EMPLAZAMIENTO AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO EN SU CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO. CUANDO SU DOMICILIO SE DESCONOCE O ES INEXACTO, DEBE REALIZARSE POR CONDUCTO DE SU ASESOR JURÍDICO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 62/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, EN AUXILIO DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 11 DE ENERO DE 2024. MAYORÍA DE VOTOS DE LA MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA Y DEL MAGISTRADO HÉCTOR LARA GONZÁLEZ. DISIDENTE: MAGISTRADO SAMUEL MERAZ LARES, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA. SECRETARIO: J. TRINIDAD VERGARA ORTIZ.
B. COMPETENCIA
16. Este pleno regional es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados pertenecientes a la Región Centro-Norte.
17. Lo anterior de conformidad con los artículos 94, párrafo primero, 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 12, 14, fracción I, 43 a 46 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los plenos regionales.(1)
18. Lo anterior, porque se trata de criterios emitidos por tribunales pertenecientes a la Región Centro-Norte en asuntos del orden penal, materia y jurisdicción correspondiente a la de este Pleno Regional.
C. LEGITIMACIÓN
19. La presente denuncia de contradicción de criterios, proviene de parte legitimada, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) así como 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(3) al haber sido formulada por un Juez de Distrito perteneciente al mismo circuito donde reside uno de los órganos colegiados contendientes y, en consecuencia, correspondiente a la Región Centro-Norte, esto es, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la misma ciudad.
IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
20. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha interpretado que los requisitos(4) para la existencia de una contradicción, a saber: a) necesidad de ejercicio interpretativo mediante el arbitrio judicial de los tribunales contendientes; b) existencia de un punto de toque en los ejercicios interpretativos en torno a un mismo problema jurídico y, finalmente, c) posibilidad de formular una genuina cuestión jurídica acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
21. Con lo anterior, se busca detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto, por lo que, para ello es necesario hacer una especificación sucinta sobre las cuestiones jurídicas relevantes que motivaron las respectivas posturas contendientes.
22. En lo que respecta al primer requisito, se advierte que los órganos contendientes se pronunciaron sobre cuestiones litigiosas que fueron sometidas a su consideración, recurriendo a su arbitrio judicial, circunstancia en la que, a través de un ejercicio interpretativo, se buscó llegar a una solución determinada.
23. Así, la presente contradicción de criterios tiene su origen en demandas de amparo indirecto, promovidas por las partes quejosas, en contra del sentido de las determinaciones de diversos Jueces de Control,(5) motivando así que se instaran los respectivos recursos de revisión en los cuales se vertieron los criterios que ahora se confrontan.
24. De ese modo, en contra de las determinaciones de los Jueces de Control respectivas, las partes quejosas promovieron los siguientes juicios de amparo indirecto:
a) Juicio de amparo indirecto **********, de la estadística del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, donde se resolvió negar el amparo solicitado.
b) Juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, en el que inicialmente se concedió el amparo por una violación procesal y posteriormente, una vez promovida una nueva demanda de amparo se negó la protección constitucional.(6)
25. Inconformes con esas determinaciones, los quejosos y recurrentes interpusieron los recursos de revisión respectivos, siendo los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes quienes resolvieron, a saber, lo siguiente:
26. a) El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, al conocer del recurso de revisión 77/2023, interpuesto por la parte quejosa, determinó revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición en el juicio de amparo indirecto, al advertir una violación a las reglas que norman el procedimiento, toda vez que les fue reconocido el carácter de terceros interesados a las víctimas de los delitos, sin que se les hubiera emplazado correctamente.
27. El propio órgano colegiado, ya había revocado una sentencia anterior para que se emplazara a uno de ellos, es decir, en el diverso toca en revisión **********, donde se determinó que era incorrecta la decisión del Juez de Distrito al señalar que no era obstáculo para resolver el fondo de la controversia, el hecho de que no se hubiera logrado el emplazamiento del tercero interesado, ya que el sentido del fallo en nada afectaba en su esfera jurídica.
28. El Tribunal Colegiado de Circuito, arguyó que para que se actualizara el supuesto planteado por el juzgador de amparo, era necesario que el sentido del fallo fuera evidente, lo que en el caso no ocurría pues se hacía necesario realizar un estudio profundo de la Litis para llegar a una conclusión, sin soslayar que se ordenó el emplazamiento del tercero interesado por conducto de su Asesor Jurídico, pues se asentó imposibilidad para localizarlo; empero, ello no brindaba certeza de que la víctima en el juicio penal de origen tuviera conocimiento del amparo promovido por su contraparte.
