ASESOR JURÍDICO VICTIMAL. ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN NOMBRE DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO A QUIEN REPRESENTA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 291/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CULIACÁN, SINALOA, EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 3 DE FEBRERO DE 2021. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: JAQUELINE SÁENZ ANDUJO.
II. COMPETENCIA
7. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013, en virtud de que se trata de una contradicción de tesis entre tres Tribunales Colegiados de distinto Circuito, en la que no se requiere la intervención del Tribunal Pleno para su resolución.(7)
III. LEGITIMACIÓN
8. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, como se deduce de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, pues fue formulada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región autoridad que, en apoyo al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, resolvió el amparo directo 468/2018 (cuaderno auxiliar 926/2018) de donde emanó uno de los criterios sobre los cuales se denunció la presente contradicción.
IV. CRITERIOS DE LOS TRIBUNALES CONTENDIENTES
9. A fin de determinar si la denuncia de contradicción de tesis es existente, así como verificar que el estudio de la misma es procedente, es conveniente hacer alusión a cada uno de los casos que resolvieron los tribunales contendientes.
Criterio del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver el recurso de queja 13/2017
a) Antecedentes
10. El 4 de enero de 2017, **********, en su carácter de asesor jurídico por designación del apoderado legal de la empresa ********** promovió juicio de amparo indirecto en contra del agente del Ministerio Público titular de la Unidad en Investigación 1 sin detenido de la Agencia del Ministerio Público C, así como de otras autoridades. Se señalaron como actos reclamados la orden girada en la carpeta de investigación ********** de fecha 15 de diciembre de 2016 que tenía por finalidad preservar y evitar que se cometieran delitos ulteriores en un inmueble ubicado en la Delegación Benito Juárez en la Ciudad de México, entre otros actos, los cuales, se adujo, afectaban y privaban de la depositaría que le fuera entregada a la quejosa ********** en su calidad de querellante por la probable comisión del delito de despojo respecto al referido inmueble.
11. El 5 de enero de 2017, en el mismo proveído por el que se ordenó la formación del expediente, el Juez de Distrito desechó la demanda de amparo al considerar que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII,(8) en relación con los diversos 6(9) y 15(10) de la Ley de Amparo.
12. Inconforme con esa determinación, **********, ostentándose como asesor jurídico, interpuso recurso de queja. El Tribunal Colegiado que conoció del asunto dictó sentencia el 27 de febrero de 2017 en la que declaró fundado el medio de impugnación a fin de que el Juez de Distrito proveyera lo conducente en relación con la admisión en términos de los artículos 112 a 115 de la Ley de Amparo.
b) Razonamiento
13. Los principales razonamientos del Tribunal Colegiado para tener por fundado el recurso de queja fueron:
a) Considera sustancialmente fundados los motivos de disconformidad planteados por la parte recurrente ya que se advierte que la causal de improcedencia invocada por el Juez de Distrito conforme a los artículos 61, fracción XXIII y 6o. de la Ley de Amparo no resulta manifiesta ni indudable.
b) Conforme al principio de progresividad de la defensa de los derechos humanos, entre ellos el derecho al acceso a la justicia y a un recurso efectivo, garantizados tanto en la Constitución Federal en los artículos 1o., 17 y 20, así como en el 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se reconoce a la parte ofendida el derecho fundamental de nombrar un asesor jurídico para que actúe a nombre y representación de ésta durante el procedimiento penal.
c) Dicha representación trasciende el procedimiento penal hasta la promoción de la acción constitucional y, conforme al principio de igualdad procesal, bastará con que el promovente afirme tener esa calidad para que el Juez admita la demanda.
d) Al respecto, hizo referencia a los artículos 6o. y 11 de la Ley de Amparo. Sostuvo que el artículo 6o., dispone que el amparo podrá promoverse no sólo por el quejoso sino por cualquier persona en los casos previstos por la ley, además de especificar que en materia penal podrá promoverse por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos que la ley lo permita. Respecto al artículo 11 se limitó a citarlo.
e) Consideró que de los artículos 6o. y 11 de la Ley de Amparo, se advierte que la personalidad del promovente del juicio de amparo puede acreditarse con el reconocimiento que de ella se haya hecho en el procedimiento del que deriva el acto reclamado, por lo que es válido afirmar que el accionante del amparo (asesor jurídico de la víctima) cuenta con legitimación procesal para promover el juicio de amparo, en reclamo de algún acto emitido dentro del procedimiento penal.
