PRECLUSIÓN PARA IMPUGNAR UNA NORMA GENERAL EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. NO SE ACTUALIZA SI SE OMITIÓ RECLAMARLA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PREVIAMENTE PROMOVIDO.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1221/2022. 12 DE JULIO DE 2023. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, Y DE LA MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. DISIDENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: PATRICIA DEL ARENAL URUETA.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: El veinticinco de febrero de dos mil quince, ********** (o **********) fue detenido bajo la hipótesis de flagrancia por la comisión de delito contra la salud, por agentes de la policía ministerial quienes observaron que aproximadamente a las doce horas con cuarenta minutos, dicha persona y otras, viajaban a bordo de un vehículo en calles de la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.
El vehículo detuvo su marcha y, a continuación, un sujeto se acercó a la puerta del copiloto para entregar lo que parecía un billete de $********** (********** pesos 00/100 M.N.), el cual fue recibido por una de las personas a bordo, y quien a cambio entregó, al parecer, unos envoltorios. En este vehículo además se encontraron diversos estupefacientes, por lo que el señor ********** o ********** y otros fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
El veintiséis de septiembre de dos mil quince, antes de que él rindiera su declaración preparatoria, se pusieron a su alcance las constancias que integraron la averiguación previa ********** y sus acumuladas (mediante acuerdo ministerial de veintiséis de febrero del mismo año), relacionadas con los delitos de delincuencia organizada y secuestro.
Entre dichas averiguaciones previas obraba la ********** relativa al secuestro de la víctima "A".
Al respecto, de acuerdo con lo expuesto por el Tribunal Colegiado, en el caso se tuvo por probado que el veintiséis de mayo de dos mil catorce, a las diecisiete horas con cuarenta minutos, en el Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, ********** y otros sujetos, de manera conjunta, privaron de la libertad a la víctima identificada como "A", a quien trasladaron en una camioneta hasta una casa de seguridad, donde la retuvieron hasta el tres de junio del mismo año, con el fin de obtener un lucro económico con su rescate.
El Tribunal Colegiado sostuvo que para tener por probados dichos hechos, el tribunal responsable acertadamente destacó, entre otros medios de prueba, la declaración de la víctima directa "A", el reconocimiento que ésta hizo del señor ********** a través de diligencia de confronta en cámara de Gesell, las declaraciones de la madre, el padre y la hermana de la víctima directa, la diligencia de confronta en la que el padre de la víctima reconoció al señor **********, los partes informativos emitidos por agentes de policía de investigación, copias certificadas de diversos estados de cuenta a nombre de la víctima directa y del señor **********, escrito del apoderado de una compañía telefónica en el que informó sobre diversas llamadas entre dos números telefónicos y las personas que estaban registradas con dichos números, así como un dictamen en materia de contabilidad emitido por peritos oficiales adscritos a la ahora Fiscalía General de la República.
Con la copia certificada del estado de cuenta ********** de la institución bancaria **********, a nombre de **********, el tribunal responsable –acertadamente, según el Tribunal Colegiado– tuvo por acreditado el elemento subjetivo del delito (dolo). En específico, acreditó que el señor ********** intervino con consciencia de que se privó de la libertad a la víctima "A", con la finalidad de obtener un rescate, pues así se advertía del hecho de que se realizó una transferencia electrónica a su cuenta bancaria por la cantidad de $********** (********** pesos 00/100 M.N.) desde la cuenta de la víctima, a través de los dispositivos electrónicos de ésta, mientras se hallaba cautiva.
Además, con dicho estado de cuenta se corroboró que el señor ********** dispuso del numerario depositado a su cuenta como producto del secuestro, entre los días veintisiete y veintiocho de mayo de dos mil catorce.
Desde el juicio de amparo, el recurrente señala que el artículo 142, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito, vigente al momento de los hechos, es inconstitucional al no prever que la información bancaria solicitada por la autoridad ministerial en el marco de una investigación deba estar precedida de autorización judicial.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al doce de julio de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 1221/2022, promovido en contra de la sentencia dictada en sesión del veinte de enero de dos mil veintidós por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo 13/2021.
El problema que esta Primera Sala debe resolver consiste en determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del artículo 142, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito, en su texto resultante de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil catorce.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Hechos.(1) El veinticinco de febrero de dos mil quince, ********** (o **********) fue detenido bajo la hipótesis de flagrancia por la comisión de delito contra la salud, por agentes de la policía ministerial quienes observaron que aproximadamente a las doce horas con cuarenta minutos, dicha persona y otras, viajaban a bordo de un vehículo en calles de la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.
