COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN QUE DERIVEN, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA OMISIÓN O DILACIÓN DE LAS AUTORIDADES FACULTADAS PARA EMITIR LA RESOLUCIÓN U OPINIÓN RESPECTO DE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE APOYO O COMPENSACIÓN ECONÓMICA SUBSIDIARIA A VÍCTIMAS DE DELITOS LOCALES O FEDERALES. SE SURTE EN FAVOR DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ESPECIALIZADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 157/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 12 DE MAYO DE 2020. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. ENCARGADO DEL ENGROSE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: SANTIAGO J. VÁZQUEZ CAMACHO.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de doce de mayo de dos mil veinte, emite la siguiente
Sentencia
Recaída a la contradicción de tesis 157/2019, denunciada por el Ministro José Fernando Franco González Salas, integrante de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) que la declara existente y determina que prevalezca, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
I. Denuncia de la contradicción de tesis
1. Mediante escrito presentado el nueve de abril de dos mil diecinueve el Ministro José Fernando Franco González Salas, integrante de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, denunció la posible contradicción de criterios entre el sustentado por la Primera Sala del Máximo Tribunal al resolver la contradicción de tesis 327/2016 y el emitido por la Segunda Sala del Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis 360/2018.(2)
II. Competencia y legitimación
2. Competencia. El Pleno de este Alto Tribunal es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, pues se suscita entre criterios de dos Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.(3)
3. Legitimación. La denuncia proviene de parte legítima, en virtud de que fue formulada por un Ministro integrante de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.(4)
III. Criterios contendientes
4. A continuación, se precisarán el marco fáctico de los asuntos de los que derivaron los criterios contendientes y los razonamientos dados por las Salas para sustentar su determinación, pues esos elementos son fundamentales para acotar la construcción del criterio de este Pleno.
1) Criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (contradicción de tesis 327/2016)
i) Antecedentes fácticos y consideraciones correspondientes al conflicto competencial 7/2016 resuelto por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito
5. Se promovió una demanda de amparo indirecto en la que se señaló como autoridad responsable a la Secretaría Técnica del Consejo de Atención y Apoyo para Víctimas del Delito para la Ciudad de México y, como acto reclamado, la falta de resolución del expediente formado con motivo de una solicitud de apoyo económico que presentó, así como la falta de notificación de dicha resolución.
6. El Juez Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México determinó que no le correspondía conocer del asunto, al considerar que el asunto debía conocerlo un Juez en materia administrativa. Por su parte, el Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México registró el asunto y decidió no aceptar la competencia planteada. Ante la devolución del asunto al Juez de Distrito en materia penal, éste presentó un conflicto competencial para que el Tribunal Colegiado en materia penal en turno lo resolviera.
7. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito conoció el conflicto competencial, lo registró y dictó resolución en la que consideró que el competente para conocer del juicio de amparo indirecto era el Juez Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.
8. Entre otras consideraciones, dicho Tribunal Colegiado de Circuito estimó que el acto reclamado tenía su origen en una averiguación previa en la que el quejoso señaló tener el carácter de víctima, lo que a su vez suscitó que solicitara el apoyo económico. En este sentido, dado que el Juez competente debía determinar si al quejoso le asistía el carácter de víctima con que se ostentó en relación con el apoyo al que estimó tener derecho, determinó que el asunto tenía naturaleza penal.
ii) Antecedentes fácticos y consideraciones correspondientes al amparo en revisión 28/2016 resuelto por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito
9. Se promovió una demanda de amparo indirecto en la que se señaló como autoridad responsable al Consejo de Atención y Apoyo para Víctimas del Delito de la Ciudad de México y, como acto reclamado, la falta de resolución del expediente formado con motivo de una solicitud de apoyo económico que presentó.
10. El Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto por razón de materia, al considerar que su conocimiento correspondía a un Juez de Distrito en materia penal. Por su parte, el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México registró el asunto y decidió no aceptar la competencia planteada. Ante la devolución del asunto al Juez de Distrito en materia administrativa, éste presentó un conflicto competencial para que el Tribunal Colegiado en materia administrativa en turno lo resolviera.
