ACTA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. REQUISITOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA AUTORIDAD QUE PRACTICA LA DILIGENCIA RELATIVA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 43/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIO: ROLANDO JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII y 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia administrativa, cuya especialidad corresponde a esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues la hicieron los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, de conformidad con el artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo.
TERCERO. A fin de estar en posibilidad de resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, es conveniente conocer las consideraciones sostenidas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias respectivas.
I. Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito.
a) Al resolver el dieciocho de enero de dos mil seis el juicio de amparo directo 80/2005, sostuvo, en la parte que interesa conocer, lo siguiente:
"QUINTO. Los anteriores conceptos de violación son infundados en una parte y fundados pero inoperantes en otra.
"...
"Por último, es infundado el argumento relativo a que la diligencia de verificación de mercancía infringe la fracción III del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación en virtud de que Emeterio León Otero, inspector de la Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal y Aduanera no se identificó debidamente, ya que debió de haber asentado todos los datos de su identificación, como la fecha de expedición, vigencia, quién la expidió, el titular del órgano que la expidió y la norma que le da competencia para emitir dichos documentos, lo cual no ocurrió, toda vez de que la persona antes indicada únicamente describió que se identificaba con la placa número 4445.
"Ello es así, en virtud que de la lectura a los artículos 144, fracciones IX, X y XI, 150 y 151 de la Ley Aduanera vigente para el año dos mil dos, se aprecia que las autoridades aduaneras tienen amplias facultades para inspeccionar y vigilar permanentemente el manejo, transporte o tenencia de las mercancías en recintos fiscales, como también en cualquier otro lugar dentro del territorio nacional, así como verificar durante el transporte, la legal internación, estancia o tenencia de mercancías de procedencia extranjera, entre otras; asimismo, también se destaca que con motivo del reconocimiento aduanero de verificación de mercancías en transporte o del ejercicio de las facultades de comprobación, las referidas autoridades se encuentran obligadas a levantar acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, la cual deberá contener la identificación de la autoridad que practica la diligencia, los hechos y circunstancias que motivan el inicio del procedimiento, la descripción, naturaleza y demás características de las mercancías y la toma de muestras de las mercancías, en su caso, y otros elementos probatorios necesarios para emitir la resolución que corresponda.
"Por ende, se concluye que las autoridades aduaneras tienen amplias facultades para inspeccionar y vigilar permanentemente el manejo, transporte o tenencia de las mercancías en recintos fiscales como también en cualquier otro lugar dentro del territorio nacional así como verificar durante el transporte, la legal internación, estancia o tenencia de mercancías de procedencia extranjera; asimismo, también se destaca que con motivo del reconocimiento aduanero de verificación de mercancías en transporte o del ejercicio de las facultades de comprobación, las referidas autoridades se encuentran obligadas a levantar acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, la cual deberá contener la identificación de la autoridad que practica la diligencia, los hechos y circunstancias que motivan el inicio del procedimiento, la descripción, naturaleza y demás características de las mercancías y la toma de muestras de las mercancías, en su caso, y otros elementos probatorios necesarios para emitir la resolución que corresponda.
"Sin embargo, de dichas disposiciones no se aprecia que se exija que al llevar a cabo la diligencia de inspección o al levantar el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera la persona autorizada para ello tenga que describir de manera circunstanciada de qué manera se identifica ante la persona a quien se le practicará la inspección, sin embargo, aunque dichos preceptos no exijan dichos requisitos, también es cierto que en tratándose de las órdenes de verificación, en los casos en que no exista una orden expresa, sí está obligado el verificador que la desahogue, a detallar circunstanciadamente el documento con el que se identifique ante la persona sobre la cual recaerá la verificación, tomando en consideración que la figura de la verificación dentro del mundo jurídico constituye por su propia naturaleza, una forma de comunicación jurídica e individualizada, cuyos requisitos formales y medios están predeterminados en el ordenamiento jurídico que rige el acto, a fin de que el interesado esté en posibilidades de recibir la comunicación en función de los efectos jurídicos que de ella derivan, pues la determinación que al efecto se lleva a cabo, puede afectar sus derechos e intereses en cuanto por ella la administración fiscal podría imponer especiales cargas y obligaciones de diverso contenido y naturaleza, que al final de todo atentaría contra el patrimonio del interesado.