f) Además, se refirió al artículo 14 de la Ley de Amparo, manifestando que si dicho numeral hace referencia a que, sólo bastará la manifestación bajo protesta que el defensor haga en su carácter para la tramitación de la demanda de amparo indirecto en materia penal, en razón al principio de igualdad procesal, dicha disposición debía extenderse a lo dispuesto en el artículo 11 de la misma ley, respecto de la víctima u ofendido, tratándose no sólo de la persona física sino de la persona moral quejosa.
g) Estimó de suma importancia señalar parte de lo dispuesto en los artículos 108 a 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales,(11) de los cuales, estimó, se desprendía que la parte ofendida puede resultar tanto una persona física como una persona moral, y que esta parte debe contar con un asesor jurídico que podrá intervenir en todo el procedimiento penal en representación del ofendido en igualdad de condiciones que el defensor designado por el imputado.
h) Sostuvo que, de todo lo anterior, se deducía que era suficiente que ********** afirmara tener por reconocida su personalidad como asesor jurídico por designación del apoderado legal de la empresa **********, para que el Juez admita la demanda de amparo, sin que le sea exigible demostrarlo adicionalmente en el momento.
i) Finalmente, adicionó que dicha representación quedará plenamente demostrada en el transcurso del procedimiento de amparo, con base en las constancias que el Juez de Distrito solicite para acreditar la personalidad.
Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito al resolver el recurso de queja 78/2016
a) Antecedentes
14. Por escrito presentado el 18 de marzo de 2016, **********, como abogado coadyuvante de los ofendidos ********** y **********, promovió juicio de amparo en nombre de éstos al considerar vulnerados los derechos contenidos en los artículos 1o., 11, 14, 16, 19, 20 y 21 de la Constitución Federal, en contra del auto de fecha 16 de febrero de 2016 el cual resolvía el recurso de revocación planteado a su vez contra el desechamiento de una incidencia de incremento de garantía decretado por el juzgado penal de la respectiva causa.
15. El Juez de Distrito, mediante acuerdo dictado el 28 de marzo de 2016, desechó de plano la demanda de amparo con fundamento en los artículos 6o., 15 y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, al carecer ********** de legitimidad para promover el juicio de garantías.
16. Inconformes con el desechamiento, los ofendidos interpusieron recurso de queja. El Tribunal Colegiado que conoció del asunto dictó sentencia el 12 de mayo de 2016, en la que determinó que el recurso de queja resultaba fundado, por lo que devolvió los autos al Juez de Distrito para que se pronunciara sobre la admisión de la demanda de amparo.
b) Razonamiento
17. Las consideraciones por las que el Tribunal Colegiado estimó fundado el recurso de queja, son en esencia, las que se reseñan a continuación:
a) El juicio de garantías puede ser intentado tanto por el directo agraviado, como por su representante legal o su apoderado, lo cual se desprende de los artículos 6o., 10 y 11 de la Ley de Amparo. Así, del artículo 6o. se advierte que, si el acto reclamado proviene de un procedimiento penal, el juicio de amparo puede promoverse por conducto de su defensor o de cualquier otra persona, en los supuestos permitidos.
b) Con referencia al artículo 11, en la comparecencia de una persona en nombre del quejoso o del tercero interesado, por virtud de tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, debe acreditarse esa circunstancia con las constancias respectivas, con excepción de la materia penal, en que basta la afirmación para admitirse a trámite el juicio.
c) En ese tenor, consideró desacertada la manifestación en la resolución recurrida donde se indica la inexistencia de dato alguno o medio de prueba que haga inferir siquiera que el promovente del amparo sea abogado de los ofendidos o persona debidamente autorizada de éste.
d) Lo anterior resulta así, pues de una de las copias simples anexadas a la demanda de amparo, se aprecia la declaración de ********** ante el agente del Ministerio Público en la que el deponente nombró a ********** como abogado coadyuvante. También, en diversa copia relativa al acuerdo reclamado en el juicio constitucional, se aprecia que dicho abogado coadyuvante interpuso el citado recurso de revocación en contra del desechamiento del incidente del incremento de garantía.
e) Estimó que, a pesar de que dichos documentos hayan sido copias simples, sí brindan indicios respecto a la representación que ostenta el suscribiente ********** como abogado coadyuvante de los ofendidos. Esto, máxime si se toma en consideración que en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, tratándose en materia penal basta con la manifestación del promovente sobre su manifestación reconocida ante la autoridad responsable, para que se le dé trámite a la demanda.
