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Modo: Corpus Pro

RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. SI LO INTERPUSO EL QUEJOSO POR ESTAR INCONFORME CON LOS ALCANCES DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL OTORGADA RESPECTO DE UNA VIOLACIÓN PROCESAL Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL ANALIZAR LOS AGRAVIOS ADVIERTE QUE ÉSTA ES INEXISTENTE, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA RECURRIDA Y ANALIZAR EL FONDO DEL ASUNTO, AUN CUANDO ELLO PUDIERA AFECTAR AL RECURRENTE, SIN PERJUICIO DEL PRINCIPIO NON REFORMATIO IN PEIUS.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 130/2020. · Registro digital (IUS): 30061
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2021-09-03
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo IV, Pág. 3080.

AMPARO EN REVISIÓN 130/2020. 21 DE ENERO DE 2021. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: GABRIEL ALEJANDRO ZÚÑIGA ROMERO. PONENTE: LÁZARO FRANCO ROBLES ESPINOZA. SECRETARIO: CHRISTIAN BONILLA LORANCA.

CONSIDERANDO:

QUINTO.—Son fundados los agravios de la parte quejosa, aunque para así considerarlo deba suplirse su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo.

Así es, en la sentencia reclamada el Juez de Distrito, toralmente, consideró que existió una violación formal al procedimiento para resolver el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales,(10) que trascendió al resultado del fallo, pues el fiscal no demostró contar con previa autorización del procurador o de la persona en quien se delegue esa facultad, para decretar el no ejercicio de la acción penal cuando, en su caso, concluya que se actualiza una causal de sobreseimiento.

Lo anterior, afirmó el Juez Federal, porque el agente del Ministerio Público en funciones de la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción "A" de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Puebla, determinó el no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación **********, con base en la causa de sobreseimiento establecida en la fracción II del artículo 327 del citado ordenamiento legal;(11) de ahí que resultaba necesario que dicha resolución fuera autorizada por el fiscal general del Estado de Puebla o por la persona en quien se delegara esa facultad, para determinar en ese sentido.

Continuó razonando la autoridad federal que ni de la copia autorizada de los registros de audio y video, ni de las constancias que remitió la Jueza de Control, en apoyo a su informe justificado, advertía que la decisión del fiscal, consistente en el no ejercicio de la acción penal, hubiere sido autorizada por el fiscal general del Estado o la persona delegada; motivo por el cual otorgó la protección constitucional, a fin de que se verificara la existencia de tal autorización.

Sin embargo, este Tribunal Colegiado considera que la existencia de dicha autorización no trascendió al resultado del fallo, pues dicho aspecto sí fue referido por el fiscal actuante en la resolución de no ejercicio de la acción penal que motivó el control judicial donde se emitió la determinación ahora reclamada, sin que la inexistencia o falta de esa autorización fuera motivo de debate por quien pudiera verse afectado con ello; lo anterior, porque la Jueza responsable se encontraba impedida para verificar el contenido de la carpeta de investigación y su determinación debía basarse únicamente en las exposiciones orales que en la audiencia respectiva se realizaron.

En efecto, en la contradicción de tesis 252/2018, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el Juez de Control, al resolver la impugnación respecto de la determinación del no ejercicio de la acción penal, por regla general, debe hacerlo sin consultar la carpeta de investigación y únicamente con base en las alegaciones expuestas en la audiencia respectiva.

Lo anterior, conforme a los principios de oralidad y de contradicción que rigen el sistema acusatorio, pues corresponde al Juez decidir a partir de los elementos argumentativos y probatorios que aporten las partes situadas en un plano de igualdad para hacer valer sus pretensiones, ya que el sistema es predominantemente oral y sólo por excepción se aceptan actuaciones escritas. Además, porque conforme al artículo 20, fracción X, de la Constitución Federal, los principios de publicidad, oralidad y contradicción, entre otros, son aplicables a las audiencias previas a la etapa de juicio, como a la que se refiere el artículo 258 citado.

Dichas premisas quedaron plasmadas en la siguiente jurisprudencia:

"Registro digital: 2019954

"Jurisprudencia

"Materias(s): Penal

"Décima Época

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Libro 66, mayo de 2019, Tomo II

"Tesis: 1a./J. 23/2019 (10a.)

