AMPARO CONTRA LEYES. HIPÓTESIS EN QUE UNA NORMA GENERAL PUEDE CAUSAR AL GOBERNADO UNA AFECTACIÓN QUE LO LEGITIMA A PROMOVER EL JUICIO.
AMPARO EN REVISIÓN 18/2009. VÍCTOR HUGO CONTRERAS GONZÁLEZ
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO. A continuación, debe puntualizarse que no se analizarán los agravios del quejoso ni las consideraciones de la sentencia recurrida, dado que con independencia de la eficacia que éstos pudieran tener, este Tribunal Colegiado advierte, de oficio, que en la especie se actualiza una diversa causa de improcedencia del juicio de garantías, esto es, la prevista en el artículo 73, fracción VI, en relación con el numeral 114, fracción I, de la Ley de Amparo, respecto de los artículos primero, fracción I, y segundo de la resolución de carácter general publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el catorce de enero de dos mil ocho, y primero, fracción I, segundo y tercero, del decreto publicado el catorce de marzo del mismo año en el referido medio de difusión local.
Con tal propósito, en principio, es pertinente destacar que la regla general aplicable a las causas de improcedencia del juicio de amparo, consiste en que su análisis procede, incluso de oficio y es de estudio preferente por ser de orden público e interés general, sin importar la instancia en que el juicio se encuentre; empero, en relación con el recurso de revisión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido como excepción a la mencionada regla, el criterio de que cuando el juzgador de garantías desestima expresamente alguna de ellas, ya no está de por medio, en esa determinación, el orden público que justifica el análisis oficioso, sino sólo el interés privado de la parte que resulta afectada por esa desestimación, por lo que el órgano revisor únicamente puede abordar, generalmente, el estudio de la determinación del Juez a la luz de los agravios que se hagan valer por el recurrente.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 3a./J. 34/91 de la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 104 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, junio de 1991, Octava Época, que es del rubro y texto siguientes:
"IMPROCEDENCIA. SI EL JUEZ DE DISTRITO DESESTIMÓ ALGUNA DE LAS CAUSALES, SE REQUIERE AGRAVIO EN LA REVISIÓN PARA REEXAMINARLA. Si bien el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, establece que las causales de improcedencia, en su caso, deben ser examinadas de oficio, cuando un Juez de Distrito desestima expresamente alguna de ellas, al no estar ya de por medio en esa determinación el orden público que justifica la referida oficiosidad, sino tan sólo el interés privado de la parte que resulta afectada por ella, el órgano revisor únicamente puede abordar, por regla general, el estudio de la determinación del Juez a la luz de los agravios que se hagan valer por el recurrente."
Asimismo, ese Alto Tribunal ha sustentado en diversos precedentes que cuando en el recurso de revisión se advierte la existencia de una causa diferente a la que se estimó actualizada o a la desestimada por el juzgador de primer grado o, incluso, la actualización de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, el órgano revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo.
Lo anterior obedece a que el artículo 91 de la Ley de Amparo, que establece los diversos lineamientos que deben seguirse al resolver el recurso de revisión, prevé una regla que rige en cuanto a la procedencia del juicio de amparo en la instancia revisora, consistente en examinar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal; lo que patentiza la existencia de la anunciada obligación de examinar la procedencia del amparo bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales examinadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica, congruentemente con el principio de que la procedencia es de orden público, que a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimada determinada causa de improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que puede ser alumbrado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el Juez estudió sólo alguno de ellos, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues sobre el particular no hay pronunciamiento, por lo que no puede estimarse agotado el examen de procedencia en comento.
El criterio plasmado encuentra mayúscula justificación en otros diversos casos, como son, aquellos en que el Juez de Distrito no estudió una causa de improcedencia que se le planteó, o ésta sobreviene o se actualizan motivos que la descubren, casos en que el órgano jurisdiccional revisor debe analizarla, por subsistir el orden público que justifica su estudio.