2. El vehículo detuvo su marcha y, a continuación, un sujeto se acercó a la puerta del copiloto para entregar lo que parecía un billete de $********** (********** pesos 00/100 M.N.), el cual fue recibido por una de las personas a bordo, y quien a cambio entregó, al parecer, unos envoltorios. En este vehículo además se encontraron diversos estupefacientes, por lo que el señor ********** o ********** y otros fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
3. El veintiséis de septiembre de dos mil quince, antes de que él rindiera su declaración preparatoria, se pusieron a su alcance las constancias que integraron la averiguación previa ********** y sus acumuladas (mediante acuerdo ministerial de veintiséis de febrero del mismo año), relacionadas con los delitos de delincuencia organizada y secuestro.
4. Entre dichas averiguaciones previas obraba la ********** relativa al secuestro de la víctima "A".
5. Al respecto, de acuerdo con lo expuesto por el Tribunal Colegiado, en el caso se tuvo por probado que el veintiséis de mayo de dos mil catorce, a las diecisiete horas con cuarenta minutos, en el Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, ********** y otros sujetos, de manera conjunta, privaron de la libertad a la víctima identificada como "A", a quien trasladaron en una camioneta hasta una casa de seguridad, donde la retuvieron hasta el tres de junio del mismo año, con el fin de obtener un lucro económico con su rescate.
6. El Tribunal Colegiado sostuvo que para tener por probados dichos hechos, el tribunal responsable acertadamente destacó, entre otros medios de prueba, la declaración de la víctima directa "A", el reconocimiento que ésta hizo del señor ********** a través de diligencia de confronta en cámara de Gesell, las declaraciones de la madre, el padre y la hermana de la víctima directa, la diligencia de confronta en la que el padre de la víctima reconoció al señor **********, los partes informativos emitidos por agentes de policía de investigación, copias certificadas de diversos estados de cuenta a nombre de la víctima directa y del señor **********, escrito del apoderado de una compañía telefónica en el que informó sobre diversas llamadas entre dos números telefónicos y las personas que estaban registradas con dichos números, así como un dictamen en materia de contabilidad emitido por peritos oficiales adscritas a la ahora Fiscalía General de la República.
7. Con la copia certificada del estado de cuenta ********** de la institución bancaria **********, a nombre de **********, el tribunal responsable –acertadamente, según el Tribunal Colegiado– tuvo por acreditado el elemento subjetivo del delito (dolo). En específico, acreditó que el señor ********** intervino con consciencia de que se privó de la libertad a la víctima "A", con la finalidad de obtener un rescate, pues así se advertía del hecho de que se realizó una transferencia electrónica a su cuenta bancaria por la cantidad de $********** (********** pesos 00/100 M.N.) desde la cuenta de la víctima, a través de los dispositivos electrónicos de ésta, mientras se hallaba cautiva.
8. Además, con dicho estado de cuenta se corroboró que el señor ********** dispuso del numerario depositado a su cuenta como producto del secuestro, entre los días veintisiete y veintiocho de mayo de dos mil catorce.
9. Causa penal ********** y su acumulada ********** (ahora **********).(2) Mediante sentencia de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, el entonces Juzgado Decimotercero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México determinó que ********** y/o ********** y ********** eran penalmente responsables de la comisión del delito contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercialización (venta) de los estupefacientes denominados cannabis sativa I. y clorhidrato de cocaína.
10. Adicionalmente, declaró penalmente responsables a ********** y/o **********, ********** y ********** de la comisión de los delitos de secuestro –cometido en agravio de la víctima "A"– y de delincuencia organizada.
11. En consecuencia, ********** y/o ********** fue condenado, entre otras, a la pena de treinta y dos años de prisión.
12. Toca de apelación **********. Inconformes con el fallo, el Ministerio Público Federal, las personas sentenciadas (a través de sus respectivos defensores particulares) y la asesora jurídica de las víctimas directas interpusieron recursos de apelación.
13. El Cuarto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito a quien correspondió conocer de los recursos de apelación dictó sentencia el veinticinco de mayo de dos mil veinte.
