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Modo: Corpus Pro

VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. EL ABOGADO COADYUVANTE DESIGNADO POR ÉSTA CUENTA CON LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN SU REPRESENTACIÓN.

Tipo de asunto: QUEJA 78/2016. · Registro digital (IUS): 26745
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2016-10-21
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV, Pág. 3144.

QUEJA 78/2016. 12 DE MAYO DE 2016. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE Y PONENTE: JOSÉ ALFREDO GUTIÉRREZ BARBA. SECRETARIO: CONRADO VALLARTA ESQUIVEL.

CONSIDERANDO:

SEXTO.-Estudio del fondo del asunto.

Para mejor comprensión del asunto, es menester narrar, primeramente, los antecedentes que se advierten del expediente de amparo indirecto 519/2016-VII y, posteriormente, verificar el análisis de los agravios hechos valer en este recurso de queja.

6.1. Antecedentes.

1. Ante el Juzgado Décimo Quinto de lo Penal del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, con sede en Tonalá, se sustancia el procedimiento criminal **********, en contra de **********, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de homicidio, a título de culpa, cometido en agravio de **********.

2. A la procesada **********, dentro de ese procedimiento penal, le fue concedido el beneficio de la libertad provisional bajo caución, para lo cual exhibió distintas pólizas de fianza, a efecto de garantizar su libertad, así como la posible condena a la reparación del daño.

3. Al estimar insuficiente la garantía exhibida por la inculpada **********, el 20 veinte de noviembre de 2015 dos mil quince, los ofendidos ********** y **********, progenitores de la occisa **********, promovieron el incremento de dicha garantía, por vía incidental.

4. Esa incidencia fue desechada por el juzgado de lo penal del conocimiento, en acuerdo de 14 catorce de diciembre siguiente, al estimarse que no se cuenta con elementos suficientes para tener por demostrado el salario de la occisa **********.

5. Inconformes con ese desechamiento, los agraviados, a través de su abogado coadyuvante **********, interpusieron en su contra el recurso de revocación.

6. Dicho medio de defensa fue admitido y resuelto de plano, por la ahora titular del juzgado de lo penal responsable, en acuerdo de 16 dieciséis de febrero de 2016 dos mil dieciséis, en el que estimó infundados los agravios respectivos y, en consecuencia, declaró firme ese desechamiento del incidente de incremento de garantía. Dicho proveído constituye el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto del que deriva la presente queja. (fojas 14 y 15 del expediente de garantías)

7. Inconforme con esa resolución del recurso de revocación, **********, como abogado coadyuvante de los ofendidos ********** y **********, mediante escrito presentado el 18 dieciocho de marzo de 2016 dos mil dieciséis, promovió juicio de amparo indirecto en su contra. (fojas 2 a 12 ibídem)

8. De dicho libelo correspondió conocer al Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, bajo el expediente 519/2016-VII, cuyo titular, mediante acuerdo de 28 veintiocho de marzo siguiente, lo desechó, con fundamento en los artículos 6o., 15 y 61, fracción XXIII, todos de la Ley de Amparo, al carecer de legitimación para promover el juicio de garantías el mencionado abogado coadyuvante, por constituir parte agraviada los ofendidos. Dicho auto es el aquí recurrido. (fojas 16 a 20 vuelta, ibídem)

9. Inconformes con ese desechamiento, los ofendidos ********** y **********, por conducto de su apoderada **********, interpusieron el presente recurso de queja 78/2016, de este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito. (folios 3 a 10 ibídem)

6.2. Análisis de los agravios hechos valer.

En esta instancia de queja, refieren los recurrentes ********** y **********, a través de su apoderada **********, que el acuerdo recurrido violenta sus derechos, de forma irreparable, pues los artículos 6o., 10 y 11 de la Ley de Amparo autorizan la promoción del juicio por el quejoso, por su representante legal o apoderado, por cualquier otra persona, en los casos permitidos, así como por su defensor, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento penal; que igualmente se establece que, en materia penal, bastará con la afirmación del promovente, de tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, para que se admita a trámite la demanda; que en el caso a estudio, ocurre esto último, en que basta el señalamiento del suscriptor **********, por ser el defensor y coadyuvante de los recurrentes; que ello acontece, máxime, si se toma en consideración la copia simple de la declaración de **********, adjunta a la demanda de garantías, donde se advierte la designación de ********** como coadyuvante, ante el agente del Ministerio Público que conoció de la averiguación previa; que resultaría incongruente la promoción del juicio de amparo, en cualquier otra materia, por conducto de un representante acreditado, y no por el defensor acreditado en materia penal; y, que el desechamiento combatido resulta igualmente fuera de contexto, pues en el diverso juicio de amparo indirecto 826/2013, del orden del propio Juzgado de Distrito del conocimiento, se admitió y resolvió la instancia constitucional promovida por un defensor público, cuestión que constituye un hecho notorio.

