EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. NO SE ACTUALIZA CUANDO SE IMPUGNEN NORMAS APLICADAS EN LA SENTENCIA DEFINITIVA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 94/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TERCER Y EL SEXTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL, AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO. 14 DE DICIEMBRE DEL 2023. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA MARTHA LETICIA MURO ARELLANO Y DE LOS MAGISTRADOS HÉCTOR MARTÍNEZ FLORES Y CUAUHTÉMOC CUELLAR DE LUNA. PONENTE: MAGISTRADA MARTHA LETICIA MURO ARELLANO. SECRETARIO: JOSÉ LUIS VÁZQUEZ LÓPEZ.
INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL.
El Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en Guadalajara, Jalisco, se integra por los magistrados:
• Magistrada Martha Leticia Muro Arellano (presidenta y ponente)
• Magistrado Héctor Martínez Flores
• Magistrado Cuauhtémoc Cuéllar De Luna.
Presente además,
• José Luis Vázquez López, Secretario.
Dicta la Sentencia que se estructura a partir de:
Ver índice temático
SÍNTESIS.
Tema: Determinar si la excepción al principio de definitividad prevista en el artículo 171 de la Ley de Amparo, en relación con violaciones procesales –de reparación posible–, se actualiza cuando la quejosa argumenta inconstitucionalidad de disposiciones legales aplicadas en la sentencia definitiva.
Diferendos:
Ver diferendos
Criterio: No se actualiza la excepción al principio de definitividad prevista al final del artículo 171 de la Ley de Amparo, en relación con violaciones procesales –de reparación posible–, cuando en amparo directo se alegue que en la resolución definitiva se aplicó una ley que se contrapone a la Constitución o a los tratados internacionales en los que México sea parte. Previamente, deberá plantearse el recurso ordinario contra dicha sentencia, se trata de la regla general que no admite excepciones, salvo la renuncia de los recursos debidamente permitida en la ley ordinaria que rige el acto reclamado, que no es el caso.
Guadalajara, Jalisco. Resolución del Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur (en adelante "el Pleno Regional"), emitida en sesión de catorce de diciembre de dos mil veintitrés.
VISTA para resolver la contradicción de criterios 94/2023;
INTRODUCCIÓN Y OBJETO DE LA CONTRADICCIÓN:
1. La denuncia de contradicción de criterios la formularon la Magistrada y los Magistrados integrantes del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, al resolver el recurso de reclamación 23/2023; frente al sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, al resolver el amparo directo 488/2021.
2. De actualizarse la contradicción de criterios, el problema jurídico requiere determinar si la excepción al principio de definitividad prevista en el artículo 171 de la Ley de Amparo, en relación con violaciones procesales –de reparación posible–, se actualiza cuando la quejosa argumenta inconstitucionalidad de disposiciones legales aplicadas en la sentencia definitiva.
ANTECEDENTES
Pleno Regional (trámite de contradicción de criterios)
3. De conformidad con los Acuerdos Generales 108/2022 y 67/2022 se creó este Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en Guadalajara, Jalisco, para conocer de los asuntos de la materia y territorio previstos en los propios acuerdos, con efectos a partir del dieciséis de enero de dos mil veintitrés.
Radicación, admisión, registro y turno electrónico.
3.1. La contradicción de criterios se registró con el número 94/2023.(1) La presidencia del Pleno Regional ordenó formar expediente físico con el fin de agregar las promociones recibidas y constancias de notificaciones resultantes de su trámite; su substanciación a través de medios electrónicos; solicitó al mencionado Tercer Tribunal Colegiado de Circuito informe de vigencia del criterio y, vía electrónica, el envío de la ejecutoria, y el acceso al expediente electrónico. Por último, se dio aviso a la Dirección General de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la existencia de alguna contradicción de criterios en trámite sobre el tema. El asunto se turnó para estudio a la ponencia de la Magistrada Martha Leticia Muro Arellano.
Recepción de constancias.
3.2. El siete de septiembre del presente año se recibió del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, versión electrónica de la ejecutoria relacionada e informe de vigencia. Señaló haber permitido el acceso al expediente electrónico.
