COMPETENCIA POR MATERIA. CORRESPONDE AL JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y SU ACTO DE APLICACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 175/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO, SÉPTIMO Y NOVENO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 22 DE FEBRERO DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ Y ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y DEL MAGISTRADO ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO. PONENTE: MAGISTRADA ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS. SECRETARIA: ANAID LÓPEZ VERGARA.
I. Competencia
1. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(1) así como lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(2) en los artículos 6, fracción I, 7, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales;(3) y en el artículo 1 del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio,(4) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero y veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés, por ser criterios sostenidos por tribunales colegiados del Primer Circuito, comprendido en la Región Centro-Norte, en asuntos en materia administrativa.
II. Legitimación
2. La denuncia de contradicción de criterios provino de parte legitimada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo en su texto vigente en la época de la denuncia, pues la formularon **********, ********** y **********, personas quejosas en los juicios de amparo 703/2023 del índice del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, 668/2023 del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y 744/2023 del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, respectivamente, de los cuales derivan los conflictos competenciales en cuyos fallos se plasmaron los criterios en contienda, por conducto de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, **********.(5)
3. Sobre la legitimación del señalado autorizado para presentar la denuncia es aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 152/2008(6) que dice así:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA. El autorizado está legitimado para denunciar la contradicción de tesis entre la derivada de la ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo en que se le otorgó tal representación y la sostenida por otro órgano jurisdiccional. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que el artículo 27, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, no precisa tal facultad, también lo es que la enumeración de las que establece es enunciativa y no limitativa pues, entre otras, prevé la de realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Además, aunque la denuncia referida no es un acto del procedimiento en el juicio de amparo, como del artículo 197-A de la ley citada se advierte que puede realizarse por las partes que intervinieron en los juicios en que las tesis respectivas fueron sustentadas, es indudable que dicha denuncia es un derecho garantizado por el citado precepto, en favor de las partes que intervinieron en los respectivos juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros."
III. Criterios denunciados
4. Criterio del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 18/2023, en sesión de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés.
5. Criterio del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 19/2023, en sesión de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés.
6. Criterio del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 21/2023, en sesión de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés.
IV. Existencia de la contradicción de criterios
7. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(7)
a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
8. En el caso, existe una contradicción de criterios entre el sostenido por los Tribunales Colegiados Sexto y Séptimo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito al fallar en su orden los conflictos competenciales 18/2023 y 19/2023, y el sustentado por el Noveno Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito al resolver el conflicto competencial 21/2023.
9. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito analizó un asunto con las siguientes características:
Ver características
10. El Séptimo Tribunal Colegido en Materia Administrativa del Primer Circuito analizó un asunto con las siguientes características:
Ver asunto
11. El Noveno Tribunal Colegido en Materia Administrativa del Primer Circuito analizó un asunto con las siguientes características:
Ver análisis
12. De esta relatoría se desprende, en lo esencial, que las tres ejecutorias se dictaron en conflictos competenciales y que tuvieron como antecedentes el reclamo del artículo séptimo transitorio, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con motivo de un oficio de negativa de cambio del régimen pensionario, del de cuentas individuales al establecido en el artículo décimo transitorio del propio ordenamiento jurídico –señalado como su acto concreto de aplicación–, la declinación de la competencia de un juzgado de distrito en materia administrativa a uno en materia de trabajo y el rechazo de este último; pero los pronunciamientos de los tribunales colegiados sobre quién debe conocer del asunto difirieron, como se muestra a continuación:
Ver pronunciamientos
13. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Se satisface este requisito porque los tribunales colegiados contendientes se pronunciaron, a partir de una exposición argumentativa, respecto de cuál es el juzgado de distrito que, por cuestión de materia, debe conocer de un juicio de amparo en el que se reclama el artículo séptimo transitorio, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con motivo de un oficio de negativa de cambio del régimen pensionario señalado como su acto concreto de aplicación.
14. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Se advierte un punto de toque entre los criterios de los tribunales colegiados contendientes, porque analizaron la cuestión planteada con base en la normatividad en materia de competencia que rige al juicio de amparo indirecto.
15. Sin embargo, se produjo un diferendo entre ellos, pues unos, consideraron que los actos reclamados no se relacionan con condiciones laborales, sino con pensiones, por lo que el asunto debe conocerse por un juzgado de distrito en materia administrativa; mientras que el otro, sostuvo que el competente es un juzgado de distrito en materia de trabajo pues el derecho defendido versa sobre la elección del régimen pensionario y la posibilidad de otorgarlo, incluyendo los requisitos para acceder a ese derecho en uno u otro régimen, por lo que están involucradas condiciones laborales específicas.
16. Tercer requisito: Que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este requisito se cumple también, pues advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes, cabe la siguiente pregunta: ¿Cuál es el juzgado de distrito competente por razón de materia para conocer de la demanda de amparo en la que se reclama el artículo séptimo transitorio, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con motivo de un oficio de negativa de cambio del sistema pensionario señalado como su acto concreto de aplicación?(8)
17. En esta línea argumentativa, es existente la contradicción de criterios entre el sostenido por los Tribunales Colegiados Sexto y Séptimo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito al fallar en su orden los conflictos competenciales 18/2023 y 19/2023, y el sustentado por el Noveno Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito al resolver el conflicto competencial 21/2023.
V. Estudio
18. Para dar respuesta a la interrogante planteada en el considerando IV, es conveniente traer a cuenta el artículo 16 constitucional, tutelador del principio de seguridad jurídica, que en su primer párrafo(9) señala los requisitos mínimos de todo acto de autoridad, a saber, que sea emitido por escrito, que provenga de autoridad competente y que se encuentre fundado y motivado.
19. Entre tales requisitos, para efectos de la resolución de la presente contienda, interesa la competencia, que implica que la autoridad emisora de un acto de afectación en contra de una persona debe estar legitimada para actuar por la norma.(10)
20. En el ámbito del derecho procesal, la competencia es la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, como se explica en la ejecutoria que dio lugar a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 44/2021 (11a.)(11) de rubro siguiente: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE UN JUEZ DE DISTRITO. CONFORME A LA REGLA ESPECIAL DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE AMPARO, SE SURTE A FAVOR DE OTRO JUEZ DEL MISMO DISTRITO Y ESPECIALIZACIÓN QUE EL SEÑALADO COMO RESPONSABLE Y, SI NO LO HUBIERA, DEL MÁS CERCANO DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL CIRCUITO AL QUE PERTENEZCA.", que enseguida se reproduce en la parte que interesa:
"74. En primer término, esta Suprema Corte, actuando en Tribunal Pleno, ha sostenido que la competencia es la facultad que la ley otorga a un órgano para que conozca determinados asuntos, dentro de los límites que la propia norma determina. De ahí la regla de competencia de que, si la ley no faculta al órgano de autoridad, éste no puede intervenir.
"75. Asimismo, este Alto Tribunal ha sostenido que la competencia de la autoridad es una garantía a los derechos humanos de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a declarar inválido lo resuelto por el Juez incompetente. Entonces, la competencia es un presupuesto de validez del proceso y derecho fundamental de los justiciables.
"76. Por otro lado, debe distinguirse entre competencia y jurisdicción. La primera precisa los límites a que se sujeta un órgano que tiene jurisdicción, siguiéndose de ello que todo Juez tiene competencia cuando se le concede jurisdicción, pero no todo Juez que tiene jurisdicción tiene competencia para conocer todo tipo de asuntos, sino sólo respecto de los que además tenga competencia. Tiene jurisdicción porque puede decir el derecho, pero únicamente tiene competencia para decidirlo en los casos específicos para los que la ley lo autoriza, pero no para otros, pues esto excedería los límites dentro de los que se le permite actuar. Por ello, se afirma justificadamente que la competencia es la medida de la jurisdicción."