Pues bien, los anteriores motivos de inconformidad resultan sustancialmente fundados, suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso b),(2) de la Ley de Amparo, al constituir los impetrantes la parte ofendida en el procedimiento penal de origen, del que deriva el acto reclamado en el juicio de garantías vinculado con la presente queja.

En efecto, como lo aseveran los quejosos ********** y **********, el juicio de garantías puede ser intentado tanto por el directo agraviado, como por su representante legal o su apoderado.

Lo anterior, según se desprende de los artículos 6o., 10 y 11, todos de la Ley de Amparo, que indican:

"Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley.

"Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita."

"Artículo 10. La representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en juicio en los términos previstos en esta ley.

"En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles.

"Cuando se trate del Ministerio Público o cualquier otra autoridad, se aplicarán las reglas del artículo anterior."

"Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido.

"En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada.

"La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta."

Como se advierte del precepto 6o. de la legislación de esta materia, el juicio de amparo puede promoverlo el quejoso, por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona, en los casos indicados en la propia ley reglamentaria. Asimismo, que si el acto reclamado proviene de un procedimiento penal, igualmente puede promoverse por conducto de su defensor o de cualquier otra persona, en los supuestos permitidos.

El diverso dispositivo 10 contempla que la representación de las partes en el juicio constitucional se acreditará en los términos indicados en la ley especial, en la ley que rija el acto reclamado, o según el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Por su parte, el arábigo 11 indica que en la comparecencia de una persona, en nombre del quejoso o del tercero interesado, por virtud de tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, debe acreditarse esa circunstancia con las constancias respectivas, con excepción de la materia penal, en la que basta la afirmación para admitirse a trámite el juicio.

Pues bien, los anteriores dispositivos determinan que, en la especie, resulta desacertado el desechamiento contenido en el acuerdo aquí recurrido, de 28 veintiocho de marzo de 2016 dos mil dieciséis, dictado en el amparo indirecto 519/2016-VII, por parte del titular del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, respecto de la demanda de garantías presentada por **********, como abogado coadyuvante de los ofendidos ********** y **********, por estimar que carece de legitimación para instar el juicio constitucional, por constituir parte agraviada los mencionados agraviados ********** y **********; ello, con fundamento en los artículos 6o., 15 y 61, fracción XXIII, todos de la Ley de Amparo.

En efecto, como se precisó en el apartado de antecedentes de este considerando, en el juicio de amparo indirecto 519/2016-VII, se reclama el acuerdo de 16 dieciséis de febrero de 2016 dos mil dieciséis, emitido por la titular del Juzgado Décimo Quinto de lo Penal del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, con sede en Tonalá, dentro del expediente criminal **********, en el que se resolvió el recurso de revocación intentado en contra del desechamiento del incidente de incremento de la garantía otorgada por la inculpada en ese proceso.

Aumento de la garantía que fue pretendido por los ofendidos ********** y **********, por estimar insuficiente la previamente otorgada.

Como se desprende de las copias simples anexas a la demanda de garantías, una de ellas se refiere a una sección de la declaración de **********, ante el agente del Ministerio Público, en donde se aprecia (medularmente, al no ser legible dicha copia en su totalidad), que el deponente nombró a ********** como abogado coadyuvante.

Asimismo, de la diversa copia, relativa al acuerdo reclamado en el juicio constitucional, se aprecia que dicho abogado coadyuvante **********, interpuso el citado recurso de revocación contra el desechamiento del incidente de incremento de garantía, en representación de los agraviados ********** y **********.

En ese tenor, resulta desacertada la manifestación contenida en el auto materia de este recurso de queja, donde se indica que "no existe dato alguno o medio de prueba que haga inferir siquiera que el promovente del amparo sea abogado de los prenombrados ********** y ********** o persona debidamente autorizada de éste".