"Lo cual encuentra sustento en las formalidades que legalmente se exigen para la práctica de diligencias de dicha naturaleza, las cuales ponen de manifiesto la intención del legislador que consiste en que ésta se lleve a cabo respetando todos los requisitos necesarios para que el interesado esté en posibilidades de entablar una defensa adecuada a sus intereses; por ello, este órgano de control constitucional determina que al desahogarse dichas diligencias, las autoridades aduaneras deben sujetarse a las formalidades previstas para el cateo previstas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de ahí que se afirme la necesidad de que los inspectores en el desahogo de las diligencias de verificación de mercancías en transporte tengan que detallar de forma circunstanciada cómo se identifican ante la persona a verificar.
"Sin embargo, ello no ocurre en aquellos casos en que previo a la diligencia existe orden expresa de la autoridad facultada para efecto de que se lleve a cabo una verificación de mercancías, en el que se asienten datos suficientes que identifique a la persona sobre quien recae la diligencia, así como la placa que lo acredita como verificador aduanero, toda vez que resultaría suficiente que en el acta de hechos únicamente se detalle esos requisitos para que se tengan por cumplidas las formalidades de identificación a que se refieren los preceptos anteriormente citados.
"Por ende, en el caso resultó suficiente que se hiciera constar el oficio a través del cual se comisionó al verificador de aduanas para que llevara a cabo la verificación de mercancías, así como su registro federal de contribuyentes y la placa que lo acredita como inspector de la materia, para efecto de tener por satisfecho el requisito de la identificación, toda vez que dichos elementos fueron suficientes para darle certeza jurídica al acto de verificación de mercancía de procedencia extranjera dentro de territorio mexicano.
"Lo anterior es así, toda vez que de las documentales que obran en autos del juicio de origen, dentro de las que destacan por su importancia la orden de verificación 326-SAT-A40-5533, de nueve de octubre de dos mil dos, el parte informativo de hechos 124/2002, de nueve de noviembre del precitado año, el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, de once de noviembre siguiente y la resolución identificada con el número 326-SAT-A40-1866, de cuatro de marzo de dos mil tres, mismas que fueron objeto de análisis por la autoridad responsable, se aprecia que el titular de la Aduana de Ciudad Hidalgo, Chiapas, ordenó una verificación de mercancías de procedencia extranjera en transporte, que designó para ello a Emeterio León Otero, inspector de la Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal y Aduanera, para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales sustantivas y formales que rigen en materia de comercio exterior, para la salida o entrada de mercancías del territorio nacional; que el inspector designado rindió ante el primer inspector Eduardo Aguilar Parra, en su carácter de jefe de operación de la Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal y Aduanera, el parte informativo respectivo, en el cual hizo constar, esencialmente, el número de su registro federal de contribuyentes, así como el de su placa, que actuaba en acatamiento a la orden de verificación 326-SAT-A40-5533, de nueve de octubre de dos mil dos, así como que a las once horas con treinta minutos del nueve de noviembre de ese año, durante el servicio de sobrevigilancia realizó un recorrido a orillas del río Suchiate, a la altura del punto Armadillos en Ciudad Hidalgo, Chiapas, en donde detectó a una persona del sexo masculino procedente de Tecum Uman, San Marcos, Guatemala y que dijo llamarse Freddy Daniel Flores Hernández, quien cruzaba el río en una balsa, en la cual traía consigo cinco cajas de diferentes tamaños, las cuales, con la ayuda de otra persona las subieron a un vehículo tipo pick up, marca Toyota, color blanco, modelo 1988, número de serie JT4RN50R7J5136084, placas de circulación VX16017 del Estado de Chiapas, que interceptó el vehículo y procedió a entregar a esa persona la orden de verificación 326-SAT-A40-5533; asimismo, que al revisar las cinco cajas comprobó que contenían mercancías de procedencia extranjera, sin presentar la documentación que amparara el pago de las contribuciones de comercio exterior, por lo que procedió a trasladar a Freddy Daniel Flores Hernández, a la mercancía y a al vehículo ante la indicada jefatura de operación fiscal.