21. Como se aprecia, la competencia implica el límite de la jurisdicción; esta última es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y, en su caso, ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho, pero su ejercicio está acotado a aquellos asuntos para los que resulten competentes en términos del marco normativo aplicable. Sobre el tema, la doctrina dice lo siguiente:(12)
"La jurisdicción puede concebirse como una potestad–deber atribuida e impuesta a un órgano gubernamental para dirimir litigios de trascendencia jurídica, aplicando normas sustantivas e instrumentales por un oficio objetivamente competente y un agente imparcial.(13)
"La competencia, como concepto específico (frente a la idea global de jurisdicción), obedece a razones prácticas de distribución de esa tarea de juzgamiento, entre los diversos organismos judiciales ...(14)
"Cabe mencionar que respecto de la competencia se han dado un sinnúmero de conceptos, sin embargo para nuestro estudio la abordaremos desde los puntos de vista amplio y particular.
"Por lo que hace al amplio: Competencia es la facultad que otorga la Constitución, la ley, incluso los reglamentos para que los entes públicos, las autoridades, actúen conforme a sus atribuciones.
"En un sentido particular o específico: Competencia es la parte de la función jurisdiccional que le corresponde en concreto a cada juez, es la facultad para conocer de determinado negocio."(15)
22. Luego, para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento con preferencia a los demás jueces y tribunales.
23. Tratándose del juicio de amparo, la competencia encuentra su fundamento en los artículos 94, párrafos quinto y sexto, y 107, fracciones V y VII, constitucionales, sus leyes reglamentarias y los acuerdos generales que puede emitir el Consejo de la Judicatura Federal para determinar el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materia de los juzgados y tribunales. Los preceptos en comento dicen así:
"Artículo 94. ...
"La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en Pleno y Salas, la competencia de los Plenos Regionales, de los Tribunales de Circuito, de los Juzgados de Distrito y del Tribunal Electoral, así como las responsabilidades en que incurran las servidoras y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se regirán por lo que dispongan las leyes y los acuerdos generales correspondientes, de conformidad con las bases que esta Constitución establece.
"El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados de Circuito, de los Tribunales Colegiados de Apelación y de los Juzgados de Distrito. "
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ...
"V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes:
"a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares.
"b) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal.
"c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común.
"En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y
"d) En materia laboral, cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas que pongan fin al juicio dictadas por los tribunales laborales locales o federales o laudos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus homólogos en las entidades federativas;
"La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, del Fiscal General de la República, en los asuntos en que el Ministerio Público de la Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, podrá conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten. ...
"VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia."
24. Estos mandatos se encuentran desarrollados en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en la Ley de Amparo, que distribuyen el conocimiento de los asuntos en atención a criterios relacionados con la vía, el grado, la materia, la concurrencia, el auxilio y la funcionalidad del sistema.(16)
25. La competencia de los juzgados de distrito para conocer del juicio de amparo indirecto atendiendo a la materia se establece en los artículos 51 y 56 a 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, entre tales preceptos, para la resolución de la presente contienda deben traerse a cuenta las fracciones III y IV del 57 y II y III del 61.
26. De dichas normas deriva que los juzgados de distrito tanto en materia administrativa como de trabajo tienen atribuciones para conocer de juicios de amparo contra leyes y actos de autoridad distinta de la judicial, y a efecto de determinar su competencia debe atenderse a la naturaleza material del acto reclamado, pues mientras los primeros deben conocer de los asuntos de contenido administrativo, a los segundos corresponden los negocios con substancia laboral. 27. Este contenido normativo se corrobora con la siguiente transcripción de los numerales en comento:
"Artículo 57. Las y los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: ...
"III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
"IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 51 y III del artículo anterior en lo conducente."
"Artículo 61. Las y los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: ...
"II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
"III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial."