Ello, pues esas probanzas, a pesar de ser copias simples, sí brindan indicios respecto de la representación que ostenta el suscribiente **********, como abogado coadyuvante de los ofendidos ********** y **********.

Máxime si se toma en consideración que en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, tratándose de la materia penal, basta con la sola manifestación del promovente, sobre su representación reconocida ante la autoridad responsable, para que se le dé trámite al libelo correspondiente.

Ahora bien, resulta conveniente traer a colación el contenido de los numerales 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (previo a su reforma publicada el 18 dieciocho de junio de 2008 dos mil ocho); 115, fracción II, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Jalisco; 12, fracciones III y IV, 168, párrafo primero y 169 de la Ley General de Víctimas, así como 9 de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco.

"Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías:

"...

"B. De la víctima o del ofendido:

"I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;

"II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la averiguación previa como en el proceso, y a que se desahoguen las diligencias correspondientes.

"Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;

"III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;

"IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.

"La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño;

"V. Cuando la víctima o el ofendido sean menores de edad, no estarán obligados a carearse con el inculpado cuando se trate de los delitos de violación o secuestro. En estos casos, se llevarán a cabo declaraciones en las condiciones que establezca la ley; y

"VI. Solicitar las medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad y auxilio." (el resaltado es de este tribunal)

"Artículo 115. En todo proceso del orden penal, la víctima o el ofendido tendrán las siguientes garantías:

"...

"II. Coadyuvar con el Ministerio Público por si, por abogado o persona digna de su confianza debidamente autorizada, proporcionándole todos los datos conducentes a acreditar el cuerpo del delito de que se trate, la responsabilidad del inculpado y el daño o perjuicio causado, para tal efecto, podrá aportar y objetar pruebas; interponer recursos con la propuesta de agravios correspondientes; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la averiguación previa como en el proceso, y a que se desahoguen las diligencias correspondientes;

"Cuando en la averiguación previa el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia propuesta por el coadyuvante, deberá fundar y motivar su negativa; "..." (el resaltado es de este tribunal)

"Artículo 12. Las víctimas gozarán de los siguientes derechos:

"...

"III. A coadyuvar con el Ministerio Público; a que se les reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuenten, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio como partes plenas ejerciendo durante el mismo sus derechos los cuales en ningún caso podrán ser menores a los del imputado. Asimismo, tendrán derecho a que se les otorguen todas las facilidades para la presentación de denuncias o querellas;

"IV. A ser asesoradas y representadas dentro de la investigación y el proceso por un asesor jurídico. En los casos en que no quieran o no puedan contratar un abogado, les será proporcionado por el Estado, de acuerdo al procedimiento que determine esta ley y su reglamento; esto incluirá su derecho a elegir libremente a su representante legal; ..." (el resaltado es de este tribunal)

"Artículo 168. La víctima tendrá derecho a nombrar un asesor jurídico el cual elegirá libremente desde el momento de su ingreso al registro. En caso de no contar con abogado particular, la Comisión Ejecutiva del Sistema Nacional de Víctimas deberá nombrarle uno a través de la Asesoría Jurídica Federal. ..." (el resaltado es de este tribunal)

"Artículo 169. Se crea la figura del asesor jurídico federal de atención a víctimas el cual tendrá las funciones siguientes:

"I. Asistir y asesorar a la víctima desde el primer momento en que tenga contacto con la autoridad;

"II. Representar a la víctima de manera integral en todos los procedimientos y juicios en los que sea parte, para lo cual deberá realizar todas las acciones legales tendientes a su defensa, incluyendo las que correspondan en materia de derechos humanos tanto en el ámbito nacional como internacional;

"III. Proporcionar a la víctima de forma clara, accesible, oportuna y detallada la información y la asesoría legal que requiera, sea ésta en materia penal, civil, familiar, laboral y administrativa;

"IV. Informar a la víctima, respecto al sentido y alcance de las medidas de protección, ayuda, asistencia, atención y reparación integral, y en su caso, tramitarlas ante las autoridades judiciales y administrativas;

"V. Dar el seguimiento a todos los trámites de medidas de protección, ayuda, asistencia y atención, que sean necesarias para garantizar la integridad física y psíquica de las víctimas, así como su plena recuperación;

"VI. Informar y asesorar a los familiares de la víctima o a las personas que ésta decida, sobre los servicios con que cuenta el Estado para brindarle ayuda, asistencia, asesoría, representación legal y demás derechos establecidos en esta ley, en los tratados internacionales y demás leyes aplicables;