29. Precisó que el hecho de que el Asesor Jurídico contara con la facultad para presentar la demanda de amparo en favor de sus representados, no implicaba que estos pudieran ser emplazados por su conducto, puesto que la propia Ley de Amparo establece las reglas para que se realice ese acto de manera personal, el cual tiene por objeto garantizar el debido proceso y la oportunidad de defensa respecto de la totalidad de los participantes en el juicio.
30. Igualmente, destacó que había una diferencia significativa en la forma en que se deben realizar las notificaciones tanto al quejoso como al tercero interesado en un juicio de amparo, conforme a la ley de la materia. En el caso del quejoso, cuando se trata de una persona privada de su libertad, la ley permite que las notificaciones personales puedan realizarse a través de su defensor, representante legal o una persona designada para ese propósito, en el domicilio señalado para tal efecto, es decir, puede notificarse personalmente al quejoso en el lugar de reclusión, local del juzgado, o a través de aquellos, o incluso ambos en casos excepcionales.
31. Lo anterior se sustenta particularmente en la jurisprudencia 104/2022, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. TRATÁNDOSE DEL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE EN EL LOCAL DEL JUZGADO O CENTRO DE RECLUSIÓN, O BIEN, ENTENDERSE LA DILIGENCIA CON SU DEFENSOR, REPRESENTANTE LEGAL O AUTORIZADO [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO]."(7)
32. Por otro lado, para el tercero interesado, independientemente de si se trata de la parte imputada, víctima u ofendido en un juicio penal, la ley establece que la primera notificación (emplazamiento) debe hacerse de manera personal, esto es, no autoriza que esta notificación se realice a través de un tercero, como podría ser el defensor legal o el asesor de la víctima.
33. Dicho tribunal destacó que existe coherencia detrás de la diferenciación en la forma de notificar al quejoso y al tercero interesado, ya que mientras el quejoso –al ser la parte que promueve el juicio de amparo–, tiene conocimiento pleno, el tercero interesado requiere ser notificado para que sepa que sus derechos podrían verse afectados por la resolución que se emita, por lo que el emplazamiento debe realizarse de manera personal.
34. También argumentó, que es a través de esta notificación personal que se le brinda al tercero interesado la oportunidad de intervenir en el juicio, presentar pruebas, alegatos y argumentos en defensa de sus derechos o intereses. Esto garantiza su derecho a ser escuchado y a participar activamente en el juicio, evitando que se tomen decisiones que lo afecten, sin que haya tenido la oportunidad de ser debidamente informado y de hacer valer sus argumentos; razones anteriores por las que no se permite que las notificaciones a dicha parte se realicen a través de terceras personas, ya que existe el riesgo de que no tenga conocimiento de la posible afectación de sus derechos.
35. Por las anteriores consideraciones, el Tribunal Colegiado de Circuito estimó que se actualizaba una violación procesal, conforme al contenido de la fracción IV del artículo 93 de la Ley de Amparo, ya que el juez de amparo omitió realizar correctamente el llamamiento a juicio al tercero interesado, previo a la celebración de la audiencia constitucional; para ello, citó la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. SI NO FUE EMPLAZADO DEBE ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, SIN QUE OBSTEN LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES Y MODALIDADES QUE SE IMPONGAN EN LA SENTENCIA QUE CONCEDA EL AMPARO."(8)
36. Asimismo, también estableció que esta violación procesal podría no tener un impacto significativo si finalmente se confirmaba una resolución que fuera favorable a los intereses de la parte tercero interesada, ya que precisamente así lo establecía la tesis jurisprudencial de rubro: "OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO. CASOS EN QUE LA OMISIÓN DE EMPLAZARLO COMO TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES DEL JUICIO QUE DA LUGAR A ORDENAR SU REPOSICIÓN.",(9) en la que se sostiene que la omisión de emplazar al tercero perjudicado –hoy tercero interesado– en un juicio de amparo puede constituir una violación a las reglas fundamentales del procedimiento, empero, esta afectación puede considerarse insustancial si el fallo resulta ser protector de sus intereses, casos en los que no será necesario ordenar su reposición.
37. Indicó que si bien cuando se determine el sobreseimiento, se niegue la protección constitucional o ambos en el juicio de amparo, ello representaría favorecimiento a los intereses de la parte tercero interesada, también cierto es que, esta problemática vuelve a ser relevante cuando se interpone el recurso de revisión, puesto que tiene como objetivo principal revocar el fallo de primera instancia, lo que podría llevar a la concesión de la protección constitucional, es decir, que esa afectación no sería evidente en todos los casos.