3.3. El día veintinueve siguiente, se tuvo al Encargado del Despacho de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informando que no se encontró algún asunto que guardara relación con la temática del presente asunto.
Confirmación de turno.
4. El veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés la magistrada presidenta confirmó el turno a la referida ponencia para la elaboración de proyecto de resolución.
PRESUPUESTOS PROCESALES
PRIMERO.—Competencia.
5. Este Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios. Tiene fundamento en lo previsto en los artículos: 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 2 del Acuerdo General 108/2022; 8 y 14 fracción I, del Acuerdo General 67/2022 (Anexo 1).
Ver legislación anexo 1
Ello, en razón de que se trata de una contradicción de criterios entre tribunales colegiados en materia civil, que es la especialidad del órgano resolutor y pertenecen a la región en la que este Pleno Regional ejerce jurisdicción (Anexo 2).
Ver región anexo 2
SEGUNDO.—Legitimación del denunciante.
6. La denuncia proviene de parte legítima, al haberse planteado por las personas integrantes del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México. Facultad conferida en el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo (Anexo 3).
Ver legitimación anexo 3
TERCERO.—Requisitos para la existencia de contradicción de criterios.
7. La metodología para analizar si existe la contradicción de criterios entre tribunales debe partir de la necesidad de unificar criterios. No en comprobar una serie de características o requisitos en los casos resueltos por los tribunales. La condición a observarse está más ligada con el fin que con el medio. Por tanto, la esencia de la contradicción radica en dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica.
8. La vertiente para determinar si existe o no una contradicción de criterios parte de analizar cada uno de los procesos interpretativos involucrados –no tanto los resultados que ellos arrojen–. El objeto es identificar si en algún razonamiento de las decisiones encontradas se tomaron vías de solución distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos–. Al ejercer el arbitrio judicial pueden apreciarse diferendos, sin que signifique abandono de la legalidad. La resolución de las contradicciones de criterios tiende a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes.(2)
9. De tal manera, para la existencia de contradicción de criterios con base en la doctrina jurisprudencial del máximo tribunal, es preciso que:
a) Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa que les generó la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método.
b) En esos ejercicios interpretativos se encuentre algún punto de conexión. Es decir –al menos–, un tramo de razonamiento en el que la interpretación gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico. Sea lo argumentado sobre el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una institución o cualquier otra cuestión jurídica. Además, haberse adoptado criterios discrepantes.
c) Dé lugar a la formulación de una pregunta genuina, acerca de si el modo de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.(3)
d) No hay necesidad de que las cuestiones fácticas en los casos de los que emanan los criterios contendientes sean exactamente iguales. Las particularidades de cada asunto no siempre resultan relevantes y pueden ser sólo adyacentes. Debe privilegiarse –en tal supuesto– la función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.(4)
e) Para el análisis de las ejecutorias y la consecuente determinación sobre la existencia de la contradicción, no es exigible que los criterios sustentados por los órganos jurisdiccionales adversarios constituyan jurisprudencia.(5)
CUARTO.—Existe la contradicción de criterios.
Primer requisito: Ejercicio interpretativo acerca de una norma o figura jurídica.
10. Los Tribunales Colegiados contendientes desplegaron su arbitrio judicial al resolver cuestiones litigiosas planteadas.
Primera postura.
11. Del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver el recurso de reclamación 23/2023, según los siguientes antecedentes:
11.1. Una persona moral promovió juicio de amparo directo en contra de la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, dictada en un procedimiento de liquidación judicial de una institución de banca múltiple, por el Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. Alegó la inconstitucionalidad de los artículos 11 y 68 de la Ley de Protección el Ahorro Bancario y 180, 191 y 241 de la Ley de Instituciones de Crédito, aplicados en la mencionada sentencia.
11.2. Por acuerdo de presidencia del Tribunal Colegiado se desechó (amparo directo 291/2023), por estimar, de manera notoria, improcedente la demanda de amparo. Consideró no agotado el principio de definitividad por no haberse interpuesto recurso de revocación.