11. El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito conoció el conflicto competencial, lo registró y dictó resolución en la que consideró que el competente para conocer del juicio de amparo indirecto era el Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.
12. Entre otras consideraciones, dicho Tribunal Colegiado de circuito estimó que al sólo reclamarse la omisión de la dependencia no era necesario acudir a cualquier otra normatividad especial, penal o de alguna otra materia, máxime que no se analizaba la procedencia o no del apoyo económico, ni se reclamaba una ley o disposición general en materia penal o un acto que afectara la libertad personal, que importara peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Para el órgano colegiado, determinar si le asistía o no al quejoso el carácter con el que se ostentó en relación con el apoyo al que estimaba tener derecho era una cuestión de fondo que no incidiría para establecer si la autoridad responsable incurrió o no en la omisión reclamada. En este sentido, consideró que para determinar la procedencia del apoyo económico no era necesario analizar si asistía o no el carácter de víctima a la persona que lo solicitaba, sino únicamente si se cumplían o no los requisitos establecidos en ese precepto legal, por lo que el asunto tenía naturaleza administrativa.
iii) Resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
13. Al resolverse la contradicción de tesis 327/2016 el quince de noviembre de dos mil diecisiete, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que el beneficio denominado "apoyo económico" que la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal ofrece a las víctimas del delito está necesariamente vinculado con la existencia de un delito y con el procedimiento penal (averiguación previa y/o causa penal), pues es precisamente en esa instancia en la que se dilucidan todos los aspectos que giran en torno a un delito, como por ejemplo, la investigación para esclarecer las circunstancias en las que sucedió, la determinación de la persona o personas que probablemente lo cometieron, pero especialmente, el reconocimiento de quien resintió los efectos del delito: la víctima.
14. Luego, toda vez que para aspirar a obtener el apoyo económico que ofrece la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal es requisito indispensable ser víctima de los efectos provocados por una conducta tipificada como delito y ese carácter se reconoce, en principio, en el procedimiento penal, entonces, es incuestionable que existe un vínculo estrecho con éste.
15. Concluyó que, al existir ese vínculo estrecho con el procedimiento penal, la omisión del Consejo de Atención y Apoyo para Víctimas del Delito de la Ciudad de México de pronunciarse respecto de una solicitud de apoyo económico, debe considerarse un acto materialmente penal, aunque formalmente proceda de una autoridad administrativa, puesto que esa omisión está conectada funcionalmente con la procedencia o improcedencia del apoyo en cuestión, y para emitir un pronunciamiento al respecto, es necesario que el procurador y el consejo, a partir del análisis de una averiguación previa y/o causa penal, emitan un juicio respecto del carácter delictivo de determinados hechos, identifiquen a una persona como víctima u ofendido de los mismos al haber resentido un daño en el bien jurídico tutelado, examinen la magnitud e índole del daño en cuestión, y, entre otras cosas, constaten que ese daño no ha sido reparado por el imputado o que no existe una condena a la reparación del mismo; cuestiones que deben analizarse con base, precisamente, en la legislación sustantiva en materia penal.
16. Lo anterior revela que, si bien esa omisión no forma parte en sentido estricto del procedimiento penal (averiguación previa y/o causa penal), sí está estrechamente conectada con éste, porque la procedencia del apoyo económico en cuestión es, en el sentido precisado, subsidiaria de la condena a la reparación del daño en un proceso penal, depende de la denuncia de un hecho probablemente delictuoso, de la calificación de éste como tal, la identificación de la víctima u ofendido, del daño infligido y sus consecuencias, y de la inexistencia de una condena penal a la reparación del daño o de la reparación efectiva de éste por el imputado; es decir, la procedencia del apoyo económico a las víctimas del delito, depende de la formulación de una serie de juicios de naturaleza materialmente penal por parte del procurador y del consejo, por lo que, con base el principio de especialidad, se justifica la necesidad de que esos actos sean conocidos por un Juez de Distrito en materia penal, ya que éste goza de la formación, especialidad y dominio de la materia penal, necesarias para resolver de manera más autorizada y con mayor prontitud la cuestión sometida a su jurisdicción.
