CONFLICTO COMPETENCIAL EN MATERIA JUDICIAL. NO PUEDE PRODUCIRSE ENTRE UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE Y LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS. SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA RECLAMACIÓN DEL PAGO Y DEVOLUCIÓN DEL SALDO CORRESPONDIENTE A LAS APORTACIONES DE LA CUENTA INDIVIDUAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 120/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIA: MARÍA MARCELA RAMÍREZ CERRILLO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, al resolver los conflictos competenciales 1/2003, 2/2003, 3/2003 y 8/2003, suscitados entre la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Delegación Estatal Yucatán, determinó que es competente la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, en el último de los mencionados, para conocer del juicio laboral número 140/2002, promovido por Meybel Ivet Lizcano Ortegón, en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social y Afore XXI, Sociedad Anónima de Capital Variable, cuyas consideraciones conducentes se transcriben a continuación, sin que sea necesario realizar la cita de todos y cada uno de los asuntos mencionados, atendiendo a la similitud que guardan entre sí:
"CUARTO. Este Tribunal Colegiado considera que la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de Mérida, Yucatán, es competente para conocer y resolver de la demanda que Meybel Ivet Lizcano Ortegón, que por conducto de su apoderado promovió inicialmente en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social y Afore XXI, Sociedad Anónima de Capital Variable, ampliada después en contra del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
"Para arribar a tal conclusión, es menester precisar que en el asunto del cual deriva el presente conflicto competencial, Meybel Ivet Lizcano Ortegón, por conducto de su apoderado, demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la persona moral denominada Afore XXI, Sociedad Anónima de Capital Variable, el pago y devolución del saldo correspondiente por las aportaciones a la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro a nombre de dicha demandante.
"En el capítulo de hechos la trabajadora manifestó:
"‘I. La C. Meybel Ivet Lizcano Ortegón ingresó a laborar en el Instituto Mexicano del Seguro Social el día 16 de octubre de 1972, inscrita con el número de seguridad social 845940111444 y RFC: LIOM4004309R2, ocupando el puesto de asistente médica, con una jornada laboral de siete treinta de la mañana a las catorce horas, de lunes a viernes, percibiendo como salario mensual la cantidad de $4,325.01. II. Con fecha 16 de agosto de 2000 mi representada fue jubilada por años de servicios y la demandada Afore XXI, S.A. de C.V., le pagó únicamente la cantidad de $21,696.48, por lo que queda un saldo a favor de mi representada por concepto de aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro la cantidad de $24,333.60 correspondiente del 1o. de julio de 1997 al 16 de agosto de 2000. III. Las prestaciones reclamadas se han solicitado en diversas ocasiones a la demandada Afore XXI, S.A. de C.V. negándose la misma a pagarlas o devolverlas, por lo que acudo en esta vía jurisdiccional a reclamar la diferencia de dichas aportaciones. ... IV. El Instituto demandado y Afore XXI, S.A. de C.V. no han dado total cumplimiento a la cláusula 143 del contrato colectivo de trabajo vigente al periodo 1999-2001 celebrado por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como no han dado cumplimiento al reglamento del fondo de retiro para trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social.’ (fojas 55 y 58).
"Con posterioridad, la actora Meybel Ivet Lizcano Ortegón oportunamente aclaró y amplió su demanda, para el efecto de reclamar del Instituto Mexicano del Seguro Social lo siguiente: ‘3. El registro ante la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, como órgano administrativo desconcertado (sic) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del plan de pensiones, establecido por el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, derivado de contratación colectiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 82 y 83 de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, en beneficio de todos los trabajadores y pensionados o jubilados del instituto demandado, previo dictamen por actuario registrado ante la comisión, a fin de que le sean entregados a mi representada los recursos de su cuenta individual por la Administradora Afore XXI, S.A. de C.V., que opera la misma. 4. El otorgamiento y pago a favor de la parte actora, por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, de pensión mensual definitiva por cesantía en edad avanzada en razón de que mediante resolución de la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones para Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, y de conformidad con el artículo 28 del régimen de jubilaciones y pensiones, se me otorgó jubilación por años de servicios ... 5. El otorgamiento y pago por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social a favor de la actora, de la pensión mensual definitiva por retiro y cesantía en edad avanzada a partir de la fecha en que mi representada fue jubilada por años de servicios, hasta que se dé total cumplimiento al laudo que se emita en el presente juicio.’ (fojas 120 y 121).
