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Modo: Corpus Pro

PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA FACULTAD DE LOS JUECES ORDINARIOS DE EJERCER CONTROL DIFUSO SOBRE DISPOSICIONES GENERALES, NO JUSTIFICA INAPLICAR NI EXCLUIR LA EXCEPCIÓN A ESE PRINCIPIO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 38/2023. · Registro digital (IUS): 32311
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-04-05
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN APOYO AL PRIMER TRIBUNAL COLEG
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Abril de 2024, Tomo IV, Pág.3429.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 38/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN APOYO AL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO, Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 10 DE NOVIEMBRE DE 2023. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA MARTHA LETICIA MURO ARELLANO, QUIEN FORMULA VOTO CONCURRENTE, Y DE LOS MAGISTRADOS HÉCTOR MARTÍNEZ FLORES Y CUAUHTÉMOC CUÉLLAR DE LUNA. PONENTE: MAGISTRADO HÉCTOR MARTÍNEZ FLORES. SECRETARIO: MIGUEL MORA PÉREZ.

Guadalajara, Jalisco. El Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur, en sesión correspondiente al diez de noviembre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA:

Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios entre los sustentados por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, ambos con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz, conforme al índice temático siguiente:

Ver índice temático

I. ANTECEDENTES:

1. Denuncia de la contradicción.

2. En el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa de Enríquez, Veracruz, se radicó el amparo en revisión 45/2022; luego, ese asunto se remitió al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, donde se registró con el consecutivo 819/2022.

3. En sesión de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, el tribunal colegiado auxiliar denunció la posible contradicción de criterios; por eso, mediante oficio de dos de diciembre de dos mil veintidós, el presidente del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región presentó la denuncia entre dicho órgano jurisdiccional y lo resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz. Ahora, la contradicción de criterios se justifica en tanto el tribunal colegiado auxiliar apoyó en el dictado de la sentencia al diverso tribunal colegiado del mismo circuito y materia referidos contra quien se presentó la denuncia, lo que está previsto en la jurisprudencia 2a./J. 3/2015 (10a.).(1)

4. Trámite.

5. El secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito indicó que la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vía MINTERSCJN, envió el oficio MI/PL/SSGA/XIX/8977/2023, por el cual se declinó la competencia para conocer de la denuncia de contradicción de criterios, radicada bajo expediente 425/2022 y ordenó su remisión al Pleno en Materia Civil del Séptimo Circuito; empero, ante la conclusión de funciones, se remitió a este Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur, con sede en Guadalajara, Jalisco.

5.1 Cabe aclarar que, por auto de presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con data de ocho de diciembre de dos mil veintidós, se fijó como posible tema esencial de contradicción el siguiente: "AMPARO CONTRA NORMAS. DETERMINAR SI DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVI, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO SE PROMUEVE AQUÉL CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, DEBEN AGOTARSE LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS QUE PROCEDAN EN SU CONTRA, EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, O SI PUEDE ACUDIRSE DIRECTAMENTE A IMPUGNARLAS A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO".

5.2 Lo anterior no es determinante para fijar el punto de contradicción de criterios, sino orientador por tratarse de una apreciación inicial a partir del trámite dado a la denuncia; por ende, sobre el particular se hará la precisión correspondiente.

6. Avocamiento.

7. De conformidad con los Acuerdos Generales 108/2022 y 67/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se creó este Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en Guadalajara, Jalisco, para conocer de los asuntos de la materia y territorio que se establece en los propios acuerdos generales, con efectos a partir del dieciséis de enero de dos mil veintitrés.

8. Debido a la comunicación MINTERSCJN referida, este Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur, se avocó a conocer de la contradicción de criterios aludida bajo el registro 38/2023 y se admitió.

9. Al contar con la resolución el amparo en revisión 45/2022, se solicitó solo al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito que informara si el criterio sustentado se encontraba vigente o no, en este último caso se le pidió enviar la resolución donde constare el nuevo criterio.

10. La admisión se informó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; al respecto, se comunicó la inexistencia de estar radicada alguna contradicción de criterios donde se relacionare el tema a estudio. Se turnó al magistrado Héctor Martínez Flores, para la formulación del proyecto de resolución.