11.3. El Tribunal declaró infundado el recurso y –en lo que interesa– estableció:
"... conforme a lo establecido en el artículo 170 de la ley de la materia, procede el amparo directo contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, debiendo agotar previamente los recursos ordinarios establecidos en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.
"... en este precepto el legislador limitó combatir cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos, ni constituir violaciones procesales relevantes, en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva, y no contempló alguna excepción a agotar el principio de definitividad.
"...
"... conforme a lo establecido en el precepto 171 de la ley de la materia, son reclamables en amparo directo, las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. En estos casos, no es exigible agotar los recursos, entre otros supuestos, cuando se alegue que la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contraria a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
"... en el artículo 170 de la ley de la materia, el legislador determinó que siempre que se reclame una sentencia definitiva, se debe agotar el recurso ordinario procedente y en el diverso precepto 171 de la misma ley, estableció la excepción de agotar el principio de definitividad cuando se alegue que la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal es contraria a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, por lo que en estos casos procederá analizar la inconstitucionalidad alegada aún y cuando no se haya agotado el recurso ordinario en contra del acto de aplicación procesal.
"...
"Sin embargo, esa excepción... no se puede hacer extensiva cuando la inconstitucionalidad se alega respecto de una ley aplicada en la sentencia definitiva, porque en el diverso precepto 170 de la ley de la materia, el legislador estableció que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, siempre que se hayan agotado previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en el que la ley permita la renuncia de los recursos.
"...
"Así, el legislador estableció la regla general para el amparo directo, del deber de agotar el principio definitividad en contra de la sentencia definitiva y no incluyó el supuesto de excepción que sí contempló tratándose de violaciones procesales respecto de las cuales se reclama la inconstitucionalidad de la ley procesal aplicada.
"... previo a demandar el amparo de la Justicia Federal, la quejosa estaba obligada a agotar el recurso procedente en contra de la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de crédito, porque se reitera, la excepción establecida en el precepto 171 de la Ley de Amparo, se refiere exclusivamente a cuando se reclama la inconstitucionalidad por violaciones a las leyes del procedimiento.
"... aún y cuando la quejosa dice que en los conceptos de violación demandó inconstitucionalidad de leyes y que el Magistrado Presidente soslayó que ello la ubica en el supuesto de excepción para demandar el amparo de la Justicia Federal, sin agotar el recurso ordinario que prevé la Ley de Instituciones de Crédito; sin embargo, no asiste razón a la inconforme, porque de la reproducción de dichos motivos de inconformidad se advierte que expuso que los artículos 11 y 68 de la Ley de Protección el Ahorro Bancario y 180, 191 y 241 de la Ley de Instituciones de Crédito, eran inconstitucionales, y que dichos preceptos se aplicaron: ‘en la sentencia que se reclama en perjuicio de mi representada.’
"Es decir, la quejosa no impugnó acto alguno del procedimiento en el que se hubiesen aplicado los preceptos que tildó de inconstitucionales, sino que afirmó que se aplicaron en la sentencia reclamada, por ende, sí debió agotar previamente el recurso de revocación, que establece el artículo 268 de la Ley de Instituciones de Crédito, tal y como exige el artículo 170 de la Ley de Amparo, como requisito de procedencia; sin que sea aplicable la excepción prevista en el artículo 171 del mismo ordenamiento, pues se insiste, no se trata de una violación a las leyes del procedimiento que haya trascendido al resultado del fallo.
"Lo anterior, con base en la jurisprudencia 2a./J. 120/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala ... con registro digital 2018492, que dice:
"‘DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 171 DE LA LEY DE AMPARO, SÓLO ES APLICABLE AL TRAMITADO EN LA VÍA DIRECTA. (transcribe contenido).’
"En tal virtud, se estima correcto el desechamiento de la demanda de amparo directo, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues previo a demandar el amparo, la quejosa debió interponer recurso de revocación en contra de la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos.
"...
