SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA. SI EL JUEZ PONDERA EL CONTENIDO DEL ESTUDIO DE PERSONALIDAD PRACTICADO AL INCULPADO PARA NEGARLE DICHO BENEFICIO, TRANSGREDE SU DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA, EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y LA PROHIBICIÓN DE IMPONER PENAS INUSITADAS.
AMPARO DIRECTO 478/2012. 10 DE ENERO DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: EMMA MEZA FONSECA. SECRETARIO: MARTÍN MUÑOZ ORTIZ.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Del estudio de la sentencia reclamada y de los conceptos de violación expresados en su contra, se advierte que son infundados.
En principio y por razón de mandato constitucional, de manera preliminar conviene señalar que, acorde con lo dispuesto por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, vigente a partir del once siguiente, en términos de su tercer párrafo, corresponde a este órgano de control de constitucionalidad, en el ámbito de su competencia, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Asimismo, en materia de derechos fundamentales debe decirse que el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias, es decir, los derechos fundamentales reconocidos en la Carta Magna y aquellos derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, de ahí que las normas provenientes de ambas fuentes son Norman Supremas; en el caso de que un mismo derecho fundamental esté reconocido en ambas fuentes, la elección de la norma que será aplicable en materia de derechos humanos, atenderá a criterios de favorabilidad del individuo o lo que se ha denominado "principio pro persona".
En consecuencia, en aras de dicho principio, conforme al cual y en términos del párrafo segundo del dispositivo constitucional en cita, así como en los ordinales 1 y 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se debe favorecer en todo tiempo a las personas la protección más amplia, por lo que, el Poder Judicial al ejercer un control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos deberá realizar: Una interpretación conforme en sentido amplio del orden jurídico a la luz y respecto de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; una interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que al existir varias interpretaciones jurídicamente válidas los juzgadores partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes deben preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales; y una inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles; de ahí que, de estimar la existencia de una violación a los referidos derechos humanos, se procederá a sancionar y reparar la misma, en los términos que establezca la ley para ello, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución General de la República y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 799 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 2, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE. De conformidad con el texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en materia de derechos fundamentales, el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias: a) Los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y b) Todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Consecuentemente, las normas provenientes de ambas fuentes, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Ahora bien, en el supuesto de que un mismo derecho fundamental esté reconocido en las dos fuentes supremas del ordenamiento jurídico, a saber, la Constitución y los tratados internacionales, la elección de la norma que será aplicable -en materia de derechos humanos-, atenderá a criterios que favorezcan al individuo o lo que se ha denominado principio pro persona, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional. Según dicho criterio interpretativo, en caso de que exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para la persona o que implique una menor restricción. En esta lógica, el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano."
Así como la tesis aislada P. LXIX/2011 (9a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 552 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, diciembre de 2011, Tomo 1, Novena Época, de rubro y texto: "PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. La posibilidad de inaplicación de leyes por los jueces del país, en ningún momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción de constitucionalidad de ellas, sino que, precisamente, parte de esta presunción al permitir hacer el contraste previo a su aplicación. En ese orden de ideas, el Poder Judicial al ejercer un control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, deberá realizar los siguientes pasos: a) Interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa que los jueces del país -al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano-, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia; b) Interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquélla que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos; y, c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Lo anterior no afecta o rompe con la lógica de los principios de división de poderes y de federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte."
En ese tenor, es infundado que se violaran en perjuicio del amparista las garantías de legalidad y seguridad jurídica, establecidas en el segundo y tercer párrafos del precepto 14 constitucional.