"Página: 1112

"NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. CUANDO SE IMPUGNA ESA DETERMINACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, LA VÍCTIMA U OFENDIDO O SU ASESOR JURÍDICO DEBE EXPONER ORALMENTE SUS AGRAVIOS EN LA AUDIENCIA Y EL JUEZ DE CONTROL, POR REGLA GENERAL, DEBE RESOLVER SIN CONSULTAR LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. Con base en los principios de publicidad, oralidad y contradicción que rigen el sistema acusatorio previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Juez de Control, al evaluar la legalidad de la determinación del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal en la audiencia a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no debe consultar la carpeta de investigación, sino resolver con base en las argumentaciones que formulen las partes en dicha audiencia, aunque excepcionalmente pueda consultar registros de la carpeta si su contenido o existencia es materia de controversia entre las partes, pues de otra manera no contará con elementos para corroborar si efectivamente el registro de la investigación existe y contiene la información que las partes aseveran, en la inteligencia de que la consulta debe limitarse al registro controvertido y no a la totalidad de la carpeta. Asimismo, la víctima u ofendido o su asesor jurídico debe exponer oralmente sus agravios en la audiencia, sin que sea factible que lo hagan por escrito. Lo anterior, porque en el sistema penal acusatorio corresponde al Juez decidir a partir de los elementos argumentativos y probatorios que aporten las partes situadas en un plano de igualdad para hacer valer sus pretensiones. Porque este sistema es predominantemente oral y sólo por excepción se aceptan actuaciones escritas. Y porque conforme al artículo 20, fracción X, de la Constitución Federal, los principios de publicidad, oralidad y contradicción, entre otros, son aplicables a las audiencias previas a la etapa de juicio, y la audiencia a que se refiere el artículo 258 citado precede al juicio. Lo que se robustece con la regla prevista en dicho precepto que establece que la impugnación debe quedar sin materia si la víctima u ofendido, sin justificación, no asisten a la audiencia, lo que evidencia la plena aplicación de esos principios, pues sin la asistencia de la parte a quien corresponde justificar oralmente los méritos de la impugnación al exponer sus agravios, el juzgador carecería de materia sobre la cual pronunciarse."

"Contradicción de tesis 252/2018. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 13 de febrero de 2019. Cinco votos de los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien reservó su derecho para formular voto concurrente. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretario: Alejandro González Piña.

"Criterios contendientes: El emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito al resolver el amparo en revisión penal 152/2018, en el que sostuvo, esencialmente, que el Juez de Control sí está facultado para examinar directamente el contenido de la carpeta de investigación a fin de verificar si la determinación sobre el no ejercicio de la acción penal, por una parte, satisface los requisitos de fundamentación y motivación exigidos por el artículo 16 constitucional y, por otra, si respeta derechos fundamentales de la víctima u ofendido del delito, tutelados por el artículo 20 constitucional; lo anterior, sin dejar de atender las cuestiones que se susciten en la audiencia a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, a juicio de ese Tribunal Colegiado, es válido que el Juez de Control se imponga del contenido de la carpeta de investigación, porque de ese modo tendrá más y mejores elementos para resolver lo que en derecho corresponda sobre el ejercicio de la acción penal.

"El emitido por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 230/2016, en el que determinó que el Juez de Control no estaba facultado para imponerse motu proprio de la información que integra la carpeta de investigación cuando analiza la legalidad de la determinación sobre el no ejercicio de la acción penal, puesto que hacerlo implicaría desconocer uno de los principios rectores del nuevo sistema de enjuiciamiento penal, a saber, el de contradicción, conforme al cual, el Juez debe limitarse a resolver la cuestión debatida únicamente con los elementos que aporten al debate las partes asistentes a la audiencia a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

"Tesis de jurisprudencia 23/2019 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de siete de marzo de dos mil diecinueve.

"Esta tesis se publicó el viernes 31 de mayo de 2019 a las 10:36 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 3 de junio de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013."