"... tratándose de amparo directo, la regla general es que en forma previa siempre se deben agotar los recursos ordinarios procedentes y aunque se contemplan casos de excepciones, pero ello se refiere únicamente por lo que hace al estudio de las violaciones procesales en amparo directo; es decir, no se está obligado a agotar el recurso respecto de la impugnación procesal, y en nuestra Carta Magna se establecieron los siguientes casos de excepción: ‘amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado.’
"... las excepciones a la regla general en amparo directo, deben estar expresamente prevista en la ley, no se pueden hacer extensivas a los casos no previstos, ya que para garantizar la eficacia del juicio de amparo de acuerdo a su naturaleza y objetivo, se ha determinado en el orden constitucional federal, como en la Ley de Amparo, bajo normas estrictas que encuentran su fundamento en la fracción III del artículo 107..."
Segunda postura.
12. Del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 488/2021, acorde a la siguiente evolución:
12.1 El Instituto para la Protección del Ahorro Bancario solicitó la declaración de liquidación judicial de una institución de banca múltiple. Del asunto conoció, por razón de turno, el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. Su titular dictó la sentencia en la que determinó que era procedente la solicitud de declaración de liquidación judicial, entre otras cuestiones. Se tuvo a una sociedad civil como representante del instituto liquidador y exhibiendo la lista provisional de acreedores y posteriormente la lista definitiva. El siete de abril del dos mil veintiuno se dictó la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos.
12.2. Una persona física –acreedora– promovió juicio de amparo directo en contra de esa sentencia.
12.3. En la ejecutoria que resolvió la instancia constitucional el Tribunal Colegiado desestimó la causa de improcedencia del amparo directo, planteada por el Juez de Distrito responsable. Consideró innecesario que se hubiera interpuesto recurso ordinario en contra del acto reclamado, por tratarse de una excepción al principio de definitividad. Esto, con motivo de que la quejosa argumentó la inconstitucionalidad del artículo 241 de la Ley de Instituciones de Crédito, aplicado en la sentencia reclamada.
12.4. El Tribunal Colegiado de Circuito consideró procedente el juicio de amparo, pues –en lo que interesa– estableció:
"... la autoridad responsable, Jueza Séptima de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, al rendir su informe justificado sostuvo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo (definitividad), toda vez que en contra del acto reclamado consistente en la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos de siete de abril de dos mil veintiuno, terminada de engrosar el veintiocho de junio del año en curso, dictada en la liquidación judicial 227/2020-III, de su índice, procedía el medio ordinario de defensa establecido en el artículo 269 de la Ley de Instituciones de Crédito (recurso de revocación).
"En ese sentido, debe desestimarse dicha causa de improcedencia, toda vez que si bien para la procedencia del juicio de amparo, es obligatorio para la parte quejosa agotar los recursos o medios de defensa que la ley común establece para revocar, anular o modificar el acto de autoridad, en observancia al principio de definitividad que rige en el juicio, dado que éste es un medio extraordinario de defensa al alcance del gobernado, al que se puede acudir una vez que fueron agotadas las vías o instancias comunes, razón por la cual, conforme al artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, debe agotarse de manera previa el medio ordinario de defensa procedente, antes de acudir al juicio de amparo, ya que de lo contrario, el juicio de amparo resultará improcedente.
"Sin embargo, existen excepciones al cumplimiento del principio de definitividad, en atención a lo dispuesto en el artículo 171 de la Ley de Amparo, del que se advierte que existe excepción al cumplimiento del principio de definitividad cuando se alegue que la norma general aplicada es contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o a los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. "Con base en lo anteriormente expuesto, este Tribunal Colegiado determina que es infundado el motivo de improcedencia propuesto, toda vez que en el caso concreto, la parte quejosa acreditó fehacientemente que existe afectación en su esfera de derechos derivado de la aplicación del artículo 241 de la Ley de Instituciones de Crédito, que se materializó en la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos de siete de abril de dos mil veintiuno, terminada de engrosar el veintiocho de junio del año en curso, dictada en la liquidación judicial 227/2020-III, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México."
13. De la lectura de las ejecutorias se aprecia que los tribunales ejercieron su arbitrio judicial en torno a los alcances del artículo 171 de la Ley de Amparo. El tema de examen fue si era permisible a la parte quejosa omitir la interposición del recurso de revocación en contra de una sentencia definitiva de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, dictada en un procedimiento judicial de liquidación de instituciones de banca múltiple, medio defensivo previsto en los artículos 268 y 269 de la Ley de instituciones de Crédito.(6) Esto, al promover amparo directo, por el hecho de haber impugnado preceptos legales aplicados en la sentencia definitiva.
Segundo requisito: punto de toque y diferendo en los criterios interpretativos
14. El Pleno Regional estima que el segundo requisito también queda cumplido. Los tribunales colegiados utilizaron su arbitrio judicial en relación con el mismo problema jurídico. Se apoyaron, además, en desarrollos argumentativos discrepantes.
15. Puntos de coincidencia. Los tribunales se pronunciaron respecto de la procedencia del amparo directo. El acto reclamado consistió en una resolución de reconocimiento, graduación y prelación de créditos –que consideraron sentencia definitiva– emitida en un procedimiento de liquidación judicial de instituciones de banca múltiple. Las partes quejosas impugnaron disposiciones legales con motivo de su aplicación en la sentencia reclamada.
16. Diferendos. No obstante que los tribunales analizaron iguales cuestiones jurídicas y elementos coincidentes, adoptaron posturas divergentes. Desarrollaron argumentos perceptiblemente contradictorios. Tales discrepancias figuran en el siguiente cuadro comparativo:
Ver cuadro comparativo
17. Como se observa, los dos órganos colegiados analizaron un mismo precepto jurídico (171 de la Ley de Amparo), en asuntos similares y llegaron a ejercicios interpretativos y conclusiones que se contraponen. De forma opuesta, determinaron, uno de ellos que era necesario interponer recurso de revocación en contra de la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos en un procedimiento judicial de liquidación de instituciones de banca múltiple –que consideraron sentencia definitiva–, para preparar el juicio de amparo directo y el otro sostuvo lo contrario. Discreparon acerca de si se cumplió o no el principio de definitividad. En tanto que uno estimó actualizada la excepción prevista en el artículo 171 de la Ley de Amparo, el otro determinó lo contrario.
Tercer requisito (interrogante que denota de la divergencia de criterios)
18. Su materia consiste en determinar si la excepción al principio de definitividad prevista en el artículo 171 de la Ley de Amparo, en relación con violaciones procesales –de reparación posible–, se actualiza cuando la quejosa argumenta inconstitucionalidad de disposiciones legales aplicadas en la sentencia definitiva.
Cuarto requisito. Es innecesario que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales.
19. El Sexto Tribunal Colegiado de Circuito se pronunció al resolver un recurso de reclamación interpuesto contra el auto que desechó la demanda de amparo directo. Mientras que el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito consideró procedente el juicio de amparo uninstancial al resolver además la cuestión de fondo. Esas disimilitudes no son elementos de relevancia. El examen no debe hacerse con relación a los resultados que arrojó el ejercicio argumentativo, sino para definir el criterio a prevalecer, en aras de garantizar la seguridad jurídica.
Quinto requisito (En cuanto a la categoría de obligatoriedad de los criterios)
20. No impide ventilar el presente expediente que ninguna de las posturas de los tribunales contendientes integró jurisprudencia.(12)
QUINTO.—Consideraciones previas
21. Liquidación. La Ley de Instituciones de Crédito(13) establece que en protección de los intereses del público ahorrador, de los acreedores de las instituciones de banca múltiple y del público en general, en los procedimientos de liquidación de éstas y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, se sujetarán a lo dispuesto en la sección segunda del propio ordenamiento legal,(14) procurando pagar a los ahorradores y demás acreedores en el menor tiempo posible y obtener el máximo valor de recuperación de los activos de dichas instituciones.