f) Adicionalmente, se refirió al contenido de los numerales 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (previo a su reforma publicada el 18 de junio de 2008);(12) artículo 115, fracción II, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Jalisco;(13) numeral 12, fracciones III y IV,(14) 168, párrafo primero, y 169 de la Ley General de Víctimas,(15) así como 9 de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco.(16)
g) De los dispositivos constitucionales y legales previamente referidos, advirtió que las víctimas del delito tienen a su favor diferentes prerrogativas, de las que destacan la coadyuvancia con el agente del Ministerio Público correspondiente, el ofrecimiento de los medios de prueba que se estimen convenientes, así como que deberán ser asesoradas y representadas por un asesor jurídico. Asimismo, ese asesor jurídico deberá asistirlas en las distintas etapas del proceso y podrá representarlas de manera integral en todos los procesos o juicios en los que sean parte.
h) Dicha representación genera que, en el caso de estudio, se actualice el supuesto referido en el artículo 6o. de la Ley de Amparo, sobre la promoción del juicio de garantías por conducto de un representante de los quejosos.
i) Así, consideró que la suscripción del libelo constitucional por parte de **********, como abogado coadyuvante de la parte ofendida, determina que éste cuente con legitimación para instar el procedimiento constitucional, toda vez que, como asesor jurídico de los ofendidos, tiene a su cargo su representación en cualquier procedimiento o juicio en los que sea parte.
j) Por lo anterior, se estima desacertado el desechamiento de la demanda de amparo presentada por **********, como abogado coadyuvante de los ofendidos, al estimar que éste carece de legitimación para instar el juicio constitucional.
Criterio del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región al resolver el amparo directo 926/2018 (correspondiente al 468/2018 del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito)
a) Antecedentes
18. Mediante escrito presentado el 27 de julio de 2018, **********, asesor jurídico de **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** (víctimas indirectas) y ********** (víctima directa), promovió amparo directo en contra de la resolución del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Cuarto Circuito que confirmaba la sentencia absolutoria dictada en primera instancia a favor de ********** o ********** y de **********, al no hallarlos penalmente responsables de la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro y otros.
19. Una vez admitida la demanda de amparo por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito y remitidos los autos al Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, se acordó aplazar el fallo del juicio al advertirse actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, y 6o. de la Ley de Amparo, ordenándose dar vista a la parte quejosa para que manifestara lo a que a su derecho conviniera.
20. No habiéndose recibido manifestación alguna, el Tribunal Colegiado resolvió sobreseer el juicio de amparo con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, esto al actualizarse la causal de improcedencia referida.
b) Razonamiento
21. Las consideraciones por las que el Tribunal Colegiado sobreseyó en el juicio de amparo son, esencialmente, las que se reseñan a continuación:
a) ********** carece de facultades para promover demanda de amparo a nombre directo de los quejosos, ya que pretende justificar su representación con la calidad de asesor jurídico adscrito a la Comisión Federal Ejecutiva de Atención a Víctimas, con la que asesoraba a estos últimos en el juicio de origen, cuando este carácter no lo legitima para instar la acción constitucional en representación de sus asesorados.
b) La designación como asesor jurídico no satisface ninguno de los supuestos referidos en el artículo 6o. de la Ley de Amparo, conforme al cual el juicio de amparo sólo puede ser instado por el quejoso, por su apoderado o representante legal, o bien en materia penal por su abogado o defensor, siendo que esta última hipótesis no aplica porque la parte agraviada no es la parte inculpada en el proceso penal, sino los ofendidos o víctimas del delito.
c) No puede equipararse al asesor jurídico con un apoderado o representante legal pues ambos caracteres sólo se adquieren mediante designación específica por medio de carta poder o poder notarial exprofeso. Tampoco es dable asemejarlo al defensor del procesado o reo pues las víctimas no se ubican en los mismos supuestos de vulnerabilidad que consideró el legislador al otorgar esa facultad excepcional al defensor.
d) No se desconocen las prerrogativas que a favor de las víctimas se prevén en los preceptos 12, 14, 42, 43, 168 y 169 de la Ley General de Víctimas y conforme a las cuales tienen derecho a ser asesoradas y representadas, sin embargo estos derechos reconocidos por parte del legislador secundario no pueden concebirse con intención de modificar el principio de instancia agraviada, el cual se presenta como un principio rector del juicio de amparo.
e) Si bien el artículo 11 de la Ley de Amparo reconoce que cuando algunos de los interesados tengan reconocida la personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad debe ser admitida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre y cuando se compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas; no se deriva que los asesores jurídicos puedan promover la demanda de amparo en nombre de sus representados pues su participación se limita, exclusivamente, a la jurisdicción ordinaria.
V. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS
22. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que la contradicción denunciada es existente. Para sustentar la anterior consideración, en principio, es importante mencionar que esta Primera Sala ha desarrollado jurisprudencialmente los requisitos para la existencia de una contradicción de tesis,(17) los cuales son:
a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
23. El primer requisito mencionado, esto es, ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método sí se cumple, porque, a juicio de esta Primera Sala, los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los asuntos que se sometieron a su jurisdicción se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada.
24. En efecto, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver el recurso de queja 13/2017, consideró que bastaba con que el asesor jurídico de la víctima afirmara tener por reconocida esa personalidad ante la autoridad responsable para que el Juez de Distrito admitiera la demanda de amparo, sin que le fuera exigible demostrar dicha representación en el momento.
25. Refirió que la legitimación procesal del asesor jurídico para promover el juicio de amparo a nombre de las víctimas encontraba fundamento en los artículos 6o., 11 y 14 de la Ley de Amparo, así como en razón al principio de igualdad procesal entre el ofendido e imputado.
26. Además, señaló que dicha representación podrá ser plenamente demostrada en el transcurso del procedimiento de amparo, con base en las constancias que el Juez de Distrito solicite para acreditar la personalidad.
27. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito al resolver el recurso de queja 78/2016, consideró que la comparecencia al juicio constitucional por terceras personas, en virtud de tener reconocido el carácter de representante ante la autoridad responsable, debe acreditarse con las constancias correspondientes, salvo en materia penal, en que bastará la sola manifestación para darle trámite al libelo correspondiente.
28. En su reflexión agregó que las víctimas del delito tienen derecho a ser representadas por un asesor jurídico quien podrá representarlas de manera integral en todos los procesos o juicios en los que sea parte.
29. En ese tenor, refirió que tal representación del asesor jurídico genera que se actualice el supuesto referido en el artículo 6o. de la Ley de Amparo, por lo que la parte quejosa (víctimas) puede promover el juicio de garantías por conducto de su asesor jurídico.
30. Por último, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región al resolver el amparo directo 926/2018 (en auxilio del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, bajo el expediente 468/2018) determinó que el asesor jurídico victimal no cuenta con legitimidad procesal para presentar demanda de amparo en representación de las víctimas.
31. Señaló que la designación de asesor jurídico victimal sólo faculta a éste para asesorar y representar los intereses de sus representados en el sumario que se le designó –señalando que en el caso en específico la representación oficiosa debía circunscribirse a las fases de investigación y del proceso penal–, y que tal representación no puede hacerse extensiva al juicio de amparo dado que no satisface ninguno de los supuestos referidos en el artículo 6o. de la Ley de Amparo.
32. En su razonamiento adicionó que, si bien no desconoce las prerrogativas de las víctimas previstas en los artículos 12, 14, 42, 43, 168 y 160 de la Ley General de Víctimas, tal circunstancia no puede traer el efecto de modificar uno de los principios constitucionales rectores del juicio de amparo como lo era el de instancia de parte agraviada.
33. De lo reseñado se advierte que en el asunto se cumple con el primer requisito ya que los Tribunales Colegiados ejercieron arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo.
34. Además, esta Primera Sala considera que el segundo requisito quedó debidamente cumplido, pues, del estudio de las sentencias que se denunciaron con criterios contradictorios, se advierte que el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región (en auxilio del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito) llegó a una solución diferente en torno al mismo problema.
