ENFERMEDAD PROFESIONAL. CORRESPONDE A LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LAS DIVERSAS FRACCIONES DE LA TABLA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 513 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. ENFERMEDAD PROFESIONAL. LA DECLARACIÓN DE SU EXISTENCIA POR LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, DEBE SUSTENTARSE EN UN PROCESO LÓGICO JURÍDICO DE VALORACIÓN. ENFERMEDAD PROFESIONAL. LA DETERMINACIÓN DE SU EXISTENCIA POR LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, DEBE HACERSE CON BASE EN LOS HECHOS DEMOSTRADOS Y EL RESULTADO DE LA PRUEBA PERICIAL MÉDICA RENDIDA EN JUICIO. ENFERMEDAD PROFESIONAL. PARA DETERMINAR SU EXISTENCIA DEBE ATENDERSE AL TRABAJO DESEMPEÑADO O AL MEDIO AMBIENTE EN QUE ÉSTE SE PRESTE, MÁS QUE A SU NOMBRE. PRUEBA PERICIAL MÉDICA. SI LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DETERMINA QUE EL DICTAMEN ES INCORRECTO, DEBERÁ HACER A LOS PERITOS LAS PREGUNTAS QUE ESTIME PERTINENTES EN EL MOMENTO DE SU DESAHOGO O UNA VEZ RECIBIDO EL PROYECTO DE LAUDO CORRESPONDIENTE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 17/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIA: MARÍA MARCELA RAMÍREZ CERRILLO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito al resolver el amparo directo DT. 12106/2002 interpuesto por el Instituto Mexicano del Seguro Social, emitió y aprobó la tesis aislada 1.6o.T.159 L, publicada en el Tomo XVII, enero de 2003, página 1864 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "RIESGO PROFESIONAL. ES FACULTAD DE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DETERMINAR EL PORCENTAJE DE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE QUE PRODUCE, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 513 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.", sosteniendo similar criterio al resolver los juicios de amparo directo DT. 11156/2002 y DT. 11826/2002; en dichos asuntos determinó otorgar el amparo y protección a la quejosa apoyándose, en lo conducente, en las siguientes consideraciones:
DT. 12106/2002
"CUARTO. ... Por otra parte, es infundado el concepto de violación en el que esencialmente señala el instituto quejoso que la autoridad responsable no tuvo suficientes elementos de convicción para determinar la existencia del nexo causal entre el padecimiento diagnosticado y las actividades o medio ambiente laboral desarrollado, porque el padecimiento de bronquitis crónica industrial no se encuentra relatado en alguna de las fracciones del artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo. Al respecto, la Junta responsable estimó lo siguiente: ‘El perito propuesto por el actor y el perito tercero en discordia le diagnostican una bronquitis crónica industrial, este padecimiento se considera como profesional en virtud de que el actor en su demanda manifestó haber trabajado durante su vida laboral para diversas empresas, entre ellas Nabisco Famosa, S.A. de C.V., en donde estuvo expuesto a la inhalación de polvos de cereales y harinas, por lo que su labor se encuadra perfectamente en el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo que contiene la tabla de enfermedades de trabajo en su apartado 7 que se refiere a las afecciones debidas a la inhalación de polvos de cereales, harinas, heno, paja, yute, ixtle y henequén, por lo que se debe condenar al instituto demandado a reconocer como enfermedad profesional el padecimiento que nos ocupa valuado en un 30% de disminución órgano funcional total por el perito tercero en discordia por considerarlo el mejor elaborado.’ (foja 165). De ahí que la autoridad responsable sí señaló por qué se acreditó el nexo causal respecto de la enfermedad diagnosticada, pues claramente indicó que respecto de la enfermedad diagnosticada como bronquitis crónica industrial, se actualizó la presunción legal derivada de la fracción 7 del citado numeral 513 de la ley laboral, coligiéndose que no fue necesario que se allegara otros medios de prueba, toda vez que el diagnóstico de la enfermedad y la aplicación de la norma realizada por la propia Junta responsable fue suficiente para que quedara acreditado el nexo casual, de ahí que únicamente con la prueba pericial se determinó el origen profesional del padecimiento, esto porque la Junta responsable consideró que las actividades relatadas por el actor se ubican en el precepto referido; sin que el instituto demandado combata las razones en las que se apoyó la autoridad para determinar dicha existencia de la relación de causalidad entre la enfermedad y las actividades o medio ambiente laboral. Cabe precisar que es obligación de la Junta responsable realizar la adecuación de la norma general y abstracta al caso concreto, y subsumir las actividades manifestadas dentro de las hipótesis legales contenidas en el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, de conformidad con los artículos 840, fracción VI y 841 del mismo ordenamiento legal. Esto es así porque le corresponde a la Junta de Conciliación y Arbitraje realizar la adecuación de los hechos alegados por las partes con la norma legal aplicable a cada caso particular, esto es, determinar y decidir cuál es el derecho que le corresponde a cada hecho esgrimido por los contendientes. De acuerdo con los artículos 821 y 822 de la Ley Federal del Trabajo, los peritos son personas con conocimientos especiales en una ciencia, arte u oficio, que a través del dictamen respectivo, auxilian a la Junta para esclarecer la verdad sobre determinados puntos en conflicto. Por tanto, la obligación del perito médico reside en informar al órgano jurisdiccional las enfermedades, sus probables causas y la valuación del grado de disminución orgánica de la función, empero, corresponde a la Junta responsable realizar la adecuación de la norma general y abstracta al caso concreto, ya que es labor del órgano jurisdiccional calificar los hechos aducidos por las partes en la demanda y su contestación, verificar que estos queden acreditados por existir prueba de ello o porque se actualice alguna presunción legal, luego subsumir las enfermedades diagnosticadas o las actividades manifestadas a las hipótesis legales contenidas en el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, de conformidad con los artículos 840, fracción VI y 841 del mismo ordenamiento legal, pues no es posible que resida en el profesional médico la facultad jurisdiccional de determinar la aplicabilidad de alguna fracción de la Ley Federal del Trabajo, para efectos de establecer el porcentaje de incapacidad, sin que la autoridad responsable se cerciore de la existencia de la norma aplicada. Además, de la adecuación de la norma al caso particular dependerá la actualización de la presunción que emana del presupuesto legal, labor meramente jurisdiccional que, por tanto, no puede residir en un profesional en materia de medicina, pues con los datos que provee el propio perito médico, la Junta está en aptitud de determinar la norma legal aplicable para establecer el porcentaje de incapacidad parcial permanente que se reconoce. Luego, la prueba pericial no puede constituir un procedimiento jurisdiccional dentro del juicio laboral, del que se derive de forma unívoca la actualización de la presunción legal derivada de las fracciones establecidas en el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, y en el que la Junta de Conciliación y Arbitraje no tenga facultades para establecer la actualización de la presunción legal convirtiéndose únicamente en una autoridad ejecutora de dicho procedimiento intraprocesal, lo anterior porque en la legislación laboral no existe ningún precepto legal que instituya dicho procedimiento; además el objeto de la prueba pericial es que la Junta se allegue de los datos que desconoce para que pueda hacer una correcta adecuación de los hechos a la norma legal aplicable. Similar criterio fue sostenido en los juicios de amparo directo números DT. 11156/2002 y DT. 11826/2002, resueltos por este Tribunal Colegiado. Por otra parte, es fundado el concepto de violación en el que de forma sucinta, esgrime el quejoso que la autoridad responsable incorrectamente estableció la relación causal, derivada de la fracción 156 del artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, porque las actividades relatadas por el actor en su escrito de demanda como ‘técnico administrativo’ no son análogas