"VII. Llevar un registro puntual de las acciones realizadas y formar un expediente del caso;

"VIII. Tramitar y entregar copias de su expediente a la víctima, en caso de que ésta las requiera;

"IX. Vigilar la efectiva protección y goce de los derechos de las víctimas en las actuaciones del Ministerio Público en todas y cada una de las etapas del procedimiento penal y, cuando lo amerite, suplir las deficiencias de éste ante la autoridad jurisdiccional correspondiente cuando el asesor jurídico federal de las víctimas considere que no se vela efectivamente por la tutela de los derechos de las víctimas por parte del Ministerio Público, y

"X. Las demás que se requieran para la defensa integral de los derechos de las víctimas."

"Artículo 9. A las víctimas del delito corresponderán los siguientes derechos:

"I. A ser informadas de manera clara, precisa y accesible de sus derechos por el Ministerio Público o las autoridades policiacas que tengan contacto o que conozcan del hecho delictivo. El Ministerio Público deberá comunicar a la víctima los derechos que reconocen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Jalisco, los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea Parte, la Ley General de Víctimas, su reglamento, así como en esta ley a su favor, dejando constancia en autos o en su caso en la carpeta de investigación de este hecho, con total independencia de que se identifique o no al responsable de los hechos;

"II. A que se les repare el daño en forma expedita, proporcional y justa en los términos a que se refiere el artículo 43 de esta ley y de la legislación aplicable. En los casos en que la autoridad judicial dicte una sentencia condenatoria no podrá absolver al responsable de dicha reparación;

"III. A coadyuvar con el Ministerio Público; a que se les reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuenten, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio como partes plenas ejerciendo durante el mismo sus derechos los cuales en ningún caso podrán ser menores a los del imputado. Asimismo, tendrán derecho a que se les otorguen todas las facilidades para la presentación de denuncias o querellas;

"IV. A ser asesoradas y representadas dentro de la investigación y el proceso por un asesor jurídico. En los casos en que no quieran o no puedan contratar un abogado, les será proporcionado por el Estado, de acuerdo al procedimiento que determine esta ley y su reglamento; esto incluirá su derecho a elegir libremente a su representante legal;

"V. A impugnar ante la autoridad judicial las acciones u omisiones del Ministerio Público y demás autoridades en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento, con independencia de que se haya reparado o no el daño;

"VI. A comparecer en la fase de la investigación o al juicio y a que sean adoptadas medidas para minimizar las molestias causadas, proteger su intimidad, identidad y otros datos personales;

"VII. A que se garantice su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos que sean presentados ante la autoridad competente, con la finalidad de evitar cualquier intimidación o represalia;

"VIII. A rendir o ampliar sus declaraciones sin ser identificados dentro de la audiencia, teniendo la obligación el Juez de resguardar sus datos personales y, si lo solicitan, hacerlo por medios electrónicos;

"IX. A garantizar que bajo ningún motivo sea obligada a carearse ni confrontarse con su agresor;

"X. A obtener copia simple gratuita y de inmediato de las diligencias en las que intervengan;

"XI. A solicitar medidas precautorias o cautelares para la seguridad y protección de las víctimas, ofendidos y testigos de cargo, para la investigación y persecución de los probables responsables del delito y para el aseguramiento de bienes para la reparación del daño;

"XII. A que se les informe sobre la realización de las audiencias donde se vaya a resolver sobre sus derechos y a estar presentes en las mismas;

"XIII. A que se les notifique toda resolución que pueda afectar sus derechos y a impugnar dicha resolución, y

"XIV. En los casos que impliquen graves violaciones a los derechos humanos, a solicitar la intervención de expertos independientes, a fin de que colaboren con las autoridades competentes en la investigación de los hechos y la realización de peritajes. Las organizaciones de la sociedad civil o grupos de víctimas podrán solicitar que grupos de esos expertos revisen, informen y emitan recomendaciones para lograr el acceso a la justicia y a la verdad para las víctimas." (el resaltado es de este tribunal)

Como se advierte de los dispositivos constitucionales y legales anteriormente copiados, particularmente de lo resaltado, las víctimas del delito tienen a su favor distintas prerrogativas, de las que destacan, en lo que aquí interesa, que podrán coadyuvar con el agente del Ministerio Público correspondiente, en que podrán ofrecer los medios de prueba que estimen convenientes, así como que deberán ser asesoradas y representadas por un asesor jurídico.