Cabe destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver en sesión del diecinueve de mayo de dos mil cuatro, la contradicción de tesis número 49/2004-SS entre las sustentadas por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, reiteró el criterio que informan las jurisprudencias y tesis transcritas, en el sentido de que el examen de las causas de improcedencia del juicio de garantías debe realizarse de manera oficiosa, aunque no las hayan propuesto las partes, independientemente de la instancia en que se encuentre, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, razón por la que, precisó, el tribunal revisor debe examinar la procedencia del juicio, con independencia de que el recurso lo interponga el quejoso que obtuvo parte de sus pretensiones, aun cuando pudiera resultar adverso a sus intereses si se advierte la existencia de alguna causa de inejercitabilidad de la acción de garantías, pues con ello no se contravendría el principio de non reformatio in peius, ya que éste sólo cobra aplicación una vez superadas las cuestiones de procedencia del juicio constitucional.
De la mencionada contradicción de tesis derivó la jurisprudencia número 2a./J. 76/2004 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 262 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, junio de 2004, Novena Época, que es del rubro y texto siguientes:
"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SU EXAMEN EN LA REVISIÓN ES OFICIOSO, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL RECURRENTE SEA EL QUEJOSO QUE YA OBTUVO RESOLUCIÓN FAVORABLE. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben ser estudiadas por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Ahora bien, como esta regla es aplicable en cualquier estado del juicio mientras no se dicte sentencia ejecutoria, es indudable que el tribunal revisor debe examinar la procedencia del juicio, con independencia de que el recurso lo hubiera interpuesto el quejoso que ya obtuvo parte de sus pretensiones, y pese a que pudiera resultar adverso a sus intereses si se advierte la existencia de una causal de improcedencia; sin que ello contravenga el principio de non reformatio in peius, que implica la prohibición para dicho órgano de agravar la situación del quejoso cuando éste recurre la sentencia para obtener mayores beneficios, toda vez que el citado principio cobra aplicación una vez superadas las cuestiones de procedencia del juicio constitucional, sin que obste la inexistencia de petición de la parte interesada en que se decrete su sobreseimiento."
En ese contexto, a efecto de demostrar que en la especie se está en presencia de un supuesto similar a los descritos en las tesis y jurisprudencias transcritas, es decir, que este Tribunal Colegiado puede abordar de manera oficiosa, el estudio de la procedencia del juicio de garantías por una causa diversa a la examinada por el Juez de Distrito; resulta importante precisar que de las constancias de autos, que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo permite el artículo 2o. de esta última legislación, se desprende que el quejoso aquí recurrente Víctor Hugo Contreras González, por su propio derecho, reclamó los artículos primero, fracción I, y segundo de la "Resolución de carácter general por la que se condona el pago de las contribuciones que se indican, para la formalización de transmisiones de propiedad por sucesión", publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el catorce de enero de dos mil ocho, así como los artículos primero, fracción I, segundo y tercero de la "Resolución de carácter general por la que se otorgan facilidades administrativas y se condona el pago de las contribuciones que se indican, para formalizar transmisiones de propiedad y sucesiones en la Jornada Notarial 2008", publicado el catorce de marzo del mismo año en el referido medio de difusión local (fojas 4 a la 40 del juicio de amparo).
Cabe magnificar que en el escrito de aclaración de aquella demanda constitucional, la parte quejosa señaló que su intención es impugnar únicamente la emisión de tales prerrogativas fiscales, sin combatir los preceptos legales del Código Financiero del Distrito Federal que prevén el impuesto sobre adquisición de inmuebles, manifestando que el acto de aplicación de esas disposiciones administrativas lo constituye el entero por el referido tributo local, realizado el veintitrés de junio de dos mil ocho (fojas 45 a la 47 del expediente de origen).
En ese orden de hechos, es importante tomar en consideración lo dispuesto en los artículos 73, fracción VI, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo:
"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... VI. Contra leyes, tratados y reglamentos que, por su sola vigencia, no causen perjuicio al quejoso, sino que se necesite un acto posterior de aplicación para que se origine tal perjuicio..."
"Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: I. Contra leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional, reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, u otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación, causen perjuicios al quejoso..."
De los anteriores preceptos se advierte que las disposiciones de carácter general pueden ser impugnadas a través del juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma; es decir, si por su sola entrada en vigor irroga un perjuicio al gobernado (autoaplicativas), o bien, si requiere un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete sus efectos jurídicos (heteroaplicativas).