a las establecidas en la referida fracción. Al respecto el actor expresó como hechos los siguientes: ‘2. El demandante ha laborado y prestado sus servicios para las siguientes empresas, ha ocupado los siguientes puestos y categorías, realizando las actividades y estando expuesto a los agentes ambientales que a continuación se señalan; inicia su vida laboral en la empresa Industrias Unidas, S.A. de C.V., quien fue la empresa que dio de alta a mi representado en el régimen de seguridad social que imparte el Instituto Mexicano del Seguro Social y donde laboró durante el lapso de 5 años como prensista, posteriormente fue dado de alta en el régimen obligatorio del IMSS, por la empresa Mereverer, S.A. de C.V., donde laboró durante 5 años, luego ingresó a laborar en la empresa Nabisco Famosa, S.A. de C.V., donde prestó sus servicios durante 2 años y, finalmente, ingresó contratado por la empresa Bodegas Rurales Conasupo, S.A. de C.V., siendo esta la última empresa patronal donde laboró los últimos 20 años desempeñando varios puestos, siendo el último de ellos el de técnico administrativo; hechos que son del conocimiento del instituto demandado y que constan en el expediente personal del actor en el Departamento de Afiliación Vigencia de Derechos y en el Catálogo Nacional de Asegurados del instituto demandado, por lo que con fundamento en el artículo 27 de la Ley del Seguro Social mencionada esta institución cuenta con: Documentos, datos e informes de trabajadores y patrones y está obligada a darlos a conocer en el presente juicio, teniendo como último salario diario integrado $131.27, así como el promedio salarial de las últimas 52 semanas de cotización que resulta $110.00, y el promedio de las últimas 250 semanas de cotización es la cantidad de $90.00 que deberán ser la base para calcular el monto de las pensiones, en el momento procesal oportuno, registrando ante el instituto demandado aproximadamente 1664 semanas de cotización. Debiendo considerar para el pago de la incapacidad parcial permanente e invalidez definitiva que se demanda el salario con el cual se encuentre cotizando la parte actora al momento en que esta H. Junta emita el laudo condenatorio correspondiente y que bajo ninguna circunstancia el monto de la pensión podrá ser inferior al 100% del salario mínimo general vigente que rija para el D.F., lo anterior en términos de lo dispuesto en los artículos 75, fracción II y III, 167 y 168 de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 1973 y sus reformas; lo anterior en virtud de que mi poderdante se acoge a los beneficios consagrados en los artículos tercero y undécimo transitorios de la Ley del Seguro Social. Mi representado estuvo expuesto durante toda su vida laboral a diversos agentes contaminantes laborales como son: ruidos y sonidos de gran magnitud que impiden la comunicación oral, polvos, humos, solventes, nubes y neblinas de pinturas, gases, vapores, altas y bajas temperaturas, radiación, sustancias químicas y tóxicas, ácidos, sobreesfuerzos físicos por cargar objetos con un peso mayor a los 40 kilogramos y además adoptando posturas prolongadas forzosas e incómodas, rotaciones constantes de la columna vertebral lumbar con bipedestación prolongada, expuesto a estar sentado o de pie con largas jornadas de trabajo, agentes que siempre se han encontrado presentes en el medio ambiente laboral en que se ha desempeñado mi representado, hechos que son del conocimiento del instituto demandado al revisar los diferentes pagos de cuotas obrero patronales en que se pagó el grado de riesgo, actividades laborales propias de las empresas, acorde al reglamento de clasificación de empresas de la multicitada Ley de Seguridad Social, generándose en el organismo del hoy actor los padecimientos profesionales siguientes: A) Cortipatía bilateral por trauma acústico crónico que condiciona una hipoacusia bilateral combinada valuada en un 41%. B) Bronquitis química industrial valuada en un 40%. C) Síndrome doloroso lumbar crónico secundaria a espondiloartrosis grado III. D) Presbicia bilateral. E) Gonartrosis bilateral. F) Hipertensión arterial sistémica severa. G) Artritis reumatoide. H) Obesidad exógena grado III. Los