Ahora, en el caso, de las copias auténticas de la carpeta judicial de control previo **********, acompañadas como justificante del informe de la Jueza de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla, actuando como Jueza de Control, se advierte la diversa copia auténtica de la resolución de no ejercicio de la acción penal, de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, emitida por el agente del Ministerio Público en funciones de la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción "A", de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General del Estado de Puebla; en ella, en lo de interés, se expuso:

"...II. Esta determinación se encuentra autorizada por la ciudadana maestra en derecho María Eugenia Calderón Olimán, fiscal especializada de Combate a la Corrupción, servidor público en quien se le delegó esa facultad, en atención al acuerdo de fecha 15 de mayo de 2017 y publicado el 13 de junio de 2017, emitido por el licenciado Víctor Antonio Carranca Bourget, ex fiscal general del Estado de Puebla, mediante el cual se delega a los fiscales la atribución de autorizar el no ejercicio de la acción penal."(12)

Entonces, si el fiscal actuante estableció en la resolución sujeta a control que su actuación sí estaba autorizada por quien se delegó tal función, mientras que en la audiencia de su revisión no fue sustentado debate alguno respecto de su inexistencia, resulta inconcuso que, además de innecesario, la Jueza de Control estaba impedida para verificarlo pues, se insiste, conforme al criterio acabado de transcribir, su determinación estaba limitada a la exposición de los argumentos en la audiencia de control, sin que le estuviera permitido consultar la carpeta de investigación.

Aunado a lo anterior, conforme al artículo 128 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la fiscalía tiene el deber de lealtad,(13) esto es, no puede ocultar ningún dato que pudiera resultar favorable para la posición de alguna parte; en otras palabras, existe la constancia del representante social donde hizo alusión a que sí cuenta con la multicitada autorización, mientras que el afectado con la posible ausencia o inexistencia convalidó ese hecho, al no ser motivo de debate, por lo que no existe motivo alguno para dudar de la existencia de la misma.

De lo anterior se colige que, al no ser una cuestión debatida, no formó parte de la determinación reclamada, ya que la Jueza de Control debía limitar su revisión a los datos y argumentos enunciados por el recurrente, sin que tuviera permitida la revisión oficiosa de la carpeta de investigación; con ello, es evidente que no existió la advertida violación procesal ni trascendió al sentido del fallo.

Por tanto, al resultar fundados, aunque suplidos en su deficiencia, los agravios del recurrente, con fundamento en el artículo 93, fracción V, de la Ley de Amparo,(14) se revoca la sentencia sujeta a revisión y se dicta la resolución que corresponde; para ello, se analizarán los conceptos de violación que, con motivo de la concesión del amparo para efectos, se dejaron de estudiar por el a quo.

Se cita en apoyo de lo considerado la jurisprudencia siguiente:

"Registro digital: 1003135

"Jurisprudencia

"Materias(s): Común

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Apéndice de 2011

"Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Décima Sección-Recursos

"Tesis: 1256

"Página: 1415

"REVISIÓN EN AMPARO. CUANDO EL ÓRGANO REVISOR CONSIDERA FUNDADOS LOS AGRAVIOS Y REVOCA LA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL, DEBE ANALIZAR LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN CUYO ESTUDIO OMITIÓ EL JUEZ DE DISTRITO, SIN IMPORTAR QUIÉN INTERPONGA EL RECURSO. El artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo no contiene distinción en el sentido de que la procedencia del análisis de los conceptos de violación de cuyo estudio no se hizo cargo el Juez Federal al dictar la sentencia, sólo se realice dependiendo de quién sea el recurrente. Lejos de ello, el numeral en comento contiene la regla general de que cuando los agravios se estimen fundados, el órgano revisor deberá considerar los conceptos de violación no examinados, hipótesis que puede actualizarse sin importar quién interponga el recurso; la parte quejosa cuando se le niega el amparo y se inconforma con la sentencia del a quo porque habiendo propuesto varios conceptos contra los actos reclamados, no todos son estudiados; y las partes restantes, esto es, las autoridades responsables o la parte tercero perjudicada, cuando al combatir la sentencia de amparo, los motivos de inconformidad se consideren fundados, pero existen conceptos de violación no examinados, de manera que, en una y otra hipótesis subsiste la obligación del órgano revisor de examinar esos conceptos cuyo estudio no realizó el juzgador, de donde se puede concluir válidamente que el fin de la norma citada sea que se dirima la litis constitucional. Esto último es así porque la falta de examen de los conceptos de violación en revisión implica dejar abierta la litis y también dejar en estado de indefensión al quejoso que ejerció la acción constitucional en contra de diversas autoridades por distintos actos específicos, ya sea de naturaleza legislativa o bien, actos de aplicación, toda vez que en estos casos debe subsanarse oficiosamente la omisión del órgano de primera instancia, que deriva de la circunstancia de que se estimaron fundados los agravios de la recurrente contra las consideraciones que se ocuparon únicamente de algún concepto de violación y no se hizo pronunciamiento expreso sobre otros. Por tanto, en casos como éste, cuando el tribunal revisor estima fundados los agravios hechos valer contra la sentencia recurrida, asume toda la jurisdicción del a quo y por ello está obligado a resolver el planteamiento tomando en consideración los conceptos de violación omitidos por el inferior.