10.1 Ahora bien, en lo relativo al posible punto de contradicción, en auto de presidencia de este Pleno Regional datado el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, al admitir la contradicción de criterios estableció que el tema esencial orientador fijado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría variar, pues se anotó: "Lo anterior, con independencia de que al momento del estudio y resolución del presente asunto, se obtenga otro punto de divergencia, o bien, dadas las particularidades del caso, pueda declararse inexistente".

10.2 En ese sentido, tal como se expresará sobre todo al formular la pregunta detonante, las particularidades del caso detonan la necesidad de ajustar ese punto de orientación a fin de responden con mayor precisión a la problemática planteada.

11. Turno. El veintitrés de junio de dos mil veintitrés, se confirmó el turno del asunto en comento, por lo que se remitieron los autos a la ponencia del magistrado citado.

12. El nueve de agosto de dos mil veintitrés, se publicó la lista en la cual se incorporó la presente contradicción de criterios para discutirse en sesión de diecisiete de agosto del año referido. En la sesión aludida se aplazó el asunto para mejor estudio; asimismo, el ocho de septiembre de dos mil veintitrés, este Pleno Regional recibió un ocurso de manifestaciones mediante la figura de "amicus curiae", a través de las cuales se pidió, en esencia, que debía prevalecer la excepción al principio de definitividad cuando se promoviere la regularidad de disposiciones generales; al respecto, los argumentos expresados fueron materia de estudio por los integrantes del pleno y la conclusión alcanzada en esta ejecutoria constituye la respuesta a las mismas.

PRESUPUESTOS PROCESALES:

II. COMPETENCIA.

13. Este Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en Guadalajara, Jalisco, tiene competencia para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con el artículo 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(2) 226, fracción III, de la Ley de Amparo;(3) 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(4); y, 6o., 8o. y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022, en relación con el diverso 2o. del Acuerdo General 108/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal;(5) lo anterior, pues se trata de una posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito, sobre los que este pleno ejerce jurisdicción; con la aclaración que uno de los criterios se emitió por un tribunal colegiado auxiliar, empero, ello fue en auxilio de un órgano jurisdiccional radicado en el circuito mencionado.(6)

III. LEGITIMACIÓN.

14. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, ya que en sesión de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, los integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en Xalapa de Enríquez, Veracruz, determinaron efectuar la misma, lo que se hizo a través de su presidente, supuesto señalado en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(7)

IV. PROCEDENCIA.

15. La presente contradicción de criterios es procedente, en virtud de no advertirse motivo alguno por el cual se debiese declarar su improcedencia, como pudiese ser, entre otros, la resolución del tema por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o bien, que uno de los contendientes hubiese abandonado el criterio con anterioridad a la presentación de la denuncia que generó este toca.

V. PRESUPUESTOS PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS.

16. Es necesario destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que por contradicción de criterios (antes contradicción de tesis) debe entenderse cualquier discrepancia en el criterio adoptado por órganos jurisdiccionales terminales, a través de argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que se haya emitido tesis de jurisprudencia o no.

17. Para comprobar que una contradicción de criterios es procedente, se requiere determinar si existe necesidad de unificación, derivada de una posible discrepancia en el proceso de interpretación, más que en su resultado.

18. Es decir, para que exista materia a dilucidar en el expediente de la contradicción, debe existir cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que los tribunales hayan analizado cuestiones jurídicas esencialmente iguales, reflejados en las partes considerativas de las sentencias respectivas.

19. Entonces, si la finalidad de la contradicción es la unificación de criterios, y dado que el problema radica en los procesos de interpretación, no en los resultados adoptados por los tribunales contendientes, es posible afirmar que para que una contradicción de criterios sea procedente es necesario que se cumplan las condiciones siguientes:

19.1 Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la cual se vieron en la necesidad de realizar un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método cualquiera que fuese.

19.2 Que en ese ejercicio interpretativo se encuentre algún punto de toque o conexión, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el cual la interpretación gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea sobre el sentido gramatical de una norma; el alcance de un principio; la finalidad de una determinada institución, o bien, cualquier otra cuestión jurídica en general y, en ese ejercicio, se hubiese resuelto en forma discrepante.