22. Procedimiento de liquidación judicial. Procederá(15) la declaración de liquidación judicial de una institución de banca múltiple cuya autorización para organizarse y operar como tal hubiere sido revocada y se encuentre en el supuesto de extinción de capital. Se entenderá que una institución se encuentra en este supuesto cuando los activos de dicha institución no sean suficientes para cubrir sus pasivos, de conformidad con un dictamen de la información financiera de la institución de banca múltiple de que se trate sobre la actualización de dicho supuesto, emitido con base en los criterios de registro contable establecidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
23. Sentencias. En los procedimientos de liquidación judicial se emiten: a) la sentencia que declara el inicio de la liquidación judicial;(16) b) la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos,(17) y c) la sentencia que declara la terminación de la liquidación judicial. Esa es la nominación establecida por el legislador. En su contra procede el recurso de revocación, que resuelve la misma persona juzgadora que conoce del procedimiento de liquidación judicial relativo.(18)
24. Tales precisiones ponen el contexto de la problemática a analizar, porque de procedimientos de esa naturaleza surgieron los criterios en disputa. Sin embargo, esta resolución no establecerá la forma y términos en los que éstos deben ventilarse; ni tampoco la naturaleza jurídica de sentencias que se emiten, ni si es o no definitiva la de reconocimiento, graduación y prelación de créditos. Téngase en cuenta que los órganos colegiados disidentes aceptaron que se trata de sentencias definitivas, por lo que ese aspecto no es materia de la contradicción de criterios. La discrepancia entre los tribunales gira, no en torno a la normatividad que rige el procedimiento de origen sino a la interpretación del artículo 171 de la Ley de Amparo y en particular a la excepción prevista en su parte final.
25. Por otra parte, lo examinado se orientará al juicio de amparo directo, no al indirecto. Aunque las dos vías mantienen directrices comunes con relación al principio de definitividad y sus excepciones, también se rigen por algunas normas específicas, que son propias de cada forma de tramitación.
26. Además, ni los citados artículos 268 y 269 de la Ley de Instituciones de Crédito, que regulan el recurso de revocación contra la sentencia (acto reclamado en los procedimientos de origen), o alguno otro, facultan a las partes en el procedimiento de liquidación judicial a renunciar a ese medio de impugnación. Los tribunales no lo pusieron en duda, sino que analizaron la mencionada excepción al principio de definitividad, contenida en el artículo 171, in fine, de la Ley de Amparo, para determinar si podía o no dejarse de interponer previo a la demanda constitucional.
27. Finalmente, con relación al planteamiento a dirimir, se parte de la premisa de que las violaciones procesales que se hagan valer en el amparo directo son aquellas que no afectan derechos sustantivos y admiten ser reparadas en la sentencia definitiva, de modo que se excluyen las que afectan esos derechos, y se identifican por el legislador como de imposible reparación, ya que en su contra admiten de inmediato juicio de amparo indirecto.
28. Procedencia. No debe calificarse improcedente la contradicción de criterios, con motivo de las jurisprudencias P./J. 17/2003 y 2a./J. 120/2018 (10a.) de los rubros:(19)
"DEFINITIVIDAD EN AMPARO DIRECTO. ESTE PRINCIPIO EXIGE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE SE AGOTEN PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PROCEDENTES EN CONTRA DE LA SENTENCIA O DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO."
"DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 171 DE LA LEY DE AMPARO, SÓLO ES APLICABLE AL TRAMITADO EN LA VÍA DIRECTA."
29. La citada en primer término, estableció que si una resolución que pone fin al juicio o una sentencia son legalmente recurribles, pero el interesado no agota el recurso previsto en la ley y deja transcurrir el término para ello, aunque la sentencia o la resolución ya no puedan ser legalmente modificadas, no por ello deben tenerse como definitivas para los efectos del juicio de amparo directo. Dada esa situación de facto –dijo– no puede surgir la procedencia, toda vez que ello implicaría soslayar unilateralmente la carga legal de agotar los recursos que la ley prevé, en violación al principio de definitividad.
30. Es un criterio vinculado al tema de este asunto. Sin embargo, surgió al interpretar la anterior Ley de Amparo, que no comprendía la excepción al principio de definitividad de que ahora se trata (respecto de violaciones por leyes a
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32279-09d62952/excepcion-al-principio-de-definitividad-en-el-juicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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