28. Por su parte, la Segunda Sala del Alto Tribunal, al emitir la tesis jurisprudencial 2a./J. 24/2009,(17) que si bien interpretó la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada, resulta útil en el caso porque los preceptos respectivos tienen un contenido similar a la legislación actual, concluyó que para definir la competencia por materia en los juicios de amparo debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable; tal criterio es del tenor siguiente:
"COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado."
29. En la ejecutoria de veintiuno de febrero de dos mil siete, emitida en la competencia 3/2007, constituida como el primer precedente de esta tesis de jurisprudencia, se precisó que la competencia por materia se define a partir de la rama del derecho con la que se relaciona la controversia, lo que propicia la especialización del juzgador, así como una mayor profundidad en su análisis, pero puede dar lugar al planteamiento de conflictos cuando exista duda sobre la substancia de los asuntos, como se observa de la parte del fallo que dice así:
"La competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. Tiene la ventaja de que los magistrados adscritos a un tribunal especializado en cierta rama del derecho, únicamente conocen amparos de esa materia, lo que permite enfocar su atención a una sola rama del derecho y, además, repercute en la formación de su especialidad y lo encausa hacia una mayor profundización de conocimiento del amparo de la materia de que se trate.
"Por regla general, en la República Mexicana la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales o juzgados, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, entre otros, y que, a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad, lo cual puede dar lugar a que se llegue a plantear un conflicto real de competencia de carácter negativo o positivo."
30. También señaló que en el supuesto de que no exista coincidencia entre la naturaleza material del acto y la naturaleza formal de la autoridad, debe atenderse a aquélla para definir la competencia, cuando sostuvo:
"En consecuencia, para determinar la competencia por materia de un Tribunal Colegiado especializado, respecto de un recurso de queja interpuesto contra el auto que conceda o niegue la suspensión provisional en un juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado en el referido juicio y no a los conceptos de violación planteados por la parte quejosa. Por ello, para evidenciar a quién compete conocer de determinado asunto, es necesario desentrañar las características jurídicas del acto de que se trate, para lo cual debe atenderse a su naturaleza o carácter, de lo cual se sigue que si el acto se sujeta o se rige por disposiciones de naturaleza administrativa, debe estimarse que corresponde a la materia administrativa, aunque provenga de una autoridad de diversa naturaleza."
31. En similar sentido se han pronunciado el Pleno y la Primera Sala del Máximo Tribunal en las tesis aislada y jurisprudencial que enseguida se invocan:
"COMPETENCIA ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PARA NO CONOCER DE UN AMPARO EN REVISION. DEBE RESOLVERSE EN RAZON A LA NATURALEZA DEL ACTO Y NO DE LAS AUTORIDADES. Los artículos 24, 25, 26 y 27 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en las distintas fracciones que se refieren a la competencia de las Salas de esta Suprema Corte de Justicia, contiene dos prevenciones diferentes: La primera, en las fracciones I y II que se refieren al amparo en revisión, y la segunda, en las fracciones tercera, que corresponden al amparo directo. Ahora bien, aquélla distribuye la competencia tomando en cuenta la naturaleza material del acto reclamado, por esa circunstancia, en los incisos b) de cada fracción I que alude al conocimiento de las Salas de este Alto Tribunal, dice que cuando se reclamen del presidente de la República reglamentos federales, por estimarlos inconstitucionales, el conocimiento corresponde a las Salas de esta Suprema Corte, según la materia de que se trate. De esta manera, si el reglamento es de naturaleza penal, corresponde a la Primera Sala, administrativa a la Segunda, civil a la Tercera, y laboral a la Cuarta; eso no obstante que todos los reglamentos serían formalmente administrativos por derivar del ejecutivo de la unión. No sucede lo mismo con las fracciones terceras de cada uno de los preceptos mencionados, que se refieren al amparo directo, en donde se finca la competencia tomando en cuenta fundamentalmente la naturaleza de las autoridades de que deriva el acto y no la materialidad de éste."(18)
"COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO SE IMPUGNEN ACTOS U OMISIONES DE LAS AUTORIDADES DEL REGISTRO CIVIL RELACIONADOS CON EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL, CUANDO SE DÉ LA ESPECIALIZACIÓN. Cuando en un juicio de amparo indirecto se impugnen actos u omisiones de las autoridades del Registro Civil relacionados con el estado civil de las personas, la competencia para conocer de él corresponde a un Juez de Distrito en Materia Civil, cuando se dé la especialización, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto se fija conforme a la naturaleza del acto reclamado sin tomar en consideración la calidad formal o material de la autoridad que, en su caso, haya emitido el acto. Lo anterior, porque la fracción III del artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece que es competencia de los Jueces de Distrito de amparo en materia civil conocer de aquellos asuntos competencia de los Juzgados de Distrito en materia de amparo que por exclusión no correspondan a la penal, administrativa o laboral, de manera que los actos susceptibles de reclamarse en amparo indirecto, corresponderán invariablemente a la materia civil cuando se refieran a actos u omisiones de las autoridades del registro civil, relativos al estado civil de las personas, pues el estudio del asunto comprenderá el análisis de cuestiones relacionadas con la legislación civil por antonomasia. En ese sentido, al margen del carácter formal de la autoridad emisora, lo contundente es que las funciones que realiza el órgano registral indicado están relacionadas con el derecho civil, ya que al emitir determinaciones vinculadas con actos u omisiones en torno a registro o rectificación de actas de nacimiento, se atiende no solo a datos de identificación desde el plano administrativo, sino a elementos y normas reguladas en la legislación sustantiva civil que repercuten en la situación jurídica que guarda la persona en cuanto al nombre o su reasignación sexual y con esto pierde importancia que su actividad sea materialmente administrativa; de ahí que, con independencia del carácter del Registro Civil, esa circunstancia no impide considerar que los actos que emite en materia de rectificación de actas o relacionados con el estado civil de las personas corresponden a la materia civil, por lo que al atender a los principios de especialización y al denominado
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32352-969c91dc/competencia-por-materia-corresponde-al-juzgado-de-distrito · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LOS ARTÍCULOS CUARTO, QUINTO, PÁRRAFO PRIMERO, SEXTO, SÉPTIMO Y DÉCIMO TRANSITORIOS DEL DECRETO DE REFORMAS EN M (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- PRECLUSIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE A LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD D (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- SENTENCIAS ALMACENADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). AL SER UN HECHO NOTORIO PARA LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, DEBEN CONSIDERARSE CUANDO LA PARTE QU (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA OMISIÓN DEL CONSEJO DE ATENCIÓN Y APOYO A VÍCTIMAS DEL DELITO DEL DISTRITO FEDERAL D (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CONTRADICCIÓN DE TESIS. CASO EN EL QUE EL PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO ES COMPETENTE PARA CONOCER Y RESOLVER LA QUE SE PRESENTA ENTRE LAS SUSTENTADAS POR UN (PC.III.A.1 K (10a.))
- DENUNCIA DE POSIBLE CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS. DEVIENE IMPROCEDENTE ANTE LA AUSENCIA DE LEGITIMACIÓN DEL PARTICULAR PROMOVENTE, CUANDO EL ESCRITO RESPECTIVO LO PRESENTA ANTES DEL (PR.L.CN.7 L (11a.))
- DENUNCIA DE CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS ANTE LOS PLENOS REGIONALES. LA PERSONA TITULAR DE UN JUZGADO DE DISTRITO PERTENECIENTE A UNA REGIÓN DISTINTA DE AQUELLA EN LA QUE SE EMITIERO (PR.A.C.CN.2 K (12a.))
- CONTRADICCIÓN DE TESIS. ESTÁN LEGITIMADOS PARA DENUNCIARLA LOS JUECES DE DISTRITO QUE INTERVINIERON EN LOS CONFLICTOS COMPETENCIALES EN LOS CUALES LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRC (2a. LVIII/2009)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis