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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA OMISIÓN DEL CONSEJO DE ATENCIÓN Y APOYO A VÍCTIMAS DEL DELITO DEL DISTRITO FEDERAL DE EMITIR OPINIÓN RESPECTO DE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE UNA SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO COMPETENTE PARA CONOCER DE MATERIA PENAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 327/2016. · Registro digital (IUS): 27493
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2017-12-01
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, Pág. 246.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 327/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 15 DE NOVIEMBRE DE 2017. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: ALEJANDRO GONZÁLEZ PIÑA.

III. Consideraciones

7. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, en razón de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de un mismo Circuito con diferente especialización.

8. Al respecto, el artículo 226, fracción II, de la Ley de Amparo establece que el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son competentes para conocer de contradicciones de tesis sustentadas entre los Plenos de Circuito o sus tribunales de diversa especialidad.

9. En ese tenor, de los autos que integran este expediente se constata que los asuntos de los cuales deriva la posible contradicción de tesis, son el conflicto competencial 7/2016, del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, y el conflicto competencial 28/2016, del índice del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del mismo Circuito Judicial.

10. Consecuentemente, al tratarse de una posible contradicción de tesis derivada de los criterios jurídicos sustentados por dos Tribunales Colegiados de un mismo Circuito con diferente especialización por materia, una de las cuales corresponde a la materia competencia de esta Sala; en términos del artículo 86, segundo párrafo, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocerla. Adicionalmente, el problema jurídico a dilucidar, se estima, no requiere la intervención del Tribunal Pleno.

11. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que sustenta uno de los criterios que se estiman contradictorios en este asunto.

12. Criterios contendientes. En la presente contradicción de tesis, convergen dos posturas presuntamente antagónicas, por lo que, a efecto de determinar si en realidad dichas posturas se contraponen, es necesario imponerse, con mayor detalle, de los antecedentes procesales y de las consideraciones que las sustentan.

A. Primera postura

Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Conflicto competencial 7/2016.

13. Marco procesal. Ignacio Castillo Castillo presentó denuncia penal, que se registró como **********. Al propio tiempo, acudió al Centro de Atención a Riesgos Victimales y Adicciones a solicitar apoyo económico, ostentándose como víctima, lo que provocó que se iniciara un expediente a su nombre.

14. Ignacio Castillo Castillo promovió demanda de amparo indirecto, en la que señaló como autoridad responsable a la Secretaría Técnica del Consejo de Atención y Apoyo para Víctimas del Delito para la Ciudad de México, y como acto reclamado la falta de resolución del expediente formado con motivo de una solicitud de apoyo económico que presentó, así como la falta de notificación de dicha resolución.

15. De la demanda tocó conocer al Juez Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, le asignó el número de expediente ********** y determinó que no le correspondía conocer del asunto, toda vez que el acto reclamado era de naturaleza administrativa, por emanar de un expediente y autoridad de esa naturaleza, por lo que ordenó remitir los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para que, a su vez, los remitiera al de turno.

16. Correspondió el conocimiento del asunto al Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, lo registró con el número de expediente ********** y decidió no aceptar la competencia planteada para conocer del asunto, al estimar que el acto reclamado derivaba de una averiguación previa, por lo que devolvió los autos al Juez de Distrito que conoció en un primer momento.

17. El Juez de Distrito penal disintió de lo determinado por su homólogo especializado en materia administrativa, por lo que remitió los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal en turno, para que resolviera el conflicto competencial que se presentó.

18. Correspondió conocer del conflicto competencial al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, lo registró con el número de expediente 7/2016 y, después de varios trámites, dictó resolución en la que consideró que el competente para conocer del juicio de amparo indirecto era el Juez Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.

19. Consideraciones que sustentan el criterio. Ese Tribunal Colegiado, al resolver el conflicto competencial, estimó que era el Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México el órgano de control constitucional legalmente competente para conocer de la demanda de amparo indirecto.

20. En esencia, señaló que los conflictos competenciales en razón de la materia debían resolverse tomando en consideración la naturaleza del acto reclamado, como lo ha sustentado el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, en la jurisprudencia P./J. 83/98,(2) entonces, para justificar por qué consideró que el juzgado especializado en amparo penal era el competente, procedió a determinar la naturaleza del acto reclamado.