17. En este sentido, con fundamento en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, concluyó que compete conocer a un Juez de Distrito especializado en materia penal del juicio de amparo en que se reclama la omisión de emitir opinión respecto de la solicitud de apoyo económico realizada por una víctima del delito, atribuible al Consejo de Atención y Apoyo para Víctimas del Delito de la Ciudad de México, porque ese acto debe estimarse de naturaleza penal, pues si bien es emitido formalmente por una autoridad administrativa, se emite en el contexto de un procedimiento que tiene como finalidad emitir un pronunciamiento sobre la procedencia de un apoyo económico que puede ser considerado, en el sentido precisado, subsidiario de la pena pecuniaria a la reparación del daño, procedencia que debe determinarse con base en un análisis jurídico de los hechos correspondiente materialmente a la materia penal, pues debe basarse en la legislación sustantiva penal y en el examen de las constancias del procedimiento penal respectivo (averiguación previa y/o causa penal).
18. Dichas consideraciones dieron lugar a la jurisprudencia 1a./J. 133/2017 (10a.) siguiente:(5)
"COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA OMISIÓN DEL CONSEJO DE ATENCIÓN Y APOYO A VÍCTIMAS DEL DELITO DEL DISTRITO FEDERAL DE EMITIR OPINIÓN RESPECTO DE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE UNA SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO COMPETENTE PARA CONOCER DE MATERIA PENAL. El trámite que se sigue para lograr el pronunciamiento del citado consejo, respecto de la procedencia o improcedencia de conceder un apoyo económico está vinculado con el procedimiento penal, al menos, en un aspecto: la identificación de la víctima, pues esa calidad que, en principio, se reconoce en aquél, es además indispensable para poder ser beneficiario de las prerrogativas que concede la Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito del Distrito Federal. Con base en lo anterior, se concluye que la omisión del Consejo de pronunciarse al respecto debe considerarse un acto materialmente penal, aunque formalmente proceda de una autoridad administrativa, puesto que esa omisión está conectada funcionalmente con la procedencia o improcedencia del apoyo en cuestión, y para emitir un pronunciamiento al respecto, es necesario que, a partir del análisis del proceso penal, se emita un juicio respecto del carácter delictivo de determinados hechos, se identifique a una persona como víctima u ofendida de los mismos al haber resentido un daño por la afectación del bien jurídico tutelado, se examinen la magnitud e índole del daño en cuestión, y, entre otras cosas, se constate que ese daño no ha sido reparado por el imputado o que no existe una condena a la reparación del mismo; cuestiones que deben analizarse con base, precisamente, en la legislación sustantiva en materia penal. Por lo tanto, si el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación atribuye competencia con base en la naturaleza penal de los actos, al margen del carácter formal de la autoridad emisora, y atendiendo al principio de especialidad que reserva la competencia de los asuntos en función de los requerimientos de especialización por materia para juzgarlos, se concluye que el Juez de Distrito competente para conocer de ese acto es el especializado en materia penal. Sin que obste que la omisión sea un acto formal, pues no hay ninguna razón para descontextualizar el acto y atribuir la competencia a un Juez de Distrito especializado en distinta materia del que debe conocer del pronunciamiento que finalmente se emita; ni tampoco obsta el hecho de que la procedencia del apoyo económico no dependa de la identificación y condena del perpetrador, porque, en cualquier caso, sí depende de la constatación de la existencia de un delito, de la víctima u ofendido, y de la existencia del daño causado y sus características; lo que requiere de un juicio o análisis materialmente penal. Conclusión que no prejuzga sobre la procedencia del amparo en cada caso concreto."
2) Criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (contradicción de tesis 360/2018)
i) Antecedentes fácticos y consideraciones correspondientes al amparo en revisión 131/2018 resuelto por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito
19. Los padres de uno de los civiles fallecidos en un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Policía Federal acontecido en el Estado de Michoacán presentaron ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas el acceso a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a que se refiere la Ley General de Víctimas, por violación a los derechos humanos cometida por autoridades federales.
20. Dichas personas promovieron juicio de amparo indirecto ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco (Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco al resolver la Segunda Sala la contradicción de criterios), en el que reclamaron de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas la omisión de resolver la solicitud de acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral previsto en la Ley General de Victimas, en su calidad de víctimas indirectas.
21. El Juez de Distrito en materia administrativa dictó la sentencia que concedió el amparo por violación al artículo 17 de la Constitución General, dado que se consideró una efectiva dilación en la resolución del expediente administrativo, pues ya había transcurrido en exceso el plazo para su integración y resolución (veinte días hábiles).
22. Inconforme con esa sentencia, la autoridad responsable interpuso recurso de revisión ante el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, fallado el cuatro de octubre de dos mil dieciocho en el sentido de confirmar la sentencia recurrida y conceder el amparo.
23. El Tribunal Colegiado de circuito sustentó su competencia material (e indirectamente la de los Juzgados de Distrito en materia administrativa) considerando que: i) la solicitud de acceso a los recursos del fondo no se limitaba a resarcir únicamente a las "víctimas del delito", sino a las "víctimas de cualquier otra violación de derechos humanos", como lo son las cometidas en materia de salud, educación y asistencia social, las cuales incumben al ámbito administrativo; ii) las determinaciones de las comisiones respecto a cualquier pago, compensación o reparación de daño tendrán el carácter de resoluciones administrativas definitivas, y; iii) las funciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas derivan de la administración pública federal conforme al artículo 2 del Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
ii) Antecedentes fácticos y consideraciones correspondientes al amparo en revisión 22/2018 resuelto por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito
24. Los hijos de uno de los civiles fallecidos en el enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Policía Federal acontecido en el Estado de Michoacán presentaron ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas el acceso a los recursos del fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a que se refiere la Ley General de Víctimas, por violación a los derechos humanos cometida por autoridades federales.
25. Dichas personas promovieron juicio de amparo indirecto ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el que reclamaron de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas la omisión de resolver la solicitud de acceso al fondo de ayuda, asistencia y reparación integral previsto en la Ley General de Victimas, en su calidad de víctimas indirectas.
26. El Juez de Distrito en materia administrativa dictó la sentencia que concedió el amparo por violación a los artículos 17 de la Constitución Federal y 148 de la Ley General de Víctimas, dado que se consideró una efectiva dilación en la resolución del expediente administrativo, pues ya había transcurrido en exceso el plazo para su integración y resolución (veinte días hábiles).
27. Inconforme con la anterior determinación, la autoridad responsable interpuso recurso de revisión en el que el Tribunal Colegiado revocó la sentencia recurrida y determinó que era competente para conocer del juicio de amparo un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.
28. El Tribunal Colegiado de Circuito sustentó que la competencia material correspondía a los Juzgados de Distrito en materia penal considerando que: i) con base la jurisprudencia 1a./J. 133/2017 (10a.), de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA OMISIÓN DEL CONSEJO DE ATENCIÓN Y APOYO A VÍCTIMAS DEL DELITO DEL DISTRITO FEDERAL DE EMITIR OPINIÓN RESPECTO DE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE UNA SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO COMPETENTE PARA CONOCER DE MATERIA PENAL.", aplicada por analogía, la competencia para conocer de la demora de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en resolver el procedimiento de acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que establece la Ley General de Víctimas, corresponde a los Jueces de Distrito en materia penal, pues se trata de un derecho a favor de las víctimas del delito; ii) lo anterior, sin dejar de advertir que la omisión es atribuible a una autoridad administrativa, dado que lo relevante es que estaba funcionalmente conectada con la finalidad del procedimiento, a saber, determinar la procedencia o no del apoyo económico a una víctima de un delito, por lo que se estima recomendable, en función del principio de especialidad, concentrar el conocimiento de cualquier acto de ese procedimiento a la jurisdicción penal, y; iii) lo anterior, sin obviar el hecho de que la procedencia del apoyo sea independiente a la identificación del perpetrador del delito y a su procesamiento y/o condena, porque finalmente todo se vincula con la constatación de la existencia de un delito, de su víctima u ofendido y de la existencia de un daño causado por aquél, lo que requiere de un juicio o análisis materialmente penal.