En efecto no se advierte violación a la garantía consagrada en el artículo 14 constitucional, en concordancia con lo dispuesto en el ordinal 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; numerales 7, punto 2, 8, punto 1 y 9, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica" y, los diversos 9, punto 1, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en razón de que el procedimiento del que deriva la sentencia reclamada se sustanció por las autoridades jurisdiccionales legalmente competentes, conforme a las disposiciones legales contenidas en el código adjetivo de la materia y fuero, en los términos y con las formalidades que el mismo exige, por leyes expedidas con anterioridad al hecho; asimismo, la autoridad ministerial ejerció acción penal con detenido, en proveído de uno de febrero de dos mil once, el Juez del proceso calificó de legal la detención en contra del quejoso, por lo que oportunamente se hizo saber el inicio del procedimiento instaurado en su contra y de sus consecuencias, además de las garantías que le otorga la Constitución; en la misma fecha, rindió su declaración preparatoria en la que estuvo asistido por su defensor de oficio; se resolvió su situación jurídica; en la instrucción fue su voluntad renunciar a los plazos probatorios que le otorga la ley, decisión a la que se adhirió su defensa oficial y previas conclusiones del Ministerio Público y de su defensa, se pronunció la sentencia respectiva, contra la cual tanto él como su defensor de oficio interpusieron recurso de apelación, que igualmente se tramitó acorde a las disposiciones legales preestablecidas, celebrándose la audiencia de vista con la asistencia de la Magistrada integrante de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, su defensor particular, el agente del Ministerio Público y la secretaria de Acuerdos, y una vez analizados los agravios hechos valer, atendiendo al principio de suplencia de la queja, se dictó en esa segunda instancia la sentencia materia de esta litis constitucional.
Las anteriores garantías, reconocidas no sólo por la Constitución Federal, sino también por los instrumentos internacionales antes mencionados, cuya observancia es obligatoria, conforme lo dispone el artículo 1o. del citado Pacto Federal, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de este año, que entró en vigor al siguiente día, conforman la esencia del debido proceso legal a que todo inculpado tiene derecho, con la finalidad de ser oído públicamente y con justicia por un tribunal previamente establecido y con arreglo a los procedimientos legalmente establecidos, en los que se garantice su adecuada defensa; las que, como se indicó, fueron respetadas al peticionario de garantías, por lo que no existe ninguna violación a sus derechos humanos, ni a las garantías que los protegen.
Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 218 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 260 y siguiente, Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga ‘se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento’. Éstas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado."
Así como la jurisprudencia 660 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada a foja cuatrocientos doce, Tomo II, Materia Penal del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de texto y rubro siguientes: "PROCEDIMIENTO, FORMALIDADES DEL. No se violan las reglas del procedimiento penal, si se cumplen debidamente las fases procesales relativas, es decir, que con posterioridad a la consignación el Juez reciba al indiciado su declaración preparatoria con las formalidades de ley, dicte auto de término constitucional y desahogue las pruebas ofrecidas durante la instrucción; que celebrada la audiencia de derecho, previa acusación del Ministerio Público se dicte la sentencia correspondiente y que interpuesto recurso de apelación, se tramite conforme a la ley y se resuelva, analizando los agravios expresados."
Asimismo, resulta infundado lo alegado por el amparista, respecto al tercer párrafo del numeral 14 constitucional, lo anterior en atención a que, conforme lo definió el Diccionario de la Lengua Española publicado por la Real Academia Española una de las acepciones del vocablo analogía implica, el método por el que una norma jurídica se extiende, por identidad de razón, a casos no comprendidos en ella. Por su parte, Juan Palomar de Miguel en su Diccionario para Juristas la ha definido como la relación de semejanza entre cosas distintas.
Así, del estudio de las constancias remitidas aparece que se le dictó sentencia condenatoria por el delito señalado en el auto de plazo constitucional, robo calificado (cuando se ejerce violencia para darse a la fuga) le impusieron las penas previstas en la norma sustantiva aplicable al caso concreto, preceptos que tienen exacta aplicación como se verá más adelante, pues de las constancias allegadas a la causa se evidencia que tal condena fue por la comisión que hizo del ilícito, ya que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo se apoderó de cosas ajenas muebles. Por lo anterior, es inconcuso que se le haya juzgado por analogía.
Sin que se advierta una inexacta aplicación de la ley penal, en atención a que de la lectura de la resolución reclamada, se aprecia que el ad quem estuvo en lo correcto en aplicar los artículos que citó del Código Penal para el Distrito Federal y del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en virtud que, por cuanto hace a la ley citada en primer término la conducta realizada por el peticionario de garantías, y por la que se dictó sentencia condenatoria en su contra, encuadra exactamente en dicha hipótesis, pues prevén y sancionan dicha conducta delictiva como en la que participó y por lo que hace a los citados del código mencionado en segundo término, son los que regulan la valoración de las pruebas, por lo que, no se puede sostener que hubo inexacta aplicación de esos numerales y como consecuencia de la ley, esto es, que la autoridad responsable le impusiera al amparista una pena que no está decretada por la ley exactamente aplicable al delito de que se trata.