"De la Afore demandada reclamó en ampliación, fundamentalmente, lo que se transcribe a continuación: ‘6. La devolución y pago de los recursos de la cuenta individual de la actora por aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro y aportaciones a las Afores por retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, a partir del 1o. de julio de 1997, así como por concepto de vivienda de 1997 ...’ (foja 121).
"Y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores reclamó: ‘15. El pago y devolución del saldo correspondiente por las aportaciones a la cuenta individual de la parte actora por concepto de Sistema de Ahorro para el Retiro y Afores, correspondientes a vivienda del 1o. de julio de 1997 hasta la fecha de jubilación de la actora ...’ (foja 123).
"Asimismo, en la audiencia celebrada el seis de junio del año dos mil dos la actora manifestó, por conducto de su apoderado: ‘... en relación con el desahogo de la prevención hecha por este H. Tribunal en auto de radicación de 18 de marzo del año en curso, se precisa que de igual manera se reclama del Instituto Mexicano del Seguro Social la aplicación del fondo de retiro que establece la cláusula 143 del Contrato Colectivo de Trabajo en beneficio de la parte actora, con el propósito fundamental de incrementar y aumentar las pensiones de jubilación por años de servicio de la (sic), actualmente se tiene el beneficio así como la pensión de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, en el caso de que en la especie se actualice la hipótesis normativa que regula la Ley del Seguro Social para el otorgamiento de dichas pensiones ...’ (foja 67).
"Por otra parte, es preciso traer a colación que la institución financiera demandada Afore XXI, Sociedad Anónima de Capital Variable, durante la celebración de la audiencia relativa al incidente de incompetencia planteado por el instituto demandado, se sometió a la jurisdicción de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, al manifestar, por medio de su apoderado, lo siguiente: ‘Que por lo que respecta al incidente planteado por el Instituto Mexicano del Seguro Social no tengo nada que objetar, ya que ésta es la autoridad competente para conocer sobre el presente conflicto ...’ (foja 153).
"De las transcripciones precedentes se advierte que las reclamaciones realizadas en el juicio natural se derivan de un vínculo obrero patronal, cuenta habida que la actora Meybel Ivet Lizcano Ortegón, en su calidad de trabajadora jubilada demanda de su patrón, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el cumplimiento de una obligación contraída por éste en la relación laboral que existió entre ambos, la cual se encuentra consignada en la cláusula 143 (relativa a un plan de pensiones) del contrato colectivo de trabajo celebrado entre dicho instituto y el sindicato de trabajadores a su servicio. Asimismo, se reclama de la Administradora de Fondos para el Retiro demandada, el pago de las cantidades que en concepto de dicho plan de pensiones, el instituto se hubiere comprometido a depositar en la cuenta individual de dicha actora.
"Es decir, el asunto que nos ocupa se refiere, principalmente, a un conflicto de naturaleza obrero patronal, en el cual también interviene una institución financiera, Afore XXI, Sociedad Anónima de Capital Variable, la cual se ha sometido explícitamente a la jurisdicción de la junta especial del conocimiento.
"Ahora bien, para establecer a cuál de los órganos que participan en el presente conflicto competencial toca el conocimiento del presente asunto, conviene puntualizar que el numeral 527, fracción II, inciso 1, de la Ley Federal del Trabajo, establece que corresponde a las autoridades federales la aplicación de las normas de trabajo en tratándose de empresas administradas en forma descentralizada por el gobierno federal.
"En este sentido, cabe señalar que los ordinales 5o. de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 2o. de la Ley del Seguro Social, le reconocen la naturaleza jurídica de organismo público descentralizado de la administración paraestatal federal al Instituto Mexicano del Seguro Social.
"Por su parte, el artículo 604 del ordenamiento laboral dispone que a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje le corresponde conocer y resolver los conflictos que tengan lugar entre trabajadores y patrones, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente ligados con ellas.
