REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. PROCEDE ESTE RECURSO CONTRA LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN LA QUE, MOTU PROPRIO, REALIZA UNA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL, NO OBSTANTE QUE NO SE HUBIERE PLANTEADO EN UN JUICIO DE AMPARO PREVIO UN TEMA DE CONSTITUCIONALIDAD.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 426/2014. 28 DE MAYO DE 2014. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIO: JULIO VEREDÍN SENA VELÁZQUEZ.
México, Distrito Federal, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al veintiocho de mayo de dos mil catorce, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la que se resuelven los autos relativos al amparo directo en revisión 426/2014, promovido por J. J. R., en contra de la sentencia dictada el siete de enero de dos mil catorce, por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo **********.
I. ANTECEDENTES
1. De las constancias que integran los autos, remitidos para resolver el presente asunto, se tuvo como probado que, aproximadamente a las diecinueve horas con treinta minutos del uno de octubre de dos mil doce, J. J. R., R. R. Z. y otra persona más se presentaron en el negocio de abarrotes(1) de P. M. M., quien en ese momento estaba acompañada de Y. M. M., a las que J. R. amagó con un arma de fuego, ordenándoles que se tiraran; y, enseguida, los sujetos activos hurtaron un teléfono celular, **********, producto de la venta del día, y dos bolsos de mano de las víctimas, dentro de los que, entre otros objetos, se encontraban ********** propiedad de la primera citada.
2. P. M. M. denunció los hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, mediante Formato Único para el Inicio de Actas Especiales, Averiguaciones Previas Especiales y Averiguaciones Previas Directas sin detenido ante el Ministerio Público, en la que se inició a la indagatoria número **********.
3. El veinticinco de octubre de dos mil doce, la denunciante reconoció a R. R. Z., cuando éste caminaba frente a la abarrotera. De inmediato pidió apoyo para detenerlo, lo que se logró por la intervención de los tripulantes de una patrulla de la Policía de Investigación que circulaban en ese momento por la zona. Encontrándose en las oficinas de los elementos de investigación, M. M. recibió una llamada por parte de J. G. "N" quien le proporcionó la ubicación de J. J. R., a saber, una escuela de karate localizada en la misma colonia en donde se encuentra la negociación mercantil de la denunciante, información que transmitió a los elementos policiacos, quienes acudieron al lugar, ingresaron al mismo y detuvieron al referido J. R.
4. Los policías investigadores presentaron a J. R. ante el agente del Ministerio Público, quien el veintiséis de octubre de dos mil doce decretó su detención por caso urgente. Al día siguiente ejerció acción penal contra el detenido, al considerarlo probable responsable del delito de robo calificado.
5. El Juez Cuadragésimo Segundo Penal del Distrito Federal radicó el asunto, lo admitió y ordenó su registro como causa penal **********. Seguido el proceso por sus etapas, el diecisiete de abril de dos mil trece, dictó sentencia condenatoria en contra de J. J. R., a quien declaró penalmente responsable de la comisión del delito de robo calificado -cometido mediante violencia moral y en pandilla-, previsto y sancionado por el artículo 220, fracción II, en relación con el numeral 252, ambos del Código Penal para el Distrito Federal, por el que lo condenó a cumplir las penas de cuatro años, tres meses, veintidós días de prisión y ciento veintitrés días multa.
6. El defensor particular del sentenciado interpuso recurso de apelación contra la anterior resolución, cuyo conocimiento correspondió a la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el toca penal **********. Tribunal que el cinco de julio de dos mil trece resolvió modificar la sentencia condenatoria, para disminuir únicamente las penas, a tres años, seis meses, once días de prisión y ciento seis días multa.
II. TRÁMITE
7. Demanda de amparo. J. J. R. promovió juicio de amparo directo, mediante escrito presentado el doce de septiembre de dos mil trece, ante la Séptima Sala Penal de referencia. Como autoridad responsable señaló a dicha autoridad judicial y, como acto reclamado, la sentencia definitiva dictada el cinco de julio de dos mil trece en el toca penal **********.