38. Por tanto, revocó la sentencia impugnada sólo en lo que respecta al recurrente y ordenó la reposición del procedimiento constitucional con el propósito de lograr el emplazamiento del tercero interesado que no había sido localizado y quien es víctima en el proceso del que emanan los actos reclamados.
39. b) Por su parte, el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, en auxilio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el recurso de revisión 783/2021 –cuaderno auxiliar 354/2022– consideró innecesario realizar un análisis detallado de la sentencia que se estaba impugnando así como de los agravios en su contra, ya que había identificado dos violaciones a las reglas fundamentales que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, mismas que al tener impacto en el resultado de la sentencia, llevaron a la conclusión de que ésta debía ser revocada para reponerlo, de conformidad con el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo.
40. La primera violación que advirtió consistió en que no se cumplió con lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Amparo, ello, ante la falta de acreditación de la personalidad de una de las partes involucradas en el juicio de amparo, en específico, la del defensor particular que representaba al quejoso, es decir, no se verificó adecuadamente si tenía la autorización y reconocimiento necesario en la causa penal de origen, por lo que el juez de amparo debió asegurarse de ello, antes de continuar con el juicio y emitir una resolución.
41. En sustento a lo anterior, citó lo previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las jurisprudencias de rubros: "DEFENSOR DEL PROMOVENTE. REPOSICIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR FALTA DE CONSTANCIAS RELATIVAS A LA PERSONALIDAD DEL MISMO."(10) y "REPOSICIÓN DE PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR FALTA DE CONSTANCIAS RELATIVAS AL CARÁCTER DE DEFENSOR DEL PROMOVENTE."(11)
42. En lo que respecta a la segunda violación dijo consistió en que la parte tercero interesada (víctima u ofendida en la causa penal de origen), no fue debidamente emplazada en el juicio de amparo indirecto, pues a pesar de que el Juez de Distrito le reconoció ese carácter y ordenó diligencias para su emplazamiento, enfrentó dificultades para ello, por lo que en su lugar, se optó por requerir a las agentes del Ministerio Público que conocían la causa penal de origen para que la representaran.
43. Al respecto el órgano revisor destacó que se pasó por alto la figura del Asesor Jurídico Victimal, persona designada para representar a la víctima u ofendido en el proceso, según lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que respaldó con la tesis jurisprudencial del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. SI NO FUE EMPLAZADO DEBE ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, SIN QUE OBSTEN LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES Y MODALIDADES QUE SE IMPONGAN EN LA SENTENCIA QUE CONCEDA EL AMPARO."(12) misma que establece que si no se emplaza al tercero interesado, los actos procesales deben reponerse para permitir ese llamamiento y reconstruir el procedimiento.
44. Es decir, para este órgano colegiado existe la obligación ineludible del juez constitucional de asegurarse que la parte tercero interesada sea notificada formalmente y de manera legal sobre la existencia del juicio y de su posible afectación por las decisiones tomadas, facultad que no es una cuestión de elección o un aspecto discrecional. Y que dicho de otra manera, el juez no tenía la opción de decidir si notificaba o no al tercero interesado; más bien, estaba obligado por la ley a realizar este emplazamiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo.
45. Igualmente, destacó que el emplazamiento adecuado del tercero interesado es esencial en el procedimiento de amparo, ya que esta notificación garantiza que todas las partes involucradas sean informadas adecuadamente y tengan la oportunidad de defender sus derechos e intereses, es decir, la omisión de ese llamamiento se considera una violación adjetiva de orden relevante, lo que significa que afecta la integridad y legalidad del proceso.
46. Ya que si bien el Juez de Distrito llevó a cabo requerimientos a las agentes del Ministerio Público para que proporcionaran el domicilio de la víctima, éstas no tuvieron éxito, lo que dio origen a la incorrecta decisión de considerar innecesario emplazarla debido a la privacidad de sus datos personales, así como a la consideración relativa a que la posible reparación del daño estaba protegida por el Ministerio Público que intervenía en la causa penal.
47. Además, estableció que según el Código Nacional de Procedimientos Penales, la víctima u ofendido tienen derecho a estar representados por un Asesor Jurídico en cualquier instancia, procedimiento o juicio en el que sea parte, por tanto, la omisión de su emplazamiento es una violación al procedimiento que trasciende al resultado del fallo, ya que impide que esta parte ejerza sus derechos procesales y participe adecuadamente en el juicio de amparo, sustentando lo anterior con los artículos 108, 109 y 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales; así como, la jurisprudencia de rubro: "ASESOR JURÍDICO VICTIMAL. ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN NOMBRE DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO A QUIEN REPRESENTA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL."(13)
48. Por las consideraciones anteriores, el órgano revisor revocó la sentencia recurrida y ordenó la reposición procedimiento para efecto de que, entre otras cuestiones, tomando en consideración que no se conocía el domicilio actual de la víctima –tercero interesada–, el juez de amparo debía ordenar su emplazamiento a través del Asesor Jurídico asignado en la causa penal de origen. Esto, con el propósito de que tuviera una adecuada intervención en el juicio de amparo y pudiera ejercer sus derechos y defender sus intereses de manera adecuada.