14. En dicha resolución, el Tribunal Unitario modificó la sentencia combatida para el efecto de precisar la fecha desde la cual, en el caso de uno de los sentenciados, debía descontarse el tiempo de prisión preventiva a la pena privativa de libertad. Por lo demás, confirmó la sentencia recurrida.
15. Demanda de amparo directo. En contra de la sentencia dictada en el toca de apelación **********, ********** o ********** (en adelante también "el quejoso") promovió demanda de amparo directo.
16. Sentencia del Tribunal Colegiado (juicio de amparo directo 13/2021). Mediante sentencia de veinte de enero de dos mil veintidós, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito negó la protección constitucional solicitada.
17. Recurso de revisión. Por escrito presentado vía electrónica el veintiuno de febrero de dos mil veintidós a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el autorizado del quejoso interpuso recurso de revisión.
18. Trámite ante esta Suprema Corte. En acuerdo de doce de abril de dos mil veintidós el otrora Ministro presidente admitió el recurso de revisión y ordenó su registro con el número 1221/2022. En ese proveído también se turnó el expediente para su estudio al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. El diecisiete de mayo de dos mil veintidós, la entonces presidenta de esta Primera Sala determinó el avocamiento de ésta al conocimiento del asunto y ordenó enviar los autos al Ministro ponente, a fin de que elaborara el proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
19. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de este recurso de revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II y 96 de la Ley de Amparo, y 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 1/2023 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo anterior, ya que el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia de amparo directo de naturaleza penal, competencia de la Primera Sala, sin que se estime necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
II. OPORTUNIDAD
20. Tal como se advierte de la lectura de las constancias, la sentencia del Tribunal Colegiado le fue notificada a la parte quejosa el tres de marzo de dos mil veintidós, por lo que dicha notificación surtió efectos al día siguiente, es decir, el cuatro del mismo mes y año. Por lo tanto, el plazo establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión transcurrió del siete al dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Deben descontarse los días cinco, seis, doce y trece de marzo por ser sábados y domingos, e inhábiles conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo.
21. Por tanto, si el escrito de recurso de revisión se presentó ante el Tribunal Colegiado del conocimiento el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, se concluye que el recurso se interpuso de forma oportuna.
22. No pasa desapercibido que el recurso fue interpuesto con anterioridad a que comenzara a correr el plazo para su presentación; sin embargo, esta circunstancia no tiene como consecuencia que el medio impugnativo se considere extemporáneo.(3)
III. LEGITIMACIÓN
23. Esta Suprema Corte considera que **********, autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo por el quejoso cuenta con la legitimación necesaria para interponer el recurso de revisión, pues está probado que dicho carácter se le reconoció en el juicio de amparo directo 13/2021.(4)
IV. ELEMENTOS NECESARIOS PARA RESOLVER
24. Para estar en condiciones de determinar la procedencia y, en su caso, dar respuesta a la materia del presente recurso de revisión, es imprescindible hacer referencia a los conceptos de violación del quejoso, a las consideraciones de la sentencia recurrida y a los agravios esgrimidos por el recurrente.
25. Demanda de amparo. El quejoso hizo valer los conceptos de violación que se sintetizan a continuación:
• Primero. Ausencia de desahogo de ampliación de declaración de la víctima "A" y, en consecuencia, la falta de celebración de careos procesales y constitucionales dentro de la fase de instrucción.
- El juzgado que conoció de la causa penal vulneró su derecho de defensa y el debido proceso (especialmente el principio de igualdad procesal) pues, pese a que había señalado fecha y hora para el desahogo de diversos interrogatorios, confrontaciones y ampliaciones de declaraciones, en las que participaría la víctima "A", posteriormente, determinó la imposibilidad material para su intervención en dichas diligencias.
- Esta actuación del juzgado resulta parcial, arbitraria y sin sustento legal, pues no se le dio vista a la defensa para manifestar lo que a su interés conviniera, teniendo como consecuencia una sentencia condenatoria sin la debida carga y sustento probatorio.
- La decisión del juzgado derivó de una solicitud de la asesora de la víctima basada en una nota informativa de un psicólogo que señaló que la víctima no se encontraba en condiciones de ofrecer testimonial ante la autoridad. Sin embargo, el juzgado no sustentó suficientemente su determinación, pues ni siquiera relacionó o mencionó la nota informativa del psicólogo.
- Al declarar la imposibilidad material para la intervención de la víctima no se respetó el derecho a interrogar testigos de cargo. Aunado a ello, si un testigo de cargo es declarado "ausente", su declaración no debe ser tomada en cuenta al dictar la sentencia.
- No es válido argumentar que una mayor protección de los derechos humanos de una parte en el proceso penal –así sean los derechos de la víctima– permite quebrantar los derechos fundamentales del procesado.
- El quejoso consideró que, de acuerdo con la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el hecho de que no se le permita al acusado someter a los principios de inmediación y contradicción una declaración rendida en su contra vulnera el derecho a interrogar a los testigos de cargo.
• Segundo. Vulneración al debido proceso y defensa adecuada al consignar al quejoso junto con diversas averiguaciones previas acumuladas sin que éste contara con conocimiento previo de ellas. Omisión del Ministerio Público de citar o hacer comparecer al quejoso para declarar dentro de las diversas averiguaciones previas relacionadas
- En el pliego de consignación relativo a su detención por el ilícito contra la salud en la modalidad de posesión de narcótico con fines de venta, el Ministerio Público incorporó indagatorias por los delitos de delincuencia organizada y secuestro, sin que esto se hiciera de su conocimiento y así poder estar en aptitud de defenderse previo a su consignación.
- El quejoso no fue citado a declarar respecto de los hechos que se le imputaron dentro de las averiguaciones previas que fueron consignadas sin detenido. Por tanto, no se garantizó la legitimidad y eficacia de la acción penal.
- Por tal motivo, no contó con los medios adecuados y el tiempo suficiente para preparar su estrategia.
• Tercero. Transgresión al derecho a la defensa adecuada debido a que un defensor patrocinó al quejoso y a sus coinculpados pese a existir incompatibilidad de intereses entre ellos
- El quejoso no tuvo libertad de escoger a su defensor. En la causa penal obra, en primer término, la declaración ministerial de ********** y, posteriormente, la constancia de llamada telefónica. Por tanto, no estuvo en condiciones de elegir a su defensor previamente a declarar.
- El Ministerio Público actuó con dolo a efecto de designar al defensor público.
- El quejoso no gozó de tiempo razonable para entrevistarse con su defensor y que éste le explicara a detalle sus derechos y los alcances o consecuencias legales de dichas diligencias.
- En la sede ministerial existía una patente incompatibilidad de intereses entre los coinculpados al habérseles designado el mismo defensor público. Cada coinculpado debió ser asistido adecuadamente por un defensor en lo individual.
- Las manifestaciones de las personas detenidas revelaron la existencia de un conflicto de intereses. Además de sostener declaraciones contradictoras, uno de los coinculpados imputó al quejoso haber proporcionado la cuenta en la que fue depositada cierta cantidad de dinero por concepto de rescate.
- Nunca existió participación efectiva y activa por parte del defensor público. Además, éste nunca exhibió la cédula profesional con la que acreditara que es licenciado en derecho. De esta manera, no se cumple con el elemento formal del derecho a la defensa adecuada consistente en que el defensor acredite ser perito en derecho, pero tampoco con el material relativo a que actúe diligentemente con el fin de proteger las garantías procesales del acusado.
• Cuarto. Ilicitud del estado de cuenta de la víctima "A"
- Resulta inverosímil que el padre de la víctima obtuviera información bancaria de su hija, al tratarse de un trámite personalísimo.
- De acuerdo con las constancias de la causa penal, no existió exigencia de algún depósito, transferencia electrónica o SPEI por el rescate de la víctima. De la lectura de los partes informativos se evidencia que la persona que perpetró el secuestro pidió el estado de cuenta para saber a quién se le había transferido dinero, lo que refleja que éste no conocía los movimientos efectuados por la víctima.
- Las personas que perpetraron el secuestro y las que retiraron el dinero mediante transferencias bancarias son distintas y no tienen relación con este delito, ya que entre ellas no existió un previo acuerdo o comunicación de partícipes, por tanto, no forma parte de la misma conducta. Esto es, en ningún momento se actualiza la figura de coautoría. - Dado que los informes policiales que mencionan al quejoso no acreditan que la transferencia bancaria que recibió desde la computadora de la víctima forma parte de un rescate para su liberación, por lo que no puede utilizarse para tener por satisfecho uno de los elementos del cuerpo del delito (propósito de obtener rescate "para sí" a cambio de la liberación).