"Por último, el numeral 295 de la Ley del Seguro Social dispone que las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios con el Instituto Mexicano del Seguro Social deben ser dirimidas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
"Así las cosas, debe declararse que la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de Mérida, Yucatán, es competente para conocer y resolver de la demanda que Meybel Ivet Lizcano Ortegón, que por conducto de su apoderado promovió en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social y Afore XXI, Sociedad Anónima de Capital Variable.
"La conclusión presente se apoya en lo establecido en las tesis de jurisprudencia 2a./J. 51/99 y aislada 2a. CXIX/98 sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas, la primera, en la página 284 del Tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, y la segunda a folio 501, del Tomo VIII, relativo al mes de agosto de mil novecientos noventa y ocho, durante la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con los siguientes rubros y textos:
"‘SEGURO DE RETIRO. LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LA PRETENSIÓN PLANTEADA POR EL TRABAJADOR, EN CONTRA DEL PATRÓN, RESPECTO DEL PAGO DE LAS CUOTAS RELATIVAS. Conforme a la interpretación de lo dispuesto en los artículos 123, apartado A, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 604 y 621 de la Ley Federal del Trabajo, la jurisdicción laboral que corresponde ejercer a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, tiene como ámbito de competencia, por razón de la materia, las instancias mediante las cuales se pretende el reconocimiento de un derecho que se incorporó a la esfera jurídica del accionante como consecuencia directa o indirecta de la existencia de una relación de trabajo. De ahí, que si las cuotas del seguro de retiro, ramo obligatorio del seguro social, como deriva de lo dispuesto en los artículos 11, fracción IV; 12, fracción I; 31, fracción IV; 37, 167, 168 y 169 de la Ley del Seguro Social; y 10 y 16 de su Reglamento de Afiliación, constituyen contribuciones, en su especie aportaciones de seguridad social, cuyo hecho generador es precisamente el surgimiento de una relación laboral y cuya obligación de pago, respecto del patrón, subsiste, generalmente, en tanto ésta perviva, resulta inconcuso que la pretensión hecha valer por el trabajador en contra de su patrón, consistente en el pago de las cuotas en comento, para su depósito en la cuenta individual respectiva, sí corresponde al ámbito de competencia, por materia, de los citados órganos jurisdiccionales, con independencia de la naturaleza tributaria de aquéllas, lo que no trastoca la diversa relación jurídica que subyace entre el trabajador y el patrón, pues la circunstancia de que el cobro de tales contribuciones pueda lograrse a través de la actuación de una autoridad administrativa, únicamente implica que la tutela de esa prestación laboral-tributaria corresponde, en el ámbito laboral, a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, a través de la administración de justicia y a instancia del trabajador y, en el ámbito tributario, a la administración pública, mediante el ejercicio de su potestad económico-coactiva. Sin que la anterior conclusión obste para que en cada juicio laboral, atendiendo a los elementos de convicción aportados al proceso, el referido órgano jurisdiccional analice si existe alguna causa que le impida pronunciarse sobre el fondo de tal prestación, como sería el caso en que no se acredite la existencia del vínculo laboral o cuando en sede administrativa ya se haya determinado lo conducente respecto del pago de las cuotas del seguro de retiro, por el mismo trabajador y por el mismo periodo que se reclama, lo que generaría la improcedencia de esa específica pretensión.’ y ‘COMPETENCIA LABORAL. CORRESPONDE A LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CONOCER DEL JUICIO, AUNQUE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NO HAYA SIDO SEÑALADO EXPRESAMENTE COMO CODEMANDADO, SI LAS PRESTACIONES SOLICITADAS LAS DEBE OTORGAR ESE ORGANISMO CONFORME A LA LEY QUE LO RIGE. Cuando en la demanda laboral se reclaman prestaciones que de conformidad con la Ley del Seguro Social deban ser otorgadas por ese organismo, aunque sólo se exprese que se codemanda a «quien resulte responsable de las prestaciones» que se solicitan, sin señalar expresamente al Instituto Mexicano del Seguro Social, la competencia para conocer del juicio recae en la Junta Federal y no en la Local de Conciliación y Arbitraje, porque según los artículos 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), subinciso 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 527, fracción II, punto 1, 690 y 698 de la Ley Federal del Trabajo y 5o. y 295 de la Ley del Seguro Social, corresponde a las autoridades federales la aplicación de las normas del trabajo, cuando se trate de organismos que sean administrados en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal.’ ..."
Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, cuyo criterio se denuncia como contrario al sostenido por el tribunal mencionado anteriormente, al resolver los conflictos competenciales 2/2003, 3/2003 y 4/2003, suscitados entre la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán y la Delegación Estatal Yucatán de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), determinó que no existe el conflicto competencial planteado por la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, en el primero de los mencionados, para conocer respecto de la demanda promovida por Gloria Adela de Jesús Burgos Canul, en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social y Afore XXI, Sociedad Anónima de Capital Variable, cuyas consideraciones conducentes se transcriben a continuación, sin que sea necesario realizar la cita de todos y cada uno de los asuntos mencionados, atendiendo a la similitud que guardan entre sí:
"SEGUNDO. Como cuestión previa, debe examinarse si en la especie existe un conflicto competencial, toda vez que ello constituye un presupuesto lógico, indispensable, para que este tribunal pueda avocarse a resolverlo.
"En el presente asunto, Gloria Adela de Jesús Burgos Canul promovió demanda laboral en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social y de Afore XXI, Sociedad Anónima de Capital Variable, reclamando como acción principal el pago y devolución del saldo correspondiente a las aportaciones de la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro; en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, el instituto demandado opuso la excepción de incompetencia de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, sosteniendo que debía conocer del asunto la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro; el trece de junio de dos mil dos, la autoridad responsable resolvió el incidente, considerando que era incompetente para resolver la acción intentada por la actora, en virtud de que la Ley de Protección y Defensa al Usuario de los Servicios Financieros establece el órgano encargado de resolver las controversias en las que se reclama la devolución de aportaciones hechas a la demandada Afore XXI, Sociedad Anónima de Capital Variable, y el procedimiento a seguir, siendo este órgano la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, por lo que ordenó turnar el asunto a dicho organismo.
"Por otra parte, el delegado Estatal en Yucatán de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa al Usuario, en proveído de veintinueve de octubre, sostuvo que como esa Comisión ha desahogado el procedimiento administrativo de conciliación previsto por el artículo 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros sin que las partes hubieran consensado someter sus diferencias al arbitraje de ese organismo, dejó a salvo sus derechos para hacerlos valer ante los tribunales competentes, siendo éstos los que deberán resolver el asunto, razón ésta por la que devolvió los autos del juicio laboral 62/2002 a la Junta de origen. En virtud de lo anterior, la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, en proveído de quince de enero de dos mil tres, ordenó remitir los referidos autos al Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito en turno, a fin de que éste resuelva respecto del conflicto competencial planteado.
"Sentado lo anterior, y a fin de dilucidar si existe o no un conflicto competencial, es menester precisar en primer término, qué se entiende por competencia.
"En términos generales la competencia es la facultad o capacidad que tienen las autoridades jurisdicentes para conocer y decidir sobre determinadas materias, cabe distinguir, desde luego, entre competencia constitucional y competencia jurisdiccional; por la primera se entiende la capacidad que, de acuerdo con su ley orgánica o constitutiva, corresponde a los órganos judiciales de un fuero específico para conocer y decidir, con exclusión de otros fueros judiciales, sobre cuestiones litigiosas de determinada índole (común, federal, laboral, civil, militar, etcétera); con la segunda, en cambio, se alude a la capacidad que un órgano jurisdiccional tiene para conocer y decidir, con exclusión de los demás órganos similares que con él integran un mismo fuero judicial (tribunales comunes, Juntas de Conciliación y Arbitraje, tribunales militares, tribunales federales, etcétera), sobre un determinado asunto. Ahora bien, la competencia constitucional deriva o se genera automáticamente de las disposiciones legales orgánicas o constitutivas de los tribunales que componen los distintos fueros judiciales y se surte de acuerdo con la naturaleza de las prestaciones exigidas y de los preceptos jurídicos fundatorios invocados por el titular de la acción correspondiente, o con la condición jurídica de las partes en litigio, por tanto, la competencia constitucional es originaria para los tribunales de los distintos fueros y sólo pueden suscitarse conflictos respecto de ella cuando el titular de una acción pretenda ejercitarla ante un tribunal de fuero distinto del que corresponde a la naturaleza de las prestaciones que reclame y de los preceptos legales que invoque como fundatorios de su demanda o querella, o de la condición jurídica (federal o común) de las partes en litigio.
"La competencia jurisdiccional, en cambio, nace o se genera de las disposiciones jurídicas orgánicas de los tribunales reguladoras de los distintos procedimientos que han de sustanciarse ante éstos, y se surte de acuerdo con las circunstancias de materia, de lugar, de grado o de cuantía que rodeen al litigio planteado; consecuentemente, es respecto de este tipo de competencia que normalmente deben de plantearse las llamadas cuestiones o conflictos competenciales, o sea, aquellas controversias que se susciten entre dos autoridades jurisdicentes para conocer o para no conocer de un determinado asunto litigioso; generalmente, tales cuestiones competenciales surgen entre órganos jurisdiccionales pertenecientes a un mismo fuero o cuerpo judicial y, casi siempre, está en juego en ellas la razón de lugar o territorio, dentro de cuya jurisdicción consideran los tribunales competidores que radica o debe radicar el asunto litigioso a debate, esta última conclusión se deduce fácilmente tan sólo de la consulta de las disposiciones que, sobre competencia y sustanciación de las competencias, contienen los diversos códigos u ordenamientos procesales de los distintos fueros.
"Es así que en el presente caso, será el capítulo III de la Ley Federal del Trabajo el que nos ayude a dilucidar si existe o no el conflicto competencial que se plantea entre la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, particularmente los artículos 701 y 705, fracción III, de la citada Ley Federal del Trabajo, los cuales disponen:
"‘Artículo 701. La Junta de Conciliación y las de Conciliación y Arbitraje, de oficio deberán declararse incompetentes en cualquier estado del proceso, hasta antes de la audiencia de desahogo de pruebas, cuando existan en el expediente datos que lo justifiquen. Si la Junta se declarara incompetente, con citación de las partes, remitirá de inmediato el expediente a la Junta o tribunal que estime competente, si ésta o aquél, al recibir el expediente se declarara a su vez incompetente, remitirá de inmediato el expediente a la autoridad que deba decidir la competencia, en los términos del artículo 705 de esta ley.’
"‘Artículo 705. Las competencias se decidirán:
"‘...
"‘... III. Por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando se suscite entre: a) Juntas Locales o Federales de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
"‘b) Juntas Locales y Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje.
"‘c) Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje de diversas Entidades Federativas.
"‘d) Juntas Locales y Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje y otro órgano jurisdiccional.’
"De lo anterior se infiere que para que surja un conflicto competencial se requieren los siguientes elementos: a) que se suscite una cuestión competencial; b) que el conflicto surja entre Juntas Locales o Federales de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; c) entre Juntas Locales y Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje; d) entre Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje de diversas entidades federativas, es decir, entre diversos tribunales del trabajo; o e) entre Juntas Locales o Federales y otro órgano jurisdiccional.
"Lo anterior conlleva a determinar que no se reúnen en la especie los requisitos señalados puesto que la Ley Federal del Trabajo no contempla la hipótesis consistente en que un Tribunal Colegiado de Circuito (a quien se le delegaron las facultades que tenía la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) conozca de un conflicto competencial surgido entre una Junta y un órgano no jurisdiccional, como en el caso lo es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, que es un típico organismo de mera conciliación en el ámbito administrativo, cuyos pronunciamientos carecen de la fuerza ejecutoria de una sentencia judicial, ya que se limitan a una decisión arbitral.