"Como se ve, es claro que el inspector designado para efectuar la verificación de la mercancía de procedencia extranjera en transporte, tuvo el cuidado necesario que en el acta respectiva se asentara de qué manera se identificó en la diligencia, pues fue suficiente que en el documento de mérito se especificara la orden de verificación número 326-SAT-A40-5533, de nueve de octubre de dos mil dos, el número de registro federal de contribuyentes y la placa que acredita a la persona que llevó a cabo el acto como inspector aduanero, ya que no era necesario que también se especificara si se trataba de una credencial en la que figurara el nombre y fotografía del verificador, así como tampoco por quién fue expedida, si se encontraba o no vigente, por ende, es evidente que con el solo hecho que se haya especificado que la persona encargada de llevar a cabo la diligencia se trata de aquella que con anterioridad se había comisionado a través del oficio ya descrito, es suficiente para considerar que la aludida diligencia sí fue desahogada con base a los lineamientos que prevén los artículos descritos con anterioridad.
"Consecuentemente, no es acertada la afirmación del quejoso cuando refiere que la conclusión a la que arribó la responsable infringe sus garantías individuales porque, como ya se dejó asentado, basta con que las autoridades aduaneras, al efectuar las diligencias de mérito, únicamente precisen su registro federal de contribuyentes, el oficio de comisión en donde aparece que fue designado para efectuar dicha diligencia y la placa respectiva que lo acredita como inspector de aduanas, como así aconteció en el caso.
"En este punto similar criterio fue sustentado por este Tribunal Colegiado al resolver en sesión de fecha veintiocho de septiembre de dos mil cinco, la revisión fiscal 73/2004, interpuesta por el administrador local jurídico de Tuxtla Gutiérrez, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público y otras.
"No pasa inadvertido para este órgano de control constitucional que el impetrante de amparo en sus conceptos de violación citó como apoyo a sus argumentos la tesis identificada con la clave I.6o.A.13 A, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, septiembre de 1999, página 853, que dice: ‘VERIFICADORES ADUANEROS. REQUISITOS DE IDENTIFICACIÓN.’ (se omite la transcripción por innecesaria); toda vez que en el referido criterio se sostiene que la visita domiciliaria y la verificación aduanera son actividades al través de las cuales la autoridad hacendaria ejerce sus facultades de comprobación y que por esa razón en la ejecución de los procedimientos de verificación aduanal se debe de proteger la seguridad física y jurídica del gobernado como así lo establece el artículo 16 constitucional, esto es, que la autoridad debe cumplir con los requisitos de identificación en la misma forma y condiciones que se ha considerado en la práctica de la visita domiciliaria; lo cual este órgano jurisdiccional no comparte, en virtud de que en la visita domiciliaria la persona facultada para ello necesariamente tiene que introducirse al domicilio del contribuyente, lo cual no ocurre en las diligencias de verificación de mercancía, ya que como así lo sostiene el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la anterior tesis, únicamente implica la verificación de papeles y posesiones de la persona, como puede ser la mercancía que traslada y la documentación que acredita la internación legal de la misma al país, por esa razón, ambos actos no pueden considerarse que tengan las mismas consecuencias; por tanto, tomando en consideración que las razones por las que se concluyó que la diligencia de verificación de mercancía no requiere de los mismos requisitos de los que se necesita para la visita domiciliaria, pudieran ser diversas a las que se tomaron en consideración en la anterior tesis con fundamento en los artículos 107, fracción XIII, párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197 de la Ley de Amparo se procede a denunciar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la posible contradicción de tesis para efecto de que se determine cuál de los criterios debe de prevalecer.
"En las condiciones anotadas, al resultar infundados y fundados pero inoperantes los conceptos de violación formulados por el quejoso, lo procedente en el caso es negarle el amparo y protección de la Justicia Federal que impetra."
b) Al resolver el veintiocho de septiembre de dos mil cinco la revisión fiscal 73/2004 sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:
"SEXTO. Los anteriores motivos de inconformidad son en una parte infundados y en otra fundados, en virtud de las siguientes consideraciones.
"...
"En cambio, le asiste razón a la recurrente en el sentido de que la Sala responsable efectuó una indebida interpretación de los numerales 144, fracciones IX, X y XI, 150 y 151 de la Ley Aduanera, vigente para el año dos mil dos, debido a que la autoridad del conocimiento no estuvo en lo correcto al determinar que con motivo del reconocimiento aduanero de verificación de mercancías en transporte o del ejercicio de las facultades de comprobación, las autoridades están obligadas a levantar el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, que deberá contener, entre otros requisitos, la identificación circunstanciada de autoridad que practica la diligencia.
"Para arribar a la anterior determinación, es importante describir lo que literalmente prevén los invocados artículos 144, fracciones IX, X y XI, 150 y 151 de la Ley Aduanera vigente para el año dos mil dos (se transcriben).
"De las anteriores disposiciones, claramente se aprecia que las autoridades aduaneras tienen amplias facultades para inspeccionar y vigilar permanentemente el manejo, transporte o tenencia de las mercancías en recintos fiscales, como también en cualquier otro lugar dentro del territorio nacional, así como verificar durante el transporte, la legal internación, estancia o tenencia de mercancías de procedencia extranjera, entre otras; asimismo, también se destaca que con motivo del reconocimiento aduanero de verificación de mercancías en transporte o del ejercicio de las facultades de comprobación, las referidas autoridades se encuentran obligadas a levantar acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, la cual deberá contener, la identificación de la autoridad que practica la diligencia, los hechos y circunstancias que motivan el inicio del procedimiento, la descripción, naturaleza y demás características de las mercancías y la toma de muestras de las mercancías, en su caso, y otros elementos probatorios necesarios para emitir la resolución que corresponda.
"Por ende, si bien de las disposiciones anteriormente descritas no se aprecia que se exija que al levantar el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, la persona autorizada para ello tenga que describir de manera circunstanciada de qué manera se identifica ante la persona a quien se le practicará la inspección, sin embargo, aunque dichos preceptos no exijan dichos requisitos, también es cierto que en tratándose de las órdenes de verificación, en los casos en que no exista una orden expresa, sí está obligado el verificador que la desahogue, a detallar circunstanciadamente el documento con el que se identifique ante la persona sobre la cual recaerá la verificación.
"Lo anterior, tomando en consideración que la figura de la verificación dentro del mundo jurídico constituye por su propia naturaleza, una forma de comunicación jurídica e individualizada, cuyos requisitos formales y medios están predeterminados en el ordenamiento jurídico que rige el acto, a fin de que el interesado esté en posibilidades de recibir la comunicación en función de los efectos jurídicos que de ella derivan, pues la determinación que al efecto se lleva a cabo, puede afectar sus derechos e intereses en cuanto por ella la administración fiscal podría imponer especiales cargas y obligaciones de diverso contenido y naturaleza, que al final de todo atentaría contra el patrimonio del interesado.
"Lo cual encuentra sustento en las formalidades que legalmente se exigen para la práctica de diligencias de dicha naturaleza, las cuales ponen de manifiesto la intención del legislador que consiste en que ésta se lleve a cabo respetando todos los requisitos necesarios para que el interesado esté en posibilidades de entablar una defensa adecuada a sus intereses; por ello, este órgano de control constitucional determina, que al desahogarse dichas diligencias, las autoridades aduaneras deben sujetarse a las formalidades previstas para el cateo, en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de ahí que se afirme la necesidad de que los inspectores en el desahogo de las diligencias de verificación de mercancías en transporte tengan que detallar de forma circunstanciada cómo se identifican ante la persona a verificar.
"Lo cual no ocurre en aquellos casos en que previo a la diligencia existe orden expresa de la autoridad facultada para efecto de que se lleve a cabo una verificación de mercancías, en el que se asiente el nombre de la persona facultada para ello, así como la placa que lo acredita como verificador aduanero, toda vez que resultaría suficiente que en el acta de hechos únicamente se detallen esos requisitos para que se tengan por cumplidas las formalidades de identificación a que se refieren los preceptos anteriormente descritos.
"Por ende, en el caso resultó suficiente que se hiciera constar el oficio a través del cual se comisionó al verificador de aduanas para que llevara a cabo la verificación de mercancías, así como su registro federal de contribuyentes y la placa que lo acredita como inspector de la materia para efecto de tener por satisfecho el requisito de la identificación como así lo afirma la recurrente, toda vez que dichos elementos fueron suficientes para darle certeza jurídica al acto de verificación de mercancía de procedencia extranjera dentro de territorio mexicano.
"Lo anterior es así, toda vez que de las documentales que obran en autos del juicio de origen, dentro de las que destacan por su importancia la orden de verificación 326-SAT-A40-5533, de nueve de octubre de dos mil dos, el parte informativo de hechos 123/2002, de nueve de noviembre del precitado año, el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, de once de noviembre siguiente y la resolución identificada con el número 326-SAT-A40-1865, de cuatro de marzo de dos mil tres, mismas que fueron objeto de valor por la autoridad responsable, se aprecia que el titular de la Aduana de Ciudad Hidalgo, Chiapas, ordenó una verificación de mercancías de procedencia extranjera en transporte a cargo de Rosa Albita Rodríguez de León, que designó para ello a Emeterio León Otero, inspector de la Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal y Aduanera, para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales sustantivas y formales que rigen en materia de comercio exterior, para la salida o entrada de mercancías del territorio nacional; que el inspector designado rindió ante el primer inspector, Eduardo Aguilar Parra, en su carácter de jefe de operación de la Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal y Aduanera, el parte informativo respectivo, en el cual hizo constar, esencialmente, el número de su registro federal de contribuyentes, así como el de su placa, que actuaba en acatamiento a la orden de verificación 326-SAT-A40-5533 de nueve de octubre de dos mil dos, así como que a las once horas del nueve de noviembre de ese año, durante el servicio de sobrevigilancia realizó un recorrido a orillas del río Suchiate, a la altura del punto Armadillos, en Ciudad Hidalgo, Chiapas, en donde detectó a una persona que dijo llamarse Rosa Albita Rodríguez de León, quien cruzaba el río en una balsa, en la cual traía consigo cuatro cajas de diferentes tamaños, las cuales, con la ayuda de otras personas las subieron a un vehículo tipo pick up, marca Toyota, color blanco, modelo 1988, número de serie JT4RN50R7J5136084, placas de circulación VX16017 del Estado de Chiapas, que interceptó el vehículo y procedió a entregar a esa persona la orden de verificación 326-SAT-A40-5533; asimismo, que al revisar las cuatro cajas comprobó que contenían mercancías de procedencia extranjera, sin presentar la documentación que amparara el pago de las contribuciones de comercio exterior, por lo que procedió a trasladar a Rosa Albita Rodríguez de León, a la mercancía y a al vehículo ante la indicada Jefatura de Operación Fiscal.
"Es claro que el inspector designado para efectuar la verificación de la mercancía de procedencia extranjera en transporte, tuvo el cuidado necesario que en el acta respectiva se asentara de qué manera se identificó ante Rosa Albita Rodríguez de León, ya que, contrario a las consideraciones que al efecto efectuó la responsable en la sentencia recurrida, en el sentido de que era insuficiente, que en el documento de mérito se especificara la orden de verificación número 326-SAT-A40-5533, de nueve de octubre de dos mil dos, el número de registro federal de contribuyentes y la placa que acredita a la persona que llevó a cabo el acto como inspector aduanero, ya que no era necesario que también se especificara si se trataba de una credencial en la que figurara el nombre y fotografía del verificador, así como tampoco por quién fue expedida, si se encontraba o no vigente, por ende, es evidente que con el solo hecho que se haya especificado que la persona encargada de llevar a cabo la diligencia se trata de aquella que con anterioridad se había comisionado a través del oficio ya descrito, es suficiente para considerar que la aludida diligencia sí fue desahogada con base a los lineamientos que prevén los artículos descritos con anterioridad.
"Consecuentemente, es acertada la afirmación de la recurrente cuando refiere que la conclusión a la que arribó la responsable fue desatinada, porque como ya se dejó asentado, basta con que las autoridades aduaneras, al efectuar las diligencias de mérito, únicamente precisen su registro federal de contribuyentes, el oficio de comisión en donde aparece que fue designado para efectuar dicha diligencia y la placa respectiva que lo acredita como inspector de aduanas.
"No obsta a lo anterior, la circunstancia de que la Sala responsable para apoyar sus consideraciones transcribió la tesis identificada con la clave I.6o.A.13 A, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, misma que este órgano de control constitucional comparte, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, septiembre de 1999, página 853, que dice: ‘VERIFICADORES ADUANEROS. REQUISITOS DE IDENTIFICACIÓN.’ (se omite la transcripción por innecesaria); toda vez que de la lectura de la misma, no se aprecia que se especifique que el verificador aparte de describir su registro federal de contribuyentes, el oficio de comisión en donde aparece que fue designado para efectuar dicha diligencia y la placa respectiva que lo acredita como inspector de aduanas, necesariamente tenga que asentar también el número de credencial expedida por la autoridad competente en el que se especifique el folio de ésta, su nombre y fotografía, vigencia y por quién fue expedida.
"En consecuencia, al asistirle razón en parte a la autoridad recurrente en los agravios en estudio, lo procedente es revocar la resolución dictada por la Sala Regional Chiapas Tabasco del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de siete de julio de dos mil cuatro, en el juicio de nulidad 1579/03-19-01-2 y siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, emita otra en la que analice en su totalidad los conceptos de impugnación que dejó de estudiar.
"Lo anterior en virtud de que en el caso no es dable que este órgano de control constitucional con fundamento en la fracción I del artículo 91 de la Ley de Amparo se avoque al estudio de los conceptos de impugnación no ponderados por la responsable, en virtud de que en el amparo directo y la revisión de que conocen los Tribunales Colegiados de Circuito, en razón de su jurisdicción especial, sólo constituyen medios conferidos a los particulares o a las autoridades para ocurrir ante la Justicia Federal en defensa de sus intereses, en contra de sentencias pronunciadas por los tribunales de lo contencioso administrativo; por ende, la similitud entre esos medios de defensa extraordinarios lleva a la conclusión de que las resoluciones que en ambos casos se dicten, sólo pueden ocuparse de las cuestiones analizadas por la potestad común, en términos del artículo 190 de la Ley de Amparo resultando, por ello, inaplicable en las revisiones fiscales, lo dispuesto en el precitado artículo 91, fracción I, del propio ordenamiento; de manera que si en éstas se concluye que son fundados los agravios, deben devolverse los autos a la Sala de su origen, para que se haga cargo de las cuestiones omitidas, como en el caso, que al declarar fundados una parte de los conceptos de impugnación que hizo valer la actora en su demanda de nulidad, consideró innecesario el análisis de los restantes, de la misma manera que ocurre en el amparo directo que no permite la sustitución de facultades propias de la responsable; ello es así porque si bien el artículo 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que las revisiones contra resoluciones de tribunales contenciosos de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, ‘se sujetarán a los trámites que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto ...’, ello no significa que tales revisiones deban resolverse con las mismas reglas del amparo indirecto en revisión, sino tan sólo que su trámite debe ajustarse a dichas reglas.
"Es aplicable al caso la jurisprudencia número 338, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo III, Materia Administrativa, página 359, que dice: ‘REVISIÓN FISCAL. INAPLICABILIDAD DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE AMPARO.’ (se omite la transcripción por innecesaria)."
II. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el veintitrés de junio de mil novecientos noventa y nueve, el juicio de amparo directo 3946/1998, sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:
"CUARTO. En otro aspecto, el primer concepto de violación es fundado, en razón de lo siguiente:
"La Sala responsable, para reconocer la validez de la resolución impugnada, considera que es inaplicable al caso la tesis de jurisprudencia del Poder Judicial Federal que invoca la actora, que tiene como finalidad proteger la seguridad física y jurídica de los particulares a quienes se practica una visita domiciliaria, la que implica la intromisión de personas ajenas al domicilio de particulares, porque, en el caso, no se trata de la intromisión de personas ajenas en el domicilio del ah
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19587-dee7823b/acta-de-inicio-del-procedimiento-administrativo-en-materia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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