49. De lo hasta aquí expuesto, se advierte que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al desarrollar su arbitrio judicial, examinaron un mismo problema jurídico, no obstante, arribaron a conclusiones contrarias, por lo que sí se encuentran satisfechos los requisitos para que exista la contradicción entre los criterios denunciados.
50. Esto es, los órganos colegiados, desarrollaron su arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo centrado en determinar si luego de no lograr el llamamiento al juicio de amparo de la parte tercero interesada que tiene la calidad de víctima en un proceso penal, es posible ordenarlo por conducto del Asesor Jurídico que la representa en el proceso de origen.
51. Por cuanto hace al segundo requisito, atinente a la existencia de un razonamiento en el que se adopte un criterio diferenciado sobre un mismo tema jurídico, es decir, un punto de toque, también se actualiza.
52. Lo anterior, ya que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, consideró que se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, por la forma en que fue emplazado el tercero interesado, esto es, por conducto de su Asesor Jurídico, porque el hecho de que éste tenga la facultad para presentar la demanda de amparo en favor sus representados, no implicaba que se encontrara también facultado para que a través de él quedaran emplazados, sino que existía la necesidad de hacerlo de manera personal, para garantizar su derecho a ser escuchados y participar activamente en el juicio de amparo, por lo que revocó la sentencia recurrida y repuso el procedimiento para que se hiciera correctamente.
53. Contrariamente a lo anterior, el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, en auxilio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, revocó la sentencia recurrida y ordenó la reposición del procedimiento, a fin de que se dejara insubsistente la audiencia constitucional, así como el fallo correspondiente.
54. Ello, para que se procediera en términos del artículo 14 de la Ley de Amparo, es decir, que se pidiera la certificación a la autoridad responsable de que el defensor particular del quejoso contaba efectivamente con dicho carácter y en caso de no ser así, debía prevenir al agraviado para que ratificara la demanda de amparo, y de no hacerlo tenerla por no interpuesta. 55. Hecho lo anterior, y de continuar con la tramitación del juicio, ante el desconocimiento del domicilio actual de la víctima tercero interesada, debía ordenar su emplazamiento a través del Asesor Jurídico asignado en la causa penal de origen, esto con el propósito de que tuviera una adecuada intervención en el juicio de amparo y pudiera ejercer sus derechos y defender sus intereses adecuadamente.
56. De ahí que, respecto a los ejercicios interpretativos realizados por los tribunales contendientes, se advierta la existencia de un punto de toque.
57. Así también, se advierte que se encuentra acreditado el tercer requisito, consistente en el surgimiento de un cuestionamiento o interrogante acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
58. Precisado lo anterior, este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, considera que sí existe una contradicción de criterios, ya que se ven satisfechos los requisitos para su existencia.
59. Por ende, deberá resolver el siguiente planteamiento:
"Determinar si ante la imposibilidad de emplazar en el juicio de amparo indirecto a la parte tercero interesada, que tiene la calidad de víctima en un proceso penal, de quien se desconoce su domicilio o es inexacto, es procedente ordenar su llamamiento por conducto del Asesor Jurídico que la representa".
V. ESTUDIO DE FONDO
60. Este pleno regional a efecto de resolver el planteamiento, estima necesario realizar un análisis de cuatro cuestiones que a saber son: I) los derechos de la víctima u ofendido dentro del marco constitucional y legal. Evolución normativa; II) el papel de la víctima u ofendido en el proceso penal; III) el reconocimiento del derecho de la víctima u ofendido a instar la acción constitucional; IV) la intervención de la víctima u ofendido en el juicio de amparo, y las formalidades en su emplazamiento; y, V) la doctrina desarrollada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con relación a los principios de progresividad y pro persona.
I) DERECHOS DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DENTRO DEL MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL. EVOLUCIÓN NORMATIVA DE SU RECONOCIMIENTO.
61. En la actualidad, hablar sobre los derechos de las víctimas(14) en materia penal (proceso penal y juicio de amparo), constituye un gran logro, ya que con antelación este no tenía la atención que amerita, pues como es sabido, el derecho procesal centraba casi toda su atención en la figura de la persona imputada, no obstante, se ha pretendido gradualmente la homologación respecto de ambos sujetos, ubicándolos en una posición de igualdad por cuanto hace al acceso a la justicia y defensa adecuada.