21. El Tribunal Colegiado estimó que el acto reclamado tenía su origen en una averiguación previa, en la que el quejoso señaló tener el carácter de víctima, lo que, a su vez, suscitó que solicitara un apoyo económico en el Centro de Atención a Riesgos Victimales y Adicciones dependiente de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, por lo que, llegado el momento, se habría de tomar en cuenta si al quejoso le asistía el carácter de víctima con que se ostentó, en relación con el apoyo al que estimó tener derecho y, por tanto, lo calificó como de naturaleza penal.

B. Segunda Postura

Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Conflicto competencial 28/2016.

22. Marco procesal. Ignacio Castillo Castillo promovió demanda de amparo indirecto, en la que señaló como autoridad responsable al Consejo de Atención y Apoyo para Víctimas del Delito de la Ciudad de México, y como acto reclamado la falta de resolución del expediente formado con motivo de una solicitud de apoyo económico que presentó.

23. De la demanda tocó conocer al Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, le asignó el número de expediente ********** y se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto por razón de materia, al considerar que su conocimiento correspondía a un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por lo que lo remitió a la oficina de correspondencia común de los órganos jurisdiccionales en esa materia.

24. Correspondió conocer al secretario encargado del despacho del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, lo registró con el número de expediente 703/2016 y decidió no aceptar la competencia planteada, por lo que devolvió los autos al Juez de Distrito que previno.

25. El Juez de Distrito en Materia Administrativa insistió en declinar competencia, por lo que remitió los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno, a fin de que resolviera el conflicto competencial.

26. Correspondió conocer del conflicto competencial al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, lo registró como 28/2016 y, después de varios trámites, dictó resolución, en la que consideró que el competente para conocer del juicio de amparo indirecto era el Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

27. Consideraciones que sustentan el criterio. El Tribunal Colegiado, al resolver el conflicto competencial, consideró, en la línea de la doctrina de este Alto Tribunal, que los conflictos de competencia en razón de la materia debían resolverse atendiendo, en exclusiva, a la naturaleza del acto reclamado en el juicio de amparo, así como de la autoridad responsable en el caso que originó el conflicto competencial, para lo cual, podían analizarse las prestaciones reclamadas, pero prescindiendo del examen de la relación jurídica sustancial existente entre las partes, dado que eso era parte del análisis de las cuestiones de fondo del asunto, y eso competía decidir al órgano jurisdiccional competente, mas nunca al órgano al que correspondía decidir sobre el conflicto de competencia.

28. Invocó como apoyo a esa consideración la jurisprudencia P./J. 83/98(3) y la tesis P. LXXVI/95,(4) ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

29. Bajo esas premisas, atendiendo a la naturaleza de la litis de amparo y de la autoridad responsable, consideró que el acto reclamado, consistente en la omisión del Consejo de Atención y Apoyo para Víctimas del Delito para la Ciudad de México, de dictar resolución en un expediente formado con motivo de una solicitud de apoyo económico, presentada por una presunta víctima del delito, competía a la materia administrativa, pues únicamente se trataba de la omisión de la dependencia de pronunciarse respecto de la procedencia de otorgar el apoyo económico solicitado por el quejoso.

30. Señaló que, con independencia de los temas de fondo, al sólo reclamarse la omisión de la dependencia, no era necesario acudir a cualquier otra normatividad especial, penal o de alguna otra materia, máxime que no se analizaba la procedencia o no del apoyo económico, ni se reclamaba una ley o disposición general en materia penal o un acto que afectara la libertad personal, que importara peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; por lo que si asistía o no al quejoso el carácter con el que se ostentó, en relación con el apoyo al que estimaba tener derecho, era una cuestión de fondo que no incidiría para determinar si la autoridad responsable incurrió o no en la omisión reclamada.

31. En adición, consideró que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento de la Ley para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el Distrito Federal(5) (ahora Ciudad de México), incluso, para determinar la procedencia del apoyo económico, no era necesario analizar si asistía o no el carácter de víctima a la persona que lo solicitaba, sino únicamente si se cumplían o no los requisitos establecidos en ese precepto legal, lo que denotaba que el pronunciamiento que emitiera el consejo señalado como responsable tendría el carácter de una resolución administrativa.

32. Estimó que esa conclusión se veía reforzada con lo dispuesto por el artículo 144 de la Ley General de Víctimas,(6) el cual señalaba que las determinaciones de las comisiones respecto a cualquier tipo de pago, compensación o reparación del daño, tendrían el carácter de resoluciones administrativas definitivas, y que si bien ese dispositivo legal se refería a un diverso fondo, en términos del diverso artículo 6, fracción III,(7) de la misma ley, entre las comisiones a las que se refiere el citado precepto 144, se encontraba la de la Ciudad de México, además, que el artículo 1(8) de ese ordenamiento establecía que las disposiciones de la ley general obligaban, en su respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral.