8. La parte quejosa precisó que se violaron en su perjuicio los derechos humanos contenidos en los artículos 1o., 14, 16, 18 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los contemplados en los numerales 1, 2, 3, 7, 8, 9 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; I, II, XVIII y XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1o.; 5, apartado 6; 7, en sus apartados 1, 2 y 3; 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, los principios IV y XXV de la Resolución 1/08 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas.(2)
9. Trámite del juicio de amparo. La Magistrada presidente del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, previo requerimiento formulado al quejoso,(3) admitió y registró la demanda de amparo bajo el número de expediente **********, en proveído dictado el dieciséis de octubre de dos mil trece. Sustanciado el juicio por sus etapas, el órgano colegiado dictó sentencia, el siete de enero de dos mil catorce, en la que resolvió negar el amparo solicitado por el quejoso.
10. Interposición del recurso de revisión. El quejoso interpuso recurso de revisión contra la resolución anterior, mediante escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil catorce ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito, de la que, al día siguiente, se remitió al Sexto Tribunal Colegiado de los mismos materia y circuito. En auto pronunciado al día siguiente, el Magistrado presidente del Tribunal Federal remitió el asunto a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.(4)
11. Trámite del recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recibidos los autos en este Alto Tribunal, su presidente, por acuerdo dictado el diecisiete de febrero de dos mil catorce, previo requerimiento al quejoso,(5) admitió el recurso y ordenó su registro, bajo el número 426/2014. Señaló que el medio de defensa se hacía valer en contra de un fallo en el que se estimaba que el Tribunal Colegiado realizó la interpretación del artículo 20, apartado B, fracción I, en relación con los diversos preceptos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21 párrafo primero, y 102 apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Federal y 8, apartado 2, inciso h), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; trigésimo quinto, trigésimo sexto y trigésimo noveno de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Procedimiento en Materia Penal "Reglas de Mallorca"; V y XVII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, al pronunciarse sobre la constitucionalidad de la sentencia reclamada. De igual forma, ordenó turnar el asunto al Ministro José Ramón Cossío Díaz, para la elaboración del proyecto de resolución y el envío de los autos a la Sala de su adscripción para el trámite de radicación correspondiente.
12. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocó al conocimiento del presente asunto, por medio del acuerdo dictado el veintisiete de febrero de dos mil catorce, por el presidente de la misma; asimismo, se ordenó que se remitiera el asunto al Ministro José Ramón Cossío Díaz, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
III. COMPETENCIA
13. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto tercero, en relación con el segundo del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de haberse interpuesto en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito, de la que se estima que contiene una cuestión de constitucionalidad, en un juicio en el que, por su naturaleza penal, corresponde a la materia de especialidad de esta Sala.
IV. OPORTUNIDAD
14. La sentencia recurrida fue notificada personalmente al quejoso el martes catorce de enero de dos mil catorce; surtiendo efectos al día hábil siguiente, esto es, miércoles quince. De manera que el plazo de diez días para interponer el recurso, previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, transcurrió del jueves dieciséis al miércoles veintinueve de enero de dos mil catorce, descontando de dicho cómputo los días intermedios dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis, al ser sábados y domingos respectivamente; en términos de los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
15. Por tanto, si el recurso de revisión fue interpuesto el lunes veintisiete de enero de dos mil catorce, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito, su interposición se considera oportuna.
V. PROCEDENCIA
16. Problemática a resolver. La cuestión que debe resolverse en el presente asunto, consiste en determinar si resulta procedente el recurso de revisión interpuesto por J. J. R. De este modo, la pregunta que se debe responder para resolver el presente recurso es la siguiente:
¿Se surten los requisitos de procedencia del recurso de revisión que establecen los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal y 81, fracción II, de la Ley de Amparo?
17. La respuesta a esta interrogante es negativa, en virtud de las siguientes consideraciones:
18. De conformidad con las reglas establecidas en la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Federal; la fracción II del artículo 81 de la Ley de Amparo actual y la fracción III del artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que un recurso de revisión interpuesto contra las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en los amparos directos sea procedente, es necesario que las mismas decidan sobre la constitucionalidad de normas legales o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, o bien que en dichas resoluciones se omita hacer un pronunciamiento al respecto, cuando se hubiera planteado en la demanda.
19. Aunado a lo anterior, es necesario que la cuestión de constitucionalidad tenga la potencialidad de llevar a la fijación de un criterio de importancia y trascendencia a juicio de este Alto Tribunal. En todos los casos, la materia del recurso debe limitarse a la resolución de cuestiones propiamente constitucionales.