iii) Resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
29. Al resolver la contradicción de tesis 360/2018 el seis de febrero de dos mil diecinueve, la Segunda Sala de este Alto Tribunal partió de la premisa de que las normas en análisis de la Ley General de Víctimas son de contenido eminentemente administrativo, en la medida que regulan un procedimiento ante autoridad diversa de la judicial dirigido a obtener una indemnización o medidas de reparación por parte del Estado, derivado del reconocimiento de la calidad de víctima.
30. Asimismo, consideró que, para determinar si un asunto tiene una connotación penal, debe tomarse en cuenta si emana o de algún modo se relaciona con un procedimiento penal o con actos que afecten la libertad personal –salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, o que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos en el artículo 22 constitucional–; siendo que, si ninguna de esas cuestiones se regula por virtud del procedimiento en análisis previsto en la Ley General de Víctimas, es evidente que, por sí mismo considerado, no tienen un componente penal que lleve a concluir que se ubican en el supuesto previsto en el anteriormente transcrito artículo 51, fracciones I o III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
31. Al respecto, precisó que, para emitir un pronunciamiento sobre la procedencia de una indemnización o una medida de reparación en términos del procedimiento de acceso al fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, no se hace un reexamen del proceso penal, no se emite un juicio respecto del carácter delictivo de determinados hechos ni se constata su comisión, no se analizan elementos del tipo ni se califica la gravedad del delito y tampoco se hace una identificación de la víctima, sino que esa situación queda más bien en manos de la autoridad penal que, en su caso, emite la decisión o sentencia ejecutoria de esos aspectos.
32. También advirtió que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se limita a apreciar los términos en que declaró la comisión del delito –si fue grave o no– y, desde luego, las condiciones en que se reconoció la calidad de víctima –si se menoscabó su libertad o sufrió un deterioro en su integridad física o mental– y, a partir de ahí, analiza aspectos específicos ordenados por la Ley General de Víctimas, a saber, la condición socioeconómica de la víctima, la repercusión del daño en la vida familiar, la posibilidad o imposibilidad de trabajar como consecuencia del daño, el número y edad de dependientes económicos y los recursos disponibles del fondo; aspectos que no son de naturaleza esencialmente penal y que, por ende, no se vinculan con un conocimiento especializado en esa materia.
33. Por otra parte, sostuvo que no debe soslayarse que el procedimiento administrativo no sólo puede tener como origen la declaración de víctima derivada de un delito, sino también por virtud de una violación de derechos fundamentales por parte de la autoridad federal, lo que revela todavía más que no existen elementos suficientes para considerar una connotación penal, pues resultaría inviable hacer una segmentación de estos dos supuestos y, por ende, hacer depender la naturaleza de ese procedimiento del hecho origen de la calificación de víctima, y no de sus características propias.
34. En este sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que, dado que el procedimiento de acceso al fondo de ayuda, asistencia y reparación integral está inmerso en la materia administrativa no sólo porque se sustancia ante una autoridad distinta de la judicial, sino porque tiene como finalidad dilucidar un aspecto con sustancia administrativa, es claro que la omisión o dilación en el dictado de su resolución definitiva constituye un acto respecto del que es competente para conocer el Juez de amparo en materia administrativa, colmándose los supuestos del artículo 52, fracciones II y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a saber: i) analizarse la legalidad de un acto de autoridad administrativa y de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden y ii) tratarse de un acto distinto de la autoridad judicial que no deriva de la aplicación de normas generales en materia penal.
35. Dichas consideraciones dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 44/2019 (10a.) siguiente:(6)
"COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA OMISIÓN O DILACIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE RESOLVER EL PROCEDIMIENTO DE ACCESO AL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL REGIDO POR LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. El procedimiento referido es de naturaleza administrativa, no sólo porque se sigue ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, sino también porque su materia se vincula con una cuestión de tipo administrativo, a saber, determinar si procede o no y en qué medida el acceso a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, sobre lo cual no existe un componente penal. No es óbice que uno de los supuestos del reconocimiento de la calidad de víctima pueda ser la existencia de un delito, ya que para emitir el pronunciamiento correspondiente no se hace un reexamen del proceso penal, no se emite un juicio respecto del carácter delictivo de determinados hechos ni se constata su comisión, no se analizan elementos del tipo ni se califica la gravedad del delito y tampoco se hace una identificación de la víctima, sino que esa situación queda en manos, más bien, de la autoridad penal que, en su caso, emite la decisión o sentencia ejecutoria de esos aspectos de manera previa, mientras que a la comisión indicada corresponde analizar aspectos específicos ordenados por la Ley General de Víctimas, a saber, la condición socioeconómica de la víctima, la repercusión del daño en la vida familiar, la posibilidad o imposibilidad de trabajar como consecuencia del daño, el número y edad de los dependientes económicos y los recursos disponibles del fondo; aspectos que no son de naturaleza esencialmente penal y que, por ende, no se vinculan con un conocimiento especializado en esa materia. Por tanto, se concluye que cuando el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto consiste en la omisión o dilación en el dictado de la resolución definitiva en ese procedimiento la competencia para conocer de aquél se surte en favor de un Juez de Distrito en materia administrativa, pues se actualizan los supuestos del artículo 52, fracciones II y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es decir, se trata del análisis de la legalidad de un acto de autoridad administrativa y de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden, en el que no se aplican normas generales en materia penal."
IV. Existencia de la contradicción
36. La intervención de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación –y de los Plenos de Circuito– se justifica por la necesidad de unificar criterios para dotar de plenitud y congruencia al ordenamiento jurídico, en aras de garantizar mayor seguridad jurídica en la impartición de justicia.
37. Así, el estudio de los criterios contendientes exige que se determine si, en la especie, existe esa necesidad de unificación, lo cual se advierte cuando en algún tramo de los procesos interpretativos involucrados, éstos se centran en una misma problemática y concluyen con la adopción de decisiones distintas, aunque no sean necesariamente contradictorias en términos lógicos.(7)
38. De lo anterior se desprende que, para que una contradicción de tesis sea procedente, es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:
i) Que los tribunales o Salas contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se hayan visto en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de una práctica interpretativa, dando lugar a la emisión de un criterio o tesis.
ii) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque o contacto, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación desarrollada gire en torno a un mismo problema jurídico, independientemente de que las cuestiones fácticas que originan los asuntos no sean exactamente iguales.
iii) Que las tesis o criterios de los órganos colegiados resulten contradictorios, lo que da lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si alguna forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquiera otra que, como aquélla, sea legalmente posible.
1) Ejercicio interpretativo o arbitrio judicial
39. Ambas Salas realizaron un ejercicio interpretativo a efecto de determinar la competencia por materia de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo indirecto, cuando el acto reclamado consistiera en la omisión o dilación en el dictado de la resolución u opinión para el otorgamiento de apoyos económicos a víctimas de delitos locales o federales.
40. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 327/2016, sostuvo esencialmente que, dado que la decisión sobre la procedencia del otorgamiento de los apoyos económicos conforme a la Ley de Atención y Apoyo a Víctimas del Delito para el Distr
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29951-20b28f80/competencia-para-conocer-del-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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