19.3 Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.(8)

19.4 Que no sea necesario que las cuestiones fácticas que rodean los casos de los cuales emanan los criterios contendientes sean exactamente iguales, en tanto las particularidades de cada asunto no siempre resultan relevantes y pueden ser solo adyacentes, por eso, se deberá privilegiar, en tal supuesto, la función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.(9)

19.5 Que para el análisis de las ejecutorias y la consecuente determinación sobre la existencia de la contradicción, no es indispensable ni exigible que los criterios sustentados por los órganos jurisdiccionales contendientes hubiesen constituido jurisprudencia debidamente integrada.(10)

VI. CRITERIOS DENUNCIADOS.

20. A fin de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso tener en consideración los antecedentes y aspectos relevantes que sustentan las posturas de los tribunales colegiados que se denunciaron como contradictorias; ello, se muestra en la forma siguiente:

Ver posturas

21. Hasta aquí la referencia a los criterios contendientes.

VII. EXISTENCIA.

22. El presente asunto cumple con los requisitos para que se configure la existencia de la contradicción de criterios, cuya acreditación se expone en los términos siguientes:

23. Requisito primero: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial.

24. Los tribunales contendientes ejercieron sus facultades de decisión a través de un ejercicio interpretativo, mediante el cual arribaron a una solución determinada.

25. Lo anterior se evidencia de la forma siguiente:

26. Los tribunales colegiados analizaron, entre otros aspectos, cuál era el sentido correcto de la fracción XIV, párrafo tercero, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en tanto prevé la posibilidad de optar entre promover el medio ordinario de defensa o el juicio de amparo cuando se controvierta la regularidad de una disposición general; esto a partir del estudio de inconstitucionalidad propuesto sobre el numeral 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz.

27. Sobre el particular, uno de los tribunales colegiados concluyó en considerar que no se actualizó la causa de improcedencia consistente en no haber agotado el medio ordinario de defensa, como requisito para cumplir con el principio de definitividad, porque esa porción normativa permitía optar entre la defensa ordinaria o el juicio de amparo; mientras que el otro órgano jurisdiccional sostuvo la falta de razonabilidad de esa excepción al citado principio en tanto el control judicial de la Carta Magna dejó de ser exclusivo del Poder Judicial de la Federación, pues ahora podía ser ejercido por tribunales ordinarios.

28. De acuerdo con lo anterior, el ejercicio interpretativo y de arbitrio judicial se esquematiza en los términos siguientes:

28.1 Elemento común en los criterios contendientes: Los tribunales se pronunciaron y determinaron si se actualizaba o no la excepción al principio de definitividad cuando una persona decidiere controvertir la regularidad de alguna disposición de carácter general, en el caso lo fue el referido artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz.

28.2 La actividad de interpretación bajo la cual procedieron los órganos jurisdiccionales, se identificó en que los contendientes analizaron el mismo texto de la disposición, a partir de la cual uno ajustó su proceder a su literalidad y, el otro, añadió elementos de distinción para sustentar su posición jurídica.

28.3 Es decir, al momento de analizar las razones por las cuales el legislador estableció la excepción al principio de definitividad, cuando se impugne la regularidad de disposiciones de carácter general, al mismo texto le fueron asignados alcances diferentes, conforme a los cuales uno sí permite actualizar la excepción referida y el otro no lo facilita por haber dejado de ser razonable.

28.4 Dentro de ese contexto se llevó a cabo el ejercicio de la función interpretativa a cargo de los órganos jurisdiccionales, solo que, después y en ejercicio del arbitrio judicial, arribaron a conclusiones diferentes tal como se expresará.

28.5 Sobre el particular, es conveniente precisar que en relación con el aludido artículo 81 se han emitido los criterios siguientes:

28.5.1 El Pleno en Materia Civil del Séptimo Circuito, emitió la jurisprudencia PC.VII.C. J/6 K (10a.),(11) la cual determinó que no procedía desechar la demanda de amparo directo por extemporánea ni sobreseer aun cuando se reclamare la inconstitucionalidad del artículo 81 citado, en tanto se ordenó la notificación de la sentencia por lista de acuerdos.

28.5.2 Después, ese criterio se sustituyó mediante jurisprudencia PC.VII.C. J/10 C (10a.),(12) para establecer que la demanda de amparo directo sí debía desecharse por extemporánea, a pesar de reclamarse la inconstitucionalidad del aludido artículo 81 por haberse ordenado la notificación de la sentencia por lista.