35. Expresamente se apartó de los criterios sostenidos por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito del cual derivó la tesis de título y subtítulo: "ASESOR JURÍDICO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. SI QUIEN INTERPONE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO AFIRMA TENER RECONOCIDA ESA PERSONALIDAD ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y SE ACREDITA EN AUTOS, TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO CONSTITUCIONAL EN SU REPRESENTACIÓN.",(18) así como del criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito del cual derivó la tesis de título y subtítulo: "VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. EL ABOGADO COADYUVANTE DESIGNADO POR ÉSTA CUENTA CON LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN SU REPRESENTACIÓN."(19)
36. Tanto el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito como el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, estimaron que el asesor jurídico de las víctimas sí puede promover el juicio de garantías en representación de éstas, bastando con que el asesor jurídico manifieste tener acreditada esa representación ante la autoridad responsable para que el Juez admita la demanda de amparo, sin que le sea exigible demostrarlo adicionalmente en ese momento.(20)
37. Mientras que el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región (en auxilio del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en Tepic, Nayarit) consideró que el asesor jurídico no puede promover demanda de amparo en nombre de las víctimas, pues su designación sólo lo faculta para asesorar y representar los intereses de las víctimas en el sumario que se les designó, pero no la autorizan para promover la demanda de amparo en nombre de ella.
38. Ahora bien, en cuanto al tercer requisito, esta Primera Sala también ha determinado que, una vez que se advierte la existencia de un punto de choque o de contradicción entre los criterios jurídicos sustentados es necesario que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina, acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
39. Situación que también se advierte en el caso, pues los criterios sustentados dan lugar a responder el siguiente cuestionamiento: ¿Puede el asesor jurídico victimal promover el juicio de amparo en nombre de la víctima a quien representa en el procedimiento penal?
VI. CRITERIO QUE DEBE PREVALECER
40. Precisada la existencia de la contradicción de tesis y el punto a dilucidar, esta Primera Sala se aboca a su resolución, determinando que debe prevalecer con carácter jurisprudencial el criterio consistente en que los asesores jurídicos sí pueden promover el juicio de amparo en nombre de las víctimas a las que representan dentro del procedimiento penal.
41. Para sustentar esa determinación, resulta necesario reconocer la naturaleza que hoy en día tiene la figura del asesor jurídico victimal en el ordenamiento jurídico mexicano. Enseguida, nos referiremos a la Ley de Amparo para verificar cómo se encuentra regulada la representación en el juicio de amparo. Para, finalmente, llegar a una conclusión a la luz de los derechos de acceso a la justicia y protección judicial en relación con otros principios.
42. Es importante destacar que la asesoría jurídica victimal es una institución reciente dentro de nuestro ordenamiento normativo, ya que por mucho tiempo el sistema penal mexicano había relegado a la víctima del delito a un papel secundario, concentrando su labor en la figura del imputado.
43. Si bien existieron algunos pronunciamientos internacionales en materia de víctimas,(21) además de algunos esfuerzos normativos en los ámbitos locales,(22) no fue hasta el año de 1993 que se reconoció a nivel constitucional ciertas garantías que les asistían a las víctimas del delito, dando lugar al nacimiento del derecho victimal mexicano,(23) mediante la adición de un último párrafo al artículo 20, en la que se incluyó de manera expresa el derecho a recibir asesoría jurídica, función que recayera dentro de las tareas de la autoridad ministerial:
"Artículo 20.
"...
"En todo proceso penal, la víctima o el ofendido por algún delito, tendrán derecho a recibir asesoría jurídica, a que se le satisfaga la reparación del daño cuando proceda a coadyuvar con el Ministerio Público, a que se le preste atención médica de urgencia cuando la requiera y, los demás que señalen las leyes."
44. En términos generales, no puede dudarse que tal adición constitucional haya tenido ciertas repercusiones positivas para las víctimas del delito, sin embargo, respecto al derecho de recibir asesoría jurídica, se ha reconocido que tal figura resultaba limitada y que su materialización se acotaba a dar consejo, brindar orientación o generar una opinión de la autoridad ministerial, pero no así en una verdadera representación en el proceso penal.(24)
45. Con posterioridad, se realizaron otras reformas y adiciones al artículo 20 constitucional reconociendo más derechos y garantías a las víctimas del delito,(25) constituyéndose así un piso mínimo de derechos basados en una participación más activa de la víctima en el proceso. De modo que se preservaron derechos que ya tenían (asesoría jurídica), se añadieron otros como el derecho a ser informado y se dio una nueva dimensión a otras figuras como, por ejemplo, la coadyuvancia, para efectos de que pudieran intervenir directamente en el juicio, e interponer los recursos en términos de ley.
"Artículo 20.
"...
"C. De los derechos de la víctima o del ofendido:
"I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;
"II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley.
"Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;
"III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;
"IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.
"La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño;
"V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.
"El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todos los sujetos que intervengan en el proceso. Los Jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación;
"VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y
"VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción pen
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29837-841b32df/asesor-juridico-victimal-esta-facultado-para-promover-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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