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COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ EL LUGAR EN QUE SE HAYA REALIZADO DICHA APLICACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 13/2006-SS. · Registro digital (IUS): 19539
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Junio de 2006, , Pág. 346.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 13/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.

SECRETARIO: ROLANDO JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII y 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia administrativa, cuya especialidad corresponde a esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues la hizo el autorizado de la parte quejosa que intervino en uno de los juicios de amparo que dieron motivo a la presente contradicción de tesis, de conformidad con el artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y en términos del siguiente criterio, aplicable por analogía al caso:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LEGITIMACIÓN DEL DEFENSOR DEL PROCESADO PARA DENUNCIARLA. El denunciante de una contradicción de tesis puede ser el defensor del procesado, pues al otorgársele la autorización necesaria para litigar en su representación, con los derechos y obligaciones inherentes a la personalidad de su representado, conforme al artículo 197-A de la Ley de Amparo, sí se encuentra legitimado para denunciar la contradicción de tesis que surge del asunto que patrocina, sin necesidad de recabar autorización de su defenso para ese efecto." (Novena Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, enero de 1997, tesis 1a. IV/97, página 188).

TERCERO. A fin de estar en posibilidad de resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, es conveniente conocer las consideraciones sostenidas por los Tribunales Colegiados de Circuito al resolver los conflictos competenciales correspondientes.

I. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el dieciocho de marzo de dos mil cinco el conflicto competencial 1/2005, sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:

"SEGUNDO. Para una mejor comprensión del asunto es conveniente precisar lo siguiente:

"El acto reclamado en el juicio de amparo lo constituyó la expedición, promulgación, refrendo y publicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el uno de diciembre de dos mil cuatro, específicamente su artículo 49, fracción I.

"Al promover la demanda de amparo el quejoso señaló que el primer acto de aplicación de la norma reclamada era el pago de derechos por concepto del trámite aduanero efectuado con motivo de la importación de aceite hysol als, realizado el cuatro de enero de dos mil cinco.

"Situación que acreditaba con la exhibición del original del pedimento de importación 0543 0361 5000013, donde constaba el sello de la máquina registradora de la que se desprendía el pago efectuado en la Aduana 430 de Veracruz por la cantidad de seiscientos noventa y dos pesos, que resultó de aplicar la cuota del 8 al millar sobre el valor que tienen los bienes para los efectos del impuesto general de importación, de acuerdo con lo previsto por el artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos.

"Ahora, de las constancias que integran el juicio de amparo se advierte que el quejoso exhibió como prueba de su parte el pedimento de importación 0543 0361 5000013, de cuatro de enero de dos mil cinco, a través del cual enteró el impuesto general de importación ante la Aduana 430 de Veracruz.

"Para determinar qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, se trae a cuentas el contenido del artículo 36 de la Ley de Amparo, que prevé: (se transcribe).

"El primer párrafo del artículo transcrito pone de manifiesto que el Juez competente para conocer de un juicio de amparo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado.

"Dicho párrafo hace énfasis en que la competencia de un Juez de Distrito dependerá del lugar de ejecución del acto reclamado.

"Ahora, la ejecución del acto reclamado a que se refiere el precepto citado, implica, para efectos del juicio de amparo, la actuación de una autoridad que en ejercicio de su facultad de imperio invada la esfera jurídica del particular, pues, precisamente, el juicio de amparo procede contra actos de autoridades y no de particulares.

"Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 13/95, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo I, junio de 1995, página 107, que dice:

"‘COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES.’ (se omite la transcripción por innecesaria)

"En el caso, como ya quedó precisado, el acto reclamado en el juicio de amparo lo constituyó la expedición, promulgación, refrendo y publicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el uno de diciembre de dos mil cuatro, específicamente su artículo 49, fracción I, que se reclama con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en el pago de derechos por concepto del trámite aduanero efectuado con motivo de la importación de aceite hysol als, realizado el cuatro de enero de dos mil cinco, mediante el pedimento de importación 0543 0361 5000013, ante la Aduana de Veracruz.

"En términos del artículo 36 de la Ley Aduanera, quienes importen o exporten mercancías están obligados a presentar ante la aduana correspondiente, por conducto del agente o apoderado aduanal, un pedimento en la forma oficial aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el que se asentará, entre otras cosas, la mercancía a importar o exportar, así como su cantidad y los impuestos a cubrir por dicha importación o exportación.

"El artículo en comento prevé: (se transcribe).