20. Los requisitos de procedencia de la revisión en amparo directo, han sido interpretados y clarificados en numerosas tesis jurisprudenciales y aisladas de esta Corte, y desarrollados normativamente por el Acuerdo Plenario Número 5/1999, el cual detalla los criterios de identificación de los asuntos que la Corte estimará importantes y trascendentes, y que tienen en cuenta la factura de los agravios, y la existencia o inexistencia de criterios sobre el tema ya sentados por la Corte con anterioridad.
21. Lo anterior se confirma con el criterio jurisprudencial 2a./J. 64/2001, de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, criterio que comparte esta Primera Sala, cuyo rubro es: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA."(6)
22. En el caso concreto, es improcedente el recurso de revisión, pues el quejoso, en su demanda de amparo, no cuestionó la constitucionalidad de una norma general, ni planteó la interpretación directa de algún precepto constitucional ni de una norma de fuente internacional en materia de derechos humanos y, por su parte, el Tribunal Colegiado no introdujo oficiosamente cuestiones relacionadas con estos tópicos. Veamos esto.
23. Demanda de amparo. En sus conceptos de violación, el quejoso argumentó, en síntesis, que:
23.1. La autoridad responsable violó, en su perjuicio, los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución Federal, toda vez que no se aplicó el medio de control difuso de convencionalidad, vulnerándose el principio de legalidad, puesto que pasó por alto que al ejecutarse su puesta a disposición ante el órgano consignador, en momento alguno fue exhibido el mandamiento de detención, por lo que se acreditó una violación a los derechos humanos.
Ello, se corrobora con las declaraciones vertidas por los policías aprehensores, mismos que señalaron que la retención se efectuó en las instalaciones del gimnasio de karate, sin que se presentara mandamiento escrito emitido por autoridad competente, ya que únicamente los acompañaba la denunciante, quien lo señaló como el responsable de un robo; además, de que tampoco obra en los autos de la causa alguna orden de presentación, comparecencia, citatorio o aprehensión en su contra, que justificara la actuación de la autoridad.
Ilegalidad que se hacía valer hasta ese momento, en razón de que la verdad histórica se demostró en el proceso de primera instancia y al hacerse valer en la apelación, el órgano de alzada respondió que de acuerdo al control difuso de convencionalidad no era órgano competente.
Luego, existen instrumentos internacionales que regulan la protección de las personas involucradas en un escenario penal, a saber, la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; el Pacto Internacional de Derechos Humanos Civiles y Políticos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas.
23.2. Por otra parte, en la sentencia reclamada no se cumplieron las exigencias constitucionales que todo acto de autoridad debe revestir, exigencias de fondo y forma por las que se puede privar de la libertad a una persona, previstas en los numerales 14, 16 y 19 de la Constitución Federal. En el caso, las pruebas resultaban insuficientes, inoperantes e inconducentes para probar los elementos integrantes del tipo penal así como la plena responsabilidad penal del imputado.
23.3. La autoridad responsable realizó una valoración incorrecta del acervo probatorio, apartándose de los principios reguladores de la valoración de la prueba, pasando, además, por alto el derecho a la presunción de inocencia de todo acusado de la comisión de un ilícito. En particular, las diversas declaraciones vertidas por la denunciante, testimoniales de cargo y de los elementos aprehensores, así como los diversos careos celebrados en el proceso, de las que se desprendían contradicciones, que generaban duda sobre la conducta y la participación del inculpado en el delito.
23.4. Además, no se analizó la objeción planteada por la defensa en relación al dictamen de valuación, en atención a que se efectuó sin los objetos, lo que recaía en la reparación del daño.
23.5. Sumado a ello, el juzgador responsable, no tomó en consideración lo vertido por los testigos de descargo, ni el contenido de las documentales privadas consistentes en las cartas de recomendación a favor del inculpado.
23.6. Asimismo, la autoridad judicial responsable vulnera los derechos del procesado, al momento de emitir la sentencia condenatoria, en la que tomó en cuenta el estudio de personalidad del procesado, así como los anteriores ingresos a prisión, para establecer la pena de prisión correspondiente; lo que, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya no se encuentra en uso, en atención a que debe castigarse el acto y no al actor de la conducta delictiva.
23.7. Por otro lado, se vulnera el precepto 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la Sala Penal responsable negó el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena.