dos primeros padecimientos se califican del orden profesional de acuerdo a los artículos 513, fracción 156 y 514, fracción 351, 473, 475, 477, fracción II, 470 y 514 todos de la Ley Federal del Trabajo, valuándose en una incapacidad parcial permanente del 81%, y de manera conjunta si analizamos los padecimientos, edad, instrucción escolar hasta el quinto año de primaria, la incapacidad laboral, los requisitos actuales de las empresas para contratar personal a nivel nacional exigen al candidato a contratar como edad, realización de estudios médicos, currículum para determinar su aptitud, resulta que al actor no se le contrata al no reunir el perfil del puesto y que las anteriores limitaciones le generan por su severidad una incapacidad total y permanente al 100% de la total orgánica-funcional, debiendo esta H. Autoridad aplicar el beneficio del artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo, al no poder ya desarrollar ninguna de las actividades propias a sus categorías antes citadas.’ (fojas 4 y 5). Por su parte la Junta responsable al momento de dictar el laudo impugnado consideró lo siguiente: ‘El dictamen del perito propuesto por el instituto demandado, diagnostica una cortipatía bilateral vascular degenerativa, como padecimiento que sufre el actor, por lo que es indudable que efectivamente el actor padece la mencionada cortipatía. La discrepancia entre este dictamen médico, el del propuesto por el actor y el tercero en discordia, consiste en la génesis del padecimiento. Consecuentemente si el perito médico tercero en discordia señala con toda precisión las actividades laborales del actor, entre las cuales destacan las de prensista, operario de juguetes de plástico, operario de máquinas de moldes para plumas de plástico, técnico mecánico en la reparación de motores de gasolina, eléctricos, diesel; bazokas para descarga de granos a granel, de maíz, sorgo, líquidos como malatión 1000E, pastillas y líquidos para plaga, con lo que conduce a considerar que el actor tiene afecciones derivadas de la fatiga industrial, pues estuvo sometido a ruidos y trepidaciones, por lo que, por analogía, esta Junta considera que las labores a que se ha dedicado el actor se encuadran en el artículo 513, fracción 156 de la Ley Federal del Trabajo.’ (foja 165 ). De lo anterior se desprende lo fundado del concepto de violación, porque la Junta incorrectamente estableció la actualización de la presunción legal preceptuada en la fracción 156 del artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, ya que las actividades, categoría y condiciones laborales relatadas en el escrito inicial de demanda, cuando se fijó la litis, no se encuentran mencionadas ni pueden considerarse análogas de aquellas que relata la citada fracción 156 del precepto legal indicado. De ahí que la Junta responsable de forma incorrecta haya considerado que el padecimiento de hipoacusia tuviera relación de causa-efecto con su ambiente laboral o con su categoría, pues el quejoso afirmó desempeñarse como técnico administrativo en Bodegas Rurales Conasupo, S.A. de C.V., y aunque el artículo 513, fracción 156 de la Ley Federal del Trabajo, del cual se deriva la presunción legal de la etiología profesional de la hipoacusia, es una disposición simplemente enunciativa y no limitativa, por tanto puede estimarse que el padecimiento sea de origen profesional, siempre y cuando las actividades desempeñadas por el actor sean análogas a las establecidas en el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, en el caso particular, las actividades del quejoso no tienen relación alguna con aquellas que válidamente se pueden contemplar en la referida fracción del artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, y por ello no puede operar la presunción a favor del quejoso, en cuanto a que la incapacidad que sufre se deriva de enfermedad profesional y, en todo caso, debió acreditar el nexo causal entre las actividades y el ambiente en el que las desempeñó, con el padecimiento que fue diagnosticado, pues al no operar la presunción legal derivada del referido artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, luego entonces, el actor tuvo la carga de probar el origen profesional del padecimiento diagnosticado, por no ser suficientes los dictámenes rendidos en el juicio laboral. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 182, de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 121 y 122 del Apéndice de jurisprudencia 1917-1995, Tomo V, así como la jurisprudencia de la actual Segunda Sala publicada en la página 401, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, mayo de 1998, que respectivamente dicen: ‘ENFERMEDADES DE TRABAJO, PRUEBA DE LAS. La tesis establecida en el sentido de que basta con que el obrero sufra una enfermedad en el desempeño de su trabajo o con motivo del mismo, para que tenga derecho a la indemnización correspondiente, quedando al demandado la carga de la prueba del hecho relativo a si la enfermedad es o no profesional, solamente es aplicable cuando se trata de alguna de las enfermedades que la Ley Federal del Trabajo de 1931, enumera, dándose el carácter de profesionales.’ y ‘ENFERMEDAD PROFESIONAL. LA RELACIÓN CAUSAL ENTRE ÉSTA Y EL MEDIO EN EL CUAL EL TRABAJADOR PRESTE O HAYA PRESTADO SUS SERVICIOS, NO REQUIERE NECESARIAMENTE DE LA PRESENCIA DEL PERITO MÉDICO EN EL LUGAR, EMPRESA O ESTABLECIMIENTO. Conforme a la jurisprudencia sustentada por este Alto Tribunal, la prueba pericial médica es la idónea para determinar, tanto si el origen de una enfermedad es de carácter profesional, como el grado de incapacidad que le provoque al trabajador. Sin embargo, establecer una regla general, aplicable a la universalidad de los casos, para tener por acreditado el señalado vínculo causal, involucraría cargas procesales adicionales innecesarias y sin soporte legal, o bien, un desequilibrio entre las partes contendientes, al extremo de provocar laudos condenatorios basados en la simple afirmación del actor sustentada nada más que en el desahogo de una pericial médica que no arroje la convicción necesaria para tal fin. En atención a ello, si se trata de una enfermedad cuya profesionalidad se presume, o sea, de aquellas enumeradas en la tabla a que se refiere el artículo 513, de la Ley Federal del Trabajo, el dictamen médico que concluya sobre la existencia del padecimiento y el grado de la incapacidad, es suficiente para determinar dicho origen, sin perjuicio de que el demandado rinda pruebas que desvirtúen esta presunción, conforme al numeral 476 de la misma ley; fuera de este supuesto, es decir, tratándose de enfermedades no contempladas en la tabla de referencia, el peritaje debe establecer además, si existe o no una relación causal entre el padecimiento y el trabajo (relación directa) o el medio ambiente laboral (relación indirecta), así como especificar cuál es esa relación y los medios de que se valió el perito para su determinación y, para que el dictamen del experto alcance valor probatorio pleno, deberá encontrarse robustecido con el resultado de la visita que haga al lugar o centro de trabajo, para constatar cuáles eran o son las condiciones ambientales en que se vino desarrollando la actividad o profesión, si esto puede obtenerlo por sí mismo, o bien, auxiliado por un técnico o científico que se encargue de perfeccionar, esclarecer o ampliar las conclusiones del dictamen primigenio, salvo que en autos existan constancias de las que se desprendan los datos en cuestión, incluso otros dictámenes periciales relacionados con esas condiciones. Lo anterior, sin demérito de que las Juntas de Conciliación y Arbitraje actúen, en los términos previstos en el artículo 782, de la ley de la materia, en el sentido de ordenar con citación de las partes, el examen de lugares o reconocimiento por peritos, a fin de practicar las diligencias que juzguen convenientes para el esclarecimiento de la verdad.’. Consecuentemente, lo que procede es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal para que la Junta responsable deje insubsistente el laudo impugnado y, en su lugar, dicte otro en el que considere que no se actualizó la presunción legal derivada de la fracción 156 del artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo respecto del padecimiento diagnosticado como hipoacusia, y hecho, resuelva sin perjuicio de los aspectos ya definidos."
DT. 11156/2002
"CUARTO. De la misma forma es infundado el concepto de violación en el que esencialmente señala el instituto quejoso que la autoridad responsable no tuvo suficientes elementos de convicción para determinar la existencia del nexo causal, además de que la bronquitis crónica industrial es distinto padecimiento de la fibrosis neumoconiótica establecido y relatado en el artículo 514 de la Ley Federal del Trabajo; por lo que respecto de dicho padecimiento no quedó acreditada la relación de causa-efecto con su ambiente de trabajo. Al respecto, la Junta responsable estimó lo siguiente: ‘...toda vez que de acuerdo a las actividades que realizaba la actora, y el tipo de actividad de la empresa donde laboraba, las mismas se encuadran en los numerales 22 del artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, ya que la soldadura y la industria de las pinturas que el actor refiere, fueron las causantes del segundo padecimiento que refiere ...’ (foja 81). De ahí que la Junta responsable sí señaló por qué se acreditó el nexo causal, pues claramente indicó que respecto de la bronquitis crónica industrial se actualizó la presunción legal derivada de la fracción 22 del artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, coligiéndose que no fue necesario que se allegara otros medios de prueba, toda vez que el diagnóstico de la enfermedad y la aplicación de la norma, realizada por la Junta responsable, fue suficiente para que quedara acreditado el nexo casual, por lo que únicamente con la prueba pericial se determinó el origen profesional del padecimiento, esto, por estar relatada la actividad del actor en el precepto referido; así, la obligación del perito médico reside en informar al órgano jurisdiccional las enfermedades y sus probables causas, empero, corresponde a la Junta responsable realizar la adecuación de la norma general y abstracta al caso concreto, ya que, es labor del órgano jurisdiccional subsumir las actividades manifestadas a las hipótesis legales contenidas en el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, de conformidad con los artículos 840, fracción VI y 841 del mismo ordenamiento legal; finalmente, no es posible que resida en el profesional médico la facultad jurisdiccional de determinar la aplicabilidad de diversa fracción de la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, es infundado el concepto de violación en el que aduce el quejoso que la Junta responsable omitió señalar el nexo causal existente entre el padecimiento de cortipatía bilateral por trauma acústico crónico y el ambiente de trabajo en el que se desarrolló el trabajador, hoy tercero perjudicado. Al respecto, la autoridad responsable, al momento de dictar el laudo, estimó: ‘Toda vez que los peritajes anteriores resultaron contradictorios, se nombró a un perito tercero en discordia, el cual rindió su dictamen en los términos visibles en las fojas 62 a 65 del expediente, del que se desprende: historia clínica, antecedentes heredo-familiares y personales no patológicos, antecedentes laborales, padecimiento actual, exploración física dirigida, estudios complementarios, diagnóstico: 1. Cortipatía bilateral secundaria a trauma acústico crónico y componente degenerativo que condiciona una hipoacusia bilateral combinada de 10%; 2. Bronquitis crónica industrial; 3. Síndrome doloroso lumbar crónico mecanopostural y degenerativo; 4. Ametropía y presbicia; 5. Tobillo izquierdo sano; consideraciones y conclusiones médico legales; determinando que la actora presenta en la actualidad los padecimientos antes descritos, los cuales los 2 primeros son de orden profesional, valuados en un 35%. Analizando los anteriores dictámenes vemos que la pericial de la demandada fue elaborada en papelería que contiene el logotipo del IMSS, por lo que hace pensar que es un peritaje parcial y, además, se trata de un peritaje que no le produce convicción a esta Junta, toda vez que no abunda en sus razonamientos en cuanto a cómo y por qué llega a las conclusiones como lo hace y, en tal virtud, no se le puede dar ningún valor probatorio. Finalmente, por lo que se refiere a la pericial del tercero en discordia, vemos que, en la especie, es un perito que pertenece al sector laboral oficial, es decir, que su peritaje es imparcial ya que no tiene ningún interés en el presente juicio y, además, hace un estudio analítico y más profundo de las constancias procesales, por lo que a esta H. Junta le procede parcialmente convicción aunado con el perito médico de la parte actora, respecto al segundo padecimiento determinado por dichos peritos, toda vez que de acuerdo a las actividades que realizaba la actora y el tipo de actividad de la empresa donde laboraba, las mismas se encuadran en los numerales 22 del artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, ya que la soldadura y la industria de las pinturas que el actor refiere, fueron las causantes del segundo padecimiento que refiere; y por lo que hace al tobillo izquierdo, los tres peritos le niegan disminución orgánico funcional y, por tanto, a esta Junta no le produce convicción que sea de orden profesional. En vista de lo anterior, esta Junta considera procedente condenar al reconocimiento y pago de que la actora sufre de incapacidad permanente parcial valuada en un 25% de disminución orgánico funcional, por lo que esta Junta estima procedente condenar a la demandada al pago de una indemnización global correspondiente a 5 anualidades de lo que le hubiese correspondido por pensión, así como al pago de las prestaciones en especie que determina el artículo 63 de la Ley del Seguro Social y toda vez que de las pruebas ofrecidas por las partes, de ninguna de ellas se desprende el promedio de las últimas 52 semanas de cotización del actor, cantidad con la cual deberá de hacerse la correcta cuantificación de dicha indemnización, por lo que deberá abrirse incidente de liquidación.’ (fojas 80 y 81). De la anterior transcripción aparece que, contrario a lo que aduce el instituto quejoso, la Junta responsable omitió condenar al reconocimiento de la cortipatía bilateral secundaria a trauma acústico crónico como enfermedad de origen profesional, esto es así porque la Junta responsable determinó otorgarle valor probatorio a los dictámenes médicos rendidos, tanto por el designado por el actor como por el tercero en discordia, particularmente de este último se aprecia que a la hipoacusia bilateral secundaria le confirió una incapacidad parcial permanente del diez por ciento, dicho profesional también determinó que el padecimiento de bronquitis crónica industrial era de etiología profesional, finalmente valuó la incapacidad parcial permanente en un treinta y cinco por ciento; por lo anterior se concluye que el veinticinco por ciento de incapacidad parcial permanente a que condenó, derivó del reconocimiento de la bronquitis crónica industrial como padecimiento de origen laboral; y que respecto de la cortipatía no hizo pronunciamiento alguno que resultara en la condena del mismo. Consecuentemente lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal."
DT. 11826/2002
"CUARTO. El estudio de los conceptos de violación conduce a determinar lo siguiente: Es infundado el primer concepto de violación, en el que aduce el quejoso que la autoridad responsable consideró acreditado el accidente de trabajo, sin que el actor haya demostrado con ninguna de sus pruebas que haya sufrido el referido accidente durante el trabajo y en ejercicio o como consecuencia del mismo. El actor reclamó en su escrito inicial de demanda: (Se transcribe). El instituto demandado negó que el actor haya sufrido accidente de trabajo, ya que en ningún momento se le dio el aviso para calificar el riesgo de trabajo, es decir, la Forma MT-1 (foja 32). El actor ofreció, entre otras pruebas, la testimonial y la pericial médica, de las que se desprende lo siguiente: (Se transcribe). El perito médico del actor concluyó: (Se transcribe). La autoridad responsable estimó: (Se transcribe). Por tanto, como consideró la Junta responsable, sí quedó demostrado el accidente de trabajo sufrido por el actor el dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, con el resultado de la prueba testimonial rendida, adminiculada con los diagnósticos emitidos por los peritos médicos del actor y del tercero en discordia, ya que los testigos fueron contestes en cuanto a las circunstancias en que ocurrió dicho accidente y los dictámenes médicos fueron concluyentes respecto al padecimiento del actor. Por otra parte, aduce el quejoso que la autoridad responsable lo condenó al reconocimiento de afaquia de ojo derecho de origen postraumático y postquirúrgico, apoyándose en el dictamen rendido por el perito médico tercero en discordia. Lo anterior deviene inoperante, porque de la lectura del acto reclamado aparece que la Junta responsable consideró: ‘Y no se omite considerar que al igual que el peritaje médico elaborado por el perito médico de la parte actora, que se toma en cuenta en cuanto se asemeja con el tercero en discordia, no así en cuanto difiere, debido a la parcialidad en que se pronuncia a favor de la parte que representa ...’ (foja 105). Es decir, la autoridad responsable no sólo se apoyó en el dictamen del perito médico tercero en discordia, sino también en el dictamen del perito médico del actor, para determinar que el actor tiene el padecimiento señalado, sin que ello sea combatido en los conceptos de violación por el instituto quejoso, por lo que los conceptos de violación sobre el particular resultan inoperantes. El mismo criterio fue sostenido por este Sexto Tribunal Colegiado en el juicio de amparo directo número DT. 11686/2002, promovido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, resuelto el veintiocho de noviembre de dos mil dos, por unanimidad de votos, siendo ponente el Magistrado Genaro Rivera, y secretario el licenciado Bernabé Vázquez Pérez, bajo el rubro: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. Si el quejoso expresa en sus conceptos de violación que la responsable indebidamente se apoyó en el dictamen del perito tercero en
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17985-bef7bacf/enfermedad-profesional-corresponde-a-las-juntas-de-conciliacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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