"De lo que se concluye que es el importador a través de su agente o apoderado aduanal el que elabora el pedimento de importación de referencia, sin que exista la intervención de una autoridad, más que para la recepción del pago de impuestos a que se refiere el pedimento respectivo.

"Es decir, en el caso a estudio, no existe un acto de ejecución de la ley imputable a una autoridad, en virtud de que quien elabora el pedimento de importación y determina los impuestos a enterar, es el particular a través de los agentes o apoderados aduanales, limitándose la actuación de la autoridad de la Aduana de Veracruz a recepcionar el pago correspondiente.

"Por lo que el pedimento de importación constituye el acto de aplicación del precepto reclamado de inconstitucional que, en todo caso, es documento apto para determinar la procedencia del juicio de amparo, mas no para declinar la competencia a favor del Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar en que se realizó el pago, pues, se insiste, la autoridad de la aduana únicamente recibió el entero de los impuestos determinados por el particular.

"Tiene aplicación, por analogía y en lo conducente, la tesis 2a. XCII/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, agosto de 2002, Novena Época, página 379, que dice:

"‘AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UN TRIBUTO NO ES ACTO DE APLICACIÓN IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS.’ (se omite la transcripción por innecesaria).

"Tomando en consideración lo anterior, debe concluirse que el Juez de Distrito competente para conocer del juicio de amparo es aquel que ejerce jurisdicción en el lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado que, en el caso en estudio, es en el lugar del domicilio del contribuyente, en virtud de que será ahí donde la autoridad fiscalizadora ejercerá sus facultades de comprobación a efecto de determinar si ha cumplido con las obligaciones fiscales a las que está afecto, en términos del artículo 10 del Código Fiscal de la Federación.

"Sirve de apoyo, en lo conducente y por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 146/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, enero de 2003, página 324, cuyos texto y rubro son los siguientes:

"‘COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY FISCAL FEDERAL CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, CONSISTENTE EN LA DECLARACIÓN Y PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.’ (se omite la transcripción por innecesaria).

"Por todo lo expuesto, es de concluirse que el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo es el que ejerce jurisdicción en el Municipio de Lerma, Estado de México, domicilio fiscal de la quejosa; es decir, corresponde al Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, con residencia en la ciudad de Toluca."

II. El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, al resolver el veintisiete de octubre de dos mil cinco el conflicto competencial 8/2005, sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:

"QUINTO. En principio, es menester señalar que el presente conflicto competencial, se suscitó entre el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Querétaro y el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Colima, para conocer de la demanda de amparo indirecto promovida contra el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el uno de diciembre de dos mil cuatro, en específico, contra el artículo 49, fracción I, del citado ordenamiento legal.

"Resulta relevante señalar, que la empresa quejosa presentó la demanda de garantías el dos de febrero de dos mil cinco, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, y por razón de turno, su conocimiento correspondió al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Querétaro, quien una vez recibidos los informes justificados, mediante proveído de dieciocho de mayo de dos mil cinco, se declaró legalmente incompetente para seguir conociendo del juicio de amparo 125/2005-3, por lo que remitió los autos al Juez de Distrito en turno en el Estado de Colima, con residencia en dicha ciudad.

"Recibidos los autos por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Colima, a quien por razón de turno correspondió conocer de la demanda remitida por incompetencia, y una vez cumplimentado el requerimiento formulado al promovente de garantías, por auto de veintidós de junio de dos mil cinco, no aceptó la competencia declinada, por consiguiente, conforme a lo previsto en el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, hizo saber su resolución al Juez requirente, en este caso, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Querétaro, quien mediante proveído de veintinueve de junio de dos mil cinco, insistió en la incompetencia legal para conocer de la demanda de garantías.

"Precisado lo anterior, para tener una mejor claridad sobre el tema que nos ocupa, se estima conveniente destacar que la incompetencia legal del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Querétaro, en esencia, la sostuvo en el hecho de que aun cuando la empresa quejosa tuviera su domicilio fiscal en la ciudad de Querétaro, el derecho de trámite aduanero se ejecutó en la ciudad de Manzanillo, Colima, pues fue el personal de la Aduana 160 (ciento sesenta), con sede en esa entidad, quien proporcionó el servicio correspondiente a la importación que realizó la quejosa y como contraprestación a ese servicio, pagó en la sucursal 5 (cinco) de Banamex, Sociedad Anónima, de Manzanillo, Colima, el monto de $4,725.00 (cuatro mil setecientos veinticinco pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de derecho de trámite aduanero, ante ello, si se toma en cuenta que la peticionaria de garantías, precisamente reclama el artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos, que establece la tasa del ocho por ciento al millar por concepto de derecho de trámite aduanero, sobre el valor que tengan los bienes para los efectos del impuesto general de importación, en los casos distintos a los señalados en las fracciones subsecuentes del mismo artículo o cuando se trate de mercancías exentas conforme a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación o a los tratados internacionales, aplicado en las operaciones que se efectúen utilizando un pedimento o el documento aduanero correspondiente en los términos de la Ley Aduanera y que el citado derecho se pagó y prestó en la ciudad de Manzanillo, Colima, es evidente que no se actualiza la competencia del Juzgado de Distrito en Querétaro para continuar en el conocimiento del asunto, pues la ley reclamada tuvo efectos y se aplicó en la jurisdicción del Juez de Distrito en turno con residencia en Colima, Colima.

