hábiles.

"Lo anterior es sustancialmente fundado.

"Efectivamente, los artículos 17, fracción XIII, 46, 48 y 56, fracción V, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, disponen: (se transcriben).

"Como se advierte del primero de los indicados preceptos, en la fracción señalada, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León tiene competencia para conocer de los juicios de nulidad que se promuevan en contra de las denegaciones presuntas de las autoridades administrativas, conocidas como ‘resoluciones negativas fictas’, las cuales se configuran con el silencio de la autoridad ante una instancia o petición del gobernado.

"De acuerdo con el mismo numeral, esas resoluciones implícitas de rechazo se integran si la autoridad administrativa omite dar respuesta a la instancia o petición en el plazo que fije la ley de que se trate, o bien, transcurrido el plazo de cuarenta y cinco días posteriores a la promoción, si es que la ley correspondiente no prevé término.

"A propósito de la figura jurídica que nos ocupa, cabe mencionar que el legislador la ha instituido para evitar que quede al arbitrio de la administración resolver o no sobre las instancias y peticiones de los administrados, impidiendo así el desvío de poder de las autoridades administrativas, en aquellos casos en que el ejercicio de su función constituye una obligación jurídica frente al particular y no una mera facultad discrecional.

"Sobre el particular, Andrés Serra Rojas, en su obra titulada ‘Derecho Administrativo’ (primer curso), Editorial Porrúa, vigésima cuarta edición, México, 2003, página 268, señala: (se transcribe).

"Por su parte Rafael I. Martínez Morales, en su libro titulado ‘Derecho Administrativo, Primer y Segundo Cursos’, de Editorial Oxford, quinta edición, México, 2006, comenta al respecto: (se transcribe).

"Gabino Fraga, en su obra titulada ‘Derecho Administrativo’, Editorial Porrúa, cuadragésima cuarta edición, páginas 272 y 273, señala sobre el tema: (se transcribe).

"Así, de acuerdo con lo que la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León dispone, y tomando en consideración además lo que la doctrina ha señalado al respecto, debe convenirse en que la figura de la negativa ficta que dicho ordenamiento prevé, es la forma que el legislador local ha adoptado para los casos del silencio administrativo de las autoridades.

"Esto es, para impedir que las peticiones e instancias de los administrados queden sin resolver por el arbitrio de las autoridades, el legislador local ha dispuesto que si transcurre el plazo que la ley relativa señale, o en su defecto el de cuarenta y cinco días, para que la autoridad resuelva alguna instancia o petición relacionada con el ejercicio de sus facultades regladas, debe presumirse que ha resuelto en forma adversa a los intereses del promovente. Por tanto, con el establecimiento de esa institución se pretende que las instancias y peticiones del administrado no queden sin resolver, y que las solicitudes, procedimientos y recursos que promuevan sigan su marcha hasta ser dilucidados.

"En ese sentido, la resolución negativa ficta constituye técnicamente una presunción legal, es decir, el legislador ha acudido a una ficción jurídica para entender que ahí donde no existe resolución expresa, sólo existe una resolución implícita de rechazo.

"Sin embargo, no debe perderse de vista que la llamada resolución negativa ficta, en realidad no es una resolución administrativa, puesto que sólo la administración es quien puede emitir actos administrativos, de tal manera que si la resolución de rechazo no proviene de la autoridad administrativa, sino de una presunción prevista en la ley, no puede hablarse de la existencia de una actividad de la administración, ya que de lo contrario se admitiría que el legislador se sustituya en las funciones de aquélla, con violación flagrante del principio de separación de poderes.

"En ese orden de ideas, si tratándose de la resolución negativa ficta no existe en realidad un acto administrativo, mucho menos puede sostenerse que se dé el consentimiento tácito de ese acto, en términos del artículo 56, fracción V, del citado ordenamiento legal, que prevé la improcedencia del juicio contencioso administrativo en contra de actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promovió el juicio en los plazos señalados por la ley; dado que la figura de la negativa ficta se ha instituido solamente para efectos procesales, es decir, se ha establecido por el legislador con el único fin de posibilitar el acceso del gobernado a la fase de impugnación, a efecto de someter al control de legalidad a la administración pública, con base en una ficción jurídica pero sin que haya realmente acto administrativo.

"Consecuentemente, se conviene con lo que en esencia aduce la quejosa, en cuanto a que fue incorrecta la interpretación que la autoridad responsable hizo en relación con el artículo 46 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, al resolver que la demanda de nulidad debió presentarse dentro del término de treinta días hábiles posteriores a aquel en que nació su derecho para demandar la resolución negativa ficta, y que al no haber sido así, resultó extemporánea y se consintió tácitamente el acto.

"Se dice que tal resolución es desacertada, porque además de lo que ya se señaló, si bien el primer párrafo del artículo indicado dispone que el término para interponer la demanda de nulidad será de treinta días hábiles, contados desde el día siguiente al en que se haya notificado al afectado la resolución, el procedimiento o el acuerdo que reclama, o al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos; no menos cierto resulta, que tratándose de la denegación presunta no existe resolución o acuerdo administrativo, ni tampoco la tramitación de procedimiento alguno, sino que lo que se trata de evitar es precisamente la inactividad de la autoridad y sus efectos paralizantes, esto es, el silencio administrativo; de ahí que mucho menos puede hablarse de que el afectado haya sido notificado de una decisión administrativa inexistente, que haya tenido conocimiento de ella o se haya ostentado sabedor de la misma; de tal suerte que no puede aplicársele en estos casos el término de treinta días señalado, habida cuenta que éste sólo opera cuando existe un acto administrativo y el gobernado tiene conocimiento de él o se ostenta sabedor de su contenido, lo que no acontece en la hipótesis de la negativa ficta.

"Por ende, en los casos de la negativa ficta en los que no existe en realidad un acto de la autoridad administrativa, llámese resolución, acuerdo o procedimiento, se debe atender exclusivamente a lo previsto en los párrafos tercero y cuarto del artículo 46 del cuerpo de normas aludido, en los que se dispone que tratándose de ese tipo de presunciones de rechazo, el derecho a demandar nace al transcurrir cuarenta y cinco días después de que el particular presentó su petición, salvo que haya otros términos en la ley correspondiente; sin que se establezca ningún término para la presentación de la demanda de nulidad en dicho supuesto; lo cual es comprensible, si se toma en cuenta, además, que los efectos de la resolución negativa ficta son de tracto sucesivo y que, mientras el gobernado no la impugne, la autoridad está en posibilidad de emitir una resolución expresa.

"De sostenerse lo contrario, se estaría desvirtuando la finalidad que se persigue con la institución de la negativa ficta, que en todo caso es el de evitar que las peticiones e instancias del gobernado q

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19924-d94f0566/negativa-ficta-la-demanda-de-nulidad-en-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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