Lo expresado pone de manifiesto que para impugnar una ley en el juicio de amparo, requiere acreditar que sus normas afectan la esfera jurídica de la persona que solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque los efectos se causen con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad o del particular, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus supuestos.
Se asevera lo anterior, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado, en distintas épocas, que para impugnar una ley en virtud de un acto concreto de aplicación, es menester que se cumpla con ciertas premisas, a saber:
1. La existencia de ese acto concreto de aplicación de la ley controvertida.
2. Que el acto concreto de aplicación cause perjuicio directo y actual a la esfera jurídica del gobernado.
3. Que ese acto de aplicación sea el primero, no ulteriores.
4. Que dicho acto de aplicación de la norma sea anterior a la presentación de la demanda de garantías.
En esa tesitura, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, si el gobernado reclama una ley en virtud de un acto de aplicación deberá ser el primero, en el que de manera expresa o tácita se actualicen las hipótesis normativas relativas, de manera que se generen en relación con el gobernado los efectos de la norma, regulando o sancionando una situación jurídica concreta.
Asimismo, debe considerarse que para combatir una norma general con motivo de su entrada en vigor, el gobernado debe acreditar que ésta trasciende a su esfera jurídica generándole un menoscabo al respecto.
Para acreditar que una norma general autoaplicativa afecta el interés jurídico del quejoso es necesario analizar, en principio, en qué situación de hecho debe ubicarse para sufrir un perjuicio con la entrada en vigor de aquélla, para que en su caso pueda evidenciarse si las pruebas ofrecidas coinciden con el supuesto de hecho que genera la consecuencia jurídica que prevé la norma controvertida, pues de lo contrario, podría demostrarse un hecho irrelevante que no lo legitimaría para impugnar el respectivo acto legislativo.
Bajo esta perspectiva, resulta evidente que la impugnación de una norma general desde su sola vigencia o en virtud de un acto de aplicación precisa de que trascienda a la esfera jurídica del quejoso, generándole un menoscabo al respecto, puesto que de no demostrarse que se han concretado los efectos jurídicos de la norma, es incontrovertible la falta de legitimación de aquél para impugnar la disposición general en la que no se ubica.
Con base en lo expuesto, conviene puntualizar que cuando el quejoso combate un sistema de tributación simple o las normas que regulan el núcleo de la unidad normativa que rige a una cierta contribución que reviste la naturaleza de autoaplicativa, no resulta necesario que se sitúe en cada hipótesis que contempla el tributo, inclusive, respecto de las normas que inciden en el perímetro de la unidad relativas a obligaciones accesorias o variables, porque basta que demuestre que es contribuyente del impuesto que se regula, para que esté en aptitud legal de combatir cada uno de los preceptos que puedan aplicársele en el presente o futuro, por la íntima relación que guardan entre sí las disposiciones en cuanto a su sentido, alcance o aplicación, dado que se encuentra obligado a acatar dicho sistema, desde el inicio de la vigencia de la ley.
Corrobora tal postura, la jurisprudencia número P./J. 121/99 del honorable Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 14 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, que dice:
"ACTIVO. LA LEY QUE ESTABLECE EL IMPUESTO RELATIVO CONTIENE DISPOSICIONES RELACIONADAS ENTRE SÍ, LO QUE DA LUGAR A QUE QUIENES SE ENCUENTRAN EN LOS SUPUESTOS DE SU AUTOAPLICACIÓN, TENGAN INTERÉS JURÍDICO EN RECLAMAR CUALQUIERA DE LOS PRECEPTOS QUE REGULAN EL SISTEMA ESPECÍFICO PREVISTO PARA LA CATEGORÍA DE CONTRIBUYENTE QUE SE DEMOSTRÓ TENER. Cuando se reclama la inconstitucionalidad de la Ley del Impuesto al Activo por considerarla autoaplicativa, no es menester que el gobernado se sitúe dentro de cada una de las hipótesis que la misma contempla en su articulado, sino que basta que se ubique de manera general en la hipótesis de ser contribuyente del impuesto que se regula, para que esté en aptitud legal de combatir cada uno de los preceptos que puedan serle aplicables según el régimen específico previsto para la categoría de contribuyente que demostró tener, toda vez que por la íntima relación que guardan sus disposiciones, por ese solo hecho, se encuentra obligado a acatar el sistema que establece, desde la iniciación de la vigencia de la ley."