62. El artículo 20 Constitucional, en específico su apartado C, representa un hito crucial en el desarrollo de los derechos victimales en el sistema de justicia penal del país. A lo largo de los años, este artículo ha experimentado reformas significativas que han transformado la manera en que son abordados los derechos y la participación de las víctimas en el proceso penal.
63. Reformas que configuran un proceso gradual que ha logrado consolidar un marco legal mucho más sólido para garantizar la atención, protección y participación activa que merecen las víctimas en el sistema de justicia penal.
64. Uno de los cambios más significativos en la evolución de los derechos de las víctimas se produjo con las reformas constitucionales del año dos mil ocho,(15) las cuales establecieron el sistema de justicia penal acusatorio y oral en México. Cambio, con el que se introdujo la figura del juicio penal adversarial, en el que las partes, incluidas las víctimas, tienen un papel más activo, y nuevamente en el año dos mil once,(16) se realizaron reformas adicionales al artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se ampliaron los derechos de las víctimas, entre ellos, al resguardo de su identidad y otros datos personales en casos específicos, como cuando son menores de edad o en delitos graves como violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada.
65. En ella también se enfatizó la obligación del Ministerio Público y de los jueces de garantizar la protección de dicho sujeto procesal, testigos y otros involucrados en el proceso.
66. Reformas que han logrado un impacto significativo en el sistema de justicia penal de México, entre otras cuestiones, por el fortalecimiento que implicó en los derechos victimales en nuestro sistema de justicia penal.
67. Artículo y apartado que disponen lo siguiente:
"Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
"...
"C. De los derechos de la víctima o del ofendido:
"I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;
"II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley.
"Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;
"III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;
"IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.
"La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño;
"V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.
"El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación;
"VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos; y,
"VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño."
68. Así también el nueve de enero de dos mil trece,(17) se expidió la Ley General de Víctimas,(18) la cual surgió ante la necesidad de proporcionar un marco legal y mecanismos de apoyo mucho más específicos a las personas que han sido víctimas de delitos, violaciones de derechos humanos y conflictos armados, reconociendo la existencia de víctimas directas, tanto de delitos como de violaciones de derechos humanos, incluyendo a las víctimas indirectas –familiares y personas cercanas a cargo–, y potenciales –personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito–.(19)
69. Normatividad que obedeció al objetivo específico de proteger los derechos de las víctimas, entre ellos, los relacionados con el proceso penal. Los artículos previstos en esa legislación implican el deber de cada uno de los órganos del Estado de reconocer que dichos sujetos procesales tengan un lugar relevante en la conducción del proceso penal, garantizando su participación activa.
70. Que fue así como la figura del Asesor Jurídico Victimal se ha construido a través de diversas reformas constitucionales y legales que han consolidado derecho a una asesoría legal efectiva y representación en procesos penales, es decir, ello no sólo implica una simple orientación, sino una representación activa y profesional en el proceso penal.
71. En la actualidad uno de los de los derechos de la víctima u ofendido es el contar con un asesor jurídico que lo represente y asesore, mismo que incluso está facultado para promover el juicio de amparo en nombre de la víctima u ofendido a quien representa, al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 291/2019,(20) de la que derivó la jurisprudencia de rubro: "ASESOR JURÍDICO VICTIMAL. ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN NOMBRE DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO A QUIEN REPRESENTA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL." sostuvo que la figura del Asesor Jurídico ha adquirido gran relevancia a través de los años en la protección y representación de las víctimas del delito en el contexto nacional, toda vez que, antes de su reconocimiento como institución, las víctimas u ofendidos eran relegados en el sistema penal mexicano; sin embargo, desde las reformas al artículo 20 constitucional –realizadas en los años mil novecientos noventa y tres, dos mil(21) y dos mil ocho–,(22) se han establecido garantías para estos sujetos procesales, entre las que se encuentra precisamente el derecho a una asesoría jurídica.
II) EL PAPEL DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO EN EL PROCESO PENAL.
72. Como consecuencia de lo establecido en los ordenamientos citados en el punto anterior, la persona víctima u ofendida se volvió un verdadero sujeto del procedimiento, tal como lo establece el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales.(23) Asimismo, dicha ley adjetiva establece en su artículo 108, lo siguiente:
"Artículo 108. Víctima u ofendido
"Para los efectos de est
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32231-b4c32feb/emplazamiento-al-juicio-de-amparo-indirecto-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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