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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA OMISIÓN O DILACIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE RESOLVER EL PROCEDIMIENTO DE ACCESO AL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL REGIDO POR LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 360/2018. · Registro digital (IUS): 28405
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-03-15
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO DEL TERCER CIRCUITO Y DÉCIMO TERCERO DEL PRIMER CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, Pág. 1754.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 360/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO DEL TERCER CIRCUITO Y DÉCIMO TERCERO DEL PRIMER CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 6 DE FEBRERO DE 2019. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, EDUARDO MEDINA MORA I., JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. AUSENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIA: IVETH LÓPEZ VERGARA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en lo establecido en los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013 publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, toda vez que se suscita entre Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos, además de que se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno para dirimir el punto jurídico en contienda.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción II, en relación con el diverso 226, fracción II, de la Ley de Amparo, pues el denunciante –Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito–, es uno de los órganos que sostuvieron los criterios materia de la contradicción de tesis, a saber, el adoptado en el amparo en revisión 131/2018 del índice de dicho tribunal.

TERCERO.—Tema y criterios contendientes. El denunciante indicó que el problema jurídico a resolver es:

"... cuando se reclame la dilación injustificada para resolver el expediente administrativo relativo al acceso de apoyo para las víctimas, de conformidad con la Ley General de Víctimas, debe entonces conocer un Juez de Distrito en materia penal o corresponde a un Juez de Distrito en materia administrativa ..."

I. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 131/2018, dictó el fallo de cuatro de octubre de dos mil dieciocho que, en lo que interesa, establece:

"PRIMERO.—Competencia. Este Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito con residencia en Zapopan Jalisco, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente recurso de conformidad con los artículos 103 y 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 81, fracción I, inciso e) y 84 de la Ley de Amparo, 37, fracciones IV y IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con los Acuerdos Generales 3/2013 y 33/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y el treinta de septiembre de dos mil catorce, respectivamente, que establecen la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funcionamiento de este Tribunal Colegiado, toda vez que este recurso de revisión se interpuso contra una sentencia dictada en audiencia constitucional por un Juez de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo que reside en el territorio en que ejerce jurisdicción este tribunal, y se trata de un asunto de la materia administrativa.

"No pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 327/2016, en sesión de quince de diciembre de dos mil diecisiete determinó que en los casos en que se reclame la omisión de pronunciarse, respecto de una solicitud de apoyo económico formulada con fundamento en la Ley de Atención a Víctimas del Delito del Distrito Federal, debe considerarse un acto materialmente penal, aunque formalmente proceda de una autoridad administrativa. Sin embargo, en el presente asunto los quejosos reclamaron la dilación o aplazamiento por la autoridad responsable, sin sustento jurídico alguno, para emitir la resolución del procedimiento administrativo **********, el cual fue formado con motivo de la solicitud de acceso a los recursos del fondo de compensación por violación a los derechos humanos, cometida por autoridades federales, que tiene su fundamento en la diversa Ley General de Víctimas, la cual es de observancia en todo el territorio nacional, y no se limita a resarcir únicamente a las ‘víctimas del delito’, sino a las ‘víctimas de cualquier otra violación de derechos humanos’, como lo son en especial las cometidas en materias de salud, educación y asistencia social; por lo que este órgano considera que sí deben conocer a ese respecto los Juzgados de Distrito en materia administrativa y, por tanto, no comparte lo que resolvió el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el amparo en revisión 22/2018, en sesión de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, en la que determinó que quienes deben conocer del tema son los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad México.

"Como fundamento de ello se traen los artículos 1, 4 y 144 de la mencionada Ley General de Víctimas, que estatuyen: (transcribe).

"De los transcritos preceptos legales, se infiere que la Ley General de Víctimas es de orden público, y además es de observancia en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto por los artículos 1o., párrafo tercero, 17, 20 y 73, fracción XXIX-X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, y otras leyes en materia de víctimas; que dicha ley ‘obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas’, a que ‘velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral’, ... así como brindar atención inmediata en especial en materias de salud, educación y asistencia social.