En cambio, el quejoso debe demostrar el primer acto concreto de aplicación de las disposiciones legales reclamadas, cuando no se controviertan por su sola vigencia, porque en este supuesto no basta que sea causante del tributo para combatir todo el sistema o las normas que inciden en el perímetro de la unidad, sino que además debe situarse en cada hipótesis que la norma prevé, salvo que guarden una íntima relación, según lo dispuesto en las tesis que llevan por rubro, texto y datos de localización, los siguientes:
"AMPARO CONTRA LEYES. LA APLICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DE DETERMINADOS PRECEPTOS DEMUESTRA SU INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR LOS QUE LE HAN SIDO APLICADOS, ASÍ COMO AQUELLOS QUE REGULAN EL SISTEMA ESPECÍFICO DENTRO DEL QUE SE UBICA. La aplicación a la parte quejosa de determinados preceptos de la ley cuya inconstitucionalidad reclama en el juicio de amparo, demuestra su interés jurídico para combatir tales preceptos, así como aquellos que, por la íntima relación que guardan sus disposiciones, puedan resultarle aplicables como consecuencia, es decir, todos aquellos que regulen el sistema específico dentro del que se ubique. Sin embargo, esto no significa que tenga, necesariamente, interés jurídico para combatir todo el cuerpo legal que contiene los preceptos que le fueron aplicados, pues el mismo puede regular hipótesis diversas, como podrían ser impuestos diferentes o contribuyentes diversos que se rigen por otro sistema, o bien hipótesis excluyentes entre sí, de manera tal que la aplicación de determinados preceptos implique, precisamente, la imposibilidad de aplicación de otros dispositivos del mismo ordenamiento legal." (Octava Época, Pleno, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 67, julio de 1993, tesis P. XXXIX/93, página 23).
"LEYES, AMPARO CONTRA. BASTA RECLAMAR EL PRECEPTO QUE SE ESTIMA INCONSTITUCIONAL, SIN QUE SEA NECESARIO IMPUGNAR TODO EL CUERPO LEGAL QUE LO CONTIENE. La acción constitucional procede tanto contra un cuerpo legal como en contra de uno de sus dispositivos. No resulta necesario reclamar todo el articulado de la ley, pues no todos sus preceptos pueden afectar al quejoso en su interés jurídico, ni tampoco se plantea la inconstitucionalidad de todos ellos." (Octava Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989, tesis XLIII/89, página 93).
En tal virtud, el principio de impugnación de normas generales que prevén los criterios contenidos en las tesis transcritas pone en evidencia que pueden reclamarse aquellas disposiciones que guarden una íntima relación entre sí, aun cuando el quejoso sólo demuestre el acto concreto de aplicación de una de ellas, que lo legitima para controvertirlas de manera conjunta como un sistema normativo, al irrogarle un menoscabo en su esfera jurídica.
Esta prerrogativa de impugnación de normas desde su sola vigencia o en virtud de un acto concreto de aplicación de alguna de ellas reviste singulares matices, porque es menester que en su conjunto formen una verdadera unidad normativa, de modo que si se declara la inconstitucionalidad de una, afecta a las demás en su sentido, alcance o aplicación; por tanto, no cualquier norma puede integrar junto con otras un sistema impugnable a través del juicio de amparo, ya que deben tener una relación directa entre sí, casi indisociable en cuanto a la materia, tema, objeto, causa, principio o fuente, de ahí que la inconstitucionalidad de una norma fiscal no pueda trascender a una norma civil, administrativa o penal, a pesar de que la primera haga referencia a la segunda.
En ese sentido, el método de impugnación sistemática de las leyes no puede integrarse ni abarcar disposiciones que sólo hacen una mera referencia, mención o correlación con otras, sino que es básico que guarden una correspondencia real entre ellas, porque precisamente a partir de esa relación estrecha el particular puede controvertir normas generales aunque no hayan sido aplicadas en su perjuicio, siendo heteroaplicativas, o desde su sola vigencia las que no afectan aún su esfera de derechos.