28.5.3 Asimismo, en el amparo directo en revisión 1169/2018 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se dispuso, en esencia, que si la recurrente no estaba conforme con la forma como se notificó la sentencia apelada, la cual se reclamó en amparo directo, debió acudir al incidente de nulidad de notificaciones regulado en la legislación civil local.

28.5.4 Además, sobre el propio artículo 81 citado, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, emitió la tesis aislada VII.2o.C.215 C (10a.),(13) orientada en el sentido de indicar el deber de interponer el incidente de nulidad de notificaciones aun cuando se reclamare la inconstitucionalidad del numeral 81 de referencia.

28.5.5 Así las cosas, es conveniente puntualizar que, si bien el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz se ha mencionado en los precedentes indicados, de igual forma lo es que en los mismos no se ha llevado a cabo el análisis del tema materia de la presente contradicción de criterios, razón por la cual sí existen elementos para analizar el fondo de la cuestión.

29. Requisito segundo: Punto de toque y diferendo de criterios interpretativos.

30. Está cumplido el requisito, toda vez que los contendientes ejercieron su arbitrio judicial a partir del elemento común descrito a partir del cual expresaron consideraciones sobre la excepción o no al principio de definitividad cuando se controvierta la regularidad de disposiciones generales, cuyo diferendo será expresado a continuación.

30.1 Elemento de colisión de criterios: Sobre la actualización o no de la excepción al principio de definitividad, cuando una persona decide controvertir la regularidad de disposiciones de carácter general, un tribunal colegiado se apegó al contenido expreso del precepto 61, fracción XIV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, mientras que el otro tomó en cuenta otros elementos como la posibilidad de los órganos jurisdiccionales ordinarios de ejercer facultades para controlar las normas.

30.2 Punto de colisión: Para una posición jurídica sí se configura la excepción al principio de definitividad a partir del texto de la norma, solo que para la postura contraria no es así debido a la facultad de los órganos ordinarios de controlar los preceptos de carácter general.

30.3 Esos son los efectos materiales de las conclusiones a las cuales arribaron los tribunales contendientes, mismos que colisionaron.

31. Es necesario aclarar que el origen de la contradicción de criterios se configuró por lo resuelto por tribunales colegiados de circuito, empero, uno se emitió en un amparo en revisión y el otro en amparo directo; además, los hechos generadores de la disputa no coinciden con exactitud, pues en un caso se reclamó, en amparo indirecto, la regularidad de normas generales al considerar indebida la notificación por lista de una sentencia definitiva; luego, en otro supuesto, en amparo directo, se reclamó la sentencia dictada en apelación y, a la vez, se impugnó la notificación por lista; ahora, con independencia que en este último caso pudiese ser erróneo el estudio del tribunal colegiado, en tanto dicho análisis no constituía materia del amparo directo, tal particularidad es insuficiente para efectos de no resolver la contradicción de criterios, dado la necesidad de generar seguridad jurídica en relación con las disposiciones interpretadas bajo las cuales se actuó; esto es así, porque ambos tribunales contendientes apoyaron su estudio en el artículo 61, fracción XIV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, por establecer la pauta de análisis en sede constitucional, uno en vía de amparo directo y otro en el indirecto, cuando se controvierta una disposición general como lo es el precepto 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz; en apoyo se cita la jurisprudencia P./J. 3/2010, registro 165306.(14)

32. Lo anterior no es motivo suficiente para impedir el estudio de fondo de la colisión aludida, pues al margen de las vías y las cuestiones fácticas analizadas, en las cuales se dictó cada resolución, lo relevante es la existencia de elementos particulares relacionados con el análisis de la misma porción normativa a la cual se atribuyeron alcances distintos, tal como se expresó; de lo contrario, se procedería con un formalismo exagerado cuyo fin sería evitar la solución de fondo, lo que demerita la seguridad jurídica en tanto constituye la finalidad de la contradicción de criterios; debido a esto, como en el debate de colisión se introdujo la facultad de ejercer control difuso sobre disposiciones generales, tema no analizado en los precedentes, ello es lo que justifica el estudio de fondo para definir si porque un órgano jurisdiccional tiene reconocidas atribuciones para controlar disposiciones en esa modalidad, tal atribución resulta o no suficiente para excluir o inaplicar la excepción al principio de definitividad. 33. Al respecto, un formalismo exagerado se entiende como aquel elemento, dato, exigencia, condición, deber u otro similar que impide la trayectoria del caso porque no abona a la resolución de fondo tal como se prevé en el artículo 17 Constitucional; además, la aplicación rigurosa de esos formalismos deben analizarse bajo el matiz de preservar la igualdad entre las partes en todas sus modalidades. Una manera de solventarlo es permitir a la contraria que se imponga del trámite, petición, solicitud, medio de impugnación u otro para darle oportunidad de pronunciarse sobre el particular, esto en aras de privilegiar el análisis de fondo y así se acata lo señalado en el numeral 1o. Constitucional.

34. Por ende, atento a que uno de los tribunales analizó el caso a partir de una estructura procesal inexacta, de igual forma su estudio se concretó sobre la misma disposición en la cual se fundó la resolución de su homólogo y, además, su determinación sí tuvo repercusión en la esfera legal de la persona, de ahí la justificación para resolver lo conducente, sobre todo con la finalidad de generar continuidad al sistema de control de normas implementado, esto, en cuanto a establecer si tener facultades de ejercer control difuso, es o no suficiente para excluir o inaplicar la excepción al principio de definitividad, pues sobre esa particular posición jurídica se configuró la incertidumbre respecto de cómo deberán proceder los órganos jurisdiccionales ante tal disyuntiva; apoya lo anterior la tesis aislada 2a. LXXXVII/2009, registro 166704(15) y jurisprudencia P./J. 72/2010, registro 164120.(16)

35. Requisito tercero: Formulación de pregunta detonante.

36. Se cumple con este elemento, cuya derivación tiene su génesis en los puntos anteriores, en tanto proporcionan los datos necesarios para plantear la pregunta detonante como punto de inicio a fin de unificar el criterio conducente, en relación con la materia en la que se debe analizar si por estar prevista la facultad de ejercer control difuso sobre normas generales, por parte de autoridades en sede ordinaria, ello es suficiente para inaplicar la excepción al principio de definitividad y obligar a la persona a agotar los medios ordinarios de defensa en forma previa al juicio de amparo. La interrogante es la siguiente:

36.1 ¿La facultad de los jueces ordinarios de ejercer control difuso, es suficiente para inaplicar la excepción al principio de definitividad cuando la persona decida promover amparo contra disposiciones generales?

37. Requisito cuarto: Cuestiones fácticas relevantes.

38. Se cumple con el requisito aludido, ya que aun cuando no existe exactitud en cuanto a los hechos a partir de los cuales se generó la problemática en cada caso, en tanto en un caso la controversia se generó a partir de un amparo en la vía indirecta y en otro en la vía directa, lo relevante consiste en la identificación de los elementos de interpretación, el punto de toque y la formulación de la interrogante idónea para la unificación de criterios, tal como se expuso, ello en función del artículo 61, fracción XIV, párrafo tercero de la Ley de Amparo, a través del que se regula lo relativo a la excepción al principio de definitividad.

39. Requisito quinto: Fijación del criterio aun cuando no hubiese constituido jurisprudencia.

40. Está cumplido el requisito indicado, toda vez que los tribunales contendientes definieron su criterio en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales, el cual se reflejó en una resolución concreta, de manera tal que al margen de si hubo o no publicitación del criterio bajo la forma de tesis aislada o jurisprudencia, ese dato es irrelevante para inhibir la unificación de criterios; esto es, basta la existencia de criterios discrepantes y su subsistencia para llevar a cabo la definición de la solución de la hipótesis respectiva.

VIII ESTUDIO.

41. Este Pleno Regional determina que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio consistente en que la facultad de las autoridades ordinarias de ejercer control difuso sobre disposiciones generales, no conlleva la inaplicación de la excepción al principio de definitividad, cuando la persona decida promover juicio de amparo en cuya demanda controvierta la regularidad de las mismas.

