SINDICATOS DE TRABAJADORES. CASOS EN QUE SE LES DEBE SUPLIR LA QUEJA DEFICIENTE EN LOS JUICIOS DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 123/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO, Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, OCTAVO EN MATERIA CIVIL Y SEXTO EN MATERIA DE TRABAJO, TODOS DEL PRIMER CIRCUITO, PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y PRIMERO EN MATERIA CIVIL, AMBOS DEL SEGUNDO CIRCUITO, PRIMERO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO, PRIMERO DEL QUINTO CIRCUITO, PRIMERO DEL OCTAVO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIA: MARÍA MARCELA RAMÍREZ CERRILLO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver lo conducente, es preciso tener presentes los criterios que sustentaron en sus respectivas ejecutorias los órganos colegiados involucrados en la posible contradicción de tesis denunciada.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, en la sentencia dictada el veinte de junio de dos mil dos, en el juicio de amparo directo 106/2002, promovido por el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla, en el que se señaló como parte tercero perjudicada al sindicato denunciante de esta posible contradicción de tesis, en lo concerniente a los temas que son materia de la presente contradicción determinó:
"SÉPTIMO. Previo al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa y las consideraciones en que se hizo descansar el laudo que constituye el acto reclamado, este cuerpo colegiado se ocupará de la causal de improcedencia que ponen de manifiesto los terceros perjudicados en el presente juicio, tanto la Asociación Sindical de Personal Académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla como el Sindicato Independiente de Trabajadores No Académicos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pues su estudio es de orden público lo aleguen o no las partes ... Ahora bien, esta potestad federal procede a ocuparse de los argumentos vertidos por los terceros perjudicados, respecto a la falta de personalidad que éstos identifican como falta de interés jurídico de los firmantes del escrito de demanda de amparo que se ostentaron como integrantes del comité ejecutivo del sindicato hoy quejoso. Como ya se vio, los representantes de los sindicatos afirmaron en el escrito que se analiza que los sedicentes representantes del sindicato quejoso carecían de esa personalidad ante la circunstancia de que no habían acompañado al escrito de demanda de amparo el documento idóneo para acreditarla, es decir, la certificación de que se encuentra registrada la directiva sindical ante la Junta de origen, conocida como toma de nota y que ello era suficiente para estimar que no tenían la representación con la cual se ostentaban los suscriptores del libelo en cita. El argumento sintetizado es inexacto a partir de las siguientes consideraciones. En primer lugar, debe decirse que la denominada toma de nota, si bien es el documento idóneo para acreditar la representación que ostenta un comité sindical, respecto de la propia organización gremial frente a terceros, esto no quiere decir que sea la única forma en que puede acreditarse la referida representación. Ello es así, pues de acuerdo a lo que dispone el artículo 693 de la Ley Federal del Trabajo, las Juntas podrán tener por acreditada la personalidad de los representantes de los trabajadores o sindicatos sin sujetarse a las reglas formales que establece el artículo 692 del cuerpo legal preinvocado, siempre que con los documentos exhibidos se llegue al convencimiento de que efectivamente se representa a la parte interesada. En segundo lugar, debe tomarse en consideración que, en la especie, el sindicato quejoso solicitó que su personalidad se analizara a la luz del artículo 12 de la Ley de Amparo, en relación con el mencionado numeral 693 del código obrero, pues según se desprende de su propio escrito de demanda (fojas 19 del expediente en que se dicta la presente ejecutoria), la Junta señalada como responsable les negó la toma de nota correspondiente al cambio de directiva sindical; luego entonces, es evidente que partiendo del principio jurídico de que 'a lo imposible nadie está obligado', no es factible que esta potestad federal tome en consideración la ausencia del documento denominado toma de nota para considerar que los suscriptores del escrito de demanda que se ostentaron como miembros del comité directivo del sindicato quejoso carecen de la personalidad con la cual se ostentaron. Ahora bien, a fojas de la 1322 a la 1348 del expediente en que se actúa, aparece un escrito del Sindicato Independiente de Trabajadores No Académicos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, tercero perjudicado, en el que ponen de manifiesto diversas consideraciones por las cuales, a su parecer, no está acreditada la representación con la que se ostentaron los firmantes del escrito de