Resulta ilustrativa a las consideraciones que anteceden, la jurisprudencia número 2a./J. 100/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 400, Tomo XXVII, junio de 2008, al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son los siguientes:
"AMPARO CONTRA LEYES. PARA IMPUGNARLAS COMO SISTEMA NORMATIVO ES NECESARIO QUE CONSTITUYAN UNA VERDADERA UNIDAD. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en vía de amparo pueden reclamarse disposiciones legales que guarden una íntima relación entre sí, aun cuando el quejoso sólo acredite el acto de aplicación de una de ellas o que se ubique en el supuesto jurídico de una sola, que lo legitima para controvertirlas de manera conjunta como un sistema normativo, al irrogarle un menoscabo en su esfera jurídica. Ahora bien, esta prerrogativa de impugnación de normas desde su sola vigencia o por virtud de un acto de aplicación de alguna de ellas, requiere que en su conjunto formen una verdadera unidad normativa, de modo que si se declara la inconstitucionalidad de una, se afecte a las demás en su sentido, alcance o aplicación; por tanto, no cualquier norma puede integrar junto con otras un sistema impugnable a través del juicio de amparo, ya que deben tener una relación directa entre sí, casi indisociable en cuanto a la materia, tema, objeto, causa, principio o fuente; de ahí que no pueda integrarse o abarcar normas que sólo hacen una mera referencia, mención o correlación con otras, sino que deban guardar correspondencia entre ellas, porque precisamente a partir de esa relación estrecha el particular puede controvertir disposiciones generales aunque no hayan sido aplicadas en su perjuicio, siendo heteroaplicativas, o desde su sola vigencia, las autoaplicativas."
Por consiguiente, es posible afirmar que en el escenario del juicio de amparo contra leyes se pueden presentar diversos supuestos en lo es posible ubicarse en la hipótesis de afectación de una norma de carácter general reclamada, como son los siguientes:
1. Aplicación expresa en el acto reclamado, que implica la actualización expresa de su hipótesis normativa.
2. Aplicación tácita de acuerdo a las hipótesis que se actualizaron en el acto controvertido.
3. Aplicación negativa (interpretación a contrario sensu).
En el primer caso, la autoridad responsable, el propio particular o un tercero que actúa por mandato de la ley actualiza los supuestos jurídicos plasmados en una norma general, esto es, tanto la hipótesis como la consecuencia están inmersas en el acto de aplicación.
En cambio, en el segundo supuesto no existe invocación expresa de la norma jurídica que pretende controvertir el quejoso, pero tanto la hipótesis como la consecuencia están implícitamente contenidas en el acto, por lo que la aplicación se actualiza de manera tácita.
Finalmente, respecto de la aplicación negativa de una norma general reclamada es importante significar que en esos casos la situación jurídica del quejoso es análoga, semejante, equiparable o idéntica a la establecida en una norma que lo excluye de la observancia de ciertos de sus efectos, causándole así un perjuicio por discriminación jurídica, siendo entonces la pretensión principal del quejoso la de incorporarse en un supuesto de beneficios; es decir, el precepto reclamado no está dirigido a su situación jurídica y según el mandato de la propia norma no es posible que actualicen sus efectos, sin embargo, al contener un beneficio o prerrogativa pretende obtenerla, aduciendo violaciones a garantías constitucionales, principalmente, por equidad tributaria o igualdad en términos de lo dispuesto en los artículos 1o. y 31, fracción IV, de la Constitución General de la República.
Sirve de apoyo a la consideración anterior, por analogía e identidad, la jurisprudencia número P./J. 18/2003, sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, Tomo XVIII, julio de 2003, al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son los siguientes:
"EXENCIÓN PARCIAL DE UN TRIBUTO. LOS EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA UNA NORMA TRIBUTARIA INEQUITATIVA POR NO INCLUIR EL SUPUESTO EN QUE SE HALLA EL QUEJOSO DENTRO DE AQUÉLLA, SÓLO LO LIBERA PARCIALMENTE DEL PAGO. La declaratoria de que un precepto que establece la exención parcial de un tributo es inequitativo, no tiene por efecto exentar al quejoso del pago en su totalidad, sino sólo el de desincorporar de su esfera jurídica la obligación tributaria en la parte inconstitucional, es decir, tratándose de una norma que concede dicho beneficio a determinados contribuyentes en detrimento de otros que se encuentran en la misma situación, como el amparo se concede sólo respecto de dicha porción normativa y no de las normas que establecen los elementos esenciales del tributo, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, consiste en hacer extensiva en su favor únicamente la exención parcial otorgada a los demás."