"Contradicción de tesis 104/2007-SS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 30 de mayo de 2007. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza.

"Tesis de jurisprudencia 113/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del trece de junio de dos mil siete.

"Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, julio de 2007, página 344, Segunda Sala, tesis 2a./J. 113/2007; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, julio de 2007, página 345."

Ahora bien, el criterio acabado de reproducir no dilucida, ni se ocupó en relación a si existe posibilidad de analizar los conceptos de violación del quejoso, cuando al resultar fundados los agravios se revocó la sentencia de primer grado y aquél es el único recurrente, quien ya obtuvo sentencia favorable, en observancia del principio non reformatio in peius, pues dicho criterio realizó un análisis de forma general, sin someter a análisis si es posible que el Tribunal Colegiado, al advertir que la razón por la que se otorgaba el amparo era inexistente, revoque la sentencia protectora y analice el acto reclamado, incluso, si ese análisis llega a resultarle perjudicial al propio quejoso.

Empero, es posible, como en el caso, realizar ese análisis del acto reclamado a la luz de los conceptos de violación, al resultar fundados los agravios del quejoso, lo que implica revocar la sentencia de primer grado.

Como punto de partida debe tenerse presente que el artículo 93, fracción V, de la Ley de Amparo, (15) no realiza distinción respecto de que la sentencia recurrida por el quejoso sea contraria a sus intereses, esto es, que se le haya negado la protección constitucional, tampoco establece limitación alguna para que el propio quejoso recurra alguna que ya le otorgó la protección constitucional, de manera que no hay razón jurídica que conduzca a estimar que exista alguna limitante para revocar una sentencia que otorgó la protección constitucional.

Incluso, así lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios,(16) donde ha reconocido la posibilidad de que el quejoso que ya obtuvo sentencia favorable pueda recurrirla cuando a través del recurso pretende obtener mayores beneficios que los que derivan de aquella concesión.

Por su parte, dentro de la teoría general recursiva existen diversos principios que deben ser observados, entre ellos, el denominado non reformatio in peius que, en el caso del juicio de amparo indirecto en revisión, se traduce en que a los Tribunales Colegiados de Circuito les está vedado agravar la situación del quejoso cuando únicamente éste recurre la sentencia de amparo.

Esa figura procesal también ha sido motivo de análisis en diversos criterios del Más Alto Tribunal del País, de entre ellos debe destacarse el siguiente:

"Registro digital: 190912

"Jurisprudencia

"Materias(s): Penal

"Novena Época

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo XII, noviembre de 2000

"Tesis: 1a./J. 15/2000

"Página: 264

"ORDEN DE APREHENSIÓN. TRATÁNDOSE DEL AMPARO CONCEDIDO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEIUS EN EL RECURSO DE REVISIÓN. La revisión en el juicio de amparo, en tanto recurso, se rige por principios o reglas, entre ellos el de non reformatio in peius, conforme al cual no está permitido a los Tribunales Colegiados de Circuito agravar la situación del quejoso cuando únicamente éste recurre la sentencia de amparo; lo antes afirmado se patentiza si se toma en cuenta que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en todo caso autoriza la reformatio in beneficio, al prever la figura jurídica de la suplencia tanto de los conceptos de violación como de los agravios, en los casos en que específicamente lo establece el artículo 76 bis del citado ordenamiento legal. Así, es claro que en los recursos de revisión derivados de juicios de amparo en materia penal, en que se concedió el amparo al quejoso porque la orden de aprehensión carece de fundamentación y motivación, y sólo recurre el propio quejoso, no es legalmente válido analizar los agravios expresados en cuanto al fondo del asunto, en virtud de que es incierta la futura existencia del acto impugnado, en razón del cumplimiento que a la sentencia respectiva le dé la autoridad responsable, pues hacerlo implicaría el grave riesgo de emitir un pronunciamiento que realmente le perjudique, trastocando con ello el principio que se comenta. Además, de que precisamente por ese sentido concesorio, la resolución recurrida ha causado estado o firmeza para el quejoso recurrente.

"Contradicción de tesis 71/98. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito y Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 14 de junio de 2000. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Ismael Mancera Patiño.

"Tesis de jurisprudencia 15/2000. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintisiete de septiembre de dos mil, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas."

Ahora bien, el anterior criterio ilustra que el principio non reformatio in peius se invoca con referencia a aspectos de fondo de los planteamientos, de donde, en acatamiento a ese principio, resulta inadmisible que en la alzada el tribunal revisor agrave la situación del recurrente en lo que atañe a cuestiones de fondo que no hizo valer la parte a quien causaba perjuicio, por requerirse agravio del interesado; sin embargo, esa regla procesal no opera de forma absoluta, verbigracia, con las causas de improcedencia del juicio constitucional, por constituir un presupuesto básico para emprender el análisis de las cuestiones de fondo pues, al respecto, debe entenderse que continúa rigiendo el diverso principio de orden público que exige a los órganos jurisdiccionales el análisis previo de las causas de improcedencia del amparo.

Así lo ha considerado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la siguiente jurisprudencia:

"Registro digital: 181325

"Jurisprudencia

"Materias(s): Común

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo XIX, junio de 2004

"Tesis: 2a./J. 76/2004

"Página: 262

"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SU EXAMEN EN LA REVISIÓN ES OFICIOSO, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL RECURRENTE SEA EL QUEJOSO QUE YA OBTUVO RESOLUCIÓN FAVORABLE. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben ser estudiadas por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Ahora bien, como esta regla es aplicable en cualquier estado del juicio mientras no se dicte sentencia ejecutoria, es indudable que el tribunal revisor debe examinar la procedencia del juicio, con independencia de que el recurso lo hubiera interpuesto el quejoso que ya obtuvo parte de sus pretensiones, y pese a que pudiera resultar adverso a sus intereses si se advierte la existencia de una causal de improcedencia; sin que ello contravenga el principio de non reformatio in peius, que implica la prohibición para dicho órgano de agravar la situación del quejoso cuando éste recurre la sentencia para obtener mayores beneficios, toda vez que el citado principio cobra aplicación una vez superadas las cuestiones de procedencia del juicio constitucional, sin que obste la inexistencia de petición de la parte interesada en que se decrete su sobreseimiento.

"Contradicción de tesis 49/2004-SS. Entre las sustentadas por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 19 de mayo de 2004. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Sofía Verónica Ávalos Díaz.

"Tesis de jurisprudencia 76/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiocho de mayo de dos mil cuatro."

Luego, es evidente que el principio non reformatio in peius no resulta absoluto, sino que encuentra matices en casos como el expuesto en la tesis acabada de transcribir; similares consideraciones que deben imperar en el caso particular, pues con motivo de los agravios expuestos se advirtió que la causa que motivó la protección constitucional en primera instancia por una cuestión formal –y no de fondo– resultó inexistente, lo que implica que el Tribunal Colegiado reasuma jurisdicción y dicte la sentencia que corresponda, incluso, en perjuicio del quejoso.

Corrobora lo expuesto la regla derivada del ya citado artículo 93, fracción V, de la Ley de Amparo, en la que claramente se dispone que si resultan fundados los agravios del recurrente, debe revocarse la sentencia revisada y dictar la que corresponda.

Al respecto, cabe agregar que de considerar lo contrario, se haría nugatorio el derecho de recurrir del quejoso, quedando el Tribunal Colegiado impedido para pronunciarse en cualquier caso en el que se haya concedido el amparo, inclusive, si sólo se advirtieron violaciones procesales; por citar un ejemplo, en el supuesto en el que el Juez de Distrito concediera el amparo porque advirtió que la resolución recurrida no estaba firmada por la autoridad responsable obligada a hacerlo y, en el recurso interpuesto por el propio quejoso que ya obtuvo sentencia favorable, el Tribunal Colegiado advierte inexistente esa afirmación –porque la firma sí obra en la determinación reclamada– y, sin importar tal evidencia, el Tribunal Colegiado estuviera impedido para revocar la sentencia concesoria por la sola existencia del principio de no reformación; lo cual, no resulta jurídicamente admisible.

Con independencia de las razones lógicas que fundamentan lo anterior, lo cierto es que, en el caso, fue el propio quejoso quien sometió el asunto a la jurisdicción de este tribunal, siendo que su pretensión era que se estudiaran sus conceptos de violación, con ello lleva implícito que asumió las consecuencias que esta resolución involucre el análisis del fondo del asunto, incluso, existiendo ya un fallo en su favor; lo cual, además, es congruente con el derecho de pronta impartición de justicia, consagrado en el artículo 17 constitucional, pues a nada práctico conduciría el confirmar la sentencia sujeta a revisión si, como se explicó, la violación procesal advertida por el Juez de Distrito es inexistente.

Luego, este tribunal no pasa inadvertido que cuando el quejoso recurre una resolución que le concedió el amparo, su pretensión es mejorar su situación, pero eso no es bastante para soslayar otros principios que rigen la teoría recursiva, como la jurisdicción originaria que tiene este tribunal para decidir el fondo del asunto, tal como lo establece el multicitado artículo 93, fracción V, de la Ley de Amparo.

SEXTO.—Los conceptos de violación que se esgrimieron en la demanda inicial son del tenor siguiente:

"VII. Conceptos de violación. No obstante que considero que formulo unos adecuados conceptos de violación, así como manifiesto en qué forma constituye el acto reclamado un acto de ejecución de imposible reparación que afecta mis derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica y acceso efectivo a la justicia, para el indebido caso de que se pretendiera considerar lo contrario, solicito respetuosamente a esta autoridad federal, con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Amparo, fracción III, inciso b), la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación que expondré a continuación, en virtud de que el suscrito es víctima dentro de la carpeta de investigación **********, de la que conoce el tercero interesado en su calidad de agente del Ministerio Público en funciones de la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción "A", de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General del Estado de Puebla.—Primero.—Conforme al artículo 21 constitucional, el Ministerio Público ostenta el monopolio constitucional, excepción hecha de la acción penal por particulares, para realizar las diligencias necesarias, a fin de allegarse de las pruebas que estime pertinentes para la comprobación del delito y de la probable responsabilidad del indiciado, para lo cual, debe hacer uso de todos los medios legales disponibles.—Además, en sede internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos González y otras (‘campo algodonero’) Vs. México, Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, Albán Cornejo y otros Vs. Ecuador, Cantoral Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú, entre otros, ha señalado que el deber de investigar es una obligación de medio y no de resultado, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa.—En específico, la autoridad ministerial ejerce su obligación constitucional de manera general frente a la comunidad, y la asume en cada caso concreto frente a las víctimas, en protección de sus intereses, la cual debe cumplirse diligentemente pues, considerar lo contrario, conllevaría consentir la impunidad y la repetición de actos transgresores de derechos, al restringir la persecución de los delitos y tolerar que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de esos derechos. En esa tesitura, la facultad ministerial apuntada no justifica la negativa de integrar la indagatoria derivada de una simple apreciación extraída de la simple lectura del escrito de denuncia de las víctimas, pues la obligación investigadora no está sujeta a apreciaciones subjetivas de los agentes del Ministerio Público, si no (sic) al resultado que arroje la indagatoria, los cuales (sic) podrán sustentar la continuación de la misma o su cese.—Por ello, si la representación social determinó el no ejercicio de la acción penal por supuestamente no constituir delito los hechos denunciados por el suscrito, con el único argumento entendible de que de la lectura de la denuncia no se desprendía el dolo de los imputados en los hechos narrados (puesto que realizó otros diversos que no fueron tomados en cuenta por la responsable), deviene transgresor de mis derechos fundamentales, con meridiana claridad, ya que omite su deber de investigar lo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30061-5ae625ca/recurso-de-revision-en-amparo-indirecto-si-lo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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