demanda de amparo de origen ... De los argumentos antes sintetizados, se aprecia con claridad que esta organización gremial hace descansar sus argumentos en los que pone de manifiesto la existencia de una causal de improcedencia en que, a su parecer, la elección de los miembros del comité ejecutivo del SUNTUAP no se ajustó a lo que marcan los estatutos de dicha organización y que, por ende, carecían de interés jurídico para acudir a esta instancia constitucional a favor del multirreferido sindicato amparista. Dicho lo anterior, esta potestad federal estima conveniente precisar lo siguiente: Tomando en consideración que el sindicato quejoso ocurre a este juicio de amparo directo en defensa de su registro sindical y, por ende, de manera indirecta en defensa de los intereses de sus trabajadores, pues en el caso de que, como ocurrió, se les privara de ese requisito para el funcionamiento cabal de dicha organización, no estarían en posibilidades de proteger los derechos de sus agremiados, este cuerpo colegiado arriba a la conclusión de que el estudio de la personalidad de quienes comparecen a este juicio ostentándose como miembros del comité directivo del SUNTUAP debe hacerse a la luz del artículo 12 de la Ley de Amparo, en relación con el 693 del código obrero, los cuales dicen a la letra: 'Artículo 12. (de la Ley de Amparo) En los casos no previstos por esta ley, la personalidad se justificará en el juicio de amparo en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado; y en caso de que ella no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Tanto el agraviado como el tercero perjudicado podrán constituir apoderado para que los represente en el juicio de amparo, por medio de escrito ratificado ante el Juez de Distrito o autoridad que conozca de dicho juicio.'. 'Artículo 693. (de la Ley Federal del Trabajo) Las Juntas podrán tener por acreditada la personalidad de los representantes de los trabajadores o sindicatos, sin sujetarse a las reglas del artículo anterior, siempre que de los documentos exhibidos lleguen al convencimiento de que efectivamente se representa a la parte interesada.'. Por ello, el presidente de esta potestad federal al analizar el escrito de demanda determinó que los firmantes de dicho libelo no habían demostrado la personalidad con la que se ostentaron y, en mérito de ello, los requirió para que demostraran tal extremo para, en ese caso, estar en aptitud legal de estudiar la procedencia o improcedencia del juicio de garantías, aplicando de manera analógica la jurisprudencia de rubro: 'PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.'. Enseguida, debe precisarse que esta potestad federal ha sostenido el criterio (específicamente en el toca de revisión 410/99, resuelto por el entonces único Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, anterior denominación de este cuerpo colegiado, en sesión de veinticuatro de enero de dos mil) de que tratándose del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, quienes ostentan su representación son todos y cada uno de los integrantes del comité ejecutivo de la organización gremial, pero actuando en grupo, pues así se desprende de la lectura de los artículos de los estatutos de dicha persona moral, específicamente en los numerales 48 y 55, inciso a), los que a la letra, en lo que aquí interesa, indican: 'Artículo 48. El comité ejecutivo es el órgano que tiene a su cargo la representación general y la dirección del sindicato ...'. 'Artículo 55. Son atribuciones y obligaciones del comité ejecutivo: a) representar al sindicato y a sus integrantes ante las autoridades de la UAP y, generalmente, ante todo tipo de autoridades administrativas, jurisdiccionales y laborales ...'. Así las cosas, el presidente de este cuerpo colegiado al estudiar el escrito aclaratorio de los miembros del comité ejecutivo del sindicato impetrante del amparo, se limitó a tomar en consideración que lo firmaran todos y cada uno de los integrantes del referido órgano de dirección sindical, además de los documentos que acompañaron a ese escrito consistentes en escrito original de convocatoria de elecciones en el SUNTUAP de trece de marzo de dos mil uno, solicitud de registro de la planilla que integran los miembros de la mesa directiva del sindicato amparista, original del escrito en que cada uno de los miembros de la planilla antes mencionada expresan su conformidad para participar en el proceso de elección, copia del padrón de miembros cotizantes en el sindicato impetrante del amparo, original de seiscientas diez boletas de votación y acta de toma de posesión de los miembros electos del comité ejecutivo del SUNTUAP, los que a juicio del Pleno de este Tribunal Colegiado resultan suficientes para que se llegue al convencimiento de la existencia de la representación ostentada, por lo menos para promover el presente juicio de amparo. Conviene hacer la precisión de que esta potestad federal estima que la jurisprudencia que invoca el sindicato tercero perjudicado, a través de su representante, no resulta aplicable al caso concreto por lo siguiente: En la tesis en comento y que fue transcrita en párrafos anteriores, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegó a la conclusión de que las Juntas de Conciliación y Arbitraje cuando les es solicitada la toma de nota de cambios de directiva sindical o de estatutos de las organizaciones gremiales, tienen la facultad y la obligación de analizar los documentos que se acompañan a la referida solicitud para establecer si se cumplieron o no los lineamientos marcados por los estatutos del sindicato peticionante. Sin embargo, este criterio no tiene los alcances que pretende se le otorguen el sindicato tercero perjudicado; ello, ya que la revisión en comento es solamente cuando se hace la solicitud de la multicitada toma de nota, por ser esa la oportunidad de analizar la legalidad o ilegalidad de los procedimientos internos sindicales. Por ello, esta potestad federal considera que de acuerdo a la litis planteada en el juicio de origen y a la naturaleza de la acción de amparo intentada, éste no es el medio idóneo para que se controvierta y estudie lo apegado o no a los estatutos del SUNTUAP, del procedimiento de elección de su comité ejecutivo que amparan los documentos con los que se acreditó la representación a favor del sindicato quejoso, de los que firmaron el escrito de demanda y el diverso aclaratorio. En las relatadas condiciones, este cuerpo colegiado considera que la representación a favor del SUNTUAP por parte de aquellos que firmaron los escritos correspondientes, esto es, el comité ejecutivo, tanto el de demanda como el aclaratorio, se encuentra suficientemente demostrada, por lo menos para la incoación de este juicio de amparo y, por ello, en consecuencia, sí tienen interés jurídico para promover el juicio de amparo directo a favor del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Dicho lo anterior, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por el sindicato amparista, a través de sus representantes. OCTAVO. Los representantes del sindicato peticionario del amparo en sus primeros cuatro conceptos de violación hacen referencia a la existencia de presuntas violaciones a las leyes esenciales que rigen el procedimiento laboral, por lo que esta potestad federal procede a estudiarlos de manera preferente, pues de resultar fundado alguno de ellos haría innecesario el estudio de los restantes. En el primero de los motivos de inconformidad, quienes piden el amparo sostienen que la Junta señalada como responsable vulneró sus garantías individuales, pues no se integró en la forma en que lo previene el artículo 609, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, en donde se dispone que cuando se trata de conflictos de naturaleza colectiva, las Juntas Especiales (como lo es la responsable) deberán estar integradas por el presidente de la Junta Local y, en los demás casos, por el presidente de la Especial que corresponda. Que como no sucedió así, resultó entonces que la responsable era incompetente para conocer y resolver el procedimiento laboral de origen ... Las anteriores alegaciones formuladas por los peticionarios del amparo devienen infundadas (sic). Se dice lo anterior, pues a pesar de que de la lectura de las constancias que integran el juicio laboral de origen se conoce que los hechos en los que hicieron descansar las violaciones procedimentales alegadas realmente existieron, tales eventos en momento alguno menguaron la capacidad de defensa del sindicato amparista y, por ende, no trascendieron en ninguna forma al resultado del fallo. Respecto del primer concepto de violación, en el que se alega que la Junta del conocimiento no estuvo correctamente integrada, de los autos iniciales de los expedientes acumulados formados con motivo de las demandas presentadas por la Asociación Sindical de Personal Académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y por el Sindicato Independiente de Trabajadores No Académicos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, así como del propio acuerdo en el que se ordenó oficiosamente la acumulación de éstos, se desprende que fueron firmados por la auxiliar de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla (fojas 97 y 97 vuelta, 296 y 297 del expediente de origen), y que en la audiencia trifásica por parte de la Junta responsable intervino de nueva cuenta la auxiliar de la referida Junta, sin que se hiciera mención de que, habida cuenta (sic) la naturaleza colectiva del procedimiento incoado en contra del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la responsable quedaba integrada por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y con los representantes de los trabajadores y de los patrones adscritos a la Especial en la que se actuaba. Aunado a ello, el propio laudo reclamado está suscrito, además de los representantes de obreros y del capital, por el presidente de la Junta Especial (foja 375 vuelta de la tercera pieza del expediente laboral de origen). Sin embargo, este hecho no afecta las defensas de la parte quejosa, pues a pesar de que uno de los integrantes del Pleno de la Junta (el presidente) no fue quien debió ser, este hecho en nada trascendió al resultado del fallo, pues la aplicación de las leyes, tanto para el desarrollo del procedimiento como para el estudio de fondo de la litis planteada, fue la Ley Federal del Trabajo, igual legislación que indefectiblemente se hubiera aplicado en caso de que la responsable hubiese estado presidida por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Así pues, al sindicato quejoso no le fueron variados ni las formas, ni los términos legales en que se admitieron y desahogaron las probanzas que en el expediente se propusieron. Antes bien, debe señalarse que la indefensión de que pudiera dolerse el sindicato amparista se debe a que le fue desconocida la personalidad a sus mandantes y, con ello, no pudieron participar dentro del procedimiento, pues legalmente se les tuvo por contestadas afirmativamente las demandas presentadas en su contra y por perdido su derecho a ofrecer probanzas, circunstancia que en todo caso debe ser reprochada al propio quejoso y no a la responsable ... Dicho lo anterior, esta potestad federal procede a ocuparse de los conceptos de violación encaminados a controvertir el fondo del asunto. NOVENO. El quinto de los conceptos de violación hechos valer por los apoderados de la moral amparista, suplido en su deficiencia en términos del artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, deviene sustancialmente fundado y, por ende, suficiente para conceder al sindicato quejoso el amparo solicitado. La suplencia de la queja en el presente asunto descansa en la circunstancia de que, en la especie, el sindicato quejoso ocurre a esta instancia constitucional de garantías en defensa de su registro el cual, por su naturaleza, le permite realizar las actividades a las que los faculta la ley frente a terceros; en consecuencia, tal acción redunda en defensa de los intereses de sus agremiados, requisito indispensable para la aplicación de la referida figura jurídica. Al caso deviene aplicable, por analogía, la tesis 2a. X/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual fue publicada en la página doscientos cuarenta y tres del Tomo IX, febrero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: 'SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. HIPÓTESIS EN QUE OPERA A FAVOR DE LOS SINDICATOS.' (se transcribe). Dicho lo anterior, debe señalarse que en el referido motivo de inconformidad los integrantes del sindicato amparista señalan que el laudo reclamado viola las garantías individuales de su representado, pues la responsable no se percató de que los sindicatos actores carecen de legitimación para ejercitar, en perjuicio del hoy quejoso, la acción de cancelación de registro sindical, pues ninguno de sus derechos les faculta para solicitarla; y, además, que para considerarlo de otro modo sería necesario eliminar tanto el principio de la autonomía sindical como el derecho constitucional de la libre sindicación. Tienen razón los representantes del sindicato amparista. Se arriba a la anterior conclusión partiendo de lo siguiente: El artículo 689 de la Ley Federal del Trabajo contempla la existencia de la figura del interés jurídico para estar en posibilidades de intervenir como partes en un procedimiento laboral, pues a la letra señala: 'Artículo 689.' (se transcribe). De la transcripción anterior se llega al convencimiento de que el legislador federal constriñó la participación dentro de un juicio en el cual se ventilaran cuestiones relacionadas con la materia del trabajo, a aquellas personas físicas o morales que demostraran tener 'interés jurídico', que no es otra cosa más que la 'pretensión de acudir a los tribunales para hacer efectivo un derecho desconocido o violado', tal como se define esta figura en el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Editorial Porrúa, décima primera edición, México, 1998, volumen I-O, página 1778. De esta definición debe destacarse que aquellos que intentan el ejercicio de una acción tienen la obligación de demostrar que están en posesión de un derecho que les esté siendo desconocido o violentado por un tercero, pues de otra manera su pretensión de acudir a los tribunales carecería de manera absoluta de sustento y, por su parte, resulta evidente que los tribunales jurisdiccionales del Estado, en la especie las Juntas de Conciliación y Arbitraje están obligadas a pronunciarse al respecto, pues es evidente que se trata de un presupuesto procesal. Ahora bien, en el caso, resulta claro que la Junta señalada como responsable al admitir las demandas intentadas por los sindicatos terceros perjudicados y proseguir el procedimiento hasta el dictado del laudo reclamado en el que resolvió que la acción intentada era procedente, de manera implícita decidió que los actores sí tenían un interés jurídico para incoar el juicio laboral que se constituye generador del acto reclamado, determinación que esta potestad federal estima errónea. Este cuerpo colegiado estima que los sindicatos actores, Asociación Sindical de Personal Académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el Sindicato Independiente de Trabajadores No Académicos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con los argumentos que enseguida se sintetizarán y analizarán, no demostraron estar en posesión de ningún derecho que se les esté desconociendo o violando, es decir, no tienen interés jurídico para ser considerados partes dentro del procedimiento jurisdiccional que intentaron. En efecto, en sus escritos de demanda laboral, los representantes de las mencionadas organizaciones gremiales manifestaron, esencialmente: a) Que ante el hecho de que el sindicato demandado no había solicitado la revisión del contrato colectivo de trabajo que tenía celebrado con la entidad educativa de referencia desde mil novecientos noventa y tres, era claro que no estaba cumpliendo con una de sus finalidades principales, como lo era la de procurar el mejoramiento de la calidad de vida de sus agremiados, los que se vieron seriamente afectados, pues les había impedido ejercitar las acciones necesarias, por lo que procedía la cancelación de su registro; y, b) Que el registro que se le había otorgado al Sindicato Unitario de Trabajadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla había sido ilegal, pues el sindicato demandado no había satisfecho los requisitos de ley para que procediera su solicitud originaria. En este contexto, esta potestad federal llega a la conclusión de que los hoy terceros perjudicados, a través de las aludidas reclamaciones, no ponen de manifiesto estar en posesión de ningún derecho que se les desconociera o violara, esto es, no demostraron que se afectara su interés jurídico con la circunstancia de que la organización sindical demandada hubiera obtenido y mantenido hasta la actual fecha su registro ante la autoridad laboral correspondiente, en la especie la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, previsto en el artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo. Se arriba a la anterior conclusión, pues a juicio de este cuerpo colegiado: a) Respecto del primero de los argumentos señalados por los sindicatos actores, el relativo a que el sindicato demandado, hoy amparista, había dejado de cumplir con sus obligaciones y, por ende, ya no tenía todos los requisitos que la ley laboral exige, no es un argumento que afecte sus propios intereses que, como organizaciones gremiales, tienen los sindicatos actores. Esto es así, pues el hecho de que el SUNTUAP no revisara el contrato colectivo de trabajo que tiene celebrado con la universidad varias veces mencionada, en su caso, podría afectar a los agremiados del sindicato demandado, y son éstos quienes pudieran hacer patente su inconformidad con la actividad irregular u omisa desplegada por el sindicato al cual están afiliados. Aunado a lo anterior, debe decirse que en todo caso la falta de cumplimiento del sindicato actor de sus obligaciones legales, a saber, la de rendición de cuentas a sus agremiados y la de comunicar en tiempo y forma sus decisiones internas a la autoridad laboral correspondiente, solamente da lugar a que en determinado momento se le constriña al cumplimiento de tales obligaciones y no, por supuesto, a la cancelación de su registro. Al caso, resulta aplicable la tesis VI.2o.18 L, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se comparte, la que puede ser consultada en la página trescientos cincuenta y tres del Tomo III, enero de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: 'SINDICATOS. CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE LOS, IMPROCEDENTE, POR INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.' (se transcribe). b) Por lo que ve al segundo de los argumentos vertidos por los sindicatos actores, el relacionado con la presunta ilegalidad del registro originario otorgado a la organización gremial amparista, debe señalarse que tampoco transgrede su esfera de interés jurídico. Ello es así, pues resulta incuestionable que la existencia del registro ante la autoridad laboral competente del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, no puede ocasionarles perjuicio en ninguno de sus derechos a los sindicatos actores por lo siguiente: La existencia del registro del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla es anterior a la de los sindicatos actores, siendo la data del registro del SUNTUAP la de mil novecientos ochenta; la de la Asociación Sindical de Personal Académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en mil novecientos noventa y tres, y la del Sindicato Independiente de Trabajadores No Académicos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en mil novecientos noventa y cuatro, según se desprende de los propios escritos de demanda de los sindicatos actores. Luego entonces, es claro que la existencia del registro del SUNTUAP en ningún momento les ocasionó a los accionantes contratiempo alguno en su fundación ni en el desarrollo de sus actividades, ni fue causa para que la autoridad laboral correspondiente les negara en su oportunidad el registro solicitado. Así pues, es claro que los sindicatos actores, hoy terceros perjudicados, no resienten ningún menoscabo en su esfera jurídica y, por ende, no tienen interés jurídico alguno para demandar la cancelación de su registro, por lo menos con los elementos que para justificar sus pretensiones utilizaron en sus escritos de demanda respectivos ... En otro orden de ideas, este cuerpo colegiado considera necesario señalar que no es obstáculo para tomar la determinación a la que se arribó, el hecho de que los sindicatos actores hubieran afirmado que ellos sí cumplían con sus obligaciones y la organización de trabajadores, hoy amparista, no lo hacía para justificar su legitimación en la causa del procedimiento de origen. Ello, pues la ley de la materia ninguna referencia hace en el sentido de que un sindicato pueda solicitar la cancelación del registro de otro, tomando como base que el solicitante sí cumple con sus obligaciones legales y contractuales; con independencia de que como ya quedó de manifiesto en párrafos precedentes, este cuerpo colegiado estima que la falta de cumplimiento de un sindicato respecto de dichas cargas que la ley le impone, sólo da lugar a que la autoridad pueda constreñirlo a que enmiende sus omisiones para así cumplir con sus obligaciones. Así las cosas, es evidente que la determinación de la Junta señalada como responsable de estudiar las acciones ejercitadas por los sindicatos actores y declararlas procedentes, así como la de pronunciarse por cuestiones que rebasaron la litis en el juicio laboral, como en la que abordó la presunta ilegalidad de los contratos colectivos celebrados entre el sindicato quejoso y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y aquella en la que se pronunció respecto a que el contrato colectivo de mil novecientos noventa y tres celebrado entre la organización gremial y la universidad carecía de vigencia, deviene violatoria de las garantías individuales del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y lo que procede, en consecuencia, es concederle el amparo y protección de la Justicia Federal para el siguiente efecto: Que la Junta del conocimiento deje insubsistente el laudo reclamado y, en su lugar, dicte otro en el que siguiendo los lineamientos de la presente ejecutoria, declare que la acción de cancelación de registro del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ejercitada por la Asociación Sindical de Personal Académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y por el Sindicato Independiente de Trabajadores No Académicos de la propia universidad, resulta improcedente ante la falta de interés jurídico de los actores."
CUARTO. Por otra parte, los Tribunales Colegiados de Circuito que a continuación se mencionan, supuestamente sostuvieron criterios contradictorios en los diferentes temas que abordaron en las ejecutorias que emitieron al resolver los asuntos que enseguida se citan.
a) En un primer aspecto, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito sostuvo supuestamente un criterio contradictorio al resolver el amparo en revisión 486/90, promovido por el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Madera y Similares del Distrito Federal, en sesión de once de julio de mil novecientos noventa, en cuanto determinó:
"TERCERO. Resultan inatendibles los agravios hechos valer por el recurrente toda vez que independientemente del razonamiento invocado por la a quo como fundamento de su resolución de sobreseimiento, este tribunal advierte que de cualquier forma se surte la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el IV y VIII (sic) de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que el acto reclamado esencialmente consiste en la negativa de la autoridad responsable de tomar nota del comité ejecutivo integrado por ... y otros; y como consecuencia de ello, el juicio de amparo contra el citado acto sólo podría ser promovido por todas y cada una de las personas que integraron la planilla respectiva, puesto que era al grupo de aspirantes a quienes en todo caso depara perjuicio el acto reclamado, pero como no s
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17675-7d4af2ae/sindicatos-de-trabajadores-casos-en-que-se-les · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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