En relación con la naturaleza jurídica de las normas reclamadas, esto es, los artículos primero, fracción I, y segundo de la "Resolución de carácter general por la que se condona el pago de las contribuciones que se indican, para la formalización de transmisiones de propiedad por sucesión", publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el catorce de enero de dos mil ocho, así como los artículos primero, fracción I, segundo y tercero de la "Resolución de carácter general por la que se otorgan facilidades administrativas y se condona el pago de las contribuciones que se indican, para formalizar transmisiones de propiedad y sucesiones en la Jornada Notarial 2008", publicada el catorce de marzo del mismo año en el referido medio de difusión local; es menester desarrollar los siguientes conceptos jurídicos:
La causación deriva del término causar, que significa "producir una causa su efecto", en ese sentido las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho en que ocurran, figura jurídica que presupone una ley que establezca como hipótesis normativa (o de hecho imponible) diversas situaciones jurídicas o de hecho como objeto del impuesto que en ella se establezca, así una persona jurídica se convertirá en sujeto del impuesto (o sujeto pasivo), cuando su situación jurídica o de hecho coincida con las que la ley describa como supuestos de causación de la contribución, y la realización de actos jurídicos o materiales que por coincidir con la hipótesis normativa ocasione que surja a cargo de una persona la contribución establecida en el cuerpo legal, convirtiéndola en sujeto del impuesto o contribuyente.
Esto es, la causación de la contribución es la que determina el nacimiento de la obligación tributaria entre el Estado y el contribuyente, obligación que se entiende como el vínculo jurídico que constriñe a éste a una prestación de dar a favor del fisco. La existencia o inexistencia de la obligación tributaria depende de que la ley conceda o no a la administración pública la facultad de ejercer una acción jurídica para obtener coactivamente el cumplimiento de la obligación; es decir, la existencia de la obligación tributaria depende de la existencia legal de medios procesales que permitan a la autoridad fiscal compeler a su cumplimiento, de otra manera no se estaría en presencia de una norma jurídica, la cual se caracteriza por establecer medios coactivos para su acatamiento, sino que se presentaría el caso de un buen deseo o de un consejo dirigido a las personas que se ubicaran en la actualización de la hipótesis normativa.
Al respecto, el autor Adolfo Carretero Pérez señala que la existencia de la materia imponible no implica por sí misma alguna consecuencia fiscal. El crédito del impuesto o provecho del tesoro no puede tomar nacimiento, sino en el caso de que ciertas condiciones se hayan realizado; acontecimiento, acto o situación a veces compleja, que crea estas condiciones, constituye el hecho general del impuesto, o como se denomina "la causación de la contribución"; asimismo, afirma que el hecho imponible se define como el presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijado por ley, para configurar cada tributo y cuya actualización supone el nacimiento de la realización jurídico-tributaria, equivalente, por tanto, la tipificación de los actos del sujeto para cada clase de tributo (Carretero Pérez, Adolfo, Derecho Financiero, Madrid, Santillana, 1968).
El momento de la causación de las contribuciones es muy variado y depende de cuál sea el objeto del impuesto establecido, por ejemplo, en los impuestos aduanales, se causarán al verificarse la importación o exportación de mercancías, o en los relativos a gravar la producción, se causará al elaborarse el producto de que se trate.
Contrario a lo anterior, la causación de la contribución no siempre coincide con su determinación en cantidad líquida, por regla general se puede decir que estos dos fenómenos se producen en distintos momentos, verbigracia, el impuesto sobre la renta que gravita sobre las personas morales, causando la contribución cada que se celebran actos con terceros, modificando el haber patrimonial; sin embargo, la contribución se determina en líquida hasta que concluye el ejercicio fiscal, y compa
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22733-f107dde1/amparo-contra-leyes-hipotesis-en-que-una-norma · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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