Asimismo, ese asesor jurídico deberá asistirlas en las distintas etapas del proceso, y podrá representarlas de manera integral en todos los procesos o juicios en los que sean parte.

En ese tenor, dicha representación del asesor jurídico genera que en el caso a estudio, se actualice el supuesto referido en el artículo 6o. de la Ley de Amparo, sobre la promoción del juicio de garantías, por conducto de un representante de los quejosos.

Esto es, contrario a lo indicado en el acuerdo recurrido, la suscripción del libelo constitucional, por parte de **********, como abogado coadyuvante de la parte ofendida, determina que éste cuente con legitimación para instar el procedimiento constitucional, toda vez que, como asesor jurídico de los ofendidos ********** y **********, tiene a su cargo su representación en cualquier procedimiento o juicio en los que sean parte.

Así, esa representación de los agraviados genera, se insiste, que cuente con legitimación para instar el juicio de amparo indirecto 519/2016-VII, en contra del acuerdo que resolvió de plano el recurso de revocación intentado por el propio **********, en contra del desechamiento del incidente de incremento de garantía dentro del proceso penal de origen.

De ahí que se estimen sustancialmente fundados los agravios hechos valer, suplidos en su deficiencia.

En las relatadas condiciones, ante lo sustancialmente fundado de los agravios expuestos, lo que procede en la especie es declarar fundado el recurso y, por consecuencia, revocar el auto recurrido.

Revocación en la que este Tribunal Colegiado de Circuito no puede proceder en términos del artículo 103(3) de la Ley de Amparo, toda vez que el pronunciamiento sobre la admisión de la demanda de amparo corresponde realizarla al juzgador de garantías, como se dispone en la jurisprudencia 2a./J. 73/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, Tomo II, agosto de 2014, página 901 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de agosto de 2014 a las 8:05 horas», que ordena:

"RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO. DE SER FUNDADO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE DEVOLVER LOS AUTOS AL JUEZ DE DISTRITO A EFECTO DE QUE SE PRONUNCIE SOBRE LA ADMISIÓN Y, EN SU CASO, SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR. El artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo establece que procede el recurso de queja en amparo indirecto contra las resoluciones que desechen una demanda de amparo. Por su parte, el diverso 103 del mismo ordenamiento prevé que, en caso de resultar fundado el recurso, se dictará la resolución que corresponda sin necesidad de reenvío, salvo que ésta implique la reposición del procedimiento. Así, del análisis relacionado de esas disposiciones, tomando en consideración la naturaleza del recurso de queja en el que no existe devolución de jurisdicción, cuando un Tribunal Colegiado de Circuito declare fundado el recurso de queja contra el desechamiento de una demanda de amparo, éste dictará la resolución que corresponda, ordenando al Juez de Distrito proveer lo conducente en relación con la admisión, en términos de los artículos 112 a 115 del propio ordenamiento, lo que implica que no puede asumir la jurisdicción que a éste corresponde."

Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:

ÚNICO.-Es fundado el presente recurso de queja interpuesto por los ofendidos ********** y **********, por conducto de su apoderada **********, en contra del acuerdo de 28 veintiocho de marzo de 2016 dos mil dieciséis, dictado por el titular del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, dentro del juicio de amparo indirecto 519/2016-VII.

Notifíquese; engrósese el presente fallo dentro del término legal; anótese en el libro de registro correspondiente, y con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos respectivos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente como total y definitivamente concluido.

Así lo resolvió este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, por mayoría de votos de los Magistrados Adalberto Maldonado Trenado y Mario A. Flores García, en contra del voto del Magistrado José Alfredo Gutiérrez Barba.

En términos de lo previsto en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en ese supuesto normativo.

________________

2. "Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes:

"...

"III. En materia penal:

"...

"b) En favor del ofendido o víctima en los casos en que tenga el carácter de quejoso o adherente; ..."

3. "Artículo 103. En caso de resultar fundado el recurso se dictará la resolución que corresponda sin necesidad de reenvío, salvo que la resolución implique la reposición del procedimiento. En este caso, quedará sin efecto la resolución recurrida y se ordenará al que la hubiere emitido dictar otra, debiendo precisar los efectos concretos a que deba sujetarse su cumplimiento."

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26745-d2d25b4f/victima-u-ofendido-del-delito-el-abogado-coadyuvante · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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