24. Sentencia del juicio de amparo. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito negó la protección constitucional solicitada, con base en las consideraciones que a continuación se sintetizan:
24.1. En el considerando quinto de la resolución, supliendo la deficiencia de la queja, el órgano de amparo procedió al estudio de los preceptos constitucionales citados por el quejoso en su demanda de amparo, así como de los elementos del delito y responsabilidad penal del procesado.
24.2. De inicio, el Tribunal Colegiado estimó que en la sentencia reclamada se cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento y con el derecho de defensa adecuada, establecidos en los numerales 14 y 20 de la Constitución Federal, puesto que fue debidamente garantizado el derecho de audiencia, el principio de debido proceso, y no se soslayó el principio de exacta aplicación de la ley penal.
24.3. Por otra parte, declaró que no hubo violación al mandamiento de debida fundamentación y motivación establecido en el artículo 16 del Texto Constitucional. Expuso que la autoridad judicial responsable expresó las disposiciones legales aplicables y vertió los argumentos para sustentar su decisión, al analizar los elementos de la conducta delictiva y la responsabilidad penal en su comisión, por parte del sentenciado.
24.4. Asimismo, el órgano colegiado declaró infundado el argumento relativo a la vulneración del artículo 18 del Texto Fundamental, en razón a que con la reforma del dieciocho de junio de dos mil ocho, para el establecimiento del nuevo sistema de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, implicó extender al sistema penitenciario el esquema de protección de los derechos humanos y, en el caso, se hizo pronunciamiento en torno al quántum de la prisión preventiva; lo que se relacionaba incuestionablemente con la reforma referida, por lo que era dable concluir que la sentencia reclamada se ajustó a los principios de la norma constitucional en cita.
24.5. Enseguida, el Tribunal Federal insistió en que la autoridad responsable no pasó por alto el mandamiento derivado del artículo 20 de la Constitución Federal, atinente al derecho de defensa del procesado. Esto, pues según del análisis de los autos advertía que se cumplieron los lineamientos establecidos en el numeral constitucional en cita, respetándose los derechos procesales que en éste se consagran.
24.6. Posteriormente, el Tribunal Colegiado declaró infundado que se haya violado el mandamiento previsto en el artículo 1o. constitucional, toda vez que no puede considerarse que el derecho de igualdad y el control de convencionalidad se pueda vulnerar de manera abstracta, ya que requiere de la referencia a otros derechos humanos establecidos en la Constitución o en los instrumentos internacionales de la materia, en los que el Estado Mexicano sea parte. Lo que en el asunto de análisis no acontecía, toda vez que la autoridad respetó los derechos correspondientes a los procesados por un delito.
Lo anterior, en concordancia con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la tesis aislada de rubro: "IGUALDAD. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE SE HAGAN VALER RESPECTO A LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO PUEDEN ENTENDERSE SI NO ES EN RELACIÓN DIRECTA CON LAS LIBERTADES QUE ÉSTA CONSAGRA."
24.7. Luego, el Tribunal Federal estimó que no asistía razón al quejoso en cuanto a que se pasó por alto el contenido de los artículos 1, 2, 3, 7, 8, 9 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; I, II, XVIII y XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y, los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas.
Ello, porque de acuerdo con el reformado artículo 1o. de la Constitución Federal, el estudio de los derechos humanos no implicaba que necesariamente se acudiera a los previstos en los instrumentos internacionales, si resultaba suficiente la previsión contenida en la Constitución Federal y, como se dijo, en la resolución reclamada se cumplió con los requisitos establecidos en los numerales 14 y 16 constitucionales.
Consideración que se robusteció con la cita de la jurisprudencia 2a./J. 172/2012, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación titulada: "DERECHOS HUMANOS. SU ESTUDIO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. CONSTITUCIONAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA NECESARIAMENTE QUE SE ACUDA A LOS PREVISTOS EN INSTRUMENTOS INTERNACIONALES, SI RESULTA SUFICIENTE LA PREVISIÓN QUE CONTENGA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."
24.8. Luego de las consideraciones anteriores, se pronunció sobre la legalidad del acreditamiento de los elementos del delito y de la responsabilidad penal, por parte de la autoridad responsable. El Tribunal Colegiado, al analizar las constancias que obraban en autos, estimó correcta la decisión de la Sala Penal, en el sentido de que se comprobó el cuerpo del delito y la plena responsabilidad del procesado en su comisión, porque se respetaron los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como los de valoración de las pruebas.
24.9. Posteriormente, retomó los parámetros derivados de los dispositivos internacionales citados, que en suma se referían a la existencia de un recurso judicial efectivo, al principio de presunción de inocencia y a la garantía judicial de audiencia, todo lo que, a partir de su estudio del caso, fue observado en el proceso penal.
24.10. En efecto, en lo que hacía al derecho humano a la existencia de un recurso judicial efectivo, éste se verificó con el recurso de apelación que se hizo valer contra la sentencia condenatoria pronunciada en primera instancia, y que está previsto en los numerales 414 a 434 Bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, cuya finalidad fue la de estudiar la legalidad de la resolución impugnada por parte de un órgano jurisdiccional independiente e imparcial. Con lo que también se dio cumplimiento a lo referido en el artículo 8.2, inciso h), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en los diversos numerales trigésimo quinto, trigésimo sexto y trigésimo noveno de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Procedimiento en Materia Penal "Reglas de Mallorca".
24.11. Asimismo, estimó que la autoridad judicial responsable respetó lo previsto en el numeral 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mismo que se consideró que envolvía los derechos humanos establecidos en los artículos 13 y 14 de la Constitución Federal, relativos a la garantía de audiencia.
24.12. Por otra parte, -argumentó-, los artículos 8.2 de la Convención en cita y 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establecen el principio de presunción de inocencia, mismo que, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituye un fundamento de las garantías judiciales, y en particular, la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado; así como que la persona no puede ser condenada mientras no haya prueba plena de su responsabilidad penal; y, si hay prueba insuficiente, no es procedente la condena sino absolverla. Lo anterior -concluyó- como pudo advertirse en autos, fue garantizado al sentenciado.
24.13. Por otro lado, el Tribunal Federal también declaró infundado el argumento del quejoso relativo a que fue sujeto de una detención injustificada. Ello, porque el Ministerio Público decretó la detención del peticionario de amparo, al estimar actualizada la hipótesis de caso urgente a que hace alusión el artículo 268 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, ante su reconocimiento, por parte de la denunciante, como la persona que el uno de octubre de dos mil doce, ingresó a su negocio, con un arma de fuego, exigiéndole que le entregara dinero; por lo que no le asistía la razón, al argumentar que sufrió una violación a sus derechos humanos al ser detenido sin alguna orden de autoridad competente.
24.14. En otro punto, el órgano de control constitucional expresó que la autoridad judicial responsable al resolver, tomó en consideración todos los elementos de prueba, tanto de cargo como de descargo, valorándolos correctamente, con los que se demostró que el detenido fue puesto a disposición de la autoridad investigadora en virtud del reconocimiento efectuado por la víctima seguido por la detención ante su señalamiento como la persona que la desapoderó de sus pertenencias y quien le puso el arma de fuego en la cabeza, al momento de que los otros dos sujetos que lo acompañaban se retiraban del lugar, se le siguió el proceso correspondiente y se dictó sentencia condenatoria al acreditarse su plena responsabilidad penal.
24.15. Aunado a que los testimonios resultaban consistentes y no contradictorios en el contexto general en que sucedieron los hechos, no obstante las discrepancias de las circunstancias o cuestiones que argumentó el quejoso; toda vez que ello no perjudicó su credibilidad, ya que se adminiculaban con otras pruebas.
24.16. Finalmente, se declaró que resultó correcta la individualización de la pena determinada por la Sala Penal responsable. La cual, graduó la culpabilidad del sentenciado en forma menor a la declarada por el Juez de la causa, al considerar que para su establecimiento éste, incorrectamente, había tomado en consideración los anteriores ingresos a prisión del procesado.
25. Por todo lo anterior, el Tribunal Colegiado determinó negar el amparo solicitado por el quejoso.
26. Agravios. El recurrente expresó, en síntesis, los argumentos de agravio siguientes:
26.1. La consideración vertida en el apartado quinto de la ejecutoria de amparo es causa de agravio, puesto que el argumento de violación vertido en la demanda de amparo, en el sentido de que se vulneraron los derechos fundamentales establecidos en los numerales 1o., 14 y 16 de la Constitución Federal, al ser detenido sin que mediara mandamiento alguno, emitido por autoridad competente que lo justificara, no fue debidamente analizado por el órgano de control constitucional.
27. De la reseña precedente, esta Primera Sala advierte que en la demanda de amparo el quejoso no realizó un planteamiento genuino de constitucionalidad y tampoco puede afirmarse que haya formulado una petición, en estricto sentido, de orden constitucional, de manera que condicionara al Tribunal Colegiado a que realizara una interpretación propia de algún precepto constitucional o de alguna norma de fuente internacional de derechos humanos.
28. En efecto, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclamó que la autoridad judicial responsable actuó de forma omisa ante las manifestaciones que realizó sobre que su detención fue practicada injustificadamente. Con lo que, a su parecer, se dejaron de observar los parámetros de fuente internacional, relativos a la forma de realizar detenciones, que son aplicables de acuerdo al principio pro persona y, además, que se valoraron de forma incorrecta las pruebas existentes en la causa penal; particularmente, la denuncia, los testimonios de cargo y los careos. Por lo anterior, solicitó que se resolviera el juicio de amparo que promovió, al tenor de los parámetros establecidos por esta Suprema Corte, contenidos en las tesis relativas al tópico de control difuso de la convencionalidad.
29. De la reseña precedente, se advierte que el planteamiento del quejoso no puede entenderse, en términos reales, como una solicitud de interpretación de normas constitucionales o de fuente internacional sobre derechos humanos, sino de una petición para que el análisis de legalidad del caso concreto se ajustara a los criterios establecidos por este Alto Tribunal, respecto a los temas ya referidos, con el objeto de que las pruebas de cargo que enuncia se excluyeran como sustento de la sentencia condenatoria reclamada en el juicio de amparo.
30. Y, en apoyo a su argumento, de forma genérica, refirió que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; el Pacto Internacional de Derechos Humanos Civiles y Políticos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, se contenían los derechos humanos a la libertad, con excepción de los casos y en las formas que las leyes de la materia lo previeran; a ser oído, ante una acusación penal, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley; a la presunción de inocencia, mientras no se estableciera legalmente su culpabilidad; al goce de las garantías procesales para una representación digna y eficaz; a que el derecho penal sea la ultima ratio, motivo por el cual las penas privativas de la libertad deben ser aplicadas y ejecutadas como la última alternativa, las que tienen el objetivo de la reinserción social de la persona.
31. Al respecto, esta Primera Sala considera que los argumentos expresados por el quejoso en su demanda de amparo, no pueden ser entendidos como un planteamiento que colme los requisitos de interpretación constitucional, de manera que obligaran al órgano de amparo a realizarla, aún bajo el supuesto de la suplencia de la queja. Ello, en razón a que la petición al Tribunal Colegiado de que realice la interpretación de un precepto const
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25265-8936d722/revision-en-amparo-directo-procede-este-recurso-contra · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. NO SE ACTUALIZA LA PROCEDENCIA DE ESTE RECURSO POR LA SIMPLE MENCIÓN EN LA SENTENCIA DE AMPARO RELATIVA A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE REALIZÓ UN CONTRO (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
- COSA JUZGADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN. LA INCORPORACIÓN DEL LLAMADO "NUEVO PARADIGMA CONSTITUCIONAL" NO IMPLICA QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PUEDA REVISAR TEMAS D (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
- NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ, AL ESTABLECER DISTINTA REGLA CON RELACIÓN AL DÍA EN QUE SURTE EFECTOS AQUÉLLA Y LA PRACTIC (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
- REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ES EXTEMPORÁNEO CUANDO SU ADMISIÓN SE BASA EN EL SUPUESTO DE "PRESUNCIÓN DE OPORTUNIDAD", POR LO QUE DEBE PROCEDER SU DESECHAMIENTO POR IMPROCEDENTE. R (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- REVISION EN AMPARO DIRECTO. LA PRECISION ESTABLECIDA POR EL LEGISLADOR EN LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL EL 26 DE MAYO DE 1995, (P. XXXIII/96 )
- REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. SU PROCEDENCIA ESTÁ DETERMINADA POR LA LEY Y NO POR EL CONTENIDO DE LOS AGRAVIOS.- (2548)
- REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA INVOCACIÓN EN LA SENTENCIA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DEL MISMO Y, POR TANTO, NO SE SATISFAC (54)
- REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA INVOCACIÓN EN LA SENTENCIA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DEL MISMO Y, POR TANTO, NO SE SATISFAC (50)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis