SERVIDORES PÚBLICOS. LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTOS O DE SERVICIOS AL PÚBLICO LES OBLIGAN Y SIRVEN DE APOYO PARA ESTABLECER LA CAUSA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN QUE INCURRAN, SIEMPRE Y CUANDO LA ACCIÓN U OMISIÓN PREVISTA EN EL CASO CONCRETO ESTÉ PRECISADA COMO CONDUCTA DE ALGUNO DE ELLOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 121/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIA: MARÍA MARCELA RAMÍREZ CERRILLO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los juicios de amparo directo DA. 180/2003-2349 y DA. 606/2001-12113, interpuestos por Sergio Hugo Delgado Alonso y Rafael Villanueva García, respectivamente, determinó conceder el amparo apoyándose, en lo conducente, en las siguientes consideraciones:
Amparo directo DA. 180/2003-2349.
"SEXTO. En un primer concepto de violación la parte quejosa aduce, esencialmente, que la sentencia reclamada transgrede en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, en virtud de que la responsable sustenta su ilegal resolución en el aparente incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Manual de Organización de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, cuando dicho manual no puede servir de fundamento para fincarle responsabilidad y menos aún para sancionarlo, ya que el citado manual de modo alguno puede asignar atribuciones, facultades u obligaciones específicas a un funcionario o servidor público, pues su función es únicamente de difusión y apoyo administrativo interno, sin que pueda ser considerado como una ley o reglamento; por tanto, refiere el quejoso, al no existir ley o reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación que exija el cumplimiento de la conducta que se le imputa, jamás se puede imponer esa carga a través de un simple manual de organización como lo estableció la responsable. Son sustancialmente fundados los argumentos que hace valer el quejoso. Para mejor comprensión del asunto, se estima pertinente precisar que de la lectura de la sentencia reclamada se desprende que la Sala Fiscal resolvió que carecían de eficacia los argumentos del actor en el sentido de que al no existir ley o reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación que exija el cumplimiento de determinada conducta a un servidor público, no se puede imponer carga mediante un manual de organización, cuya función es únicamente de difusión y apoyo administrativo interno, sin revestir la obligatoriedad de una norma publicada en el órgano oficial referido, puesto que no tiene la fuerza legal suficiente para constreñirlo a su cumplimiento, toda vez que, al decir de la responsable, la resolución impugnada en el juicio fiscal se encontraba legalmente emitida ya que para examinar la ilegalidad de una resolución de responsabilidad administrativa no es necesario que la conducta esté prevista en la ley o en su reglamento interior, pues la cuestión debe resolverse determinando si de acuerdo con las pruebas que obren en el expediente está demostrado o no, o si dentro de las funciones correspondientes al cargo desempeñado están las que dan lugar a la responsabilidad, por lo que si la falta del actor derivó de no cumplir con las tareas establecidas por el Manual de Organización de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, era claro que para esa juzgadora incurrió en responsabilidad administrativa, puesto que dicha situación quedó acreditada al analizar las funciones contenidas en el manual de referencia, además de que el manual de organización contiene los lineamientos que determinan de manera enunciativa y no limitativa las funciones de los trabajadores, cuya finalidad es optimizar el funcionamiento de las unidades administrativas de una dependencia, estableciendo los procedimientos a seguir para una eficaz prestación del servicio público, lo que, desde luego, agrega la Sala, implica su observancia, como norma organizativa por parte de aquellos servidores públicos que prestan sus servicios en las áreas en las que se ocupan esos manuales, por ende, el actor, en su carácter de empleado de la administración pública federal, debió de observar, cumplir y ejecutar cabalmente las tareas impuestas en el Manual de Organización de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, de conformidad con lo estipulado por el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de allí que era evidente que las demandadas se fundamentaron en el ordenamiento legal aplicable al caso concreto. La Sala Fiscal apoyó lo antes expuesto en el criterio contenido en la tesis número II.1o.A.76 A, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, consultable en la página 1309, Tomo XII, octubre de 2000, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice lo siguiente: ‘MANUALES DE PROCEDIMIENTOS. SU ACATAMIENTO ES OBLIGATORIO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS A QUIENES VAN DIRIGIDOS. Los manuales de procedimientos tienen como finalidad optimizar el funcionamiento de las unidades administrativas de una dependencia, estableciendo los procedimientos a seguir para una eficaz prestación del servicio público, lo que desde luego implica obligatoriedad para aquellos servidores públicos que, de acuerdo a sus funciones, deben acatarlos. Ello es así, porque si bien no tienen la calidad de leyes o reglamentos, no dejan de ser obligatorios, cuenta habida de que constituyen un catálogo de normas o reglas obligatorias para los servidores públicos, los que no tienen posibilidad alguna de no acatarlas bajo el pretexto de que no se trata de leyes emanadas del Congreso de la Unión o de reglamentos expedidos por el titular del Poder Ejecutivo, pues aun cuando no vinculan ni trascienden a terceros particulares, esto no es óbice para que su cumplimiento sea inexcusable, por contener normas de aplicación interna, de carácter obligatorio y general, cuya observancia no se deja al libre arbitrio del servidor público a quien van dirigidos.’. Precisado lo anterior, este Tribunal Colegiado considera necesario analizar la naturaleza jurídica del Manual de Organización de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, en el que se apoyó la autoridad demandada, a fin de determinar si es correcto, como lo resolvió la Sala responsable, que se haya fincado responsabilidad al actor con apoyo en ese ordenamiento. De las constancias del juicio fiscal se advierte que el actor exhibió como prueba de su parte copia simple de la parte relativa a la regulación de las funciones de las áreas de: Gerencia de Comercialización, Subgerencia Comercial, Gerencia del AICM (sic), Subgerencia Administrativa, Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales y un organigrama, contenidos en el Manual de Organización de Aeropuertos y Servicios Auxiliares y que, asimismo, la autoridad demandada ofreció en copia certificada las mismas documentales; manual que al decir de las partes no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación. El artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dispone lo siguiente: ‘Artículo 19. El titular de cada secretaría de Estado y departamento administrativo expedirá los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público necesarios para su funcionamiento, los que deberán contener información sobre la estructura orgánica de la dependencia y las funciones de sus unidades administrativas, así como sobre los sistemas de comunicación y coordinación y los principales procedimientos administrativos que se establezcan. Los manuales y demás instrumentos de apoyo administrativo interno, deberán mantenerse permanentemente actualizados. Los manuales de organización general deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación. En cada una de las dependencias y entidades de la administración pública federal, se mantendrán al corriente los escalafones de los trabajadores y se establecerán los sistemas de estímulos y recompensas que determine la ley y las condiciones generales de trabajo respectivas.’. En el caso a estudio, del análisis de las copias certificadas del manual a que se hizo referencia con anterioridad, se observa que no se precisa la autoridad que lo expide y si fue o no publicado en el Diario Oficial de la Federación. De igual forma, de la lectura de las copias de referencia del citado manual, se advierte que éste constituye un conjunto de reglas de naturaleza interna cuya finalidad es la de dar a conocer las funciones de las unidades administrativas que conforman a la dependencia pública descentralizada aeropuertos y servicios auxiliares y que, por ende, no tiene el carácter de una ley o reglamento. Por tanto, el manual de organización en el cual se apoyó la autoridad demandada para sancionar al quejoso, en oposición a lo resuelto por la responsable, no constituye un ordenamiento legal en el que se pueda sustentar la aplicación de una sanción dentro de un procedimiento administrativo de responsabilidad a un servidor público, puesto que no se traduce en un catálogo de naturaleza general que sea del conocimiento de cualquier persona, sino que éste tiene el carácter de un documento que sólo rige hacia el interior de la institución y que es creado para el adecuado funcionamiento de las actividades atribuidas a cada una de las personas que laboran en determinado centro de trabajo, sea público o privado, pero que para efectos de sancionar a uno de estos integrantes, no es posible, jurídicamente, que sirva de apoyo para fincar una responsabilidad administrativa, ya que el manual de mérito no cuenta con las características o atributos propios de una ley o reglamento. En tal orden de ideas, las facultades inherentes al cargo que se le atribuyeron al quejoso, si bien podrían estar más ampliamente precisadas en un manual de organización, lo cierto es que igualmente debían estar establecidas en la ley o reglamento interior que rige al organismo en el que prestaba sus servicios el ahora quejoso, puesto que únicamente estos ordenamientos legales son los que tienen generalidad y obligatoriedad, tan es así que son publicados en el Diario Oficial de la Federación, lo que no se observa haya acontecido con el citado manual, ya que, se insiste, es una normatividad de naturaleza interna que es creada para el mejor funcionamiento del centro de trabajo, pero que no puede servir de sustento para efectos de un procedimiento de responsabilidad de los servidores públicos al no gozar de la fuerza legal con la que cuenta la ley o el reglamento. Así pues, los actos u omisiones que se atribuyan para sancionar a un servidor público deben estar previstos en un ordenamiento legal de carácter general y público y no en un manual de organización como el de la especie, pues este instrumento carece de toda fuerza legal al no tener naturaleza normativa, ya que su papel simplemente es de ser una fuente de información vigente de la organización y atribuciones de la estructura interna de cada dependencia u organismo de la administración pública federal pero sin que dicha información pueda equipararse al carácter normativo que tienen los reglamentos interiores de tales instituciones ni un valor regulador jurídico, es decir, la finalidad de los manuales es sólo contar con información actualizada de tipo meramente administrativo, máxime que ni la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que prevé su existencia en su artículo 19, ni alguna otra ley o dispositivo reglamentario le dan carácter normativo alguno. Sirve de apoyo a las consideraciones que anteceden la tesis número I.13o.A.65 A, de este Tribunal Colegiado, visible en la página 1151, Tomo XVI, noviembre de 2002, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: ‘MANUAL DE OPERACIÓN. NO ES UN ORDENAMIENTO LEGALMENTE APLICABLE PARA SANCIONAR A UN SERVIDOR PÚBLICO, EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. Las facultades, atribuciones, obligaciones o competencia de cualquier autoridad administrativa, debe estar siempre contenida en un ordenamiento legal de carácter general y de orden público, lo que significa que dichas disposiciones no pueden estar contenidas en los manuales de operación de cualquier órgano del Estado, es decir, que no pueden ser la base jurídica en la cual se apoye la autoridad administrativa no sólo para fundar su competencia o atribuciones, sino también para sancionar a un servidor público, ya que no se trata de un ordenamiento de carácter público, sino que contiene disposiciones internas cuya eficacia jurídica se circunscribe al mejor desempeño en las actividades propias de los servidores públicos que conforman a la dependencia de que se trate; es decir, que dichos ordenamientos son de aplicación interna, que carecen de fuerza vinculatoria como son los ordenamientos de carácter general, por lo que no pueden ser apoyo a las autoridades del gobierno para fundar su competencia o atribuciones, así como para sancionar a un servidor público, toda vez que los actos u omisiones que se le atribuyen deben estar previstas en un ordenamiento legal de carácter general y público, y no en los citados manuales.’. Consecuentemente, al quedar de manifiesto que un manual de organización no puede ser la base o fundamento legal en el que se apoye la autoridad para seguir un procedimiento administrativo de responsabilidad sustentado en que las faltas que se imputan al aquí quejoso están contempladas en el manual en comento, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados para el efecto de que la Sala Fiscal deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, emita otra siguiendo los lineamientos establecidos en la presente ejecutoria, a fin de restituir al agraviado en el pleno goce de las garantías individuales que le fueron violadas. En las relatadas condiciones, al resultar fundado el concepto de violación en estudio, es innecesario el estudio de los demás conceptos hechos valer, en virtud de que con motivo de su examen no cambiaría el sentido del presente fallo. Es aplicable al caso la tesis aislada sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 72, Volúmenes 175-180, Cuarta Parte, Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación, que dice lo siguiente: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja.’. Ahora bien, dado que el criterio sustentado por este órgano colegiado podría actualizar una contradicción con el emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito en la tesis cuya transcripción obra en este considerando, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo denúnciese la contradicción de tesis respectiva a nuestro más Alto Tribunal para lo que tenga a bien determinar. En términos similares se resolvió por este órgano colegiado el amparo directo número DA. 606/2001-12113, correspondiente a la ponencia de la Magistrada Rosalba Becerril Velázquez, en sesión de fecha treinta y uno de enero de dos mil dos, por unanimidad de votos."
Amparo directo DA. 606/2001-12113.
"QUINTO. En un primer concepto de violación la parte quejosa aduce que la sentencia reclamada transgrede en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales, tomando en cuenta que la sanción que se le impone en la resolución que se impugnó ante la Sala Fiscal, la hacen derivar del incumplimiento del capítulo correspondiente a la Oficina de Servicios Complementarios, punto 6.4 del Manual de Organización del Departamento Delegacional de Servicios Generales de mil novecientos noventa y cuatro, que establece la obligación de supervisar a las personas que están a su cargo para que se proporcionen los servicios de enajenación de bienes; siendo que, aduce la parte quejosa, ese manual de operaciones no es fuente de competencia para ninguna autoridad, puesto que no pueden ser considerados como una ley o reglamento. El concepto de violación hecho valer resulta fundado y suficiente para conceder la protección constitucional solicitada, de acuerdo a lo siguiente: El artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo a la letra dice: ‘Artículo 76 bis. Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente: ... VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa.’. Como se puede advertir, el precepto que antecede establece que para el caso de una violación manifiesta y evidente, el órgano judicial que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia existente en los conceptos de violación a fin de subsanar la violación cometida en su perjuicio. Asimismo, se considera aplicable la jurisprudencia 17/2000, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento ochenta y nueve, del Tomo XII, octubre de dos mil, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. PROCEDENCIA. Para que proceda la suplencia de los conceptos de violación deficientes en la demanda de amparo o de los agravios en la revisión, en materias como la administrativa, en términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, se requiere que el juzgador advierta que el acto reclamado, independientemente de aquellos aspectos que se le impugnan por vicios de legalidad o de inconstitucionalidad, implique además, una violación manifiesta de la ley que deje sin defensa al quejoso o al particular recurrente. Se entiende por «violación manifiesta de la ley que deje sin defensa», aquella actuación en el auto reclamado de las autoridades responsables (ordenadoras o ejecutoras) que haga visiblemente notoria e indiscutible la vulneración a las garantías individuales del quejoso, ya sea en forma directa, o bien, indirectamente, mediante la transgresión a las normas procedimentales y sustantivas y que rigen el acto reclamado, e incluso la defensa del quejoso ante la emisión del acto de las autoridades responsables. No deben admitirse para que proceda esta suplencia aquellas actuaciones de las autoridades en el acto o las derivadas del mismo que requieran necesariamente de la demostración del promovente del amparo, para acreditar la ilegalidad o inconstitucionalidad del acto, o bien, de allegarse de cuestiones ajenas a la litis planteada, porque de ser así, ya no se estaría ante la presencia de una violación manifiesta de la ley que deje sin defensa al quejoso o agraviado.’. Ahora bien, en el caso particular se podría mencionar que el argumento del quejoso es inoperante en virtud de que éste no fue hecho valer ante la Sala Fiscal, sin embargo, ello no sería jurídicamente correcto ya que lo cierto es que un escrito de demanda debe estudiarse como un todo, apoyándose además en la figura jurídica de la causa de pedir que se ha establecido en la tesis 2a./J. 63/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 323, del Tomo VIII, septiembre de 1998, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona el criterio formalista sustentado por la anterior Tercera Sala de este Alto Tribunal, contenido en la tesis de jurisprudencia número 3a./J. 6/94, que en la compilación de 1995, Tomo VI, se localiza en la página 116, bajo el número 172, cuyo rubro es «CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICO JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.», en la que, en lo fundamental, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación radican en que, por una parte, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales no exige, en sus artículos 116 y 166, como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo.’. Circunstancia que hace a este Tribunal Colegiado advertir que no obstante que el ahora quejoso no haya precisado en la demanda de nulidad que no se le podía sancionar por una conducta prevista en un manual de operaciones, ya que éste no cuenta con la fuerza legal de una ley o reglamento, lo cierto es que del contenido de los conceptos de anulación se establece que la resolución impugnada no se encontraba debidamente fundada y motivada, tal como se aprecia del tercer concepto que en su parte conducente dice: ‘... dicho considerando no se apega al principio de legalidad ya que: 1) no se tomaron en cuenta ni se valoró la prueba ofrecida de mi parte dentro del procedimiento administrativo; 2) no se observaron las normas procedimentales aplicables; 3) no se observaron los principios generales de derecho que establecen que «nadie responde por actos ajenos», y «a cada quien lo suyo»; 4) al imponérseme responsabilidad administrativa de la que no soy imputable, con fundamento en las fracciones I,V, XXII y XXIV del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y la fracción V al no tomar en consideración para emitir su resolución los elementos a que hace referencia el artículo 54 de la LFRSP (sic), pues mi conducta dentro de los hechos controvertidos no es sancionable ni por gravedad ni por omisión, según se ha demostrado hasta ahora, motivos por los cuales la autoridad demandada ha incurrido en lo que en nuestro derecho se conoce como «desvío de poder», pues me imputó una sanción para la que, si bien está facultada legalmente para ello, se funda en preceptos que son inaplicables a mi conducta dentro del caso particular, sin estar, por tal razón, debidamente fundada y motivada ...’. A su vez, no obstante los argumentos del actor, hoy quejoso, la Sala Fiscal determinó que, contrariamente a su dicho, la resolución se encontraba legalmente emitida, tomando en cuenta que existió de su parte un incumplimiento del capítulo correspondiente a la Oficina de Servicios Complementarios, punto 6.4, del Manual de Organización del Departamento Delegacional de Servicios Generales de mil novecientos noventa y cuatro, que establece la obligación de supervisar a las personas que están a su cargo para que se proporcionen los servicios de enajenación de bienes; sin embargo, la propia Sala Fiscal no advierte que ese argumento transgredió la esfera jurídica del quejoso y, por tanto, resultaba suficiente para considerar que efectivamente la resolución no se encontraba fundada en un ordenamiento jurídico con fuerza vinculatoria como lo es una ley o un reglamento general, abstracto e impersonal. Es decir, que el manual de operaciones en el cual se apoyó la autoridad demandada para sancionar al quejoso no es un ordenamiento legal en el que se pueda apoyar para aplicar una sanción dentro de un procedimiento administrativo de responsabilidad a un servidor público, toda vez que no se trata de un ordenamiento general que sea del conocimiento de cualquier personal, sino que éste tiene el carácter de documento privado que solamente rige en el interior de la institución y que es creado para el mejor funcionamiento de las actividades atribuidas a cada una de las personas que laboran en determinado centro de trabajo, sea público o privado. Tan es así, que el manual de operaciones que es equiparado a los reglamentos de trabajo, son definidos por el Diccionario Jurídico Mexicano, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, como: ‘Reglamentos de trabajo. Conjunto de condiciones de carácter técnico, administrativo o disciplinario, que norman el funcionamiento de un centro de trabajo y las cuales corresponden a la dirección, organización, seguridad, higiene o distribución de las labores, cuya observancia es obligatoria para los trabajadores. Estatuto interno que regula los procesos de productividad en sus diversas fases y operaciones en una empresa o establecimiento. En el ámbito de la administración pública, las condiciones de trabajo impuestas a los servidores del Estado para el correcto desarrollo de los trámites y actuaciones de los organismos que lo integran ...’. Como se observa, el reglamento de trabajo o manual de operaciones son documentos similares que únicamente son obligatorios, de manera interna, para el personal que integra un centro de trabajo, ya sea público o privado, puesto que en él, para el mejor funcionamiento de dicho centro, se establecen de forma más específica las actividades de cada una de las personas que en él laboran, pero que igualmente para efectos de sancionar a uno de estos integrantes no puede ser utilizado, ya que el mismo no cuenta con las características de una ley o reglamento aplicable al caso. Una vez precisado lo anterior, en el caso concreto, las facultades propias del cargo que se le atribuyeron al quejoso, si bien podían estar más ampliamente precisadas en un manual de operaciones, lo cierto es que igualmente debían estar establecidas en la ley o reglamento interior que rige al propio Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que únicamente éstos ordenamientos legales son los que tienen generalidad y obligatoriedad, tan es así que son publicados en el Diario Oficial de la Federación, lo que no sucede con los manuales de operaciones ya que, se insiste, son normatividades internas que se crean para el mejor funcionamiento del centro de trabajo, pero que no pueden utilizarse para efectos de un procedimiento de responsabilidad de servidores públicos, puesto que no tienen esa fuerza legal con la que cuenta la ley o el reglamento aplicable a la materia en concreto. Sirve de apoyo a lo anterior, solamente en lo que interesa, la tesis de jurisprudencia J/1, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, cuyo criterio comparte este Tribunal Colegiado, visible en la página seiscientos noventa y ocho del Tomo VI, octubre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘SUBDIRECTOR DE SANCIONES DE LA DIRECCIÓN DE SANCIONES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. SU EXISTENCIA DEBE CONTENERSE EN EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA PROPIA SECRETARÍA. El Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es el ordenamiento legal a través del cual el Ejecutivo Federal puede crear órganos, suprimirlos, cambiar o modificar sus atribuciones; por tanto, si en tal ordenamiento legal no se contempla al subdirector de Sanciones de la Dirección de Sanciones de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es evidente que no tiene existencia legal, ya que no puede sostenerse válidamente que en el acuerdo delegatorio de facultades, organigramas generales o en el manual general de organización, se confieran facultades a una autoridad que no se encuentra expresamente creada en dicho reglamento interior, puesto que además de la existencia de la autoridad, debe constar expresamente en el cuerpo de leyes que contempla a las unidades administrativas que integran tal secretaría de Estado y no inferirse su existencia, toda vez que expresamente el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala que el reglamento interior de cada una de las secretarías de Estado, que es expedido por el presidente de la República, determinará las atribuciones de las unidades administrativas; por lo que si en el citado reglamento, en el que constan las unidades administrativas que integran la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, no se encuentra contemplada la existencia del subdirector de Sanciones de la Dirección de Sanciones de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la cual debe constar expresamente y no inferirse o hacerse derivar de disposiciones secundarias, es evidente que cualquier actuación derivada de ella es ilegal por provenir de una autoridad inexistente.’. Así como la tesis aislada II.A.54 A, sustentada por el mismo tribunal en comento y cuyo criterio comparte este órgano judicial, visible en la página quinientos cuarenta y siete del Tomo IX, febrero de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: ‘VICEPRESIDENTE JURÍDICO DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. SU E
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17979-2b530bf1/servidores-publicos-los-manuales-de-organizacion-de-procedimientos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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