- Es cuestionable la forma en que el padre de la víctima obtuvo información bancaria confidencial de ésta, así como las razones que esgrimió la responsable para justificar dicho acto. A decir del quejoso, el tribunal de apelación partió de meras suposiciones tales como que "podría tratarse de una cuenta de la empresa familiar", "podrían [tener] acceso" y "podrían [ser] cotitulares", sin que dichas circunstancias hubieran sido manifestadas por alguna de las víctimas directas o indirectas.
- También es inverosímil que para la ejecución de un secuestro se utilizaran medios electrónicos o alguno otro que permita la localización o seguimiento del autor o de los autores. De ahí que se reitera que no existe relación entre los secuestradores y quienes hicieron las transferencias electrónicas.
• Quinto. Ilegalidad de las diligencias de reconocimiento en cámara de Gesell. Indebida e inexacta valoración de pruebas
- Existieron diversas inconsistencias en las diligencias de reconocimiento en cámara de Gesell de veintiséis de febrero de dos mil quince, practicadas en sede ministerial federal, que resultan suficientes para tildarlas de ilegales. Éstas son:
• No obra soporte fotográfico ni videograbación de las diligencias, por lo que no existe certeza y seguridad jurídica de que se desarrollaron como se asentó en actas;
• La manifestación de que en la diligencia se presentaron personas "... con características similares tanto físicas, socioeconómicas y con vestimenta similar ..." no cumple las exigencias de ley, pues las personas presentadas eran diferentes entre sí y respecto del quejoso en todos los aspectos.
• Es inverosímil la circunstancia de que en cada diligencia de reconocimiento las personas investigadas estuvieron exactamente en el mismo lugar. Además, el quejoso no sabía lo que estaba pasando ni los derechos que le asistían en dicha diligencia.
• No se aportó media filiación del quejoso ni de las demás personas detenidas.
• En ninguna de las diligencias de reconocimiento se encuentra plasmada la firma de las personas ajenas a la investigación, únicamente obra la de los inculpados, por lo que existe la fuerte presunción de que los únicos intervinientes fueron personas que estaban detenidas en sede ministerial.
• En la diligencia de la víctima B falta la firma del testigo de asistencia.
• Aunque se señaló que a la cámara de Gesell ingresaron siete personas, en constancias obra información de que entraron ocho personas, lo que genera sospechas sobre el desarrollo de la diligencia.
• En otra de las diligencias de reconocimiento se asentó que se pusieron a la vista del compareciente a diez personas, lo cual es una situación poco clara e inconsistente que genera sospechas sobre el desarrollo de la diligencia.
• Las víctimas indirectas son testigos de oídas.
• Hubo inducción o aleccionamiento a las víctimas directas e indirectas por parte del Ministerio Público Federal.
• Los retratos hablados no guardan similitud con el quejoso ni con sus coinculpados.
• Todos los declarantes conocían el nombre del quejoso, pero no a la persona, por lo que se insiste en que hubo fuga de información.
• La naturaleza de la prueba de reconocimiento en cámara de Gesell es sui generis, por lo que no debe tenerse por válida cuando únicamente se conozca el nombre.
• Las manifestaciones de la víctima B presentan múltiples inconsistencias e irregularidades.
• Todas las personas intervinientes repetían exactamente las mismas frases en sus participaciones.
• Contrario a lo señalado en el acto reclamado, en ninguna parte de la diligencia se aprecia que el secretario hubiera hecho constar que la reja obstruía la visibilidad, por el contrario, éste certificó que la visibilidad era clara y plena y que se escuchaba perfectamente. Por tanto, las autoridades responsables valoraron indebidamente la diligencia en la que la víctima B señaló a persona diversa cuando le pidieron que reconociera al quejoso y aludió que la reja le obstruía la visión.
- La responsable valoró inexacta e incorrectamente los dictámenes de criminalística de campo suscrito por la perita ********** y de criminalística ofertado por la defensa a cargo de **********.
- Con el último de los dictámenes referidos se acredita que una vez que el quejoso fue detenido no fue puesto a disposición de la autoridad ministerial de forma inmediata.
- El tiempo estimado del recorrido que supuestamente realizaron los policías aprehensores fue de dos horas con diez minutos, mientras que, en el recorrido realizado por el perito mediante una herramienta satelital, el tiempo aproximado fue de cuarenta y ocho minutos a una hora. No se tiene registro del motivo de la dilación de los policías o del lugar donde se encontraron en esa diferencia de tiempo.
- Por lo anterior, el quejoso fue sometido a una detención ilegal durante la cual, además, los policías aprehensores le infligieron golpes en el cuerpo, asfixia y descargas eléctricas en los testículos con el objeto de amenazarlo y coaccionarlo para obtener una confesión respecto de ciertos hechos ilícitos.
- La responsable hace una inexacta e incorrecta valoración del dictamen psicológico especializado para casos de tortura y/o maltrato, en el que se concluyó que el quejoso cumplía los criterios para diagnosticar un trastorno de estrés postraumático ocasionado por haber padecido tortura psicológica al momento de su detención.
- La responsable hizo una indebida valoración de la pericial en medicina forense y mecánica de lesiones ofertada por la defensa, en la que se determinó que el quejoso presentó secuelas de lesiones traumáticas relacionadas con hechos de tortura.
- La responsable también realizó una incorrecta valoración de diversas testimoniales, documentales y de una inspección ocular que acreditaban que el quejoso no se encontraba en la Ciudad de México al momento de los hechos que se le imputaron.
• Sexto. Violación al principio de seguridad jurídica en su vertiente de exacta aplicación de la ley penal en relación con el principio de presunción de inocencia
- Los medios probatorios desahogados son insuficientes para tener por acreditada plenamente y sin lugar a duda razonable la conducta delictiva de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro. En el caso no se reunieron los extremos legales del tipo penal correspondiente.
- En las solicitudes y/o requerimientos que realizó el Ministerio Público Federal a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el quejoso fue caracterizado como "relacionado". Esta figura de "relacionado" no está reconocida en el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito. El quejoso sostiene que al momento de las solicitudes él no se encontraba señalado como indiciado o probable responsable dentro de la averiguación previa, por lo que la CNBV estaba imposibilitada para atender la petición ministerial y proporcionar información.
- Al proporcionar el estado financiero se vulneró el secreto bancario en perjuicio del quejoso, pues éste se obtuvo sin control judicial previo y la petición fue hecha bajo la figura no reconocida de "relacionado".
- La permisión otorgada por el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, a la autoridad ministerial federal es inconstitucional, pues la información bancaria no forma parte de la extensión de facultades de irrupción en la vida privada prevista en el artículo 16 de la Constitución Federal. Tampoco se encuentra otorgada como parte de la facultad de investigación de delitos prevista en el artículo 21 constitucional.
• Séptimo. Juicio injusto
- El quejoso formula una reiteración de las violaciones a derechos fundamentales que, a su parecer, se actualizaron en el caso y que fueron descritas a lo largo de su demanda. A saber: ilegalidad de la detención, tortura, violación al derecho a ser informado inmediatamente de los motivos de la detención, violación al derecho de defensa adecuada respecto de averiguaciones previas diversas, violación al derecho a una defensa adecuada por asignación de defensor público común para todos los coinculpados, falta de equidad procesal, inconsistencias entre los partes informativos y las comparecencias desahogadas, ausencia de desahogo de ampliación de declaración y celebración de careos con la víctima.
26. Sentencia de amparo. En su resolución, el Tribunal Colegiado del conocimiento declaró, por una parte, inoperantes e infundados los conceptos de violación y, por otra parte, fundados pero insuficientes para conceder el amparo.
27. A continuación, reseñamos el análisis efectuado por el Tribunal Colegiado de acuerdo con los acápites en que éste desarrolló su estudio.
I. Análisis de las formalidades del procedimiento, exacta aplicación de la ley en materia penal y debida fundamentación y motivación del acto reclamado
- En primer término, el Tribunal Colegiado recordó que era un hecho notorio que el treinta de abril de dos mil dieciocho dictó sentencia en el amparo en revisión 240/2017, promovido por ********** en contra de la resolución que confirmó el auto de formal prisión dictado por el Juzgado Decimotercero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, en la causa penal **********.
- Por lo anterior, declaró infundados los conceptos de violación relativos a la comisión de violaciones procesales en fase de averiguación previa. A su juicio, dichos temas ya habían sido analizados en dicha ocasión y, por ende, habían adquirido la calidad de cosa juzg
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31929-e6d72c63/preclusion-para-impugnar-una-norma-general-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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