"Por su parte, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Colima, no aceptó la competencia planteada tras considerar que no existe un acto de ejecución de la ley imputable a una autoridad, en virtud de que quien elabora el pedimento de importación y determina los impuestos a enterar, es el particular a través de los agentes o apoderados aduanales, limitándose la actuación de la Aduana de Manzanillo a recepcionar el pago correspondiente, esto es, el entero de los impuestos determinados por el particular, más aún, que en el juicio la quejosa no lo señala como autoridad responsable ejecutora, por tanto, estimó que el Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, es quien debe conocer de la demanda de garantías, que en el caso, es en Querétaro por ser donde se encuentra el domicilio del contribuyente, pues será ahí donde la autoridad fiscalizadora ejercerá sus facultades de comprobación a efecto de determinar si ha cumplido con las obligaciones fiscales a las que está afecto, en términos del artículo 10 del Código Fiscal de la Federación.

"Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que es el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, el órgano jurisdiccional legalmente competente para conocer de la demanda de amparo promovida por Electrónica Clarión, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra el artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos.

"Para demostrar la eficacia de lo expuesto, en primer término, debemos precisar que del contenido del artículo 36 de la Ley de Amparo, se advierten tres reglas básicas de competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, a saber:

"Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el Juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado;

"Si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, será competente el Juez de Distrito de esas jurisdicciones que prevengan el conocimiento del asunto; y,

"Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que dictó la resolución reclamada.

"La primera de las reglas en cita se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se efectúe en una jurisdicción; la segunda a que la ejecución ocurra en dos distritos diferentes; y, la tercera a que el acto o resolución reclamado no requiere ejecución material.

"Ahora bien, tratándose de amparo contra leyes, en específico, respecto de las de naturaleza autoaplicativa, procede el juicio constitucional cuando la disposición combatida causa perjuicio al gobernado con su sola entrada en vigor, sin que sea necesario un acto concreto de autoridad, o bien, del particular en acatamiento de una ley para estimar que incide de manera perjudicial en su esfera jurídica; luego, en relación con las leyes de carácter heteroaplicativo, la procedencia precisa de que la autoridad, un tercero en auxilio de aquélla o el propio particular en cumplimiento de una norma, se ubique dentro de los supuestos de la ley cuestionada, es decir, que se realice un acto encaminado a cumplirla.

"En la especie, de la demanda de garantías se advierte que la empresa quejosa demandó la inconstitucionalidad, con el carácter de heteroaplicativa, del artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos.

"Con la finalidad de acreditar el acto concreto de aplicación de la norma, exhibió el original del pedimento 05 16 3752 5000 156, efectuado a través de la Aduana 160 (ciento sesenta), con sede en Manzanillo, Colima, por medio del cual la empresa quejosa realizó el pago del derecho de trámite aduanero en la sucursal 5 (cinco) de Banamex, Sociedad Anónima, en dicha entidad federativa.

"Bajo esta óptica, se sigue que por los términos en que fue combatido en la instancia constitucional el artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos, esto es, con el carácter de heteroaplicativo derivado de la importación a que alude el pedimento 05 16 3752 5000 156, efectuado a través de la Aduana 160 (ciento sesenta), con sede en Manzanillo, Colima, en el caso que nos ocupa, es el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Colima, quien debe conocer de la demanda de amparo relativa, toda vez que la ejecución del acto reclamado tuvo lugar en esa entidad federativa, acorde con la primera de las reglas diseccionadas del artículo 36 de la Ley de Amparo, pues fue donde el Estado prestó el servicio, y además, donde se realizó el pago correspondiente.

"Se estima lo expuesto, toda vez que debe tomarse muy en cuenta que en la especie, el acto concreto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional se trató del pago de un derecho, que de acuerdo con el artículo 2o., fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, éste se origina, esencialmente, del uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por prestar servicios del Estado en sus funciones de derecho público; por tanto, la ejecución del acto que da oportunidad de impugnar un dispositivo que establece el pago de un derecho, debe atender al lugar en que se prestó el servicio, por ser esto lo que en sí constituye la ejecución material de la norma.

"De ahí que es competente el Juez que ejerza jurisdicción en el lugar en que se ejecute, que en la especie se trata del Juez Segundo en el Estado de Colima, toda vez que el servicio prestado para justificar el cobro del derecho de trámite aduanero se llevó a cabo en dicha entidad, sin que pueda estimarse que la autoridad sólo se limitó a recibir el pedimento y a verificar el pago de contribuciones, y que, por tanto, no se trata propiamente de una intervención de aquélla en la ejecución del acto, toda vez que con el solo hecho de que el importador presente un pedimento con la finalidad de internar mercancías en el país, deriva de manera directa e inmediata en la obligación de la autoridad de prestar el servicio de ‘selección automatizado’ a que se refiere el artículo 43 de la Ley Aduanera.

"Cierto, en el dispositivo de referencia se establece lo que se conoce como ‘mecanismo de selección automatizado’, que se trata de la intervención que tiene la autoridad respecto del derecho cobrado al importador, es decir, sobre el servicio prestado que da lugar a su pago, pues el Estado obtiene recursos como contraprestación del establecimiento de un sistema en el que previa elaboración del pedimento de importación, pago de las contribuciones y cuotas compensatorias, el contribuyente activará, lo que comúnmente se denomina ‘semáforo fiscal’, el que de manera aleatoria determinará si la autoridad aduanera deberá practicar el ‘reconocimiento aduanero de la mercancía’, y con independencia del resultado de este primer mecanismo, el contribuyente deberá activarlo por segunda ocasión para determinar si los dictaminadores aduaneros deberán realizar un segundo reconocimiento, que consiste en examinar las mercancías de importación o de exportación, así como sus muestras para allegarse de elementos que ayuden a precisar la veracidad de lo declarado.

"El servicio prestado por la autoridad aduanera ocurrió en el caso que nos ocupa en los términos descritos, es decir, derivó del pago del derecho por la prestación del servicio que culminó con la ‘segunda selección automatizada’, como claramente se advierte de la certificación que consta en la esquina superior derecha de la primera página del pedimento que nos ocupa, a saber:

"‘Administración General de Aduanas. Banco: Banamex, S.A. Aduana: 160 Manzanillo. Caja: 0005 Op. 0000009P. RFC: ECL831108M87. Pedimento: 3752 5000156. Fecha: 12/01/2005. Hora: 17:28:09. (Ilegible)T.U. 14/01/2005 09:11. Oper: 044-181773. Pedimento: 3752-5000156. Firma: Vvueisyyta. Vehículos: 0001/0001. «Desaduanamiento libre». Segunda selección automatizada. 14/01/2005 09:11. Oper: 044-181774. Pedimento: 3752-5000156. «Desaduanamiento libre». «Cumplido.».’

"En efecto, de esta certificación se obtiene que lo relativo a la aplicación del precepto cuestionado en la vía de garantías, respondió única y exclusivamente a la operación aduanera con motivo del pedimento presentado, que se trata de la ejecución del mecanismo de selección automatizada, que es en realidad en lo que consiste el servicio prestado y pagado por el importador, que no guarda relación alguna con la posible verificación que realicen las autoridades aduaneras respecto del cumplimiento de las obligaciones fiscales, por tanto, tampoco con el domicilio fiscal de la empresa quejosa, pues no se trata de un impuesto derivado de la importación, sino del pago de la prestación de un servicio dado por el Estado, cuya ejecución ocurrió en el Estado de Colima.

"Se estima lo expuesto, en razón de que la naturaleza, objeto y objetivo de derechos por trámites aduaneros de ninguna manera puede equipararse a los de un impuesto en los términos del artículo 2o., fracción I, del Código Fiscal de la Federación, y así, estimar que también lo relativo a los derechos deba tomarse en relación con el domicilio fiscal del contribuyente como sucede en los impuestos.

"Esto es así, pues en el caso no se impugnó un precepto en el que se contenga el deber de enterar un impuesto derivado de obligaciones en materia aduanera, como pudiera ser el impuesto general de importación, que lo causan y habrán de enterar las personas físicas y morales que introduzcan mercancías al territorio nacional o las extraigan del mismo, incluyendo las que estén bajo algún programa de devolución o diferimiento de aranceles, en los casos previstos en los artículos 63-A, 108, fracción III y 110 de la Ley Aduanera, y que por su naturaleza, con posterioridad, podrá ser sujeto de revisiones en materia de comercio exterior en el domicilio fiscal de quien importa o exporta, sino que se trata de la aplicación de un artículo que contempla el pago de un derecho que nace de la prestación de un servicio por parte del Estado, como es el derecho de trámite aduanero, resultado de las operaciones aduaneras que se efectúen utilizando un pedimento o el documento aduanero correspondiente en los términos de la Ley Aduanera, cuya omisión en su pago, sólo traerá como resultado que el Estado no preste el servicio derivado del pedimento, es decir, que no se lleve a cabo el proceso de ‘selección automatizada’, cuyas consecuencias serían distintas a las de abstenerse de cumplir con obligaciones directamente vinculadas con la causación de impuestos por comercio exterior, y no de la prestación del servicio derivado del mero trámite aduanero y ocupación de la infraestructura de una aduana.

"No obsta para arribar a esta determinación, que la solicitante de amparo haya externado su voluntad de no señalar como autoridad responsable ejecutora a la Administración de Aduanas en Manzanillo, Colima, toda vez que en el caso se impugnó sólo la inconstitucionalidad del artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos, de modo que basta con que se acredite que la norma se aplicó en un acto concreto, dado que las consecuencias de la eventual concesión del amparo por lo que hace a las ordenadoras, abarcaría también los actos de las ejecutoras."

CUARTO. Como cuestión previa debe determinarse si la contradicción de tesis reúne o no los requisitos para su existencia, conforme lo dispone la jurisprudencia 26/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época, página 76, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

En dicha jurisprudencia se precisan los requisitos que debe reunir la contradicción de tesis, como son: a) que en las ejecutorias materia de la contradicción se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, argumentaciones o razonamientos que sustentan las sentencias respectivas; y, c) que los criterios discrepantes provengan del examen de los mismos elementos.

Lo anterior revela que la existencia de la contradicción de tesis requiere de manera indispensable que la oposición de criterios surja de entre las consideraciones, argumentaciones o razonamientos que sustentan la interpretación de un mismo precepto legal o tema concreto de derecho, ya que precisamente esas consideraciones justifican el criterio jurídico que adopta cada uno de los órganos jurisdiccionales para decidir la controversia planteada, a través de las ejecutorias de amparo materia de la contradicción de tesis.

Ahora bien, para determinar si existe o no la contradicción denunciada, es pertinente resumir los antecedentes y las consideraciones de las ejecutorias reproducidas.

A. De la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito el dieciocho de marzo de dos mil cinco, al resolver el conflicto competencial 1/2005, se desprende lo siguiente:

1. Por escrito recibido el veinticuatro de enero de dos mil cinco, el representante de Auma Lerma, Sociedad Anónima de Capital Variable, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del Congreso de la Unión y otras autoridades, reclamando el decreto de reformas, en específico, el artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de diciembre de dos mil cuatro, que entró en vigor el primero de enero de dos mil cinco.

2. El Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, mediante proveído de veintiséis de enero de dos mil cinco se declaró incompetente para conocer de la demanda.

3. Recibido el expediente de amparo, el Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, a quien por razón de turno tocó conocer de la demanda, por acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil cinco, no aceptó la competencia planteada y ordenó devolver los autos al juzgado declinante, el que, al sostener su incompetencia para conocer del asunto, remitió los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, a efecto de resolver el conflicto de competencia.

4. El órgano colegiado del conocimiento, en su fallo de dieciocho de marzo de dos mil cinco, sostuvo esencialmente lo siguiente:

a) El acto reclamado en el juicio de amparo lo constituyó la expedición, promulgación, refrendo y publicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el uno de diciembre de dos mil cuatro, específicamente su artículo 49, fracción I, que se reclama con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en el pago de derechos por concepto del trámite aduanero efectuado con motivo de la importación de aceite hysol als, realizado el cuatro de enero de dos mil cinco, mediante el pedimento de importación 0543 0361 5000013, ante la Aduana de Veracruz.

b) Es el importador a través de su agente o apoderado aduanal el que elabora el pedimento de importación de referencia, sin que exista la intervención de una autoridad, más que para la recepción del pago de impuestos a que se refiere

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19539-b68ce843/competencia-para-conocer-de-un-amparo-indirecto-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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