"Asimismo dispone que ‘se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte’; que ‘son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos’; y, que ‘las determinaciones de las comisiones respecto a cualquier tipo de pago, compensación o reparación del daño tendrán el carácter de resoluciones administrativas definitivas’.

"Con las anteriores definiciones contenidas en la Ley General de Víctimas, queda en claro que como se anticipó, no solamente tutela el resarcimiento de las ‘víctimas del delito’, sino que va más allá e incluye a las ‘víctimas de cualquier otra violación de derechos humanos’ como lo son en especial las cometidas en materias de salud, educación y asistencia social, las cuales incumben al ámbito administrativo. Tan es así que ‘las determinaciones de las comisiones respecto a cualquier tipo de pago, compensación o reparación del daño tendrán el carácter de resoluciones administrativas definitivas.’

"Por eso es que este Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito estima que de un asunto en el que se reclamen actos regulados por la mencionada Ley General de Víctimas, como sucedió en el caso sometido a estudio, la competencia recae en un Juzgado de Distrito en materia administrativa, máxime si además se pondera que las funciones de las autoridades responsables denominadas Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, derivan de la administración pública federal, según se advierte en el artículo 2 del Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que dispone: (transcribe). ..."

II. El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 22/2018 dictó la resolución de veintinueve de junio de dos mil dieciocho que, en lo que interesa, establece:

"CUARTO.—No serán materia de análisis la sentencia recurrida ni los agravios que al respecto se hicieron valer por la autoridad recurrente, ya que la Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, carece de competencia legal para conocer del juicio de amparo 1463/2017, y de conformidad con la fracción IV del artículo 93 de la Ley de Amparo, debe revocarse la sentencia recurrida, pues del juicio mencionado debe conocer un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.

"En efecto, de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado, se hizo consistir en la dilación o demora por parte del comisionado ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno de la República, en el dictado de la resolución del procedimiento para determinar si las víctimas con número de registro nacional de víctimas ********** y **********, tienen derecho acceder al fondo de ayuda, asistencia y reparación integral que establece la Ley General de Víctimas, al tratarse de un caso análogo, quien debe conocer del Juicio de Amparo es un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.

"En relación con lo anterior, los artículos 1, 2, 4, 6, fracción VIII, 7, fracciones II, VI, VIII, XXIII y XXX, de la Ley General de Víctimas, establecen: (transcribe).

"Conforme al marco normativo expuesto, la Ley General de Víctimas contempla los beneficios y derechos a que pueden obtener las víctimas de un delito, como lo es el de ser reconocidos con tal carácter y ser inscritos en el Registro Nacional de Víctimas, tener acceso al fondo de ayuda, asistencia y reparación integral; y, para ello, existe la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno de la República, la cual tiene por objeto garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial los derechos a la asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la debida diligencia.

"Asimismo, dicha comisión ejecutiva cuenta con un comité interdisciplinario evaluador, cuya función es elaborar los proyectos de dictamen de acceso a los recursos del fondo para el otorgamiento de los recursos de ayuda; así como realizar los proyectos de dictamen de reparación integral y, en su caso, la compensación, previstas en la ley y el reglamento, para lo cual la víctima deberá estar inscrita en el Registro Nacional de Víctimas y cumplir con los requisitos que al efecto contempla la Ley General de Víctimas y su reglamento, previo desahogo del procedimiento respectivo contemplado en la citada legislación.

"En relación con este tipo de procedimientos, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia en jurisprudencia firme obligatoria sostuvo que la omisión de pronunciarse respecto de una solicitud de apoyo económico, debe considerarse un acto materialmente penal, aunque formalmente proceda de una autoridad administrativa, puesto que esa omisión está conectada funcionalmente con la procedencia o improcedencia del apoyo en cuestión, de tal forma que aun cuando esa omisión no forma parte en sentido estricto de un procedimiento penal (averiguación previa y/o causa penal), sí está estrechamente conectada con éste, porque la procedencia del apoyo económico en cuestión es, en el sentido precisado, subsidiaria de la condena a la reparación del daño en un proceso penal, o bien, depende de la denuncia de un hecho probablemente delictuoso, de la calificación de éste como tal, la identificación de la víctima u ofendido, del daño infligido y sus consecuencias y de la inexistencia de una condena penal a la reparación del daño o de la reparación efectiva de éste por el imputado; es decir, la procedencia del apoyo económico a las víctimas del delito, depende del análisis por parte del consejo de diversas hipótesis ligadas con el procedimiento penal, por lo que, con base en el principio de especialidad, se justifica la necesidad de que esos actos sean conocidos por un Juez de Distrito en materia penal, ya que éste goza de la formación, especialidad y dominio de la materia penal, necesarios para resolver de manera más autorizada y con mayor prontitud la cuestión sometida a su jurisdicción.

"Además, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que el hecho de que la omisión de la autoridad de responder a una solicitud de apoyo, constituya una violación formal atribuible a una autoridad administrativa que, en principio, podría ser conocida también por un Juez no especializado o por uno especializado en la materia administrativa, pues para emitir un pronunciamiento sobre la omisión, aisladamente considerada, podría pensarse que no es necesaria especialización alguna. Lo anterior, porque esa omisión está funcionalmente conectada con la finalidad del procedimiento, a saber, determinar la procedencia o no del apoyo económico a una víctima del delito, por lo que se estima recomendable, en función del principio de especialidad, concentrar el conocimiento de cualquier acto de ese procedimiento funcionalmente conectado con su resolución, en el Juez de Distrito en materia penal, porque además, fragmentar la competencia en función del acto concreto que se reclame, ignorando el contexto en el que es emitido, sólo podría producir inseguridad jurídica a los quejosos con miras a su impugnación, sin que a cambio se obtuviera beneficio alguno relacionado con la especialización.

"Destacó que no es obstáculo el que la procedencia del apoyo sea independiente de que se identifique al perpetrador, se le procese y se le condene, o no, judicialmente, porque si bien ello es así, lo cierto es que la procedencia del apoyo no es independiente de la constatación de la existencia de un delito, de su víctima y ofendido, y de la existencia de un daño causado por aquél y sus características; lo que requiere de un juicio o análisis materialmente penal. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 133/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 281, Libro 49, Tomo I, diciembre de 2017, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 1 de diciembre de 2017 a las 10:13 horas», que a la letra dice: ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA OMISIÓN DEL CONSEJO DE ATENCIÓN Y APOYO A VÍCTIMAS DEL DELITO DEL DISTRITO FEDERAL DE EMITIR OPINIÓN RESPECTO DE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE UNA SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO COMPETENTE PARA CONOCER DE MATERIA PENAL.’ (transcribe)

"En ese contexto, si en el caso la parte quejosa reclama la dilación o demora por parte del comisionado ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno de la República, en el dictado de la resolución del procedimiento para determinar si las víctimas con número de registro nacional de víctimas ********** y **********, tiene derecho acceder al fondo de ayuda, asistencia y reparación integral que establece la Ley General de Víctimas, al tratarse de un caso análogo, quien debe conocer del juicio de amparo es un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.

"Por tanto, de conformidad con la jurisprudencia citada y en términos del artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es revocar la sentencia sujeta a revisión y se remita el juicio de amparo al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, por ser el competente para resolver lo que en derecho corresponda. ..."

CUARTO.—Existencia. El objeto de resolución de una contradicción de tesis, consiste en unificar criterios discrepantes, a fin de procurar seguridad jurídica; por lo que, para determinar si existe o no una contradicción de tesis, será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados, con el objeto de identificar si en algún aspecto de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones, si no necesariamente contradictorias, sí distintas y discrepantes. Al respecto, es de atenderse a la jurisprudencia P./J. 72/2010, del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de dos mil diez, página siete, de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

También debe observarse la tesis P. XLVII/2009, del Pleno de este Alto Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, julio de 2009, página sesenta y siete, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS.—El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan."

Conforme a los criterios aquí reproducidos, para que exista la contradicción de criterios, es necesario que los órganos involucrados en los asuntos materia de la denuncia hayan:

A. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,

B. Llegado a conclusiones encontradas, respecto a la resolución de la controversia planteada.

Entonces, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, es decir, que, aun sin valorar elementos de hecho idénticos, los órganos jurisdiccionales contendientes estudien la misma cuestión jurídica –el sentido de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general–, y que, a partir de ésta, arriben a decisiones encontradas; sin que sea obstáculo que los criterios jurídicos sobre un mismo punto de derecho no provengan del examen de los mismos elementos de hecho, sobre todo cuando se trate de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos contendientes, pues lo relevante es que las posturas de decisión sean opuestas, salvo cuando la variación o diferencia fáctica sea relevante e incida de manera determinante en los criterios sostenidos.

Así, si las cuestiones fácticas, aun siendo parecidas, influyen en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse, porque no podría arribarse a un criterio único ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los órganos en contienda, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de tesis, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.

Además, es pertinente destacar que es innecesario que los criterios divergentes estén plasmados en tesis redactadas y publicadas en términos de los artículos 218 a 220 de la Ley de Amparo, porque basta que se encuentren en las consideraciones de los asuntos sometidos al conocimiento de cada órgano contendiente de que se trata, al tenor de la jurisprudencia 2a./J. 94/2000, de esta Segunda Sala, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de dos mil, página trescientos diecinueve, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY.—Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados."

Ahora, procede determinar los elementos fácticos y jurídicos que, en el caso, fueron considerados en las decisiones materia de esta contradicción de tesis, a saber:

A) Amparo en revisión 131/2018, fallado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

1. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación ********** relativa a los hechos acontecidos el veintidós de mayo de dos mil quince en el Rancho "Del Sol", Municipio de Tanhuato, Michoacán, en el que se suscitó un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Policía Federal perdiendo la vida cuarenta y tres personas. Recomendación mediante la que, entre otros aspectos, se instruyó a quien corresponda para que, en su caso, se tomaran las medidas necesarias para que, conforme a la Ley General de Víctimas, se procediera a reparar los daños ocasionados a los familiares por la ejecución arbitraria de esos civiles y la manipulación del lugar de los hechos.

2. Con base en dicha recomendación, los particulares, en su calidad de padres de uno de los civiles fallecidos, solicitaron a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas su incorporación al Registro Nacional de Víctimas, quedando inscritos en dicho registro bajo los números ********** y **********, respectivamente.

3. El diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, los mismos particulares, presentaron ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas el acceso a los recursos del fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a que se refiere la Ley General de Víctimas, por violación a los derechos humanos cometida por autoridades federales.

4. Los particulares promovieron el juicio de amparo indirecto **********, del índice del antes Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco (actual Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco), en el que reclamaron de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas la omisión de resolver la solicitud de acceso al fondo de ayuda, asistencia y reparación integral previsto en la Ley General de Victimas, en su calidad de víctimas indirectas.

5. Tramitado el juicio de referencia, se dictó la sentencia que concedió el amparo por violación al artículo 17 de la Constitución Federal, dado que se consideró una efectiva dilación en la resolución del expediente administrativo, pues ya había transcurrido en exceso el plazo para su integración y resolución (veinte días hábiles).

6. Inconforme con esa sentencia, la autoridad responsable interpuso el recurso de revisión 131/2018, del índice del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuit

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28405-8d15873e/competencia-para-conocer-del-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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