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Modo: Corpus Pro

VISITA DOMICILIARIA O REVISIÓN DE GABINETE O DE ESCRITORIO. EL PLAZO MÁXIMO QUE ESTABLECE EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PARA SU CONCLUSIÓN CONSTITUYE UN DEBER DE INELUDIBLE CUMPLIMIENTO. VISITA DOMICILIARIA O REVISIÓN DE GABINETE O DE ESCRITORIO. SU CONCLUSIÓN CON INFRACCIÓN DE LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y ÚLTIMO DEL ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DA LUGAR A QUE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DECLARE LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, CONFORME A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 238, EN RELACIÓN CON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 239 DE ESE CÓDIGO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 56/2003-SS. · Registro digital (IUS): 17948
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y SEGUND
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Febrero de 2004, , Pág. 283.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 56/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y SEGUNDO EN LA MISMA MATERIA DEL SEGUNDO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.

SECRETARIO: ROLANDO JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO. A fin de estar en posibilidad de resolver la presente denuncia de contradicción de tesis es conveniente conocer las consideraciones conducentes al caso sostenidas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias respectivas.

I. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sostuvo su tesis en las siguientes resoluciones:

A. Amparo en revisión 183/2002, resuelto en sesión de diez de julio de dos mil dos:

"QUINTO. El recurrente aduce, sustancialmente, que la sentencia dictada por el Juez de Distrito es violatoria de lo que disponen los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo y, por consecuencia, violatoria de las garantías individuales consagradas en los diversos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos porque en ella se omitió el estudio integral de los conceptos de violación hechos valer, desatendiendo la litis constitucional planteada, por las siguientes razones:

"a) No toma en consideración lo que alegó respecto a que al haberse declarado la nulidad lisa y llana de la resolución controvertida en el juicio contencioso administrativo, con fundamento en la fracción IV del artículo 238 y fracción II del 239, ambos del Código Fiscal de la Federación, la autoridad estaba impedida para dictar una nueva resolución porque la Sala Fiscal ya había entrado al fondo del asunto y resuelto en consecuencia.

"b) Omite el análisis del alcance que tiene tal declaratoria de nulidad, ya que fue decretada por violación al artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación.

"c) Omite el estudio del alcance y consecuencias de las facultades que para las visitas domiciliarias debió haber observado la autoridad fiscal.

"d) Porque considera que el acto reclamado cumplió con lo establecido por el artículo 46, fracción VII, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación; sin embargo, este precepto no es aplicable en el caso concreto, pues el supuesto contemplado en dicho párrafo únicamente se aplica a aquéllos casos en los que se haya levantado el acta final de auditoría en el domicilio fiscal y no en aquéllos en que se determinaron créditos fiscales a cargo del contribuyente visitado, como ocurre en este caso.

"e) Porque conforme al artículo 16 constitucional las facultades de las autoridades administrativas para comprobar el cumplimiento de las obligaciones tributarias no son ilimitadas, por tanto, la posibilidad de efectuar visitas por los mismos ejercicios y contribuciones, como lo establece el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, transgrede la garantía de seguridad jurídica consagrada en aquél precepto, pues deja en absoluto estado de indefensión al sujeto visitado y torna nugatorio el derecho a la inviolabilidad del domicilio, facultando a la autoridad a prolongar de manera indefinida la práctica de visitas domiciliarias, permitiendo que una afectación temporal se transforme en una intervención permanente, sin que la autoridad pueda prolongar de manera indefinida la práctica de visitas por el nuevo ejercicio fiscal.

"f) El procedimiento de fiscalización depende de facultades tanto discrecionales como regladas cuyo plazo de caducidad inicia con la notificación de su ejercicio, se suspende con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación y concluye cuando se notifica la resolución definitiva. Sin embargo, la suspensión referida está condicionada a que cada seis meses se levante acta parcial o final o se dicte resolución definitiva, pues de no darse estas circunstancias se entenderá que no hubo suspensión. Y agrega que permitir la práctica ilimitada de visitas domiciliarias equivale a una especie de reformatio in peius o absolución de la instancia, aun sin estar dentro del término legal para ello.

"Ahora bien, son infundados los argumentos contenidos en los incisos a), b) y c) anteriores, porque contrario a lo que en ellos se aduce, el Juez de Distrito sí tomó en consideración los argumentos expuestos en los conceptos de violación, en los que alegó el impedimento de la autoridad fiscal para volver a ejercer sus facultades de comprobación sobre la quejosa, hoy recurrente, respecto a las mismas contribuciones y en relación con el mismo ejercicio fiscal.

"Lo anterior puede corroborarse de la sentencia recurrida, específicamente del considerando quinto, fojas dieciocho a veinte, en donde el Juez de Distrito determina que no hay impedimento para la autoridad responsable de ejercer de nueva cuenta sus facultades de comprobación, estimando que no existe norma expresa que determine que la declaración de nulidad lisa y llana decretada por la Sala Fiscal respecto a la resolución que en un primer momento fue impugnada impida a la autoridad fiscal volver a ejercer sus facultades de comprobación.

"Y cabe reiterar que las conveniencias de una declaratoria de nulidad lisa y llana están vinculadas con la figura de cosa juzgada, atento lo cual, la autoridad queda sujeta, en su caso, a no reiterar previa y exclusivamente lo que fue materia del juicio del que deviene la declaratoria de nulidad o reiterarla en el mismo contexto específico del que provino. Consecuentemente, si en el juicio contencioso administrativo que invoca la quejosa se calificó o enjuició sólo una visita porque se estimó ilegal, al haber rebasado su práctica el tiempo que el Código Fiscal de la Federación establece para ello, la nulidad de referencia sólo puede influir e impactar esa actuación, como atinadamente lo señala el Juez a quo, ‘... contrario a lo sostenido por la quejosa, el principio de cosa juzgada no se vulnera con el acto reclamado, sólo se transgrediría si la autoridad responsable hubiese actuado en el primer procedimiento de fiscalización cuya nulidad fue decretada.’

"En abono a lo anterior son aplicables, en lo conducente, las tesis sostenidas por este tribunal con registros TC014350.9 AD y TC014353.9 AD, cuyo precedente fue el amparo directo DA. 66/2002, relativo al juicio de garantías promovido por Monte del Carmen, Sociedad Anónima, resuelto en sesión de diecisiete de abril de dos mil dos, por unanimidad de votos, en el cual fue ponente el Magistrado Jean Claude Tron Petit, que se citan a continuación:

"‘NULIDAD LISA Y LLANA PREVISTA EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SUPUESTOS Y CONSECUENCIAS. Conforme al artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, las sentencias definitivas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que declaren la nulidad pueden ser de manera lisa y llana cuando ocurra alguno de los dos supuestos de ilegalidad previstos en las fracciones I y IV del artículo 238 del código invocado, lo que se actualiza, en el primer caso, cuando existe incompetencia de la autoridad que dicta u ordena la resolución impugnada o tramita el procedimiento del que deriva, y en el segundo, cuando los hechos que motivaron el acto no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien, se dictó en contravención de las disposiciones aplicables o dejó de aplicar las debidas, lo que implica el fondo o sustancia del contenido de la resolución impugnada. En ambos casos se requiere, en principio, que la Sala Fiscal realice el examen de fondo de la controversia. Es así que, de actualizarse tales supuestos, la nulidad debe declararse en forma lisa y llana, lo que impide cualquier actuación posterior de la autoridad en razón de la profundidad o trascendencia de la materia sobre la cual incide el vicio casado y que determina, en igual forma, un contexto específico sobre el que existirá cosa juzgada que no puede volver a ser discutida.’

"‘NULIDAD LISA Y LLANA PREVISTA EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. RAZONES QUE PERMITEN O IMPIDEN A LA AUTORIDAD DEMANDADA SUBSANAR EL ACTO NULO. La nulidad lisa y llana prevista en el artículo 239 del Código Fiscal de la Federación se apoya y depende de un antecedente o presupuesto que es la cosa juzgada en cuanto al fondo de la materia litigiosa. Es por ello que sus efectos están vinculados a lo que se ha decidido y juzgado, pues solo así se entiende que la autoridad no pueda ya repetir un acto y que se le impida, válidamente, actuar en el futuro. Sin embargo, cuando no se ha juzgado el mérito sino apenas el desacato a una formalidad, resulta que no es dable impedirle a la autoridad administrativa que enmiende las violaciones de naturaleza formal y pueda, eventualmente, subsanar el acto combatido, pues de hacerlo así de una manera categórica, merced a una pretendida nulidad lisa y llana, no tendría una justificación de causa-efecto que la haga razonable.’

"Por tanto, la sentencia anulatoria de una resolución administrativa (que tiene su génesis en el ejercicio de una facultad discrecional) carente de fundamentación y motivación, no debe obligar a la autoridad administrativa a dictar otra resolución, porque tanto equivaldría a que el Tribunal Fiscal sustituyera a la demandada en la libre apreciación de las circunstancias y oportunidad para actuar que le otorgan las leyes, independientemente de que también perjudicaría al administrado actor en vez de beneficiarlo, pues al darle ese efecto a la nulidad estaría obligando a la autoridad administrativa a actuar cuando ésta, por no encontrar elementos para fundar y motivar una nueva resolución, pudiera abstenerse.

"Pero de la misma manera y, fundamentalmente, por la misma causa, la sentencia que declara nula una resolución infundada e inmotivada emitida en ejercicio de facultades discrecionales no puede, válidamente, impedir que la autoridad administrativa pronuncie una nueva resolución, pues con tal efecto le estaría coartando su poder de elección. Además, resulta lógico entender que la sentencia anule en forma absoluta la resolución, de modo tal que la autoridad quede impedida para dictar otra resolución, cuando la Sala se apoya en vicios de fondo, pero no cuando el acto discrecional sólo es censurado por falta de fundamentación y motivación, que es vicio de forma.

"Es decir, aun cuando en principio, por disposición legal, la declaratoria de nulidad emitida en un juicio fiscal en que se haya controvertido la omisión de algún requisito formal en la expedición del acto administrativo debería ser para determinados efectos, lo cierto es que en tratándose, como es la hipótesis que nos ocupa, de una orden de visita domiciliaria, cuya emisión se da como resultado del ejercicio de las facultades discrecionales de la autoridad administrativa, esa nulidad no puede contener ningún efecto, ya que en el evento de imprimir determinados efectos a la autoridad que emitió el acto con base en su facultad discrecional, se le estaría coartando su poder de elección y se suprimiría el poder discrecional que tiene la autoridad.

"Como conclusión de todo lo anteriormente expuesto debe señalarse que si bien las violaciones de tipo formal existentes en un acto administrativo encuadran en el supuesto previsto en la fracción II del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, lo que trae aparejada la declaratoria de nulidad para efectos, en términos de lo establecido en la fracción III del artículo 239 del mencionado ordenamiento legal, ello no ocurre en el caso de las órdenes de visita domiciliaria.

"En efecto, no debe perderse de vista que la resolución impugnada en el juicio contencioso administrativo derivó de la emisión de órdenes de visita domiciliaria expedidas con base en la facultad discrecional que a las autoridades fiscalizadoras les otorga el artículo 16 constitucional surtiéndose el caso de excepción previsto en la parte final del precepto citado en último término (239, fracción III, del Código Fiscal de la Federación) y, por tanto, aunque originariamente deba ser declarada la nulidad para efectos, lo cierto es que la nulidad decretada en este supuesto excepcional no puede tener efecto alguno que no sea el de que la autoridad anule el acto impugnado y, actuando dentro del límite de sus facultades discrecionales, si así lo estima conveniente y se encuentra en posibilidad de hacerlo, emita un nuevo acto administrativo.

"Además, no hay tal omisión en el estudio de los conceptos de violación de que se duele el hoy recurrente, desde el momento en que el Juez realiza un análisis de la legalidad de las facultades de comprobación de que es titular la autoridad fiscal, estableciendo la factibilidad con que cuenta ésta para iniciar una visita en el domicilio fiscal, al ejercer sus facultades de comprobación a una misma persona, respecto al mismo ejercicio y por las mismas contribuciones que las ya revisadas, siempre y cuando se emita una nueva orden.

"En este sentido, cabe reiterar que una declaratoria de nulidad lisa y llana implica una condena de ineficacia respecto de un acto administrativo que es ilegal; sin embargo, tal situación no puede tener el alcance de extinguir, obligada y necesariamente, las facultades de fiscalización y determinación de créditos fiscales, como lo pretende la quejosa, lo cual acertadamente también expuso el Juez a quo, ya que el régimen de ambas instituciones -nulidad y caducidad- es autónoma.

"Por otra parte, y en relación con el argumento contenido en el inciso d) de este considerando, es infundado el enfoque de la quejosa habida cuenta que de actualizarse una visita que excede los plazos mencionados en el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, la consecuencia es que ‘... se entenderá concluida en esa fecha, quedando sin efectos la orden y las actuaciones que de ella se derivaron durante dicha visita o revisión.’ (artículo 46-A, in fine, del Código Fiscal de la Federación), lo que equivale y significa que el Juez de Distrito citó el mencionado precepto para dejar establecido que la autoridad fiscal tiene la posibilidad de iniciar una visita domiciliaria por el mismo ejercicio y contribución, siempre y cuando a ésta le preceda la respectiva orden, concluyendo que una declaratoria de nulidad no impide o inhibe el ejercicio de las facultades de comprobación. Consecuentemente, las alegaciones que se encaminan a establecer la aplicabilidad del multicitado precepto cuando se haya levantado un acta final de auditoría o cuando se hayan determinado créditos fiscales resultan inatendibles, pues no combaten las consideraciones que el Juez de Distrito tuvo para resolver como lo hizo respecto a la posibilidad de que la autoridad ejerciera facultades de comprobación por un mismo periodo y contribución, lo cual además es acertado, pues se equipara a una conclusión de la visita que en nada impide el inicio de otra diversa, antes bien el artículo 46 citado expresamente autoriza esa situación ..."

B. Revisión fiscal 262/2002, resuelta en sesión de veintisiete de noviembre de dos mil dos:

"QUINTO. En el único agravio se aduce, esencialmente, que la sentencia que se recurre viola lo dispuesto en los artículos 46-A, 134 y 137, en relación con los diversos 238, fracción II y 239, fracción III y último párrafo, del Código Fiscal de la Federación por inobservancia, toda vez que se declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, en virtud de que la misma deriva de un procedimiento viciado, como lo fue el hecho de que la autoridad demandada no notificó legalmente a la actora el oficio de observaciones de fecha diez de agosto de mil novecientos noventa y nueve, pues la constancia de notificación del oficio de observaciones no se encuentra debidamente circunstanciada; sin embargo, la Sala Fiscal pierde de vista que dicha informalidad no puede ser nulificada en forma lisa y llana sino que, en todo caso, debió declarar la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la autoridad demandada, de considerarlo pertinente y con base en sus facultades de comprobación, reponga el procedimiento fiscalizador a partir de la violación cometida y no declarar la nulidad lisa y llana, o bien, en su caso, para que no se le impida ni se le obligue a iniciar un nuevo procedimiento de fiscalización si así lo estima pertinente y se encuentra en posibilidades de hacerlo.

"Asimismo, señala que la Sala Fiscal no señala cómo o por qué el vicio consistente en que no se requirió la presencia del representante legal de la actora para notificar el oficio de observaciones se traduce en que los hechos que motivaron la resolución impugnada no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien, si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o se dejó de aplicar las debidas.

"Resulta esencialmente fundado el agravio expresado en atención a las consideraciones siguientes:

"La Sala Fiscal del conocimiento declaró la nulidad lisa y llana en virtud de que la revisión practicada a la contribuyente respecto del ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y siete no se concluyó en el plazo máximo de seis meses a que se refiere el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, vigente en esa época, puesto que dentro de ese término no se notificó válida y eficazmente a la actora el oficio de observaciones (en virtud de que el notificador no cumplió con los requisitos que establecen los artículos 134 y 137 del Código Fiscal de la Federación, al no levantarse el acta respectiva debidamente circunstanciada, por lo que la Sala la declaró ilegal), ya que las actuaciones que derivaron de dicha revisión quedaron sin efectos al ordenarlo así el precepto legal primeramente citado en su último párrafo y, por ende, deviene en ilegal la resolución impugnada al perder eficacia el procedimiento del que proviene.

"Ahora bien, para determinar si los efectos que dio la Sala Fiscal a la nulidad que declaró fueron los correctos deben hacerse las consideraciones siguientes:

"De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 238 y 239 del Código Fiscal de la Federación, las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa pueden declarar la nulidad lisa y llana del acto impugnado o para efectos.

"La nulidad lisa y llana debe decretarse cuando ocurra algún supuesto de ilegalidad previsto en las fracciones I y IV del artículo 238 invocado, lo que sucede cuando se actualiza la incompetencia de la autoridad que dicte u ordene la resolución impugnada o tramite el procedimiento del que deriva y cuando los hechos que motivaron el acto no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien, se dictó en contravención de las disposiciones aplicables o dejó de aplicar las debidas (lo que implica el fondo o sustancia del contenido de la resolución impugnada). En ambos casos requiere, en principio, que la Sala Fiscal haya realizado el examen de fondo de la controversia.

"En cambio, cuando la ilicitud casada corresponde a las hipótesis previstas en las fracciones II y III del precepto legal de que se trata, conllevan a decretar la nulidad para efectos, en razón de suceder o darse ilicitudes derivadas de vicios de carácter formal que contrarían el principio de legalidad. Y es así que la fracción II se refiere a la omisión de formalidades propias o inherentes a la resolución administrativa impugnada, inclusive a la ausencia de fundamentación y motivación; en tanto que la fracción III contempla los vicios en el procedimiento del cual derivó dicha resolución, vicios que bien pueden implicar también la omisión de formalidades establecidas en las leyes, violatorias de las garantías de legalidad, pero que se actualizaron en el procedimiento, es decir, en los antecedentes o presupuestos de la resolución impugnada.

"Así, de actualizarse los supuestos de ilicitud previstos en las fracciones I y IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, que implican el estudio de fondo del asunto, la nulidad debe declararse en forma lisa y llana, lo que impide cualquier actuación posterior de la autoridad en razón de la profundidad o trascendencia de la materia sobre la cual incide el vicio casado y que determina, en igual forma, un contexto específico sobre el que existirá cosa juzgada que no puede volver a ser discutida.

"Pero si se trata de los casos previstos en las fracciones II y III del artículo en comento, que contemplan violaciones de carácter formal, la nulidad debe ser tan sólo para efectos de enmendar o corregir los supuestos de ilicitud en que se hubiere incurrido por ser apenas el modo, expresión o apariencia, el cómo de la voluntad de la administración expresada en el acto administrativo respectivo; dicho en otras palabras, es el medio a través del cual se prepara y exterioriza la voluntad administrativa. En consecuencia, las irregularidades y supuestos de ilegalidad de carácter formal no atienden al fondo ni prejuzgan respecto del derecho material o sustantivo aplicado en el acto reclamado ni a las relaciones o situaciones que son susceptibles de establecerse. Por tanto, no es factible limitar o impedir a la autoridad que, de tener expeditas sus facultades, pueda enmendar el vicio y subsanar así su acto de autoridad, ya que el pronunciamiento o cosa juzgada apenas se relaciona e impacta a la forma o medios preparatorios para emitir el acto, lo cual obviamente no impide ni puede obstaculizar una decisión en cuanto al fondo que no ha sido discutido (normas sustantivas o de relación) y menos podría limitarse a la autoridad a deducir y ejercer los derechos que de esta naturaleza tenga, pues sería tanto como privarla de sus facultades, potestades y derechos sin que exista un acto jurisdiccional que lo justifique.

"En abono a lo anterior, son aplicables, en lo conducente, las tesis sostenidas por este tribunal, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, páginas 1334 y 1335, que se citan a continuación:

"‘NULIDAD LISA Y LLANA PREVISTA EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SUPUESTOS Y CONSECUENCIAS.’

"‘NULIDAD LISA Y LLANA PREVISTA EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. RAZONES QUE PERMITEN O IMPIDEN A LA AUTORIDAD DEMANDADA SUBSANAR EL ACTO NULO.’

"(Se omite la transcripción de ambas tesis porque ya aparecen en la ejecutoria antes reproducida).

"Precisado lo anterior, es necesario determinar a qué clase de nulidad conlleva la ilegalidad del procedimiento de revisión como consecuencia de que la notificación del oficio SF/A/6944/99 de fecha diez de agosto de mil novecientos noventa y nueve, relativo a las observaciones determinadas como resultado de la revisión del dictamen del contador público autorizado, inobservó lo dispuesto en los artículos 134 y 137 del Código Fiscal de la Federación, es decir, si a una nulidad lisa y llana o a una para efectos; dicho de otra manera, en cuál de las causales de nulidad señaladas en el artículo 239 del Código Fiscal de la Federación encuadra esta ilicitud o conducta contraria a lo dispuesto en la ley.

"En esta tesitura, en el juicio contencioso administrativo del que deriva el presente recurso de revisión fiscal se calificó o enjuició la notificación del oficio de observaciones derivado de la revisión del dictamen presentado por contador público autorizado, que se estimó ilegal por no realizarse al tenor de lo dispuesto en los artículos 134 y 137 del Código Fiscal de la Federación y, por consecuencia, dicha revisión rebasó el periodo que el Código Fiscal de la Federación establece para ello (artículo 46-A). Por tanto, si como en el caso acontece, la sentencia anulatoria de la resolución administrativa deriva de una ilegalidad de carácter formal procedimental por consumarse en el proceso de fiscalización que tiene su génesis en el ejercicio de una facultad discrecional en razón de que la autoridad exactora eligió inspeccionar a la contribuyente a través de la revisión de su contabilidad, es obvio que no se debe obligar indefectiblemente a la autoridad administrativa a dictar otra resolución, porque equivaldría a que el tribunal sustituyera a la demandada en la libre apreciación de las circunstancias y oportunidad para actuar que le otorgan las leyes, independientemente de que también perjudicaría al administrado actor en vez de beneficiarlo, pues al darle ese efecto a la nulidad estaría obligando a la autoridad administrativa a actuar necesariamente cuando ésta, por no encontrar elementos para fundar y motivar un nuevo acto, pudiera abstenerse.

"Es decir, aun cuando en principio, por disposición legal, la declaratoria de nulidad emitida en un juicio fiscal en que se haya controvertido la omisión de algún requisito formal sea en el trámite que antecede o en la expedición del acto administrativo impugnado, que en el caso es la determinación de impuestos, debería ser para determinados efectos, lo cierto es que en tratándose, como es la hipótesis que nos ocupa, de la conclusión de las facultades para revisar la contabilidad del contribuyente desbordando el lapso de seis meses que al afecto la ley estatuye como aspecto temporal para tal fin (en razón de la ilegal notificación de las observaciones resultantes de la revisión del dictamen presentado por el contador público autorizado por el contribuyente), cuya emisión se da como resultado del ejercicio de una facultad discrecional de la autoridad administrativa dentro del contexto de las posibilidades de fiscalización que la ley le confiere, tal ilegalidad no puede ni debe llevar implícito ningún efecto en términos de lo dispuesto en la fracción II o III del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, como lo pretende la recurrente, ya que en el evento de imprimir determinados efectos a la nulidad recaída al acto procedimental que desarrolló la autoridad que emitió el acto con el antecedente de haber ejercido en su preparación una facultad discrecional, se le estaría coartando su poder de elección y se suprimiría el poder de elección que tiene; sin embargo, tampoco puede decretarse una nulidad lisa y llana, como lo hizo la Sala Fiscal en términos de la fracción IV del ordenamiento legal citado, porque no se realizó el estudio de fondo del asunto, sino apenas se juzgó un aspecto de carácter formal que acarreó la nulidad del procedimiento de fiscalización.

"Lo anterior es así, puesto que si bien la diligencia de notificación del oficio de observaciones se declaró ilegal por no observarse lo dispuesto en los artículos 134 y 137 del Código Fiscal de la Federación, lo que acarreó y provocó que la revisión de la documentación a la contribuyente resulte ilegal por exceder el lapso que la ley al efecto confiere (que es un vicio de forma), quede sin efectos la orden y las actuaciones que de ella se derivaron de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, vigente en mil novecientos noventa y nueve (que fue cuando se inició la revisión del dictamen del contador público), que textualmente, en lo correspondiente, dispone:

"‘Artículo 46-A. Las autoridades fiscales deberán concluir la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes o la revisión de la contabilidad de los mismos que se efectúe en las oficinas de las propias autoridades, dentro de un plazo máximo de seis meses contados a partir de que se le notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación. ...

"‘El plazo a que se refiere el párrafo anterior, podrá ampliarse por periodos iguales hasta por dos ocasiones ... En su caso, dicho plazo se entenderá prorrogado hasta que transcurra el término a que se refiere el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 46 de este código.

"‘...

"‘Cuando las autoridades no levanten el acta final de visita o no notifiquen el oficio de observaciones, o en su caso, el de conclusión de la revisión dentro de los plazos mencionados, ésta se entenderá concluida en esa fecha, quedando sin efectos la orden y las actuaciones que de ella se derivaron durante dicha visita o revisión.’

"En efecto, no debe perderse de vista que la resolución impugnada en el juicio contencioso administrativo derivó de la revisión del dictamen presentado por el contador público autorizado por el contribuyente, facultad discrecional que a las autoridades fiscalizadoras les otorga el artículo 16 constitucional, en relación con el 42, fracción II, del código tributario federal, surtiéndose el caso de excepción previsto en el artículo 239, fracción III, in fine, del Código Fiscal de la Federación y, por tanto, aunque originariamente deba ser declarada la nulidad para efectos, lo cierto es que en éste supuesto excepcional no puede tener efecto alguno que no sea el que la autoridad anule el acto impugnado y, actuando dentro del límite de sus facultades discrecionales, si así lo estima conveniente y se encuentra en posibilidad de hacerlo, emita un nuevo acto administrativo dentro del procedimiento de fiscalización y sus eventuales consecuencias.

"En este sentido, cabe reiterar que una declaratoria de nulidad, aun en el supuesto de que fuera de carácter lisa y llana, implica una condena de ineficacia sólo respecto de un acto administrativo que es ilegal; sin embargo, tal situación no puede tener el alcance de extinguir, obligada y necesariamente, las facultades de fiscalización y determinación de créditos fiscales, ya que el régimen de ambas instituciones -nulidad y caducidad- es autónomo.

"Por consiguiente, la citada ilegalidad cometida por las autoridades recurrentes, si bien constituye un vicio in procedendo, también se trata de una facultad discrecional, por lo que en el particular se actualiza, contrariamente a lo sostenido por la Sala Fiscal responsable, la causal de ilegalidad contemplada en la fracción III del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, en el entendido de que el acto impugnado en el juicio contencioso administrativo fue la determinación de impuestos, en correlación con lo que d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17948-4f0b6383/visita-domiciliaria-o-revision-de-gabinete-o-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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