42. Para solventar la materia de análisis de la contradicción de criterios, en este apartado se destaca que la metodología de estudio se llevará a cabo en la forma siguiente:

42.1 Facultades de los jueces, en sede ordinaria, para ejercer control difuso.

42.2 Principio de definitividad, su función y la excepción al tratarse de regularidad de disposiciones generales.

42.3 Respuesta a la pregunta detonante.

43. De acuerdo con ese esquema se desarrollará el estudio en los términos siguientes.

I. Facultades de los jueces, en sede ordinaria, para ejercer control difuso.

44. De conformidad con el artículo 16, párrafo primero, parte primera,(17) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el principio de legalidad funciona como límite y control de las conductas de las autoridades en tanto permite su actuación solo cuando su proceder se ajuste a la forma, términos y respeto de los derechos y valores reconocidos en favor de las personas, de forma tal que la legislación ordinaria debe estar en armonía y sujeta a lo previsto en normas constitucionales y de tratados internacionales, así como a su interpretación realizada por órganos autorizados para tal efecto;(18) esa es la medida para entender que las autoridades solo podrán actuar conforme la ley lo permita.(19)

45. Ese postulado, en sentido contrario, conlleva que cuando la conducta no se adecua a los requisitos establecidos, entonces, será arbitraria dado que no garantiza la legitimidad de su proceder.

46. Lo anterior se debe entender en el sentido que el principio de legalidad no establece un mandato absoluto en cuanto a avalar toda pretensión o propuesta, sino que el estudio de regularidad de disposiciones generales es posible siempre y cuando se satisfagan los pasos esenciales para su escrutinio y posterior determinación, porque solo de esa manera se podrá pasar a una armonización o, en su defecto, posible restricción de derechos, es decir, a condición de existir razones suficientes para justificarlo; por ende, mientras ello no acontezca, tampoco será correcto limitar ni restringir prerrogativa alguna.

47. Cabe aclarar que la palabra "ley" es multívoca; es decir, se debe entender en diversas manifestaciones o facetas en el sentido de indicar su principal función como lo es fijar una regla de actuación respecto de hechos concretos, de ahí la razón por la cual, si ese es su objetivo primario, entonces, la palabra "ley" es adaptativa al grado de permitir la inclusión de otras fuentes cuyo contenido hubiese regulado una conducta determinada, tal como lo son las tesis aisladas y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(20) o determinaciones de órganos reconocidos por la jurisdicción interna.(21)

48. El referido principio de legalidad constituye el sustento bajo el cual se comprende el ejercicio de facultades de los órganos jurisdiccionales al ejercer, entre otras, el control difuso.

49. Para entender el control de regularidad de disposiciones generales, es necesario destacar dos instrumentos o medios a través de los cuales se concreta; el primero, concentrado que en exclusiva está a cargo del Poder Judicial de la Federación; el segundo difuso, lo ejercen las demás autoridades en su labor cotidiana atento a su competencia.(22)

50. En la presente contradicción de criterios, el tema se ubica en determinar cuál es la facultad de los jueces ordinarios al ejercer el control difuso, porque de ahí se extraerán las razones para justificar por qué esa atribución no tiene el alcance de inaplicar la excepción al principio de definitividad si las personas deciden promover demanda de amparo en la cual reclame la regularidad de disposiciones generales.

51. De acuerdo con ello, el control difuso se reconoció en el expediente varios 912/2010 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; a partir de ahí, su desarrollo se estableció en fuente jurisdiccional por dicha superioridad. Sus notas características son:

51.1 El tema de regularidad no integra litis, solo se analiza el aspecto de legalidad, aunque el juzgador podrá inaplicar alguna disposición por virtud de su función, al constituir una técnica de estudio de regularidad. Tesis aislada P. IX/2015 (10a.), registro 2009816.

51.2 Las partes pueden proponer el control difuso de preceptos, solo que el órgano jurisdiccional decidirá si su posición jurídica concuerda o no con lo pedido; así, el juzgador podrá considerar que no existe sospecha de irregularidad o la inexistencia de violación de derechos humanos para cumplir con su deber de resolución. Jurisprudencia 2a./J. 16/2014 (10a.), registro 2006186 y tesis aislada 1a. CCXC/2015 (10a.), registro 2010144.

51.3 El control difuso se ejerce en el ámbito de la competencia del juzgador; puede ser de manera oficiosa si existe sustento para ello; a partir de ahí podrá contrast

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32311-dfeff1ca/principio-de-definitividad-en-el-juicio-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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