Por otra parte resulta infundado el segundo motivo de disenso, al respecto debe decirse que no le asiste la razón al quejoso, pues de la lectura de la sentencia reclamada se advierte el análisis por parte de la Magistrada responsable, donde expuso las razones particulares que la llevaron a resolver en el sentido en que lo hizo, por escrito, los argumentos que en cuya virtud consideró que la conducta desplegada por el peticionario de garantías encuadra dentro de las hipótesis normativas que en abstracto describe y sanciona la ley penal; asimismo, citó los preceptos legales exactamente aplicables al caso concreto, tanto de naturaleza sustantiva como adjetiva, cumpliendo así con las exigencias que, para todo acto de autoridad, establece el artículo 16 de la Ley Suprema del País; por tanto, bajo esa tesitura, la sentencia reclamada no puede reputarse carente de fundamentación y motivación.
Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 204, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 166, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas."
Así como la jurisprudencia la./J. 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, diciembre de 2005, visible en la página ciento sesenta y dos, bajo el epígrafe: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso."
De igual forma y contrario a lo alegado por el quejoso en el tercer concepto de violación, en el que aduce violación en su perjuicio de las garantías establecidas en las fracciones V y IX del artículo 20 de la Constitución (antes de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho); al respecto debe señalarse que las garantías previstas en tales fracciones se refieren a que se le recibirán los testigos y demás pruebas que ofrezca y a tener una defensa adecuada, prerrogativas que también están reconocidas en los numerales 7, puntos 4, 5 y 6; y 8, punto 2, incisos b), c), d), e), f) y g) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; así como los diversos 9, puntos 2, 3 y 4; y 14, punto 3, incisos a), b), c), d) y g) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En ese tenor, debe señalarse que del análisis de las constancias que obran en el proceso penal instruido en contra del quejoso, se advierte que le fueron respetadas las garantías en comento, ya que respecto a lo previsto en la fracción IV de ese numeral, debe decirse que en comparecencia ante el Juez natural, el nueve de febrero de dos mil once y asistido por su defensa de oficio, renunció a los términos probatorios en virtud que aceptó su participación en los hechos por los que se le acusó, renuncia a la que se adhirió su defensa oficial, y por lo que hace a la fracción IX, debe decirse que en la averiguación previa estuvo asistido por su defensor de oficio, así como durante la sustanciación del proceso; asimismo, en su declaración preparatoria se le hicieron saber los derechos consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a contar con una defensa adecuada, ya que el treinta y uno de enero de dos mil once (foja 85), ante el agente del Ministerio Público investigador declaró con asistencia de su defensor de oficio y en declaración preparatoria (foja 96) lo asistió su defensora de oficio quien compareció a todos los actos procesales, en consecuencia la sentencia reclamada, en ese aspecto, no es violatoria del artículo 20 constitucional y, por tanto, es infundado lo alegado al respecto.
También resulta infundado lo alegado por el quejoso en cuanto a que se transgredió lo dispuesto en el artículo 21 constitucional y no obstante que no hace mayor pronunciamiento al respecto es de señalarse que conforme a lo dispuesto en los ordinales 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 14, numeral 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el diverso 8, punto 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de acuerdo con la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado en torno al principio de presunción de inocencia, también reconocido por nuestra Carta Magna, en su redacción vigente, al realizar una interpretación sistemática de los ordinales 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, así como los criterios establecidos en diversos casos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es criterio general que la presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales e implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi le corresponde a quien acusa, en este caso al Ministerio Público, aunado a que dicho principio exige que una persona no puede ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal; empero, también es cierto, que cuando el inculpado niega los hechos ilícitos que se le atribuyen, es menester que los corrobore con pruebas idóneas y suficientes para desvirtuar aquellas en las que se basó el órgano técnico ministerial para acusarla, pues no basta que sólo niegue las imputaciones que se hacen en su contra y no aporte los medios probatorios idóneos para acreditar su dicho.
Y, del análisis conjunto de las pruebas que constan en la causa penal, mediante las reglas de justipreciación establecidas en el código adjetivo de la materia y fuero, se pone de manifiesto la comprobación de su responsabilidad en la comisión del delito que se le imputa, como más adelante se analizará pues a través de la prueba presuncional, también denominada circunstancial o indiciaria, consistente en probar aquellos hechos que no son susceptibles de demostrarse de manera directa, para lo que la presunción nace de la probabilidad y que la relación entre el hecho conocido y el desconocido se apoya en una conjetura, motivo por el cual, es menester que la conclusión alcanzada sea el resultado de un proceso lógico; por lo que, se determina que la sentencia reclamada es legal al haberse dictado conforme a derecho, sin que se haya trastocado el referido principio de presunción de inocencia durante el procedimiento penal respectivo, por lo que, es infundado lo alegado al respecto en dicho concepto de violación.
Lo anterior tiene soporte jurídico en la jurisprudencia II.2o.P. J/20, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que se comparte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, mayo de dos mil seis, visible en la página mil quinientos doce, que a la letra dice: "DEBIDO PROCESO Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDEN LA CONSTITUCIÓN NI LOS TRATADOS QUE RECONOCEN ESTOS PRINCIPIOS CUANDO LA AFECTACIÓN A LA LIBERTAD DEL QUEJOSO SE JUSTIFICA POR HABERSE CUMPLIDO LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. La circunstancia de que determinados principios como los de debido proceso legal y presunción de inocencia no sólo estén consagrados en la Constitución Federal, sino también en tratados internacionales, no significa que no pueda justificarse una sentencia de condena o que todo acto de autoridad que afecte los intereses del procesado, como su libertad, trastoquen dichos principios. Por el contrario, lo que en ellos se establece es la condicionante de que dicha afectación al quejoso, en su caso, se vea justificada por la constatación de haberse observado o cumplido los requisitos que la propia ley contempla para que esa afectación quede enmarcada dentro de la legalidad en aras del interés público que es inherente al proceso penal y, en general, a la persecución de los delitos. Luego, si se obtiene que el sentido del fallo se justifica por haberse cumplido los requisitos legales exigidos por el caso y con base en la normatividad aplicable, resulta obvio que no se transgreden los principios aludidos y consagrados en la Constitución ni, por ende, los posibles tratados que igualmente los reconocieran."
Así como, la jurisprudencia V.4o. J/3, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que este órgano de control constitucional comparte, visible en la página 1105, Tomo XXII, julio de 2005 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "INCULPADO. LE CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA CUANDO LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA QUE EN PRINCIPIO OPERA EN SU FAVOR, APARECE DESVIRTUADA EN LA CAUSA PENAL. Si del conjunto de circunstancias y pruebas habidas en la causa penal se desprenden firmes imputaciones y elementos de cargo bastantes para desvirtuar la presunción de inocencia que en favor de todo inculpado se deduce de la interpretación armónica de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otro lado, el encausado rechaza las imputaciones y niega el delito, o su participación culpable en su actualización, éste necesariamente debe probar los hechos positivos en que descansa su postura excluyente, sin que baste su sola negativa, no corroborada con elementos de convicción eficaces, pues admitir como válida y por sí misma suficiente la manifestación unilateral del inculpado, sería destruir todo el mecanismo de la prueba circunstancial y desconocer su eficacia y alcance demostrativo."
En ese tenor, no le asiste razón al quejoso respecto a lo que reclama del arábigo 133 constitucional; al respecto y en principio, debe decirse que en ese precepto, se permite identificar la existencia de un orden jurídico superior, de carácter nacional, integrado por la Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes generales; y acorde a lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado recientemente en el sentido que los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano; tratados que en la medida en que el Estado Mexicano al suscribirlos de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales, atendiendo al principio fundamental de derecho internacional consuetudinario "pacta sunt servanda", contrae libremente obligaciones frente a la comunidad internacional, por lo que el tribunal responsable al aplicar normas de derecho interno, es decir, del Código Penal y del Código de Procedimientos Penales ambos del Distrito Federal, lo hizo sin contravenir la Constitución Federal y las normas internacionales que aludió.
Ahora bien, en relación con lo alegado en el cuarto concepto de violación, debe decirse que del precepto 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), precisa entre otras prerrogativas, el derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad; por su parte el numeral 14, párrafo segundo, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, concatenado con el anterior precepto, refiere que igualmente toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se demuestre su culpabilidad conforme a la ley.
El principio de inocencia que se contempla en dichos instrumentos internacionales fue respetado, ya que éste opera a favor de todo inculpado, siempre y cuando de la causa penal no se adviertan firmes imputaciones y elementos de cargo bastantes para desvirtuar tal principio, además, como se indicó, dicho prin
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24429-49812038/suspension-condicional-de-la-ejecucion-de-la-pena · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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