IV. Determinación sobre la existencia de la contradicción

33. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para que se actualice la contradicción de tesis, basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales.

34. Ese criterio se recogió en la jurisprudencia P./J. 72/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(9)

35. La existencia de la contradicción de criterios no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no debe incidir o ser determinante para el problema jurídico resuelto.

36. Con base en lo anterior, es posible identificar los siguientes requisitos para la procedencia de una contradicción de criterios:

a) Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista, al menos, un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

37. En el caso, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que se cumplen los requisitos de existencia de la contradicción de tesis. A continuación, se explicitan las razones:

38. Primer requisito. Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Los Tribunales Colegiados contendientes realizaron un ejercicio interpretativo para llegar a una solución en particular, esencialmente vinculada con la naturaleza jurídica del acto reclamado, consistente en la omisión de pronunciarse respecto de la procedencia de una solicitud de apoyo económico, atribuida al Consejo de Atención y Apoyo para Víctimas del Delito de la Ciudad de México, lo anterior, a fin de determinar la competencia en razón de la materia para conocer del juicio de amparo indirecto en el que se reclama tal omisión.

39. Segundo requisito. Punto de contradicción. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que en los ejercicios interpretativos realizados por los Tribunales Colegiados contendientes sí existió un punto de contradicción, con respecto a la resolución de un mismo problema jurídico.

40. Los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver un conflicto competencial, se enfrentaron a la necesidad de resolver una problemática jurídica similar, consistente en determinar la naturaleza jurídica del acto reclamado, consistente en la omisión de pronunciarse respecto de la procedencia de una solicitud de apoyo económico, atribuida, en términos generales, al Consejo de Atención y Apoyo para Víctimas del Delito de la Ciudad de México, y llegaron a conclusiones opuestas.

41. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito consideró, básicamente, que el acto reclamado, al derivar de una averiguación previa en la que el quejoso decía tener el carácter de víctima, era de naturaleza penal, pues llegado el momento, se habría de determinar si a esa persona le asistía el carácter de víctima con el que se ostentó, en relación con el apoyo al que estimó tener derecho.

42. Por su parte, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito señaló, en esencia, que la omisión de pronunciarse respecto de la procedencia de otorgar un apoyo económico era un acto de naturaleza administrativa por tres razones: (i) sólo se trataba de la omisión atribuible a la dependencia, que no implicaba analizar temas de fondo, por lo que el Juez de Distrito resolvería sin necesidad de acudir a otra normatividad, además, la determinación de si asistía o no al quejoso la calidad de víctima con la que se ostentó, era una cuestión de fondo que no incidiría para determinar si la autoridad responsable incurrió en la omisión reclamada; (ii) aun en el caso de que fuera necesario pronunciarse respecto de la procedencia del apoyo económico, no era necesario verificar si el solicitante tenía el carácter de víctima, sino únicamente si se cumplían los requisitos establecidos en el artículo 26 del Reglamento de la Ley para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el Distrito Federal; y, (iii) en términos de los artículos 1 y 144 de la Ley General de Víctimas, las determinaciones de las comisiones de atención a víctimas (incluida la de la Ciudad de México), respecto a cualquier tipo de pago, compensación o reparación del daño, tenían el carácter de resoluciones administrativas definitivas.

43. Como se ve, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito consideró que la referida omisión de pronunciarse respecto de la procedencia de una solicitud de apoyo económico, era un acto de naturaleza penal y, por eso, correspondía conocer del juicio de amparo indirecto, en el que se reclamaba tal omisión, al Juez de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México en turno; mientras que el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito señaló que la misma omisión era un acto de naturaleza administrativa y que, por tanto, correspondía conocer del juicio de amparo indirecto al Juez de Distrito especializado en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

44. No pasa inadvertido que en la demanda de amparo que suscitó el conflicto competencial del que conoció el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito se señaló como autoridad responsable a la Secretaría Técnica del Consejo de Atención y Apoyo para Víctimas del Delito de la Ciudad de México, mientras que en la demanda de amparo que provocó el conflicto competencial resuelto por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito se señaló como autoridad responsable al Consejo de Atención y Apoyo para Víctimas del Delito del Distrito Federal.

45. Sin embargo, ese no es un aspecto fáctico relevante que impida la configuración de la contradicción de criterios, pues lo cierto es que la Secretaría Técnica forma parte del Consejo de Atención y Apoyo para Víctimas del Delito, además, el acto reclamado, en ambos casos, es la omisión de resolver lo relativo a la procedencia de otorgar apoyo económico a una persona que se consideraba víctima de un delito y, como se verá, ambas autoridades intervienen en el trámite correspondiente.

46. Por otra parte, tampoco es obstáculo que las consideraciones de las respectivas ejecutorias de los tribunales contendientes no constituyan jurisprudencia, pues eso no es necesario, conforme a la jurisprudencia 1a./J. 129/2004, sustentada por esta Primera Sala, de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES PROCEDENTE LA DENUNCIA RELATIVA CUANDO EXISTEN CRITERIOS OPUESTOS, SIN QUE SE REQUIERA QUE CONSTITUYAN JURISPRUDENCIA.-Adicionalmente al criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76, para que la denuncia de contradicción de tesis sea procedente, no se requiere que los criterios que se consideren opuestos constituyan jurisprudencia, toda vez que los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para resolverla, no imponen dicho requisito."(10)

47. Tercer requisito. Pregunta genuina sobre el punto de contradicción. Lo expuesto demuestra que las posturas de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al reflejar contradicción en sus consideraciones y razonamientos, da lugar a la formulación de la siguiente pregunta:

Para efectos de determinar la competencia por materia para conocer del juicio de amparo ¿cuál es la naturaleza jurídica de la omisión del Consejo de Atención y Apoyo para Víctimas del Delito de la Ciudad de México de pronunciarse respecto de una solicitud de apoyo económico?

V. Criterio que debe prevalecer

48. Debe prevalecer el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tenor de las razones jurídicas que se desarrollan en el presente apartado.

49. Para responder la interrogante planteada en el apartado anterior, es necesario, en primer lugar (I) analizar la naturaleza, finalidad y regulación de: (A) la averiguación previa y (B) el trámite para otorgar un apoyo económico a las víctimas del delito en la Ciudad de México y, en segundo lugar, (II) analizar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para determinar si la omisión del Consejo de Atención y Apoyo para Víctimas del Delito de la Ciudad de México, de pronunciarse respecto de una solicitud de apoyo económico, corresponde a un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal o a un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa.

(I) Análisis de la naturaleza, finalidad y regulación de: (A) la averiguación previa y (B) el trámite para otorgar un apoyo económico a las víctimas del delito en la Ciudad de México.

50. Tratándose de la competencia por materia, ésta se encuentra encaminada a procurar que, dentro de un órgano jurisdiccional, se radiquen asuntos de una sola rama del derecho, lo que permite, en principio, que los juzgadores, al tener cierto grado de especialización, tengan un mayor dominio de temas específicos sobre la materia correspondiente y, en consecuencia, puedan resolver mejor y con mayor prontitud los asuntos sometidos a su conocimiento, para efecto de cumplir con la garantía de justicia pronta, completa e imparcial, prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal.

51. Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha sostenido que para efecto de delimitar la competencia por materia de los órganos jurisdiccionales especializados, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y, en su caso, a la de la autoridad responsable y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas.

52. Criterio reflejado en la jurisprudencia 2a./J. 24/2009, de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, que esta Primera Sala comparte, y que es del tenor siguiente:

"COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS.-De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado."(11)

53. En el caso, para determinar la materia a la que corresponde la omisión del Consejo de Atención y Apoyo para Víctimas del Delito de la Ciudad de México, de pronunciarse respecto de una solicitud de apoyo económico, es necesario analizar la naturaleza, finalidad y regulación tanto de la averiguación previa, como del trámite para otorgar un apoyo económico a las víctimas del delito en la Ciudad de México, para determinar la naturaleza de la omisión reclamada.

(A) Naturaleza, finalidad y regulación de la averiguación previa.

54. Esta Primera Sala analizó recientemente esos tópicos, al resolver la contradicción de tesis 30/2016,(12) por lo que, en lo relevante para el presente estudio, se retomarán las consideraciones pertinentes.

55. En ese precedente se explicó que la averiguación previa era la etapa o fase del procedimiento penal que se desarrollaba ante el Ministerio Público y podía iniciarse de oficio, por querella o por denuncia que se presentara en contra de alguna persona o de quien resultara responsable, como autor o participante en cierto delito, y concluía cuando el Ministerio Público, habiendo realizado la investigación que le incumbía y con base en las pruebas reunidas, decidía eje

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27493-36946f89/competencia-para-conocer-del-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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