"A fin de sostener lo anterior conviene destacar, como referencia, la finalidad expresa de la expedición de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
"La exposición de motivos de la Ley de Protección y Defensa del Usuario de Servicios Financieros (publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de enero de mil novecientos noventa y nueve), en lo que a nuestro estudio importa destacar, expresa a la letra lo siguiente:
"‘En tal virtud, nos permitimos proponer a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, como Cámara de Origen, la iniciativa de ley por medio de la cual se crea la Comisión de Protección al Usuario de Servicios Financieros, con el propósito fundamental de promover y proteger los derechos e intereses de los usuarios de los servicios que prestan los intermediarios financieros. Al respecto, el Congreso de la Unión ha expedido diversos ordenamientos que regulan la protección de los intereses del público usuario de servicios financieros. ... Si bien es cierto que las disposiciones invocadas contemplan esquemas de protección al público usuario de servicios financieros, y le proveen de mecanismos de defensa, también lo es que la falta de uniformidad en la legislación y en los procedimientos establecidos, así como la multiplicidad de autoridades y criterios involucrados, dificulta a los involucrados conseguir la finalidad que se persigue con dichas disposiciones, es decir, la protección de sus derechos e intereses. Las facultades que actualmente se otorgan a la administración pública federal en la materia que ahora nos ocupa, son facultades limitadas en su aspecto sancionador, por lo que, básicamente sólo puede actuar como conciliador o árbitro en la solución de conflictos. La legislación contempla de manera limitada y diversificada la protección de los intereses del público usuario de los servicios financieros, además de que los procedimientos correspondientes son planteados como vías de solución alternas a los procedimientos judiciales. En consecuencia, existe una clara tendencia a solucionar en los órganos jurisdiccionales los conflictos surgidos entre las entidades financieras y el público usuario de sus servicios, sin que previamente deba agotarse la etapa conciliatoria y sin que se regule de manera puntual la forma de informar, orientar, promover y proteger los derechos e intereses de los usuarios de los servicios que prestan los intermediarios financieros, procurando la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre los usuarios y los intermediarios financieros. El mayor número, la diversidad de intermediarios y la especialización de los servicios financieros, así como la complejidad administrativa consecuente que para los usuarios representan los órganos de supervisión y vigilancia que la legislación vigente les ofrecen, plantean la conveniencia e incluso la necesidad de que el público usuario cuente con un órgano único, especializado a su vez, para proteger sus derechos e intereses y que, a través de sanciones de carácter económico, contribuya a eliminar las irregularidades que se cometen en la prestación de los servicios financieros. Asimismo, existe una notoria falta de información relacionada con los productos financieros que ofrecen los integrantes del sector, sobre todo en cuanto a los riesgos que éstos conllevan; riesgos incrementados en virtud de la inestabilidad económica mundial que repercute en el mercado nacional. Falta, además, difusión por parte de un órgano imparcial, de los diversos productos que ofrecen las entidades integrantes del sistema financiero, así como de sus características, beneficios y riesgos. En la situación actual, los usuarios carecen de certeza y seguridad jurídica respecto de los servicios que reciben, no sólo por la falta de información objetiva y simplificada sobre las condiciones de los servicios financieros, sino también por la falta de medidas coercitivas que propicien la equidad en las relaciones entre los usuarios y las entidades financieras. Tampoco existen estudios, análisis e investigaciones en materia de protección al usuario de servicios financieros. En este contexto, aparece como indispensable y urgente contar con un organismo independiente, imparcial y especializado en la solución de conflictos surgidos con motivo de la prestación de los distintos servicios financieros. No sólo se trata de crear una cultura de servicios financieros, mediante la difusión de las ventajas y desventajas de los diversos productos que ofrecen las entidades financieras, sino sobre todo a través del establecimiento de una normatividad uniforme para los procedimientos de conciliación y arbitraje para cualquier conflicto que surja en la prestación de estos servicios. Esto significa privilegiar una instancia distinta a la jurisdiccional, que de manera obligatoria y vinculativa para las partes concurra a la solución de los conflictos mencionados y con ello otorgue protección y seguridad jurídica al público usuario.’
"Por su parte, en la exposición de motivos del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa del Usuario de Servicios Financieros (publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de enero de dos mil), se expresó, entre otras consideraciones, lo siguiente:
"‘Con el objeto de proteger y defender los derechos e intereses de los us
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18094-63130d1d/conflicto-competencial-en-materia-judicial-no-puede-producirse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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